Regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. Asegura una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, con prioridad nacional, y se constituye en Política de Estado. Garantiza el acceso a todos los ciudadanos/as y las condiciones de permanencia en todos los niveles. Refiere a la educación de gestión privada. Regula docentes y su formación. Refiere a educación a distancia y no formal. Crea Institucionalidad.

Establece que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.