Honduras

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Honduras ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990; el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de OIT (1989), ratificado en 1995 y la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), ratificada en 2013. Desde 2015 se han realizado diversas acciones estratégicas orientadas a establecer el marco nacional para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 2018, mediante el decreto ejecutivo 064-PCM/2018, se creó la Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CN-ODS), como instancia participativa responsable de coordinar la implementación, el monitoreo y la evaluación del cumplimiento de los ODS en el país.

Honduras presentó su primer informe nacional voluntario sobre la Agenda 2030 de los ODS en 2017, denominado «Sentando las Bases para implementar la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)». Posteriormente, en 2020 y 2024 se presentaron nuevamente informes de avance.

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

En Honduras, la Constitución reconoce el derecho que tiene la población a disfrutar de alimentación, vivienda, educación, recreo, deportes y servicios médicos adecuados. Establece, en su artículo 151, que la educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y la difusión de la cultura. También, que esta deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza. Asimismo, señala que el Estado tiene la obligación de desarrollar la educación básica del pueblo, creando los organismos administrativos y técnicos necesarios, dependientes directamente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública. Mediante la Ley Fundamental de Educación se garantiza el derecho humano a la educación y se establecen los principios, fines y lineamientos generales de la educación nacional. También se contempla la erradicación del analfabetismo como tarea primordial del Estado.

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

El Plan de Gobierno para la Refundar Honduras 2022-2026 propone transformar el sistema educativo, orientándolo hacia un desarrollo social sostenible, que rescate lo humano, lo ecológico, social, económico, la libertad de cátedra, la universalidad de la ciencia, el pluralismo, la representatividad, la participación democrática, la responsabilidad, la equidad, igualdad de oportunidades, la transparencia, rendición de cuentas, la cultura, la historia local, regional, nacional, el arte, el deporte educativo, la solidaridad y pertinencia en los contenidos.

A nivel sectorial, el Plan Estratégico Institucional 2023-2026 propone 29 intervenciones, 46 productos y 51 indicadores que, de manera sistemática y progresiva, contribuirán a dar respuesta a los tres grandes problemas estructurales prioritarios planteados: el insuficiente acceso inclusivo y equitativo de la población en edad escolar en los niveles educativos de prebásica, básica, media y sus modalidades educativas alternativas; la baja permanencia y promoción de estudiantes durante su trayectoria educativa con calidad por los niveles de Educación Prebásica, Básica, Media y sus Modalidades Educativas Alternativas; y la débil gestión institucional de la Secretaría de Educación, especialmente en términos de transparencia y rendición de cuentas.

La Constitución ordena en su artículo 171 la gratuidad de la educación impartida oficialmente y, además, que la educación básica sea obligatoria y totalmente costeada por el Estado.

La Ley Fundamental de Educación (decreto 262/2011) organiza el sistema educativo. Establece que el sistema nacional de educación lo conforman la educación formal, la no formal y la informal.

La educación formal se organiza en una secuencia regular de niveles sujetos a pautas curriculares progresivas: prebásica, básica, media y superior. Tanto la educación formal como la no formal se ofrecen de manera presencial, a distancia o mixta.

Los lineamientos curriculares de la educación prebásica, básica y media, y las distintas modalidades del sistema educativo, se encuentran organizados en el Currículo Nacional Básico. La organización y el funcionamiento de la educación superior se rigen por la Ley de Educación Superior (decreto 142/1989).

Los programas y las acciones educativas que contempla la educación no formal están orientados a la formación, la capacitación y la formación artística, la reconversión productiva y laboral, la promoción comunitaria y el mejoramiento de las condiciones de vida. Comprende la educación inicial, la formación técnico profesional, la educación vocacional y la educación para la satisfacción de las necesidades básicas. Se desarrolla en contextos específicos, organizados, flexibles y diversificados. La Comisión Nacional para la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO) orienta y coordina la educación no formal para incorporar a la población excluida en los procesos de desarrollo integral del país, facilitándoles y ofreciéndoles oportunidades formativas.

La educación informal, por otra parte, es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de la familia, los medios de comunicación, diferentes entidades, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.

Entre las modalidades de educación, se encuentran: la educación para personas con capacidades diferentes y talentos excepcionales; de jóvenes y adultos; para pueblos indígenas y afrohondureños; artística; física y deportes; en casa; y para la prevención y rehabilitación social.

La carrera docente es regulada por la Ley Fundamental de Educación y el Estatuto del Docente Hondureño (decreto 136/1997), y es aplicada a docentes en servicio en la educación oficial, semioficial y privada. A partir de 2019, el Código de Conducta Ética del Docente Hondureño (acuerdo 0401-SE) reúne las normas, valores, principios y conductas que deben observarse en docentes del sistema educativo hondureño. La Constitución señala en su artículo 162 que, por su carácter informativo y formativo, la docencia tiene una función social y humana, que determina para el docente responsabilidades científicas y morales frente a sus estudiantes, a la institución en que labore y a la sociedad. Asimismo, establece que la formación de docentes es función y responsabilidad exclusiva del Estado. El sistema de concurso docente es el medio para aplicar a las plazas docentes y administrativas docentes disponibles en la Secretaría de Educación en cualquier parte del país.

a. Educación inicial y prebásica

Es el nivel educativo que ofrece a niños y niñas una atención integral dentro de un ambiente de calidad que favorece su crecimiento y su desarrollo en los diferentes aspectos de la persona (físico, cognoscitivo, psicoemocional, psicomotriz y de la comunicación), que lo habiliten en la vida. Apoya y prepara la integración del niño y de la niña a la educación básica.

La Ley Fundamental de Educación diferencia dos tramos de educación en este nivel. Corresponde al Estado la atención obligatoria a niños y niñas del último año del II Ciclo de Educación Prebásica (5 a 6 años), a través de jardines infantiles oficiales, centros preescolares de educación no formal (CEPENF) y centros comunitarios de iniciación escolar (CCIE), delegándose la atención infantil de 0 a 5 años a centros alternativos como guarderías, instituciones gubernamentales, ONG, centros privados de educación infantil e iniciativa empresarial, que serán regulados por la Secretaría de Educación. En 2014, se establecieron los Estándares para la Gestión de un Modelo Educativo de Calidad del Nivel de Educación PreBásica, que se estructuran en cuatro dimensiones: pedagógicas curriculares, evaluación, gestión, infraestructura-mobiliario y material educativo en el aula, y conforman la base para la certificación de los centros educativos del nivel prebásico.

b. Educación básica

La educación básica es el nivel educativo que se orienta hacia la formación integral de niños y niñas en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de acuerdo con los conocimientos, habilidades y actitudes definidos en el currículo prescripto para este nivel, los cuales permiten continuar el proceso educativo formal. Es gratuita y obligatoria. Se ofrece en diversas modalidades: regular, alternativa y especial.

La educación básica regular se organiza en nueve grados distribuidos en tres ciclos secuenciales y continuos, con edades de referencia desde los 6 a los 14 años. La educación básica alternativa desarrolla los mismos contenidos curriculares con la misma calidad de la educación básica regular, haciendo énfasis en la preparación para incorporarse al mundo laboral. Es flexible y diversificada. Sus formas de atención y servicios, metodología, estrategias y técnicas son diferenciadas de acuerdo con las características de sus participantes y su contexto geográfico, social, económico y cultural. Se ofrece en instituciones educativas con programas diversos. La educación básica especial tiene un enfoque inclusivo y atiende, en todas las etapas, los niveles, las modalidades y los programas del sistema nacional de educación, a personas con necesidades educativas especiales, asociadas o no con la discapacidad, y a quienes presentan talentos excepcionales, con el fin de lograr su integración y su participación en la sociedad.

c. Educación media

La educación media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo o proseguir estudios en el nivel superior, mediante la adquisición y construcción de conocimientos, habilidades y actitudes relevantes para la vida personal y social, así como para el desarrollo económico, sociocultural, científico y tecnológico del país. El tramo de edad de referencia es desde los 15 a los 17 años. Es gratuita y obligatoria.

Las modalidades y orientaciones de este nivel están sustentadas en criterios pedagógicos, técnicos y científicos. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación emite los acuerdos específicos de creación de las modalidades y especialidades, considerando las condiciones productivas, laborales, sociales y económicas propias de cada región del país.

La educación media tiene dos orientaciones: bachillerato en ciencias y humanidades (dos años de duración, orientado a los estudios superiores), bachillerato técnico profesional (entre dos y tres años de duración, enfatiza en formación para el trabajo). Corresponde al nivel de secundaria superior (CINE 3) de la clasificación UNESCO.

d. Educación técnico profesional

En Honduras, la educación técnico profesional constituye una orientación de la educación media, pero también se ofrece también en modalidad no formal y en el nivel superior, tanto en universidades como en institutos privados. Se brinda educación técnico profesional en establecimientos de gestión estatal y privada.

Las ramas de la orientación técnica en la educación media son: producción y desarrollo agropecuario (con bachilleratos en horticultura, caficultura, ciencias y técnicas acuícolas y bachillerato agrícola); industrial (bachilleratos en electricidad, electrónica, mecánica automotriz, máquinas y herramientas, refrigeración y aire acondicionado, maderas, estructuras metálicas, industria del vestido, forestal y control de calidad); banca y finanzas (perito mercantil, bachilleratos en mercadotecnia, cooperativismo, computación, administración de empresas, promoción social, comercio, hotelería y turismo); ambiental (bachilleratos en ecología y medio ambiente, salud y nutrición); enfermería; asistente ejecutivo bilingüe; artes gráficas; artística y gestión cultural. La mayoría tiene una carga de 36 horas semanales. Hay ocho bachilleratos técnicos que se ofrecen en jornada extendida.

El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) es la institución rectora de las políticas de formación profesional y cuenta con una amplia variedad de oferta tanto presencial como virtual.

e. Educación superior

Las personas graduadas del nivel medio se encuentran habilitadas a cursar estudios de nivel superior. La Ley de Educación Superior regula este nivel. En el artículo 160 de la Constitución de la República se establece que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) es la responsable de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y técnico profesional. La educación superior está regulada por la Dirección de Educación Superior (DES), creada en 1989.

La educación formal de nivel superior se estructura en torno a grados académicos, incluye estudios técnicos y de especialización. La educación no formal comprende cursos libres, conferencias, seminarios y otras formas que contribuyan a la investigación científica, humanística y tecnológica.

El nivel de educación superior deberá desarrollarse a través de escuelas, institutos, academias, universidades y otros centros especializados. Los centros de educación superior podrán ser públicos o estatales, privados o particulares. En la Ley de Universidades Particulares (decreto 577 de 1978), se establece que estas pueden contribuir con el Estado, ampliando y diversificando la enseñanza superior y la educación profesional, siempre atendiendo con prioridad áreas de estudio no cubiertas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La UNAH expide títulos intermedios de nivel terciario, licenciaturas de nivel universitario, y maestrías y doctorados de nivel posgrado. Asimismo, reconoce los títulos intermedios, universitarios y de posgrado que expiden otros centros de gestión estatal y de gestión privada de nivel superior.

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos:

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos, en todos sus niveles.
• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.
• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, becas, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

A modo de síntesis, y sin pretensión de exhaustividad, pueden señalarse las siguientes observaciones.

En el foco currículo y modelos de gestión las intervenciones se centran en mejorar los procesos de aprendizaje y elevar los indicadores educativos a nivel nacional. El diseño curricular se orienta a crear las condiciones para transformar las prácticas educativas y mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes. En este sentido, se lleva adelante la implementación del Sistema Nacional de Supervisión Educativa. Asimismo, se busca la adecuación curricular a los requerimientos específicos de estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas y afrohondureños, o niños, niñas y adolescentes migrantes o en condición de vulnerabilidad. Los avances hacia la descentralización y democratización de la educación se llevan adelante a través de las Redes Educativas, implementadas en el ámbito rural. Estas redes proponen un nuevo modelo de gestión y organización de las escuelas rurales, mediante la agrupación de centros educativos en un único conglomerado que actúa como un centro al servicio de comunidades cercanas geográficamente.

En el foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología se destacan acciones de planificación, diseño y construcción de centros educativos que satisfagan los requerimientos pedagógicos modernos para el mejoramiento y la modernización de la calidad educativa. Estas acciones se llevan adelante en el marco del Plan Maestro de Infraestructura. Otro tipo de intervenciones trabajan la modernización de la infraestructura educativa con proyectos como los Huertos Escolares, que funcionan como espacios pedagógicos y productivos en el marco de procesos de fortalecimiento a la seguridad alimentaria. El Programa Nacional de Transformación Educativa Digital se enfoca en dotar a los centros educativos con los dispositivos electrónicos, el soporte técnico y su mantenimiento, junto con la promoción del el uso de plataformas virtuales de aprendizaje.

En el foco docentes la Dirección General de Desarrollo Profesional lleva a cabo diversas acciones y programas para impulsar el crecimiento y la actualización continua del personal docente y administrativo. Se centra en la formación permanente, la investigación educativa y el desarrollo de competencias, con el fin de garantizar una educación de calidad para toda la población hondureña.

En el foco fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las intervenciones que lleva adelante la Secretaría de Educación buscan asegurar la inclusión y mejorar las condiciones de educación de los estudiantes. Ejemplo de ello son los servicios ofrecidos a través de los programas Bono de Transporte Estudiantil, Programa Nacional de Alimentación Escolar y el Programa de becas para los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Adicionalmente, a través del Programa de Acción Solidaria se entregan Kits escolares. Estas acciones son complementadas con programas como el Bono Vida Mejor, orientado a asegurar el desarrollo integral de las personas, familias y comunidades en condiciones de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, riesgo y exclusión social.

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo con la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

En Honduras, la Constitución Política ordena que la educación en todos los niveles del sistema educativo formal, excepto el superior, sea autorizada, organizada, dirigida y supervisada exclusivamente por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación Pública, la cual administra los centros de dicho sistema que son totalmente financiados con fondos públicos. Asimismo, establece que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la institución encargada de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. Ambas instituciones adoptarán las medidas necesarias para que la programación general de la educación nacional se integre en un sistema coherente, a fin de que los estudiantes respondan adecuadamente a los requerimientos de la educación superior (arts. 157, 159 y 160).

La Subdirección de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños es la encargada de diseñar y dirigir las iniciativas en materia de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), para la atención a la diversidad cultural y lingüística del país. En la Secretaría de Educación se menciona la promoción del enfoque de género, que busca la reducción de brechas de género en todos los procesos administrativos, pedagógicos y de participación comunitaria y la educación ambiental, a partir del Centro Regional de Educación Ambiental (CREA) creado dentro de la Estrategia de Reducción de la Pobreza por el Gobierno de Honduras y bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación.

De acuerdo con la Ley Fundamental de Educación, la gestión del sistema nacional de educación es descentralizada, simplificada, eficiente, participativa, flexible y libre de injerencias políticas y gremiales. Por ejemplo, podemos observar que la comunidad participa en el proceso educativo a través de los gobiernos estudiantiles.

El Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación señala que para promover y garantizar la universalización, calidad, inclusión y equidad, el Estado, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, ejercerá las funciones de planificación, regulación y articulación de procesos, administración de recursos, evaluación y supervisión, comunicación, transparencia y financiación de la educación. También existen instituciones no gubernamentales que están sujetas a la supervisión de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y pueden ser comunitarias, cooperativas o empresariales. En el artículo 51 de la Ley Fundamental de Educación se señala que los propietarios de fincas, fábricas y demás centros de producción en áreas rurales están obligados a establecer o sostener escuelas de educación básica para los hijos de los trabajadores permanentes (cuando estos excedan los 20 o 30, de acuerdo con la zona) o a brindar otras modalidades.

El Consejo de Educación Superior es definido por ley como el órgano de dirección y decisión del sistema del nivel superior, encargado de: dictar las políticas de la educación superior; aprobar la creación y el funcionamiento de centros de educación superior públicos o privados; aprobar la apertura, el funcionamiento, la fusión o supresión de carreras, escuelas, facultades, institutos y centros de investigación científica, así como los planes curriculares y los programas especiales de nivel superior de las universidades particulares o privadas y de los centros estatales de educación superior, regidos mediante la ley; entre otras funciones.

La estructura de administración del sistema funciona en distintos niveles. La ley crea el Consejo Nacional de Educación, cuya función es elaborar y dar seguimiento a la política educativa nacional, así como articular horizontal y verticalmente el sistema nacional de educación. En el nivel descentralizado, se encuentran: las direcciones departamentales, que tienen a su cargo la administración de los recursos humanos y financieros dentro de su jurisdicción; las Direcciones distritales y municipales, que son unidades técnicas de asesoría pedagógica, orientadas a facilitar el cumplimiento de las metas educativas y los aprendizajes de calidad en los centros educativos, bajo la autoridad de la dirección departamental; y los centros educativos, que constituyen la base del sistema nacional de educación, con la participación del personal directivo, docente, estudiantes, padres y madres de familia y la comunidad en su área de influencia.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

Honduras introduce un mecanismo distintivo en la asignación de fondos hacia su sistema educativo desde el nivel central, a través de la Secretaría de Educación. Mediante el Reglamento del Financiamiento de la Educación Pública, se establece que la gestión financiera del presupuesto se realiza en base a la planificación estratégica orientada a resultados, con el fin de utilizar racionalmente los recursos disponibles y asegurar la ejecución de las asignaciones presupuestarias programadas. De esta forma, la Secretaría de Educación debe elaborar su presupuesto en base a las necesidades manifestadas por los centros educativos y con un enfoque a resultados que permita el mejoramiento de los indicadores de educación.

La Ley Fundamental de Educación (decreto 262/2011), en su art. 32, establece que la secretaría debe desarrollar de manera desconcentrada un sistema nacional de información educativa, cuantitativa y cualitativa, generada desde los centros educativos y con procesamiento en los niveles municipal o distrital, departamental y nacional, para el seguimiento y la evaluación de la política, los objetivos y resultados de la educación nacional.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el organismo rector que produce, analiza y difunde los datos estadísticos de Honduras. Este órgano técnico y autónomo se encarga de la producción, recopilación y difusión de la información estadística del país. Desde este sitio es posible acceder al Censo Nacional de Población y Vivienda, a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), al Sistema de Indicadores Sociales de Niñez, Adolescencia y Mujer, a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA), y a la Encuesta Permanente de Hogares.

La Secretaría de Educación cuenta con una serie de sistemas estadísticos que reportan información del sistema educativo en diferentes ámbitos. El Sistema de Estadística Educativa publica información relacionada con matrícula y egreso, centros educativos y beneficiarios de programas. El Sistema de Alerta Temprana es una plataforma en la cual se desarrollan interfaces de información personalizada por cada centro educativo, mostrando datos relevantes y en tiempo real, estadísticas relacionadas con la matrícula, repitencia, deserción, geolocalización y reportes. También se desarrolla el Sistema de Monitoreo de Alimentación Escolar. El Sistema de Planificación de Infraestructura Educativa (SIPLIE) es una herramienta de registro y medición de la condición de la infraestructura. Se miden los indicadores de infraestructura, instalaciones hidrosanitarias, mobiliario, amenazas naturales, amenazas sociales y servicios básicos, además de registrar la ubicación geográfica entre otras variables cuantitativas y cualitativas, que se integran con los demás sistemas de la Secretaría de Educación.

Honduras ha participado en distintas pruebas a gran escala con foco en la evaluación de logros de aprendizajes. Entre ellas se encuentran las evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO. El país participó en las evaluaciones PERCE en 1997, TERCE en 2013 y ERCE en 2019. Asimismo, adhirió a la prueba PISA-D en 2018.

• La proporción de personas en situación de analfabetismo se redujo alrededor de 7% a lo largo del período analizado. No obstante, en las áreas rurales el indicador triplica a las urbanas.
• A lo largo del período analizado, el promedio de años de escolarización de la población aumentó, tanto entre varones como entre mujeres, sobre todo en los niveles de ingresos medios e inferiores.
• Si bien la proporción de personas adultas que finalizó la secundaria aumentó considerablemente, las brechas entre áreas geográficas y niveles de ingresos son marcadas, siendo 4 veces mayor el valor en áreas urbanas que rurales y casi 3 veces mayor entre los hogares de ingresos superiores respecto de los de ingresos inferiores.

• La proporción de niños y niñas que asistió al último año del nivel inicial se incrementó notablemente hacia 2010, tendencia que siguió en aumento hacia 2019.
• La proporción de asistencia es inferior en el área rural y en aquellos hogares socialmente más desfavorecidos.

• La tasa de asistencia escolar primaria aumentó entre niñas y niños para todas las áreas geográficas y niveles de ingresos, sosteniendo leves diferencias en desventajas de áreas rurales y en sectores de menor nivel de ingresos.
• Se observa un incremento diferenciado entre varones y mujeres que lograron la finalización de la educación primaria, siendo mayor entre mujeres.
• Existen diferencias en la finalización del nivel de acuerdo a las variables analizadas según ingreso en desmedro de los hogares de menores ingresos. Asimismo, en las áreas rurales, la tasa de finalización es menor que las áreas urbanas.

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria baja aumentó tanto entre varones como entre mujeres, en zonas rurales y urbanas y en todos los niveles de ingreso a lo largo de las décadas analizadas.
• La asistencia, tanto a secundaria baja como a secundaria alta, en el área rural se mantiene por debajo del 50%, con cifras que evidencian una gran brecha de acuerdo con el área geográfica.
• La tasa de asistencia escolar a la secundaria alta tuvo un incremento, expresado con más fuerza entre mujeres y población con mayor nivel de ingresos. No obstante, vista por área geográfica, la tasa urbana duplica la rural.
• La sobreedad se redujo significativamente en ambos grupos de edad, aunque con mayor fuerza en el grupo de 12 a 14 años.

• En el periodo comprendido entre 2001 y 2019 se registró un incremento de la tasa de asistencia a la educación superior, siendo notablemente mayor entre mujeres, en áreas urbanas y entre población con mayor nivel de ingresos. En las zonas urbanas, esta tasa es 20 puntos mayor que en las zonas rurales.
• El porcentaje de finalización de la educación superior es ampliamente mayor en zonas urbanas y entre la población de mayores ingresos, y en ningún caso supera el 15%.