El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, fue mandatado por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 a efecto de que el Estado (en sus tres órdenes de gobierno) cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección,  prevención y restitución integrales de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados.