Promueve la Alfabetización en Tecnologías de la Información y Comunicación como un derecho, establece los principios y objetivos que orientan el desarrollo de los programas correspondientes, así como sus formas de gestión, complementando lo establecido en la Ley Fundamental de Educación. Brinda las principales definiciones, describe la población meta y legisla sobre la gestión y el financiamiento de los programas.