El Salvador

© Youtubero Salvadoreño / CC0 / Richard’s World Traveler

Políticas y normativa

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Contenido

Fecha de actualización: abril de 2022

1. Resumen del marco normativo y estructura del sistema educativo nacional

2. Compromisos y obligaciones del Estado como garante del derecho a la educación

Cuando los Estados firman un tratado de derechos humanos, asumen la voluntad y el compromiso de crear las condiciones necesarias para transformar la situación en el sentido que allí se propone. El instrumento jurídico fija los principios de un nuevo pacto, que debieran guiar el horizonte de la política pública, dotar de sentido y legitimidad a las acciones que los Estados orienten para su cumplimiento efectivo.

En el marco del derecho, existen básicamente dos tipos de compromisos: aquellos que los Estados asumen en el ámbito internacional al ratificar instrumentos jurídicos regionales e internacionales, y los de alcance nacional, que se expresan generalmente en las leyes nacionales de educación. En el proceso de efectivización del derecho a la educación, los países avanzan en la armonización jurídica acorde a los compromisos asumidos y en la definición de un marco conceptual común desde donde interpretar las decisiones y las acciones que se lleven adelante. Es a partir del diseño y la formulación de planes, estrategias o políticas de gran alcance que los Estados direccionan y conducen las acciones orientadas a garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan y transiten la escuela, se gradúen e incorporen aprendizajes significativos.

El propósito de este documento es ofrecer información para dar cuenta de los avances de los Estados latinoamericanos en garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación.

 

2.1. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito internacional

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien los ODS no revisten obligatoriedad, las acciones que los países orienten para su implementación permiten vehiculizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.

El Salvador ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1981, la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y, más recientemente, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el año 2007. Sin embargo, no ha ratificado los instrumentos de UNESCO en materia de educación (Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza y Convención sobre la Enseñanza Técnica y Profesional).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tampoco se ha plasmado en un marco normativo. El Salvador fue seleccionado por las Naciones Unidas como uno de los países en los que se ejecuta el programa de implementación acelerada, que implica incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las políticas públicas y apoyar a los países para lograrlos. Institucionalmente, es el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible de El Salvador el organismo encargado de su implementación. Está integrado por los ministerios que tienen la principal vinculación con el tema y es presidido por la Secretaría Técnica de la Presidencia, conjuntamente con la Cancillería y con participación del Sistema de Naciones Unidas, la sociedad civil y representantes del sector privado.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología publica una serie de materiales y actividades relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales se articula el ODS 4 Educación de Calidad con otros ODS, tales como el ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, con el objetivo de poner fin a la violencia en la escuela y sus inmediaciones.

2.2. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito nacional

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

La Constitución de la República de El Salvador establece los fines de la educación: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes; combatir todo espíritu de intolerancia y de odio; conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad del pueblo centroamericano.

Recientemente, en las Memorias de Labores 2019-2020 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se señala la intención de transformar profundamente el sistema educativo para brindar servicios de calidad. Para ello, el Plan Cuscatlán considera la innovación educativa, la participación de estudiantes y la formación continua de docentes como ejes para la mejora. Por su parte, el plan estratégico institucional, diseñado por la cartera educativa ministerial, retoma la “pertinencia pedagógica y curricular” para sustentar su prioridad de aprendizajes de calidad y significativos a lo largo del ciclo de vida; asume la “dignificación del magisterio” y prioriza la profesionalización; encuentra en las propuestas de “infraestructura y equipamiento” y de “tecnología e innovación” el fundamento para lograr un impacto positivo en la calidad educativa; se vale de la “gobernanza en el sistema educativo, inclusión y equidad” para dar vida a una escuela que favorezca la prevención; y, finalmente, en el eje de “fortalecimiento de la gestión institucional y territorial” sostiene la prioridad de una institución transformada, innovadora y territorializada.

2.3. Planificación de la educación

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

El último Plan Quinquenal de Desarrollo publicado establecía, en la dimensión Bienestar subjetivo y material de las personas del paradigma del Buen Vivir, el derecho a educación de calidad en condiciones de igualdad. Específicamente, el Plan El Salvador Educado. Por el derecho a una educación de calidad 2016-2026, explicita los desafíos en esa materia (seguridad en las escuelas, docencia, primera infancia, escolaridad universal, educación superior e infraestructura) y establece acciones para lograrlos, con el propósito de alcanzar una sociedad más justa, productiva y equitativa.

Más recientemente, el Plan Cuscatlán –plataforma electoral empleada por el ahora presidente Nayib Bukele durante su campaña– ha sido empleado como directriz de gobierno, planteando como metas específicas del sector educación: la dignificación del magisterio; la formación y acceso a la tecnología y la innovación educativa; el desarrollo de un currículo holístico y la actualización pedagógica; la ampliación y el mejoramiento de la autonomía y gestión de las instituciones; y la revisión y actualización de la reglamentación del sistema educativo, con miras al fortalecimiento de la gobernanza, organización, el desarrollo y la aplicación curricular.

3. Caracterización de la política educativa nacional

Este apartado hace foco en el conjunto de acciones que el Estado está orientando para garantizar el derecho a la educación. La caracterización de la política educativa se abordará desde tres dimensiones. En primer lugar, se describirá la estructura y el tamaño del sistema educativo. En segundo lugar, se buscará indagar y caracterizar el conjunto de intervenciones a través de las cuales se busca mantener el sistema educativo en funcionamiento. Este análisis se realizará haciendo foco en: 1) currículo y modelos de gestión institucional; 2) docentes; 3) infraestructura, tecnología y equipamiento; 4) transferencias de bienes y recursos financieros con el fin de fortalecer el sostenimiento de las trayectorias escolares. Finalmente, se buscará dar cuenta del gobierno del sistema, tanto en sus arreglos organizativos e institucionales como en el financiamiento de la política educativa, y los sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas.

3.1. Estructura del sistema educativo nacional

La Ley General de Educación (decreto N° 917), sancionada en 1996, establece que el sistema educativo se organiza en torno a dos modalidades: la educación formal y la no formal.

La educación formal es impartida en establecimientos educativos autorizados, en una secuencia regular de años o ciclos lectivos, conducentes a grados y títulos, que corresponde a los niveles inicial, parvulario, básico, medio y superior.

La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de completar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales. No se estructura en niveles y grados. Es sistemática y responde a necesidades de corto plazo de las personas y la sociedad.

Además, se hace mención a la educación informal, que se adquiere libre y espontáneamente, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, tradiciones, costumbres y otras instancias no estructuradas.

La educación de adultos está destinada a personas que han superado la edad apta para la educación obligatoria. Se ofrece capacitación laboral, educación básica y media para personas adultas en formatos de educación a distancia, semipresencial, nocturna y acelerada, entre otras modalidades. Asimismo, en la ley se señala que la alfabetización tiene un fin supletorio en el proceso de educación y por su interés social; por tanto, deberá vincularse con los planes de desarrollo socioeconómico, y el Estado garantizará la sostenibilidad del proceso y promoverá la gestión de los recursos necesarios con diferentes fuentes.

Además, se ofrece educación especial a personas con necesidades educativas especiales (por limitaciones o por aptitud sobresaliente) en centros regulares, con la atención de especialistas o docentes capacitados. En los casos en que la asistencia a centros educativos regulares no fuera posible, se ofrece educación en instituciones especializadas.

El Ministerio de Educación establece las normas y los mecanismos de coordinación y armonización entre niveles y modalidades, el currículo nacional y el marco normativo que regula la carrera docente. Los centros educativos pueden ser oficiales o privados. Los primeros, además del aporte del Estado vía presupuesto nacional, pueden contar con el aporte voluntario de las familias. Los centros privados ofrecen servicios de educación formal con recursos propios o pueden estar subvencionados (aquellos sin fines de lucro, que cumplan con las estrategias de cobertura y calidad que impulse el Ministerio de Educación).

La Ley de la Carrera Docente (decreto 665) tiene por objeto regular las relaciones del Estado y de la comunidad educativa con los docentes al servicio del primero, de las instituciones autónomas, de las municipales y de las privadas; así como valorar sistemáticamente el escalafón, tanto en su formación académica como en su antigüedad. Tiene como finalidad garantizar que la docencia sea ejercida por docentes inscritos en el Registro Escalafonario del Ministerio de Educación, asegurándoles estabilidad laboral y como medio para lograr una educación de calidad.

a. Educación inicial y parvularia

La Ley General de Educación diferencia dos intervalos en la educación que brinda a niños y niñas entre los 0 y 6 años. La educación inicial (vía familiar comunitaria) comienza con el nacimiento y se extiende hasta los 4 años de edad, enfocándose en el desarrollo socioafectivo, psicomotriz, sensoperceptivo, del lenguaje y del juego, por medio de una adecuada estimulación temprana y centrando sus acciones en la familia y en la comunidad. El rol del Ministerio de Educación es normar y facilitar la ejecución de programas desarrollados por instituciones públicas y privadas.

La educación parvularia (vía institucional) comprende tres años de estudio. Los componentes curriculares propiciarán el desarrollo integral en el educando de 4 a 6 años, involucrando a la familia, la escuela y la comunidad. Este trayecto es obligatorio.

Los Fundamentos curriculares de la primera infancia, publicados en 2012, definen los objetivos que buscan ampliar las posibilidades de atención integral y desarrollo del área biopsicomotora, socioafectiva y cognitiva, a partir del desarrollo de actividades lúdicas, en contextos cálidos y garantes de derechos, en los que niñas y niños crezcan y se desarrollen de manera feliz, en el marco de la protección integral. Por su parte, el Plan Nacional de Educación, mediante la política denominada Currículo al servicio del aprendizaje, rediseñó una serie de instrumentos curriculares para este nivel: programa de estudio, guía metodológica para docentes y las libretas de parvularia para 4, 5 y 6 años.

Uno de los últimos documentos publicados, Memoria de Labores 2019-2020, señala que se pretende aumentar la oferta de educación inicial y parvularia; potenciar ambientes seguros para ofrecer oportunidades enriquecedoras de exploración y aprendizaje; homologar un modelo de atención de calidad en intervenciones a la primera infancia; promover la estimulación temprana, y competencias parentales; y potenciar la inclusión educativa para niñas y niños con discapacidad. Para lograrlo, se han diseñado dos proyectos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador (financiado por el Banco Mundial) y Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa: Nacer, Crecer, Aprender (con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo). Además, por primera vez se asignaron docentes para atender a hijos de mujeres privadas de libertad en los centros penales.

b. Educación básica

Está destinada a niños, niñas y adolescentes de 7 a 15 años. Comprende nueve años de escolarización obligatoria, organizada en tres ciclos de tres años cada uno.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología elabora los programas para cada uno de los ciclos, en los cuales se alude al aprendizaje por competencias propuesto en el Currículo al servicio del aprendizaje. Se desarrolla un programa de Educación Acelerada de I y II ciclo para incluir a niños con sobreedad, riesgo social o fuera del sistema educativo.

c. Educación media

Está destinada a adolescentes de 15 a 17 años. Se ofrece en modalidad general y técnico vocacional. Ambas modalidades habilitan la matriculación en el nivel superior. La modalidad general dura dos años y culmina con el título de bachiller. La educación técnico vocacional dura tres años.

d. Educación técnico profesional

En El Salvador, se ofrece educación técnico profesional en el sistema de educación no formal (cursos de capacitación laboral), dentro del sistema de educación formal (educación media técnico vocacional) y en el nivel superior (formación de técnicos y tecnólogos). El sistema nacional de educación técnica profesional del Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de coordinar y orientar el diseño y la implementación de programas, proyectos y planes de estudio para el área técnica de la educación media y tecnológica superior.

El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), creado en 1993, por medio de la Ley de Formación Profesional (decreto 554), ofrece cursos de capacitación laboral y calificación de recursos humanos. No habilita la continuidad educativa dentro del sistema de educación formal.

Por su parte, la educación técnico profesional de nivel superior se rige por la Ley de Educación Superior (decreto 468). Los institutos tecnológicos ofrecen tecnicaturas de dos años de duración y carreras de cuatro años de duración orientadas a la formación de tecnólogos del área científica, artística y humanística.

e. Educación superior

La Ley General de Educación (decreto N° 917) establece que la educación superior se regirá por una ley especial y que tiene por objetivos: formar profesionales competentes, con fuerte vocación de servicio y sólidos principios morales; promover la investigación en todas sus formas; prestar un servicio social a la comunidad; y cooperar en la conservación, difusión y el enriquecimiento del legado cultural en su dimensión nacional y universal.

La ley que la rige es la Ley de Educación Superior (decreto 468) sancionada en 2004. Regula el funcionamiento de las instituciones de gestión estatal y privada, y establece la autonomía financiera y administrativa de las universidades. La educación superior comprende la educación tecnológica y la universitaria. La educación tecnológica tiene como propósito la formación y capacitación de profesionales y técnicos especializados en la aplicación de conocimientos y destrezas de las distintas áreas científicas o humanísticas. La educación universitaria es aquella que se orienta a la formación en carreras con estudios de carácter multidisciplinario en la ciencia, el arte, la cultura y la tecnología, que capacita científica y humanísticamente y conduce a la obtención de los grados universitarios.

Los institutos tecnológicos y las universidades expiden títulos de nivel superior correspondientes a técnicos, tecnólogos, maestros y profesores, licenciados, especialistas, maestros y doctores.

La Propuesta de Política Nacional de Educación Superior establece ejes que se articulan en función de: mejorar el acceso de la población al nivel educativo superior; generar una formación de calidad; incrementar la competitividad de los graduados; crear las condiciones para un desarrollo profesional académico sistemático; aportar al cumplimiento de los ODS; hacer de la innovación un elemento indispensable en el quehacer del sistema; incidir en la articulación efectiva de las funciones de la educación superior; contribuir en el dinamismo productivo y económico del país y así incrementar el bienestar de la sociedad. Fue elaborada por los actores del Pacto Multisectorial para la Construcción de la Política Nacional de Educación Superior: MINED, MINEC, UCA, UDB, UFG, UNICAES, UES, CES, CDA, CCA, INSAFORP, CAPES, representación de estudiantes de educación superior y la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa.

En este nivel se destaca la autorización de carreras nuevas, el seguimiento a la formación inicial docente y un proceso de sensibilización y divulgación de la iniciativa SPOTLIGHT para posicionar el tema de prevención de la violencia de género y la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad en la educación de nivel superior (Memoria de Labores 2019-2020).

Además de los aspectos estructurales, una parte de la caracterización de la política educativa consiste en el dimensionamiento del tamaño del sistema educativo.

De acuerdo con los últimos datos aportados por la Dirección de Planificación, Gerencia de Planificación Estratégica del Departamento de Estadísticas Educativas correspondientes a 2021, la matrícula total es de 1.276.010 estudiantes. Estos se encuentran distribuidos del siguiente modo: 25.588 en educación inicial; 189.119 en parvularia; 868.942 en básica; 170.428 en media; 1094 en básica nocturna de adultos; 18.202 en educación de jóvenes y adultos en modalidades flexibles; y 2637 en especial. En 2018, de los 176.268 estudiantes reportados por las universidades, el 45,4% fueron varones y el 54,6% mujeres. En la universidad estatal se inscribió el 28,6% y en las veintitrés universidades privadas el 71,4%. Los once institutos especializados reportaron una matrícula de 12.813 estudiantes (Estadística IES, 2018).

En 2018, la distribución porcentual de docentes registra 1,8% en educación inicial; el 15,5% en parvularia; el 67,9% en básica; y el 14,9% en media. Para el mismo año se informa la existencia de 682 centros educativos de educación inicial; 5303 de parvularia; 5391 centros que brindan educación básica, 5331 I y II ciclo de básica, 3285 III ciclo; y 1064 de educación media.

3.2. Política educativa nacional

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos.

• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.

• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

A modo de síntesis, y sin pretensión de exhaustividad, se pueden señalar las siguientes observaciones. 

El foco currículo y modelos de gestión es uno de los ejes destacados por el Ministerio de Educación en los últimos años. En este sentido se enfatizan los aprendizajes significativos y pertinentes en general y en todos los niveles, y el refuerzo de programas en áreas específicas como matemática, ciencias e inglés. También son destacables los esfuerzos del país en la incorporación curricular de temas que afectan a la sociedad, como la violencia, las pandillas, los temas ambientales y el género, tanto en los niveles obligatorios como en la formación de docentes. 

El foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología se focaliza en acciones ligadas a la incorporación de tecnología y mejora de la conectividad, y en el desarrollo de infraestructura. Se destacan las inversiones en establecimientos para nivel inicial –como parte de las políticas destinadas a la primera infancia–, bibliotecas para el desarrollo de programas de lectura, y mejoramiento y equipamiento de establecimientos de formación técnica. 

Los recursos orientados al foco docentes se centran en la formación continua y la dignificación del magisterio, eje de los planes de educación y desarrollo del país, bajo la consideración de que es uno de los principales recursos para lograr una educación de calidad.

Las acciones del foco fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se centran en alimentación, salud, uniformes y útiles para los ciclos de educación básica, y un fuerte desarrollo de becas para fortalecer el nivel técnico profesional y de educación superior (tanto de grado como posgrado). Cabe destacar los esfuerzos del país en lograr una educación inclusiva y en el desarrollo de programas de interculturalidad.

3.2.1 Política educativa durante la pandemia

Los cuatro focos de intervención se vieron tensionados por las circunstancias excepcionales de la pandemia COVID-19 y el diseño de estrategias de respuesta que permitieran sostener el derecho a la educación y la continuidad pedagógica de niñas, niños y adolescente. Si bien las estrategias en cada país fueron diferentes, es posible identificar dos grandes momentos en su desarrollo y ubicar dentro de ellos políticas, programas, acciones e iniciativas nacionales. Estos momentos son: a) suspensión de la presencialidad y continuidad pedagógica; y b) retorno a la presencialidad.

Las políticas educativas que se impulsaron durante la etapa conocida como “suspensión de la presencialidad y continuidad pedagógica” hicieron hincapié en los siguientes focos de intervención: currículo y modelos de gestión, infraestructura y docentes. Estas se promovieron a través del Plan de continuidad educativa, el impulso del Plan Digital de Fomento a la Lectura, el programa Aprendamos en casa (teleclases y series de TV), el Proyecto Aprendamos en casa con la radio y la promoción de plataformas educativas (Google Classroom).

En la etapa llamada “retorno a la presencialidad” se priorizaron los siguientes focos de intervención: infraestructura y docentes. Estas se promovieron a través del “Plan la alegría de regresar a la escuela”. El Plan se estructuró a partir de las siguientes etapas: a) diagnóstico y mantenimiento básico de las instituciones educativas; b) gestión educativa y planificación para la intervención psicosocial; c) atención psicosocial del estudiantado; y d) continuidad educativa.

3.3. El gobierno del sistema educativo

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo con la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

El Ministerio de Educación establece las normas y los mecanismos de coordinación y armonización entre niveles y modalidades, para garantizar la cobertura, calidad y eficiencia del sistema educativo. Establece el currículo nacional y el marco normativo que regula la carrera docente y la administración de los establecimientos educativos. El currículo nacional se basa en los fines y objetivos de la educación nacional; desarrolla las políticas educativas y culturales del Estado; y se expresa en planes y programas de estudio, metodologías didácticas y recursos de enseñanza –aprendizaje, instrumentos de evaluación y orientación–, el accionar general de los educadores y otros agentes educativos, y la administración educativa. La administración interna de las instituciones educativas oficiales se desarrolla con la participación de la comunidad, docentes, estudiantes, y madres y padres de familia, quienes deberán organizarse en consejos directivos escolares.

El ministerio está compuesto por el Viceministerio de Educación (que integran las direcciones de Primera Infancia, Básica, Media y de Educación de Jóvenes y Adultos) y el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Además, lo conforman, entre otras, la Dirección de Educación Superior y la Dirección de Gestión Educativa. Son destacables la Unidad de Género, la Unidad de Transformación Digital, la Unidad Ambiental y el Instituto de Formación Docente.

El Consejo Nacional de Educación es una instancia consultiva de diálogo y concertación en materia de educación, cuya conformación es amplia y plural, ya que tienen participación diversos sectores de la sociedad relacionados con el tema. Fue presentado oficialmente en el año 2015 por la Presidencia de la República, señalando entre sus funciones proporcionar insumos que ayuden a enriquecer las políticas y los planes nacionales de educación.

El Consejo de Educación Superior es el organismo consultivo y propositivo del Ministerio de Educación, orientado a desarrollar la educación superior. Está conformado por representantes del Ministerio de Educación, de universidades públicas y privadas, institutos y asociaciones gremiales de la empresa privada y de profesionales. 

Recientemente se conformó el Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y Formación Profesional, que establecerá lineamientos y dará seguimiento a temas sobre la formación técnica y profesional del país. Este consejo podrá crear planes de estudio que formen y acrediten a las personas jóvenes en competencias técnicas profesionales que se requieren para ser parte de la fuerza laboral en los 14 departamentos, de acuerdo con las necesidades específicas de cada lugar.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

El Salvador posee, en términos de financiamiento educativo, un sistema centralizado. La Ley General de Educación establece que le corresponde al Ministerio de Educación normar, financiar, promover, evaluar, supervisar y controlar los recursos disponibles para alcanzar los fines de la educación nacional. Agrega que la administración interna de las instituciones educativas oficiales se desarrollará con la participación organizada de la comunidad educativa, docentes, estudiantes, y madres y padres de familia, quienes deberán organizarse en los consejos directivos escolares, que tomarán decisiones colegiadas y serán solidarios en responsabilidades y en las acciones que se desarrollen.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

Recientemente se desarrolló en el país el Sistema Informático para la Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES), el cual tiene por objetivo la simplificación del proceso de recopilación de la información, facilitando el monitoreo del sistema educativo, de manera que la toma de decisiones, planificación, diseño  e implementación de proyectos educativos sea más pertinente (Circular Ministerial 6, 2019). Cuenta con el financiamiento de FOMILENIO II (programa parcialmente financiado por el gobierno de Estados Unidos, a través de la Corporación Reto del Milenio). El SIGES tendrá información de 6 mil centros educativos a nivel nacional, que incluyen a 1.6 millones de estudiantes y 50 mil docentes.

La Ley General de Educación establece que la evaluación es un proceso integral y permanente, cuya función principal es aportar información sobre las relaciones entre los objetivos propuestos y los alcanzados en el sistema educativo nacional, así como de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, dispone que la evaluación educativa comprenderá: a) la evaluación curricular; b) la evaluación de logros de aprendizaje; c) la evaluación de la gestión institucional. El Ministerio de Educación establecerá una prueba obligatoria orientada a medir el aprendizaje y las aptitudes de los estudiantes, que permita establecer su rendimiento y la eficacia en las diferentes áreas de atención curricular.

La Dirección de Evaluación de los Aprendizajes es el organismo responsable de las pruebas de evaluación nacionales e internacionales. Entre las primeras se destacan la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES), la Evaluación de Capacidades Productivas y Ciudadanas (Pruebas Trimestrales) y la Evaluación de Logros de Aprendizaje en Educación Básica (PAESITA) de 2012. Solo la primera fue de carácter obligatorio. En 2020, en el contexto de pandemia se llevó a cabo la prueba de Capacidades y Competencias AVANZO en sustitución de la PAES. Los resultados de la prueba AVANZO reflejan que, de los 65.010 estudiantes de Educación Media examinados, el 78,4% se ubica en el nivel medio intermedio y superior. Mientras que el 21,5% se ubica en un nivel básico. La prueba internacional en la que participa El Salvador es la del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO, la cual tampoco tiene obligatoriedad.

El Sistema de Mejoramiento de la Educación Superior está compuesto por tres subsistemas: la calificación, la evaluación y la acreditación. La Comisión de Acreditación de la Educación Superior es la entidad autónoma adscrita al Ministerio de Educación encargada de ello, con el objetivo de estimular la transparencia y la rendición de cuentas, e incentivar la mejora continua.

Por último, el Tribunal Calificador de la Carrera Docente se encarga de seleccionar y calificar a los candidatos que se postulan a las plazas vacantes de docentes, directores y subdirectores, como también de: realizar el proceso de evaluación a profesionales aspirantes al nivel 1 del escalafón docente; evaluar el desempeño en el cargo de directores y subdirectores de cada ejercicio; y, correspondiente a los resultados de su evaluación, garantizar una educación de calidad, asignando al personal idóneo y capacitado en el área de la docencia del sistema educativo público.

4. La efectividad de la política educativa

Acceso, participación, trayectoria educativa y logros de aprendizaje

Este apartado tiene como propósito ofrecer información sustantiva para realizar una aproximación a la efectividad de la política educativa, mediante el análisis de una serie de indicadores que permiten dar cuenta de la situación en que se encuentran niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas con respecto al derecho a la educación. 

4.1. Nivel educativo de la población

• La tasa de analfabetismo descendió en las últimas décadas, con mayor impacto entre mujeres, en áreas rurales y niveles de ingreso inferiores.

• Si bien los años de escolarización se incrementaron en todos los segmentos, se evidencian brechas persistentes entre áreas urbana/rural (de 3,5 años en 2016) y según los niveles de ingresos, donde la población de mayores ingresos tiene 4 años más de escolarización que la de ingresos inferiores.. 

• El porcentaje de población adulta que finalizó la secundaria alta manifiesta leves ascensos en las mediciones. Se constata en los datos que la brecha entre las áreas urbana y rural es amplia (27,4 puntos porcentuales a favor de quienes residen en ciudades) al igual que la brecha por niveles de ingresos (36,4 puntos porcentuales) entre el nivel de ingresos inferior y superior, a favor de estos últimos).

4.2. Educación inicial

• La tasa de asistencia escolar en el último año del nivel inicial tuvo un importante ascenso (del 78% al 92%), disminuyendo la brecha entre las zonas urbanas y rurales y las brechas por niveles de ingresos. No obstante, no alcanza aún la universalidad.

4.3. Educación primaria

• La tasa de asistencia escolar primaria tuvo leves ascensos en todas las variables de segmentación, presentando en la última medición una pequeña diferencia porcentual a favor de las mujeres

• La tasa de finalización de la educación primaria fue ascendiendo en las últimas décadas en todos los segmentos, impactando mayormente en mujeres, áreas rurales y población de ingresos inferiores. Si bien se incrementó en los demás niveles de ingresos, la población de ingreso medio y superior ya superaba el 90% en la medición de 2005.

4.4. Educación secundaria

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria baja aumentó en todas las variables de segmentación en las últimas décadas, con mayor impacto entre mujeres y en áreas rurales. No obstante, se mantiene una brecha de 17,2 puntos porcentuales entre áreas urbanas y rurales.

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria alta tuvo incrementos, pero no alcanza a la mitad de la población. La población de ciudades duplica a la de áreas rurales en este indicador (56,4% vs. 27,8%, respectivamente) y entre nivel superior e inferior se registran más de 20 puntos porcentuales de diferencia. 

4.5. Educación superior

• La tasa de asistencia a educación superior mejoró en las últimas décadas, pero muestra grandes desigualdades en el acceso entre la población rural (6,1%) y la población urbana (27,5%) y según nivel de ingresos, siendo la tasa de asistencia para las personas de menores ingresos es del 12,2% y para las de mayores ingresos es del 43,2%.

• El porcentaje de finalización de la educación superior es ampliamente mayor en zonas urbanas (9%) a comparación con las zonas rurales (1,4%) y población de mayores ingresos. En líneas generales, se mantuvo estable desde 2005 en un escaso 6% de la población.

5. Desafíos de la política educativa

A lo largo de este documento se intentó mostrar los avances a partir de los compromisos asumidos, haciendo foco en el conjunto de acciones que el país llevó adelante y los resultados de estos esfuerzos. Desde la firma y ratificación de los distintos instrumentos jurídicos internacionales, El Salvador asumió el compromiso y la obligación de garantizar el derecho a la educación de acuerdo con los principios enunciados en estos. De hecho, es uno de los países en los que se ejecuta el programa de implementación acelerada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde Naciones Unidas. Consecuentemente con estos compromisos, fue armonizando su cuerpo normativo y sus acciones programáticas para lograrlo.

A lo largo de este documento se mostraron los avances, haciendo foco en el conjunto de acciones que el país llevó adelante y los resultados que se obtuvieron.

Los documentos de planificación destacan entre sus objetivos aquellos vinculados a lograr una educación de calidad, enfatizando en la necesidad de una profunda transformación del sistema educativo salvadoreño. Para lograr esa transformación, se enuncian acciones ligadas al desarrollo de aprendizajes pertinentes y significativos, con una modificación curricular que los basa en: competencias; la dignificación y profesionalización del magisterio, fomentando la formación inicial y la capacitación continua; la tecnología y la innovación; y la búsqueda de calidad educativa, con inclusión y equidad. Un aspecto destacable es el abordaje que se le da desde el ámbito educativo a la problemática de violencia que sufre el país, desarrollando un amplio abanico de acciones para fomentar la paz y la convivencia, así como la reinserción escolar de estudiantes que por diversas razones interrumpieron sus trayectorias escolares y se encuentran en situaciones de riesgo. 

En el plano de la inclusión y la equidad, los datos muestran que los esfuerzos desarrollados por el país aún no son suficientes. Las desigualdades por áreas geográficas y por nivel de ingresos atraviesan todos los niveles educativos, con un fuerte peso en los niveles superiores.

El Salvador se encuentra frente al desafío de ampliar las tasas de asistencia y finalización de los niveles secundario y superior, las cuales además de ser bajas son extremadamente desiguales. Tendrá que poner especial énfasis en la población de áreas rurales y de menores ingresos, para que puedan acceder y finalizar los niveles de educación obligatorios y así visualizar en su horizonte el derecho a la educación universitaria, dado que actualmente menos del 1,4% de la población rural y de ingresos inferiores ha finalizado la educación superior.

Finalmente, es importante señalar que, como en todos los países de la región, El Salvador enfrenta los desafíos emergentes de la pandemia por COVID-19, en particular en lo que hace al sostenimiento de las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes y a la reincorporación de aquellos cuya escolarización se vio discontinuada o interrumpida. La pandemia ha agudizado desigualdades sociales y problemas sistémicos pre existentes, a la par que ofrece una oportunidad: repensar y transformar los sistemas educativos nacionales para hacerlos más equitativos e inclusivos, teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas y pedagógicas, el compromiso de las comunidades educativas y los esfuerzos realizados en este período sin precedentes, contribuyendo de este modo al compromiso colectivo asumido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

 

Contenido

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Fecha de actualización: diciembre de 2021

1. Información de contexto

La República de El Salvador se encuentra ubicada en América Central. Limita al norte y al este con la República de Honduras, al sur con el océano Pacífico y al oeste con la República de Guatemala. Tiene una superficie de 21.041 km2 y se encuentra dividida en 14 departamentos y 262 municipios. Nayib Armando Bukele Ortez fue elegido presidente para el período 2019-2024.

Acceso a la tabla "Principales indicadores del país y promedio regional."

 

2. El Salvador frente a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

El Salvador suscribe a la CDN¹ el 26 de enero de 1990, el 10 de julio de 1990 la ratifica ante la Secretaría de Naciones Unidas, entrando en vigor el 2 de septiembre del mismo año. Aprueba la CDN a través del decreto Legislativo N° 487/90 y le otorga rango supralegal dentro de su ordenamiento jurídico.

La CDN cuenta con tres protocolos facultativos específicos que la amplían². El primer protocolo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, y el segundo sobre la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía se ratificaron en 2002 y 2004 respectivamente ante la Secretaría de la ONU. El tercer y más reciente protocolo relativo a la aceptación del procedimiento de comunicaciones, fue aceptado por el país el 20 de noviembre de 2014, sin embargo, el procedimiento establecido en el artículo 13 del protocolo en relación con la competencia del comité para investigar casos de violaciones graves o sistemáticas a los derechos enunciados en la convención y/o en sus protocolos facultativos, se encuentra a la espera de ser aceptado por el Estado parte.

Acceso al gráfico "Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos."

2.1. Informes periódicos presentados ante el Comité de los Derechos del Niño y observaciones finales del Comité

En cumplimiento con los compromisos asumidos al momento de ratificar la CDN y sus protocolos facultativos, los Estados parte deben presentar informes periódicos cada cinco años ante el Comité de los Derechos del Niño, sobre los avances y medidas adoptadas en materia de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El Comité de la CDN, en base al estudio del informe entregado por el país, los informes de expertos independientes, de la sociedad civil y de diversas organizaciones no gubernamentales, emite las observaciones finales en respuesta al informe periódico presentado por el Estado parte.

Acceso a la tabla "Avances en el cumplimiento de los derechos reconocidos en la CDN."

 

2.2. La institucionalidad al servicio de la protección integral de los derechos de la infancia

El Salvador promulgó la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) a través del Decreto Legislativo 839 de 2009; allí reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos. El marco jurídico de protección tiene la finalidad de garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos, y facilita el cumplimiento de los deberes de la niñez independiente de su nacionalidad. La LEPINA crea el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual comprende el conjunto de órganos, entidades e instituciones públicas y privadas cuyas políticas, planes y programas tienen el propósito primordial de garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con la participación de la familia, el Estado y la sociedad. El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) es la autoridad máxima del Sistema de protección. Dentro de sus funciones principales se destacan el diseño, aprobación y vigilancia de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (PNPNA), la coordinación efectiva del Sistema y la defensa efectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El CONNA rendirá informes periódicos al órgano ejecutivo en el ramo de las relaciones exteriores con el propósito de suministrar los datos necesarios en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la CDN y demás instrumentos internacionales ratificados por el Estado parte. El sistema cuenta con 16 juntas de protección, dependencias administrativas del CONNA, que tienen como finalidad la protección ante amenazas y vulneraciones a derechos individuales de la niñez y la adolescencia. Además, cuenta con 122 comités locales de derechos, responsables de desarrollar políticas y planes municipales en materia de niñez y adolescencia, y velar por la garantía de sus derechos. 

3. La política pública para la primera infancia

3.1. Planificación

Los Estados desarrollan estrategias orientadas a direccionar y conducir el conjunto de acciones que destinan al cumplimiento efectivo de los derechos de niños y niñas durante la primera infancia. En muchos casos, los ejercicios de planificación estratégica dan lugar a documentos a los cuales se los denomina planes, estrategias o políticas de gran alcance. Si bien la CDN orienta la actividad de los Estados, no fija su contenido específico. Estos tienen que ajustar la orientación de la política pública existente a los principios que propone la CDN. Esto implica precisar un marco conceptual común desde el cual interpretar las decisiones y las acciones que se promueven y las que se llevan adelante.

En 2013 se crea la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (PNPNA), con la que se establece un conjunto sistemático de objetivos y directrices con la finalidad de garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Los objetivos se orientan a promover el acceso universal de niñas y niños a la atención en salud de calidad y con calidez; ampliar la cobertura de la atención a niñas y niños con discapacidad; promover la ampliación de la protección social y cobertura de servicios públicos que fortalezcan los medios de vida de niñas y niños en condiciones de pobreza e inseguridad económica; prevenir amenazas y vulneraciones a los derechos de niñas y niños en su entorno familiar y social, entre otras. El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) tiene entre sus principales funciones el diseño, consulta, aprobación y modificación de la PNPNA así como el monitoreo de sus acciones de política.

En 2018 se desarrolla la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2018-2028, definida como un conjunto de intervenciones dirigidas a promover y garantizar las oportunidades para el desarrollo integral de niñas y niños, desde su gestación hasta cumplir los 9 años, bajo un enfoque de derechos. Dicha estrategia es una herramienta de gestión pública que permite desarrollar intervenciones articuladas y basadas en los enfoques de derechos, género, inclusión, desarrollo integral y curso de vida, en el marco de la protección integral. Deberá orientar al país en términos de sostenibilidad técnica y financiera en materia de primera infancia, y garantizar la pertinencia y calidad de las atenciones que se brindan a niñas, niños y familias.

En el ámbito del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), se desarrolló el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia, orientado a favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de las niñas y niños de seis meses a 7 años de edad, a través de centros que desarrollan dos modalidades: los Centros de Desarrollo Integral (CDI) y los Centros de Bienestar Infantil (CBI). En ambas modalidades se desarrollan componentes de salud y nutrición, educación, estimulación al desarrollo, protección, recreación, deporte, arte y cultura.

En lo que respecta a las acciones orientadas a garantizar la educación, la Ley General de Educación diferencia dos intervalos etarios que brinda a niños y niñas entre los 0 y 6 años: la educación inicial, que comienza con el nacimiento y se extiende hasta los cuatro años de edad, y la educación parvularia, que comprende tres años de estudio y los componentes curriculares que propiciarán el desarrollo integral en el educando de cuatro a seis años, involucrando a la familia, la escuela y la comunidad. Los tres años de educación parvularia son obligatorios.

 

 

3.2. Intervenciones

Una aproximación hacia las formas en que los distintos Estados de la región están avanzando hacia la implementación de sistemas integrales de protección de derechos implica hacer foco en todas las acciones que están direccionadas hacia la primera infancia. La matriz de análisis que emerge del estudio de la política actual para primera infancia en América Latina se compone de los distintos núcleos de intervención, en los cuales los Estados concentran la mayor parte de la actividad estatal orientada a niñas y niños en sus primeros años de vida. Pero el análisis de las políticas de primera infancia en la región permite también identificar momentos en los cuales se distribuyen y se articulan las intervenciones a lo largo del tramo que conforma la etapa del ciclo vital. A continuación, se ampliarán estos dos componentes de la matriz utilizada para el análisis de la política para primera infancia en la región.

Los núcleos de intervención que emergen del análisis de la política de primera infancia son: salud, cuidado y educación, y restitución de derechos vulnerados. En la actualidad, la agenda de la primera infancia reconoce y dialoga con estos tres grandes flujos de acción donde se concentra mayor actividad estatal.

El primer núcleo en el cual se concentra una parte importante de la actividad estatal, y el que tiene más historia, es el que hace foco en la atención de salud de las personas embarazadas, y de niños y niñas. El actor institucional central es el sistema de salud. Un rasgo importante es su pretensión de universalidad. Hoy por hoy, se registra un consenso muy fuerte en torno a que todas las personas gestantes, los niños y niñas tienen que tener garantizado el acceso oportuno a servicios de salud de calidad. Desde el momento de la gestación, se despliega un conjunto de intervenciones que se extienden a lo largo del ciclo vital del niño y la niña. Durante el primer año de vida, estas acciones se intensifican considerablemente y se centran básicamente en el seguimiento y control de la salud, estado nutricional y prevención de enfermedades. Estas prestaciones se desarrollan en los distintos dispositivos sanitarios de los tres niveles de atención, que trabajan de manera articulada, y se organizan según los problemas de salud que resuelven y no por las prestaciones que brindan. Aquí se observa cómo los distintos dispositivos de salud despliegan sus capacidades en el territorio y atienden las dimensiones del desarrollo biofísico y nutricional, al igual que las vulnerabilidades asociadas a la gestación y el parto, como la alimentación, lactancia, la salud mental y cuidados fundamentales.

El segundo foco en que se concentra la actividad estatal, con una historia más reciente, son los esfuerzos para garantizar la atención, cuidado y educación en la infancia. En particular, en el desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, emocionales, sociales de niños y niñas pequeños, en las habilidades parentales de las madres, padres y cuidadores directos, y en el alivio de la carga de cuidado que enfrentan las familias durante la etapa de crianza. En este flujo participan una variedad de actores institucionales y profesionales de diversas disciplinas. Es una vertiente que, al igual que la anterior, acumula una intensa experiencia de territorialización de acciones y trabajo en contextos diversos, en donde el sector salud también tiene una presencia muy importante.

Las acciones orientadas a la protección y cuidado de la infancia se nutren de un conjunto diverso de instrumentos de políticas. A través de talleres en espacios públicos (jardines, escuelas, centros comunitarios) o visitas domiciliarias, se busca acompañar a las familias y fortalecerlas en sus habilidades parentales. Estos espacios constituyen instancias en las que se problematizan distintas dimensiones de la crianza, a la par que funciona como nexo para la articulación de otros servicios públicos. Otro tipo de intervenciones que hacen foco en el desarrollo de capacidades se basa en la atención institucionalizada de niños y niñas. Se trata de espacios en donde las familias dejan a sus hijos al cuidado de otras personas adultas durante un tiempo previamente establecido. Consiste en una oferta variada de servicios, que atiende de forma directa a niños y niñas, cuyas modalidades son diversas: centros de desarrollo infantil, hogares para niños sin cuidados parentales, espacios comunitarios, que por lo general dependen del Ministerio de Desarrollo Social o algún área semejante a nivel provincial o municipal. Muchos de estos servicios nacieron como experiencias comunitarias de cuidado en contextos en donde el Estado se encontraba ausente. En gran medida, porque estos servicios no solo brindan atención directa a niños y niñas, sino que también permiten aliviar la carga de cuidado que enfrentan las familias, liberando tiempo para que las personas adultas puedan trabajar fuera del hogar. Esta es una de las razones por las cuales el debate en torno a estos servicios atraviesa y articula la agenda de la primera infancia con la impulsada por los movimientos de mujeres; en particular, la agenda de los cuidados. Un rasgo común de esta oferta de servicios es que, en contraste con la primera vertiente –relacionada con la atención de la salud–, focaliza en los sectores más vulnerables. Es una red de servicios focalizada y presenta variaciones respecto de su calidad, pertinencia del servicio que brinda, y supervisión y apoyo que recibe por parte del Estado.

En este foco también confluyen los servicios educativos correspondientes al nivel inicial. El actor institucional que ofrece y garantiza el servicio es el Ministerio de Educación u organismos análogos. Aquí lo que se observa es la pretensión de universalizar el nivel inicial a edades más tempranas que, en la actualidad, establece la obligatoriedad en la mayoría de los países a la edad de 4 y 5 años.

Por último, se identificó un tercer núcleo de intervenciones, que se orientan a la restitución de derechos vulnerados. Se caracteriza por ser intensivo en recursos normativos. En este núcleo, el poder judicial tiene una presencia importante pero también participan otras áreas del Estado, como los organismos del sistema de seguridad social y los ministerios de desarrollo social. Algunos de los focos de intervención más relevantes son la prevención y la asistencia a niños y niñas víctimas de trata o explotación sexual y aquellos que son víctimas de otros tipos de violencia. Otro foco de intervención es la restitución del derecho a crecer en un entorno familiar para niños y niñas que no cuentan con cuidados parentales.

Se incluyen aquí acciones orientadas a restituir uno de los derechos más vulnerados en nuestra región: el derecho de niños y niñas a crecer en familias que cuenten con un flujo de ingresos constante, suficiente y protegido. Los instrumentos de política que se utilizan con más frecuencia son la transferencia de bienes y de recursos financieros a las familias, o el acceso gratuito o preferencial a alimentos.

Por otro lado, como se mencionó, a partir del análisis de las políticas de primera infancia, se constata que los países tienden a distinguir momentos según la etapa del ciclo vital. Y, en cada uno de ellos, varían la participación de los actores institucionales, los modos de intervención y los instrumentos de política empleados. Al hacer foco en las prestaciones (es decir, los bienes, servicios y transferencias), se observa que éstas se distribuyen y articulan a lo largo del tramo que conforma esta etapa del ciclo vital, y que se atiende en forma simultánea a las distintas dimensiones que impulsan el desarrollo de las capacidades de niños y niñas durante este periodo en particular. Estos momentos son el pregestacional, el gestacional, el parto y puerperio, el primer año de vida y el período entre los 45 días a los 4 años e ingreso a educación obligatoria.

Momento pregestacional

Los Estados desarrollan acciones orientadas a ampliar las oportunidades de inclusión social de las mujeres y varones jóvenes a través, fundamentalmente, de la culminación del tramo de escolarización obligatoria, talleres para la promoción de la maternidad y paternidad responsables, y de la salud sexual y reproductiva.

Momento gestacional

La actividad estatal se concentra intensamente en garantizar el derecho a la salud de las personas embarazadas y de los niños y niñas por nacer. En situaciones adversas –distancia geográfica, por ejemplo–, se desarrollan acciones orientadas a garantizar el parto institucionalizado. A través de transferencias monetarias, se busca atender oportunamente situaciones de vulnerabilidad social. Las consejerías estructuradas interdisciplinarias asisten a las mujeres en conflicto con la maternidad. En paralelo, los talleres y consejerías orientadas a las mujeres gestantes, sus parejas y/o acompañantes buscan fortalecer y desarrollar habilidades para la crianza.

Parto y puerperio

La prevención y el control de la salud, y la captación temprana de enfermedades en las madres y los niños o niñas recién nacidos, así como el registro de su identidad, son objetivos destacados entre las intervenciones que desarrollan los Estados durante el parto y el puerperio. Por ello, garantizar que el parto ocurra en establecimientos de salud, atendido por profesionales capacitados en un abordaje humanizado, es central. La atención de las vulnerabilidades sociales, emocionales y el desarrollo de habilidades para la crianza que se iniciaron en etapas previas, continúan. Las licencias parentales constituyen una de las formas en que los Estados protegen el derecho de niños y niñas a recibir cuidados sin que esto implique resignar ingresos.

Primer año de vida

En esta etapa de la cadena prestacional se adicionan servicios para la atención de la salud, el cuidado directo y la educación institucionalizada de niños y niñas. Uno de los objetivos explicitados de estos servicios es facilitar la participación de las madres en actividades que generan ingresos. En casos de abandono, violencia, negligencia u otras formas graves de vulneración de derechos, la restitución del derecho de niños y niñas a vivir en entornos familiares se transforma en prioridad.

De 45 días a 4 años e ingreso a educación obligatoria

Este momento, que se solapa con el anterior, se identifica por la centralidad que gradualmente adquiere el componente educativo dentro de los servicios de atención y educación de la primera infancia (AEPI). En gran parte de los países de la región, los Estados comienzan a ofrecer educación escolarizada. Entre los 3 y 5 años, se establece el inicio del tramo obligatorio de escolarización, que culmina entre los 14 y 17 años según el país.

Más allá de las intervenciones que se definen en cada momento, hay estrategias nacionales que abarcan la atención integral de la primera infancia. En estos países se enfatiza que el acceso de las familias a un flujo constante de ingresos, al trabajo decente, a una vivienda adecuada y a servicios básicos de saneamiento constituyen derechos irrenunciables para garantizar e igualar las oportunidades de niños y niñas a desarrollar todo su potencial. El entramado normativo, orientado a regular el vínculo entre niños, niñas y personas adultas, por ejemplo, para prevenir y penalizar el uso de la violencia como forma de disciplinamiento al interior de las familias o en las escuelas, es otra de las instancias cruciales que sostienen la conformación de un sistema integral para la protección de los derechos de la primera infancia.

A continuación, se presenta un conjunto relevante –pero no exhaustivo– de acciones que dan cuentan de los avances realizados en El Salvador para dotar de integralidad a la política para la primera infancia y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas pequeños. Las mismas se presentan agrupadas por núcleos de intervención según los momentos del ciclo vital.

 

 

3.3. Evaluación y monitoreo

Se registran diversos avances en la construcción de sistemas de información y evaluación de la política pública para la primera infancia. Muchos países ponen a disposición datos estadísticos e investigaciones, generalmente evaluaciones de impacto de algunos componentes puntuales de sus políticas, memorias, informes de auditoría, estudios sobre temas específicos, solicitados a universidades y organismos nacionales y extranjeros, a través de los cuales cubren, en parte, la demanda de información para el análisis de la situación de la primera infancia y de los esfuerzos que realizan los Estados para garantizar el cumplimiento efectivo de sus derechos.

A continuación, se presenta un conjunto breve de acciones orientadas a fortalecer las decisiones del Estado y su capacidad para sostener la política pública de la primera infancia. Se hace foco en las intervenciones públicas dirigidas a monitorear el diseño y la implementación de la política, y la ampliación de participación ciudadana.

4. Agenda actual de la primera infancia

A partir de la ratificación de la CDN –hace casi tres décadas– El Salvador ha demostrado amplios esfuerzos por armonizar los principios propuestos por la Convención en su ordenamiento jurídico interno, su institucionalidad y acciones programáticas. En este sentido, la agenda actual de la primera infancia constituye un diálogo permanente de estas tres dimensiones para dotar de integralidad la política pública orientada a las niñas y niños pequeños.

Comparando la situación del país con el promedio regional para cada indicador, El Salvador se caracteriza por presentar una baja proporción de población indígena (0,2%) y un porcentaje de población urbana cercana al promedio regional (73,4%). Respecto a los indicadores económicos, se posiciona dentro de los países con menor PIB per cápita de la región. El porcentaje de individuos en situación de pobreza es más alto que en el resto de América Latina (30,4%), a la vez que el gasto social en porcentaje del PIB es menor a la tendencia general (9%), situación que se replica respecto al índice de desarrollo humano (0,673). Los indicadores de salud, en términos generales, muestran un buen desempeño, con avances en la reducción de la tasa de mortalidad materna, neonatal, infantil y de menores de 5 años, en el porcentaje de partos hospitalarios y la lactancia materna exclusiva. Respecto del indicador de tasa de escolarización para niños de 5 años, El Salvador presenta un desempeño muy cercano al promedio siendo la misma del 92,1%.

El Salvador ha demostrado avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por la CDN. Ha diseñado e implementado una estrategia específica para la primera infancia, mediante la definición y orientación de acciones a fin de garantizar los derechos de niños, niñas y sus familias. Haciendo foco en la distribución de bienes y servicios, se observa el despliegue de un flujo de prestaciones en los distintos momentos del ciclo vital. En este sentido, se destaca el papel del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia en la provisión de los servicios de atención, educación y cuidado, al igual que el del Ministerio de Educación, en la oferta educativa regular. Asimismo, se registran diversas acciones de atención y seguimiento de la salud, prevención de enfermedades, promoción de la lactancia materna, entre otras, cuyo actor relevante es el Ministerio de Salud. Por otro lado, se observa el despliegue de diversas acciones dirigidas a proteger y reparar los derechos vulnerados de niños, niñas y sus familias, con especial énfasis en la niñez migrante.

En este sentido, el principal desafío que enfrenta el país en la primera infancia es dotar de integralidad todas estas políticas. Por otro lado, podría ser relevante el desarrollo de protocolos o lineamientos para la medición de calidad de los servicios destinados a esta población.

 

  Finalmente, el principal desafío que prevalece en América Latina es la alta desigualdad social y de carácter estructural que prima en los países. Una desigualdad social elevada genera condiciones extremadamente desfavorables para efectivizar los derechos de la primera infancia. La carencia persistente de ingresos se encuentra sobrerrepresentada en los grupos sociales históricamente rezagados –población indígena, afrodescendiente, que reside en áreas rurales, en la población migrante, entre otras– y se inscribe frecuentemente en procesos históricos de acumulación intergeneracional de desventajas sociales que generan condiciones que no contribuyen en la apropiación de los beneficios potenciales que supone acceder a los bienes y servicios públicos. El beneficio social se diluye si no se resuelve la base estructural de redistribución social de la riqueza. Promover una mayor igualdad social implica no solo impulsar un crecimiento y desarrollo sostenible sobre bases más sólidas, sino también contribuir a la realización de los derechos sociales, económicos y culturales de las personas durante todo su ciclo vital.  

 

 

5. Notas al pie

[1] La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional al que más países han adherido, 196 países incluidos los 19 latinoamericanos lo han ratificado. Constituye el primer tratado internacional de derechos humanos que sitúa a niños y niñas como sus titulares directos. Desde el momento de su ratificación, los Estados asumen la obligación de garantizar los principios y derechos contenidos en el instrumento jurídico.

 

[2] Después de la aprobación de un tratado de derechos humanos se suelen añadir “protocolos facultativos”, mecanismos jurídicos que complementan y añaden provisiones al tratado. Un protocolo es “facultativo” porque no vincula automáticamente a los Estados que ya han ratificado el tratado original. Estas obligaciones en el protocolo son adicionales y pueden ser más exigentes que las que aparecían en la Convención original, por lo que los Estados deben escoger de manera independiente si quieren vincularse o no al protocolo. Su objetivo es profundizar sobre algunas cuestiones o temas que ya existían en el tratado original, abordar una preocupación nueva o añadir algún procedimiento para su aplicación. En definitiva, amplían las obligaciones del tratado original (UNICEF).

 

[3] Los instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos se negocian entre los Estados miembros de las Naciones Unidas y son jurídicamente vinculantes para cada uno de los Estados que sean parte del instrumento. Hay dos maneras en que un Estado puede llegar a ser parte: mediante la firma y ratificación o mediante la adhesión.

Al ratificar la Convención o un Protocolo Facultativo, un Estado acepta la obligación de respetar, proteger, promover o satisfacer los derechos enumerados, incluida la adopción o el cambio de leyes y políticas que pongan en vigor las disposiciones de la Convención o Protocolo. La Convención considera que todos los derechos de la infancia tienen la misma importancia. No existe ningún derecho "menor", ni ninguna jerarquía entre los derechos humanos. Estos derechos son indivisibles y están mutuamente relacionados, y se centran en todos los aspectos del niño. Las decisiones de los gobiernos con respecto a cualquiera de los derechos deben hacerse a la luz de los otros derechos de la Convención (UNICEF).