Reforma parcial del Código Penal que tiene como objetivo restablecer la seguridad jurídica, considerada ésta como garantía cierta y precisa de los derechos humanos, mediante el rescate de los principios de unidad, simplicidad, sistematización, exclusividad, lógica, racionalidad y proporcionalidad que sólo puede brindar una ley penal correctamente codificada.