Determina el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación, ordenamiento general y protección al usuario, cobertura y calidad del servicio, promoción y desarrollo, y uso eficiente. Establece las facultades del Estado en relación con la planificación, gestión, y administración, y el manejo adecuado y eficiente de los recursos públicos, así como su control, vigilancia, y libre acceso por parte de los habitantes.