Establece la responsabilidad y acción del Estado en la promoción, orientación y fomento del adelanto científico, tecnológico y de innovación, y la obligación de incorporarlo a los planes y programas de desarrollo. Establece derechos y deberes en materia de ciencia y tecnología y los propósitos de las políticas públicas en materia de estímulo y fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación.