Está destinada a garantizar y promover, en condiciones de igualdad, el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su inclusión social y ciudadanía. Esta Ley se basa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ratificados por el Congreso Nacional mediante el Decreto Legislativo Nº 186/2008.