Honduras

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Políticas y normativa

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Contenido

Fecha de actualización: diciembre de 2020

1. Resumen del marco normativo y estructura del sistema educativo nacional

2. Compromisos y obligaciones del Estado como garante del derecho a la educación

Cuando los Estados firman un tratado de derechos humanos, asumen la voluntad y el compromiso de crear las condiciones necesarias para transformar la situación en el sentido que allí se propone. El instrumento jurídico fija los principios de un nuevo pacto, que debieran guiar el horizonte de la política pública, dotar de sentido y legitimidad a las acciones que los Estados orienten para su cumplimiento efectivo.

En el marco del derecho, existen básicamente dos tipos de compromisos: aquellos que los Estados asumen en el ámbito internacional al ratificar instrumentos jurídicos regionales e internacionales, y los de alcance nacional, que se expresan generalmente en las leyes nacionales de educación. En el proceso de efectivización del derecho a la educación, los países avanzan en la armonización jurídica acorde a los compromisos asumidos y en la definición de un marco conceptual común desde donde interpretar las decisiones y las acciones que se lleven adelante. Es a partir del diseño y la formulación de planes, estrategias o políticas de gran alcance que los Estados direccionan y conducen las acciones orientadas a garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan y transiten la escuela, se gradúen e incorporen aprendizajes significativos.

El propósito de este documento es ofrecer información para dar cuenta de los avances de los Estados latinoamericanos en garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación.

2.1. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito internacional

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien los ODS no revisten obligatoriedad, las acciones que los países orienten para su implementación permiten vehiculizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.

Honduras ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990; el Convenio OIT N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989), ratificado en 1995; la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), ratificada en 2013.

Desde 2015 se han realizado diversas acciones estratégicas orientadas a establecer el marco nacional para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 2018, mediante el Decreto Ejecutivo PCM-064-2018, se creó la Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CN-ODS), como instancia participativa responsable de coordinar la implementación, el monitoreo y la evaluación del cumplimiento de los ODS en el país. En julio de 2020, Honduras presentó el II Informe Nacional Voluntario de la Agenda 2030.

2.2. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito nacional

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

En Honduras la Constitución reconoce el derecho que tiene la población a disfrutar de alimentación, vivienda, educación, recreo, deportes y servicios médicos adecuados. Establece, en su artículo 151, que la educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y la difusión de la cultura. También, que esta deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza. Asimismo, señala que el Estado tiene la obligación de desarrollar la educación básica del pueblo, creando los organismos administrativos y técnicos necesarios, dependientes directamente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública. Mediante la Ley Fundamental de Educación se garantiza el derecho humano a la educación y se establecen los principios, fines y lineamientos generales de la educación nacional. También se contempla la erradicación del analfabetismo como tarea primordial del Estado.

2.3. Planificación de la educación

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

En Honduras, el Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022 Avanzando con paso firme es la herramienta de planificación del actual gobierno, orientada al cumplimiento de los objetivos y las metas nacionales de la Visión de país (2010-2038), y en diálogo con los lineamientos e indicadores del Plan de Nación (2010-2022). Como parte de la estrategia del sector educativo, se apuesta a: garantizar el acceso y la inclusión educativa a los sectores más rezagados; mejorar la educación de la población; ampliar las tasas de cobertura en los diversos niveles del sistema educativo; y elevar la calidad, especialmente en educación básica. Dentro de los ámbitos de intervención en los que el plan hace foco se encuentran: alfabetización y educación formal alternativa; reinserción a la población que está fuera del sistema educativo; acceso al tercer ciclo de educación básica; subvenciones a la educación; incremento de la cobertura del Programa Presidencial de Becas Honduras 2020; ampliación de la red de centros educativos; mejora de la infraestructura y recursos pedagógicos de los centros escolares de educación básica; reinserción al sistema educativo de niños y niñas desplazados y migrantes; modalidades innovadoras en los centros educativos de educación técnica vocacional; reforma curricular en diversos niveles y modalidades; sistema de evaluación, certificación y promoción de docentes y educadores, no formales; e implementación de evaluaciones de aprendizaje y certificación de competencias, en los diversos niveles del sistema educativo.

A nivel sectorial, el Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030 es el documento base y marco de planificación estratégico de la política educativa. Se organiza a partir del diagnóstico de los retos y desafíos vigentes, y define un marco de resultados y metas estratégicas, así como el plan de acción con intervenciones prioritarias y procesos de gestión orientados a garantizar el derecho a la educación y revertir las problemáticas identificadas. El centro de los temas a trabajar lo ocupan la inclusión, equidad y calidad del sistema educativo.

3. Caracterización de la política educativa nacional

Este apartado hace foco en el conjunto de acciones que el Estado está orientando para garantizar el derecho a la educación. La caracterización de la política educativa se abordará desde tres dimensiones. En primer lugar, se describirá la estructura y el tamaño del sistema educativo. En segundo lugar, se buscará indagar y caracterizar el conjunto de intervenciones a través de las cuales se busca mantener el sistema educativo en funcionamiento. Este análisis se realizará haciendo foco en: 1) currículo y modelos de gestión institucional; 2) docentes; 3) infraestructura, tecnología y equipamiento; 4) transferencias de bienes y recursos financieros con el fin de fortalecer el sostenimiento de las trayectorias escolares. Finalmente, se buscará dar cuenta del gobierno del sistema, tanto en sus arreglos organizativos e institucionales como en el financiamiento de la política educativa, y los sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas.

3.1. Estructura del sistema educativo nacional

La Constitución ordena en su artículo 171 la gratuidad de la educación impartida oficialmente y, además, que la educación básica sea obligatoria y totalmente costeada por el Estado.

La Ley Fundamental de Educación (Decreto No 262/2011) organiza el sistema educativo. Establece que el sistema nacional de educación lo conforman la educación formal, la no formal y la informal.

La educación formal se organiza en una secuencia regular de niveles sujetos a pautas curriculares progresivas: prebásica, básica, media y superior. Tanto la educación formal como la no formal se ofrecen de manera presencial, a distancia o mixta.

Los lineamientos curriculares de la educación prebásica, básica y media, y las distintas modalidades del sistema educativo, se encuentran organizados en el Currículo Nacional Básico. La organización y el funcionamiento de la educación superior se rigen por la Ley de Educación Superior (Decreto No 142/89).

Los programas y las acciones educativas que contempla la educación no formal están orientados a la formación, la capacitación y la formación artística, la reconversión productiva y laboral, la promoción comunitaria y el mejoramiento de las condiciones de vida. Comprende la educación inicial, la formación técnico profesional, la educación vocacional y la educación para la satisfacción de las necesidades básicas. Se desarrolla en contextos específicos, organizados, flexibles y diversificados. La Comisión Nacional para la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO) lleva adelante la atención de los procesos de la educación inicial, alfabetización y la educación para la satisfacción de necesidades básicas.

La educación informal, por otra parte, es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de la familia, los medios de comunicación, diferentes entidades, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.

Entre las modalidades de educación, se encuentran: la educación para personas con capacidades diferentes o excepcionales; de jóvenes y adultos; para pueblos indígenas y afrohondureños; artística; física y deportes; en casa; y para la prevención y rehabilitación social.

La carrera docente es regulada por la Ley Fundamental de Educación, el Estatuto del Docente Hondureño y los respectivos reglamentos, y se aplica a docentes en servicio en la educación oficial, semioficial y privada. La Constitución señala en su artículo 162 que, por su carácter informativo y formativo, la docencia tiene una función social y humana, que determina para el docente responsabilidades científicas y morales frente a sus estudiantes, a la institución en que labore y a la sociedad. Asimismo, establece que la formación de docentes es función y responsabilidad exclusiva del Estado. El sistema de concurso docente es el medio para aplicar a las plazas docentes y administrativas docentes disponibles en la Secretaría de Educación en cualquier parte del país.

a. Educación inicial y prebásica

Es el nivel educativo que ofrece a niños y niñas una atención integral dentro de un ambiente de calidad que favorece su crecimiento y su desarrollo en los diferentes aspectos de la persona (físico, cognoscitivo, psicoemocional, psicomotriz y de la comunicación), que lo habiliten en la vida. Apoya y prepara la integración del niño y de la niña a la educación básica.

La Ley Fundamental de Educación (Decreto No 262/2011) diferencia dos tramos de educación en este nivel. Corresponde al Estado la atención obligatoria a niños y niñas del último año del II Ciclo de Educación Prebásica (5 a 6 años de edad), a través de jardines infantiles oficiales, centros preescolares de educación no formal (CEPENF) y centros comunitarios de iniciación escolar (CCIE), delegándose la atención infantil de 0 a 5 años a centros alternativos como guarderías, instituciones gubernamentales, ONG, centros privados de educación infantil e iniciativa empresarial, que serán regulados por la Secretaría de Educación.

b. Educación básica

La educación básica es el nivel educativo que se orienta hacia la formación integral de niños y niñas en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de acuerdo con los conocimientos, habilidades y actitudes definidos en el currículo prescripto para este nivel, los cuales permiten continuar el proceso educativo formal. Es gratuita y obligatoria. Se ofrece en diversas modalidades: regular, alternativa y especial.

La educación básica regular se organiza en nueve grados distribuidos en tres ciclos secuenciales y continuos, con edades de referencia desde los 6 a los 14 años. La educación básica alternativa desarrolla los mismos contenidos curriculares con la misma calidad de la educación básica regular, haciendo énfasis en la preparación para incorporarse al mundo laboral. Es flexible y diversificada. Sus formas de atención y servicios, metodología, estrategias y técnicas son diferenciadas de acuerdo con las características de sus participantes y su contexto geográfico, social, económico y cultural. Se ofrece en instituciones educativas con programas diversos.

La educación básica especial tiene un enfoque inclusivo y atiende, en todas las etapas, los niveles, las modalidades y los programas del sistema nacional de educación, a personas con necesidades educativas especiales, asociadas o no con la discapacidad, y a quienes presentan talentos excepcionales, con el fin de lograr su integración y su participación en la sociedad (Acuerdo No 1358/2014).

c. Educación media

La educación media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo o proseguir estudios en el nivel superior, mediante la adquisición y construcción de conocimientos, habilidades y actitudes relevantes para la vida personal y social, así como para el desarrollo económico, sociocultural, científico y tecnológico del país. El tramo de edad de referencia es desde los 15 a los 17 años. Es gratuita y obligatoria.

Las modalidades y orientaciones de este nivel están sustentadas en criterios pedagógicos, técnicos y científicos. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación emite los acuerdos específicos de creación de las modalidades y especialidades, considerando las condiciones productivas, laborales, sociales y económicas propias de cada región del país.

La educación media tiene dos orientaciones: bachillerato en ciencias y humanidades (dos años de duración, orientado a los estudios superiores), bachillerato técnico profesional (entre dos y tres años de duración, enfatiza en formación para el trabajo). Corresponde al nivel de secundaria superior (CINE 3) de la clasificación UNESCO.

d. Educación técnico profesional

En Honduras, la educación técnico profesional constituye una orientación de la educación media, pero también se ofrece también en modalidad no formal y en el nivel superior, tanto en universidades como en institutos privados. Se brinda educación técnico profesional en establecimientos de gestión estatal y privada.

Las ramas de la orientación técnica en la educación media son: producción y desarrollo agropecuario (con bachilleratos en horticultura, caficultura, ciencias y técnicas acuícolas y bachillerato agrícola); industrial (bachilleratos en electricidad, electrónica, mecánica automotriz, máquinas y herramientas, refrigeración y aire acondicionado, maderas, estructuras metálicas, industria del vestido, forestal y control de calidad); banca y finanzas (perito mercantil, bachilleratos en mercadotecnia, cooperativismo, computación, administración de empresas, promoción social, comercio, hotelería y turismo); ambiental (bachilleratos en ecología y medio ambiente, salud y nutrición); enfermería; asistente ejecutivo bilingüe; artes gráficas; artística y gestión cultural. La mayoría tiene una carga de 36 horas semanales. Hay ocho bachilleratos técnicos que se ofrecen en jornada extendida.

El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) es la institución rectora de las políticas de formación profesional.

e. Educación superior

Las personas graduadas del nivel medio se encuentran habilitadas a cursar estudios de nivel superior. En el artículo 160 de la Constitución de la República se establece que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) es la responsable de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y técnico profesional. La educación superior está regulada por la Dirección de Educación Superior (DES), creada en 1989.

La educación formal de nivel superior se estructura en torno a grados académicos, incluye estudios técnicos y de especialización. La educación no formal comprende cursos libres, conferencias, seminarios y otras formas que contribuyan a la investigación científica, humanística y tecnológica.

El nivel de educación superior deberá desarrollarse a través de escuelas, institutos, academias, universidades y otros centros especializados. Los centros de educación superior podrán ser públicos o estatales, privados o particulares. En el Decreto N° 577/1978, Ley de Universidades Particulares, se establece que estas pueden contribuir con el Estado, ampliando y diversificando la enseñanza superior y la educación profesional, siempre atendiendo con prioridad áreas de estudio no cubiertas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La UNAH expide títulos intermedios de nivel terciario, licenciaturas de nivel universitario, y maestrías y doctorados de nivel posgrado. Asimismo, reconoce los títulos intermedios, universitarios y de posgrado que expiden otros centros de gestión estatal y de gestión privada de nivel superior.

Además de los aspectos estructurales, una parte de la caracterización de la política educativa consiste en el dimensionamiento del tamaño del sistema educativo. En este sentido, según los datos analizados en el Plan Estratégico del Sector Educación (PESE) 2018-2030, la matrícula preescolar, en las edades de 3 a 5 años, ha tenido un elevado crecimiento desde 2011, registrando alrededor de 213 mil niños y niñas matriculados en 2017. Se indica que entre 2011 y 2017 esta matrícula creció cerca de 59 mil niños y niñas.

Sobre la educación básica, el plan señala que las tasas netas de matrícula del grupo de edad de 6 a 14 años crecieron en el período 2011-2017, llegando al 89.5%. Mientras que, para la educación media, la tasa neta de matrícula es de 28.1% para 2017, con un ligero aumento en el periodo 2011-2017, que favoreció a las mujeres. Se indica que la tasa bruta de matrícula de la educación media es cercana al 50% desde 2011.

En relación a la educación y formación técnico profesional y vocacional, el INFOP registró un total de 2.665.194 matrículas y 2.445,779 aprobaciones obtenidas en la oferta de 139.272 cursos iniciados y 136.356 finalizados, entre los años 2005 y 2017. Se muestra un aumento en el número de personas atendidas por el INFOP en acciones de formación profesional, alcanzando un importante crecimiento en la matrícula y aprobaciones. En el mismo lapso, la matrícula en educación superior pasó de 135.832 a 203.951. Aunque las universidades públicas absorben el 61% de la matrícula, el mayor crecimiento ha correspondido a las instituciones privadas, que pasaron de 30.139 a 79.042 estudiantes, mientras que en las universidades públicas el aumento fue de 19 mil estudiantes.

3.2. Política educativa nacional

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos:

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos.

• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.

• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

La búsqueda de un progreso en la calidad y el acceso a la educación son los pilares de la política educativa en Honduras. Con el apoyo de la cooperación internacional, la Secretaría de Educación lleva adelante un conjunto de intervenciones orientadas a mejorar las condiciones y fortalecer la oferta del sistema educativo, la capacidad institucional, el diseño curricular y los entornos físicos de aprendizaje.

Los avances hacia la descentralización y democratización de la educación se llevan adelante a través de las Redes Educativas. Implementadas en el ámbito rural, proponen un nuevo modelo de gestión y organización de las escuelas rurales. Su modelo de gestión institucional se da a través de la organización de un conglomerado de centros educativos, que se articulan para formar un solo centro al servicio de comunidades convergentes geográficamente. Este proceso busca fomentar la autonomía de las comunidades educativas, fortaleciendo su participación a nivel de gestión institucional, pedagógico, administrativo y financiero.

Dentro del conjunto de intervenciones se encuentra que el foco currículo y modelos de gestión se centra en mejorar los procesos de aprendizaje y elevar los indicadores educativos a nivel nacional. El diseño curricular se orienta a crear las condiciones para transformar las prácticas educativas y mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes. En este sentido, se lleva adelante la implementación del Sistema Nacional de Supervisión Educativa. Asimismo, se busca la adecuación curricular a los requerimientos específicos de estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas y afrohondureños, o niños, niñas y adolescentes migrantes o en condición de vulnerabilidad. Una experiencia innovadora a nivel de currículo es el Centro Regional de Educación Ambiental (CREA), primer centro piloto del país en materia de educación ambiental.

El foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología se centra en acciones de planificación, diseño y construcción de centros educativos que satisfagan los requerimientos pedagógicos modernos para el mejoramiento y la modernización de la calidad educativa. Estas acciones se llevan adelante en el marco del Plan Maestro de Infraestructura 2012. Otro tipo de intervenciones trabajan la modernización de la infraestructura educativa con proyectos como los Huertos Escolares, que funcionan como espacios pedagógicos y productivos en el marco de procesos de fortalecimiento a la seguridad alimentaria.

Las acciones orientadas al foco docentes se centran en impulsar el desarrollo profesional de los docentes como un mecanismo para fortalecer la calidad de frente a los desafíos educativos del país. A través de la iniciativa Adaptación y Escalamiento de Enfoques de Desarrollo Profesional Docente en Honduras (2020-2022), se busca contextualizar, adaptar y probar modelos de formación docente a escala. Aprovechando las oportunidades de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), se busca garantizar principios de equidad e inclusión en el acceso y la calidad de los procesos formativos. 

Las intervenciones del foco fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que lleva adelante la Secretaría de Educación, buscan asegurar la inclusión y mejorar las condiciones de educación de los estudiantes. Ejemplo de ello son los servicios ofrecidos a través de los programas Bono de Transporte Estudiantil, Programa Nacional de Alimentación Escolar, Programa Presidencial Becas Honduras 2020 y el Sistema de Becas Presidenciales. Estas acciones son complementadas por intervenciones intersectoriales lideradas desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, con programas como el Bono Vida Mejor, orientado a asegurar el desarrollo integral de las personas, familias y comunidades en condiciones de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, riesgo y exclusión social.

3.3. El gobierno del sistema educativo

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo a la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

En Honduras, la Constitución Política ordena que la educación en todos los niveles del sistema educativo formal, excepto el superior, sea autorizada, organizada, dirigida y supervisada exclusivamente por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaria de Educación Pública, la cual administra los centros de dicho sistema que son totalmente financiados con fondos públicos. Asimismo, establece que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la institución encargada de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. Ambas instituciones adoptarán las medidas necesarias para que la programación general de la educación nacional se integre en un sistema coherente, a fin de que los estudiantes respondan adecuadamente a los requerimientos de la educación superior (arts. 157, 159 y 160).

De acuerdo con la Ley Fundamental de Educación, la gestión del sistema nacional de educación es descentralizada, simplificada, eficiente, participativa, flexible y libre de injerencias políticas y gremiales. La comunidad participa en el proceso educativo a través de los diferentes consejos de desarrollo educativo y los gobiernos estudiantiles.

El Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación (Acuerdo N° 1358/2014) señala que para promover y garantizar la universalización, calidad, inclusión y equidad, el Estado, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, ejercerá las funciones de planificación, regulación y articulación de procesos, administración de recursos, evaluación y supervisión, comunicación, transparencia y financiación de la educación. También existen instituciones no gubernamentales que están sujetas a la supervisión de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y pueden ser comunitarias, cooperativas o empresariales. En el artículo 51 de la Ley Fundamental de Educación se señala que los propietarios de fincas, fábricas y demás centros de producción en áreas rurales están obligados a establecer o sostener escuelas de educación básica para los hijos de los trabajadores permanentes (cuando estos excedan los 20 o 30, de acuerdo con la zona) o a brindar otras modalidades.

El Consejo de Educación Superior es definido por ley como el órgano de dirección y decisión del sistema del nivel superior, encargado de: dictar las políticas de la educación superior; aprobar la creación y el funcionamiento de centros de educación superior públicos o privados; aprobar la apertura, el funcionamiento, la fusión o supresión de carreras, escuelas, facultades, institutos y centros de investigación científica, así como los planes curriculares y los programas especiales de nivel superior de las universidades particulares o privadas y de los centros estatales de educación superior, regidos mediante la ley; entre otras funciones.

La estructura de administración del sistema funciona en distintos niveles. La ley crea el Consejo Nacional de Educación, cuya función es elaborar y dar seguimiento a la política educativa nacional, así como articular horizontal y verticalmente el sistema nacional de educación. En el nivel descentralizado, se encuentran: las direcciones departamentales, que tienen a su cargo la administración de los recursos humanos y financieros dentro de su jurisdicción; las Direcciones distritales y municipales, que son unidades técnicas de asesoría pedagógica, orientadas a facilitar el cumplimiento de las metas educativas y los aprendizajes de calidad en los centros educativos, bajo la autoridad de la dirección departamental; y los centros educativos, que constituyen la base del sistema nacional de educación, con la participación del personal directivo, docente, estudiantes, padres y madres de familia y la comunidad en su área de influencia.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

Honduras introduce un mecanismo distintivo en la asignación de fondos hacia su sistema educativo desde el nivel central, a través de la Secretaría de Educación. Mediante el Reglamento del Financiamiento de la Educación Pública, se establece que la gestión financiera del presupuesto se realiza en base a la planificación estratégica orientada a resultados, con el fin de utilizar racionalmente los recursos disponibles y asegurar la ejecución de las asignaciones presupuestarias programadas. De esta forma, la Secretaría de Educación debe elaborar su presupuesto en base a las necesidades manifestadas por los centros educativos y con un enfoque a resultados que permita el mejoramiento de los indicadores de educación.

La Ley Fundamental de Educación (Decreto N° 262), en su art. 32, establece que la secretaría debe desarrollar de manera desconcentrada un sistema nacional de información educativa, cuantitativa y cualitativa, generada desde los centros educativos y con procesamiento en los niveles municipal o distrital, departamental y nacional, para el seguimiento y la evaluación de la política, los objetivos y resultados de la educación nacional.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el organismo rector que produce, analiza y difunde los datos estadísticos de Honduras. Este órgano técnico y autónomo se encarga de la producción, recopilación y difusión de la información estadística del país. Desde este sitio es posible acceder al Censo Nacional de Población y Vivienda, a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), al Sistema de Indicadores Sociales de Niñez, Adolescencia y Mujer, a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA), y a la Encuesta Permanente de Hogares.

La Secretaría de Educación cuenta con una serie de sistemas estadísticos que reportan información del sistema educativo en diferentes ámbitos. El Sistema de Estadística Educativa pública información relacionada con matrícula y egreso, centros educativos y beneficiarios de programas (datos disponibles a 2013). El Sistema de Alerta Temprana es una plataforma en la cual se desarrollan interfaces de información personalizada por cada centro educativo, mostrando datos relevantes y en tiempo real, estadísticas relacionadas con la matrícula, repitencia, deserción, geolocalización y reportes. El Sistema de Indicadores Educativos de Honduras (SIEH) reporta información de acceso y cobertura, eficiencia, competitividad y participación.

Además, cuenta con plataformas virtuales que brindan información focalizada. Todo centro educativo de los niveles de educación prebásica, básica, media y superior no universitaria de carácter oficial y no gubernamental que matricule, promueva, certifique o gradúe estudiantes en el país debe estar registrado y ser administrado mediante la plataforma Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Este sistema automatiza, sistematiza y estandariza los procesos de administración de centros educativos, así como lo relacionado con el registro, la matrícula, evaluación y promoción de los estudiantes a nivel nacional. El Sistema Estadístico de Reinserción Escolar de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Retornados (SERE-NNAMR) publica estadísticas y resultados con distintos niveles de accesos, con el objetivo de brindar información respecto de la situación educativa de la población estudiantil migrante.

Honduras ha participado en distintas pruebas a gran escala con foco en la evaluación de logros de aprendizajes. Entre ellas se encuentran las evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO. El país participó en las evaluaciones PERCE en 1997, TERCE en 2013 y ERCE en 2019. Asimismo, adhirió a la prueba PISA-D en 2018.

4. La efectividad de la política educativa

Acceso, participación, trayectoria educativa y logros de aprendizaje.

Este apartado tiene como propósito ofrecer información sustantiva para realizar una aproximación a la efectividad de la política educativa, mediante el análisis de una serie de indicadores que permiten dar cuenta de la situación en que se encuentran niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas con respecto al derecho a la educación.

4.1. Nivel educativo de la población

• La proporción de personas en situación de analfabetismo se redujo en los últimos años.

• El promedio de años de escolarización de la población aumentó tanto entre varones como entre mujeres, sobre todo en áreas urbanas y en el nivel de ingresos superior.

• La proporción de personas adultas que finalizaron la secundaria aumentó, aunque levemente más entre mujeres. La finalización se concentra mayormente en áreas urbanas y en el nivel de ingresos superior.

4.2. Educación inicial

• La proporción de niños y niñas que asistieron a la escuela antes de empezar el nivel primario se incrementó notablemente hacia 2010.

• La proporción de asistencia es inferior en el área rural y en aquellos hogares socialmente más desfavorecidos.

4.3. Educación primaria

• La tasa de asistencia escolar primaria aumentó entre niñas y niños para todas las áreas geográficas.

• Se observa un incremento diferenciado entre varones y mujeres que lograron la finalización de la educación primaria, siendo mayor entre mujeres.

• Existen diferencias en la finalización del nivel de acuerdo a las variables analizadas según ingreso. Se registra una leve reducción de la finalización en la población de mayores ingresos.

4.4. Educación secundaria

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria aumentó tanto entre varones como entre mujeres.

• La asistencia a secundaria baja como alta en el área rural se mantiene por debajo del 30%. 

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria alta tuvo un incremento, que se expresa con más fuerza entre mujeres y población con mayor nivel de ingresos.

4.5. Educación superior

• En el periodo comprendido entre 2001 y 2010 se registró un incremento de la tasa de asistencia a la educación superior, siendo notablemente mayor entre mujeres, en áreas urbanas y entre población con mayor nivel de ingresos.

• El porcentaje de finalización de la educación superior es ampliamente mayor en zonas urbanas y entre la población de mayores ingresos. De igual modo, la asistencia aumenta entre la población con mayor nivel de ingresos.

5. Desafíos de la política educativa

A lo largo de este documento se intentó mostrar los avances a partir de los compromisos asumidos, haciendo foco en el conjunto de acciones que el país llevó adelante y los resultados de estos esfuerzos.

Desde la firma y ratificación de los distintos instrumentos jurídicos internacionales, Honduras asumió el compromiso y la obligación de garantizar el derecho a la educación. Gradualmente fue armonizando su cuerpo normativo y sus acciones programáticas según los principios previstos en los textos jurídicos.

La búsqueda de un nuevo modelo educativo con mayor acceso y calidad ha sido la apuesta de la política educativa en Honduras. El logro de este objetivo plantea al sistema el desafío de poner en marcha procesos, recursos, acciones y métodos de intervención orientados a incidir en los ámbitos estratégicos que impactan en la calidad educativa. En el marco del Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030, el proceso de planificación se ha enfocado en diseñar acciones orientadas a garantizar el acceso inclusivo al sistema educativo; asegurar aprendizajes, pertinentes, relevantes y eficaces; y fortalecer la institucionalidad, descentralización y democratización de la educación. Asimismo, las metas se han armonizado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al convertirse en una de las directrices críticas para el logro de los objetivos del sector educativo en el marco de la Agenda Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (AN-ODS).

Dentro de los avances en marcha se destaca una tendencia a la ampliación del acceso y un crecimiento de la oferta en todos los niveles, componentes y modalidades del sector educativo. Se observan logros y continuidad del Plan Maestro de Infraestructura y de la Estrategia Nacional de Prevención y Seguridad Escolar. Asimismo, continúa el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), que ha llevado adelante acciones orientadas a reducir las inequidades entre la zona urbana y rural. También la implementación del Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras trae innovaciones y fortalecimiento a nivel docente y de gestión institucional. Con la implementación del Programa Presidencial de Becas Honduras 2020, a través de las becas Solidaria, Juventud 20/20 e Internacional, se muestran avances relacionados con el incremento en el número de becarios y el apoyo a jóvenes con discapacidad.

Pese a estos esfuerzos, los indicadores educativos plantean desafíos a la política educativa en lo que tiene que ver con el cierre de brechas entre grupos socioeconómicos, geográficos y étnicos. El diagnóstico presentado en el Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022 Avanzando con paso firme señala que los principales problemas de la educación tienen que ver con el bajo número de años de estudio promedio de la población (AEP), brechas de acceso, calidad de los aprendizajes, concentración del analfabetismo en zonas rurales, y violencia social, que afecta mayormente a adolescentes y jóvenes en condición de vulnerabilidad y pobreza.

En este sentido, los principales retos definidos son: el fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para dar acceso a la educación; la integración institucional para la oferta de la educación técnica; el aumento de la cobertura y la diversificación de la oferta en educación superior; la formación docente y calidad de la educación, incorporando aprendizajes que respondan a los nuevos modelos y paradigmas de la educación y a los avances de la ciencia y de las nuevas tecnologías del siglo XXI.

Contenido

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Fecha de actualización: marzo de 2020

1. Información de contexto

La República de Honduras se encuentra ubicada en América Central. Limita al norte y al este con el mar Caribe, al sureste con la República de Nicaragua, al sur con el Golfo de Fonseca y con la República de El Salvador y al oeste con la República de Guatemala. Comprendiendo todas sus islas, tiene una superficie de 112.492 km2 y se divide en 18 departamentos y 298 municipios. Juan Orlando Hernández fue elegido presidente para el período 2018-2022 (segundo mandato).

Acceso a la tabla "Principales indicadores del país y promedio regional."

 

2. Honduras frente a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

Honduras suscribe a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)¹ el 31 de mayo de 1990, la ratifica ante la Secretaría de Naciones Unidas el 10 de agosto de 1990, entrando en vigor el 9 de septiembre del mismo año. Aprueba la CDN y le otorga rango legal dentro de su ordenamiento jurídico.

La CDN cuenta con tres Protocolos facultativos específicos que la amplían². El primer protocolo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, y el segundo sobre la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía se ratifican en el 2002 mediante la adhesión ante la Secretaría de la ONU. El tercer y más reciente protocolo facultativo refiere a la aceptación del procedimiento de comunicaciones y es adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2011. El procedimiento de comunicaciones individuales y el establecido en el artículo 13 del protocolo en relación con la competencia del comité para investigar casos de violaciones graves o sistemáticas a los derechos enunciados en la convención y/o en sus protocolos facultativos, se encuentra a la espera de ser ratificado y aceptado por la República de Honduras.

Acceso al gráfico "Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos."

2.1. Informes periódicos presentados ante el Comité de los Derechos del Niño y Observaciones finales del Comité

En cumplimiento de los compromisos asumidos al momento de ratificar la CDN y sus Protocolos facultativos, los Estados partes deben presentar informes periódicos cada cinco años ante el Comité de los Derechos del Niño, sobre los avances y medidas adoptadas en materia de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel interno. El Comité de la CDN, en base al estudio del informe entregado por el país, los informes de expertos independientes, de la sociedad civil y de ONGs, emite las observaciones finales en respuesta al informe periódico presentado por el Estado parte.

Acceso a la tabla "Avances en el cumplimiento de los derechos reconocidos en la CDN."

 

2.2. La institucionalidad al servicio de la Protección Integral de los Derechos de la Infancia

Honduras promulgó el Código de la Niñez y la Adolescencia a través del Decreto Nº 73 de 1996. Posteriormente en el 2013, introduce reformas integrales mediante el Decreto Nº 35. Consagra los derechos y libertades fundamentales de los niños, establece y regula el régimen de prevención y protección que el Estado les garantiza para asegurar su desarrollo integral, y crea los organismos y procedimientos necesarios. En el 2015 a través del Decreto Ejecutivo Nº 020 se aprueba el Sistema de Protección Integral “Criando con amor”, el cual contiene un sistema de indicadores y líneas base para el monitoreo y evaluación. El sistema lo conforman cinco subsistemas: salud, seguridad alimentaria y nutricional, educación, protección de derechos, recreación y formación de valores. Estos se agruparon por programas según corresponde el área de atención. El Decreto crea la Alta Comisión para el Sistema de Protección Integral para la Primera Infancia, integrada por la Primera Dama de la Nación, el Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, el Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, un representante de la Iglesia Católica y un representante de la Iglesia Evangélica.

En el 2014, a través del Decreto Ejecutivo PCM 27-14 se crea la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), ente desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Estado en los despachos de Desarrollo e Inclusión Social. Dentro de su mandato resaltan las siguientes funciones: formular, coordinar, gestionar, monitorear y evaluar las políticas, los programas y servicios especializados en materia de niñez, adolescencia y familia; fomentar la creación de programas locales de atención integral a la niñez en general y en particular a la niñez vulnerada en sus derechos; generar las directrices y mecanismos que orienten a las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil en la implementación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia y familia; ejercer la tutoría legal a falta de las familias o representantes legales de los niños, niñas y/o amenaza a la vulneración de los derechos de los menores; coordinar la cooperación técnica y financiera con las instituciones de carácter nacional o internacional que apoyen y financien actividades en materia de niñez, adolescencia y familia.

 

3. La política pública para la Primera Infancia

3.1. Planificación

Los Estados desarrollan estrategias orientadas a direccionar y conducir el conjunto de acciones que destinan al cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas durante la primera infancia. En muchos casos, los ejercicios de planificación estratégica dan lugar a documentos a los cuales se los denomina planes, estrategias o políticas de gran alcance. Si bien la CDN orienta la actividad de los Estados, no fija su contenido específico. Éstos tienen que ajustar la orientación de la política pública existente a los principios que propone la CDN. Esto implica precisar un marco conceptual común desde el cual interpretar las decisiones y las acciones que se promueven y las que se llevan adelante.

La Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia establece los objetivos estratégicos orientados a garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas durante la primera infancia. Define los lineamientos y mecanismos de coordinación entre los subsistemas de salud, seguridad alimentaria, educación, protección especial, recreación, y formación de valores. La política provee un marco de referencia, asegurando que todas las actividades de programas y proyectos tengan soporte en el marco normativo, cuerpos decisorios y estructura gubernamental dentro de la perspectiva de la CDN. El diseño de la política estuvo a cargo del Comité Interinstitucional para la Atención de la Primera Infancia (CIAPI).

La Estrategia “Criando con amor”, consiste en el diseño e implementación de una Ruta de Integral de Prestación de Servicios (RIPS) para la atención integral de primera infancia. Entre los avances se destaca el aumento de la inversión a comunidades de mayor desventaja social, fundamentalmente rurales e indígenas, y la consolidación de un Sistema de Registro Nacional de la Primera Infancia (RENPI).

La oferta educativa es llevada adelante por el Ministerio de Educación, a través de la Ley Fundamental de Educación Decreto Nº 262 de 2011, la cual diferencia dos tramos de educación en este nivel. Corresponde al Estado la atención obligatoria a niños y niñas del último año del II Ciclo de Educación Pre-básica (5 a 6 años de edad), a través de Jardines Infantiles oficiales, Centros de Educación Básica, Centros de Educación Preescolar no Formal (CEPENF), Centros de Investigación e Innovación Educativas (CIIE), delegándose la atención infantil de 0 a 5 años a centros alternativos como guarderías, instituciones gubernamentales, ONGs, Centros Privados de Educación Infantil e iniciativa empresarial, en el entendido que los mismos serán regulados por la Secretaría de Educación (Currículo Nacional Básico).

 
 

3.2. Intervenciones

Una aproximación hacia las formas en que los distintos Estados de la región están avanzando hacia la implementación de Sistemas Integrales de Protección de Derechos implica hacer foco en todas las acciones que están direccionadas hacia la primera infancia. La matriz de análisis que emerge del estudio de la política actual para primera infancia en América Latina se compone de los distintos núcleos de intervención en los cuales los Estados concentran la mayor parte de la actividad estatal orientada a niñas y niños en sus primeros años de vida. Pero el análisis de las políticas de primera infancia en la región permite también identificar momentos en los cuales se distribuyen y se articulan las intervenciones a lo largo del tramo que conforma la etapa del ciclo vital. A continuación, se ampliarán estos dos componentes de la matriz utilizada para el análisis de la política para la primera infancia en la región.

Los núcleos de intervención que emergen del análisis de la política de primera infancia son: salud, cuidado y educación, y restitución de derechos vulnerados. En la actualidad, la agenda de la primera infancia reconoce y dialoga con estos tres grandes flujos de acción donde se concentra mayor actividad estatal.

El primer núcleo, en el cual se concentra una parte importante de la actividad estatal y es el que más historia tiene, hace foco en la atención de salud de las embarazadas, los niños y las niñas. El actor institucional central es el sistema de salud. Un rasgo importante es su pretensión de universalidad. Hoy por hoy, se registra un consenso muy fuerte en torno a que todas las mujeres gestantes, los niños y niñas tienen que tener garantizado el acceso oportuno a servicios de salud de calidad. Desde el momento de la gestación se despliegan un conjunto de intervenciones que se extienden a lo largo del ciclo vital del niño y la niña. Durante el primer año de vida, estas acciones se intensifican considerablemente y se centran básicamente en el seguimiento y control de la salud, estado nutricional y prevención de enfermedades. Estas prestaciones se desarrollan en los distintos dispositivos sanitarios de los tres niveles de atención que trabajan de manera articulada, que se organizan según los problemas de salud que resuelven y no por las prestaciones que estos brindan. Aquí se observa cómo los distintos dispositivos de salud despliegan sus capacidades en el territorio y atienden las dimensiones del desarrollo biofísico y nutricional –al igual que las vulnerabilidades asociadas a la gestación y al parto– como la alimentación, la lactancia, la salud mental y los cuidados fundamentales.

El segundo núcleo en que se concentra la actividad estatal, con una historia aún más reciente, la constituyen los esfuerzos para garantizar la atención, el cuidado y la educación en la infancia. En particular, en el desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, emocionales, y sociales de niños y niñas pequeños; en las habilidades parentales de las madres, padres y cuidadores directos; y en el alivio de la carga de cuidado que enfrentan las familias durante la etapa de crianza. En este flujo participan una variedad de actores institucionales y profesionales de diversas disciplinas. Es una vertiente que, al igual que la anterior, acumula una intensa experiencia de territorialización de acciones, trabajo en contextos diversos, en donde el sector de salud también tiene una presencia muy importante.

Las acciones orientadas a la protección y cuidado de la infancia se nutren de un conjunto diverso de instrumentos de políticas. A través de talleres en espacios públicos (jardines, escuelas, centros comunitarios) o visitas domiciliarias, se busca acompañar a las familias y fortalecerlas en sus habilidades parentales. Estos espacios constituyen instancias en las que se problematizan distintas dimensiones de la crianza, a la par que funciona como nexo para la articulación de otros servicios públicos. Otro tipo de intervenciones que hacen foco en el desarrollo de capacidades se basa en la atención institucionalizada de niños y niñas. Se trata de espacios en donde las familias dejan a sus hijos al cuidado de otros adultos durante un tiempo previamente establecido. Consiste en una oferta variada de servicios que atiende de forma directa a los niños y niñas, cuyas modalidades son diversas: centros de desarrollo infantil, hogares para niños sin cuidados parentales, espacios comunitarios, que por lo general dependen del Ministerio de Desarrollo Social o algún área semejante a nivel provincial o municipal. Muchos de estos servicios nacieron como experiencias comunitarias de cuidado en contextos en donde el Estado se encontraba ausente. En gran medida porque estos servicios no solo brindan atención directa a los niños y niñas, sino que también permiten aliviar la carga de cuidado que enfrentan las familias liberando tiempo para que los adultos puedan trabajar fuera del hogar. Esta es una de las razones por las cuales el debate en torno a estos servicios atraviesa y articula la agenda de la primera infancia con la agenda de los cuidados impulsada por los movimientos de mujeres. Un rasgo común de esta oferta de servicios es que, en contraste con la primera vertiente relacionada con la atención de la salud, estas focalizan en los sectores más vulnerables. Es una red de servicios focalizada y presenta variaciones respecto de la calidad, la pertinencia del servicio que brindan, y la supervisión y apoyo que reciben por parte del Estado.

En este foco también confluyen los servicios educativos correspondientes al nivel inicial. El actor institucional que ofrece y garantiza el servicio es el Ministerio de Educación u organismos análogos. Aquí lo que se observa es la pretensión de universalizar el nivel inicial a edades más tempranas, que en la actualidad, establece la obligatoriedad en la mayoría de los países a la edad de 4 y 5 años. 

Por último, se identificó un tercer núcleo de intervenciones, que se orientan a la restitución de derechos vulnerados. Se caracteriza por ser intensivo en recursos normativos, donde el poder judicial tiene una presencia importante, pero en la que también participan otras áreas del Estado, como los organismos del sistema de seguridad social y los ministerios de desarrollo social. Algunos de los focos de intervención más relevantes son la prevención y la asistencia a los niños y niñas víctimas de trata o explotación sexual y de los niños y niñas víctimas de otros tipos de violencia. Otro foco de intervención es la restitución del derecho de los niños y niñas que no cuentan con cuidados parentales a crecer en un entorno familiar.

Se incluyen aquí acciones orientadas a restituir uno de los derechos más vulnerados en nuestra región: el derecho de los niños y niñas a crecer en familias que cuenten con un flujo de ingresos constante, suficiente y protegido. Los instrumentos de política que se utilizan con más frecuencia son la transferencia de bienes y de recursos financieros a las familias, o el acceso gratuito o preferencial a alimentos.

Por otro lado, como se mencionó, a partir del análisis de las políticas de primera infancia, se constata que los países tienden a distinguir momentos según la etapa del ciclo vital. Y en cada uno de ellos, varían la participación de los actores institucionales, los modos de intervención y los instrumentos de política que se utilizan en cada etapa. Al hacer foco en las prestaciones, es decir, en los bienes, servicios y transferencias, se observa que éstas se distribuyen y articulan a lo largo del tramo que conforma a esta etapa del ciclo vital, y que se atiende en forma simultánea a las distintas dimensiones que impulsan el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas durante este periodo en particular. Estos momentos en los que se segmentan son:

Momento pregestacional

Los Estados desarrollan acciones orientadas a ampliar las oportunidades de inclusión social de las mujeres y varones jóvenes a través de, fundamentalmente, la culminación del tramo de escolarización obligatoria, talleres para la promoción de la maternidad y paternidad responsable, y de la salud sexual y reproductiva.

Momento gestacional

La actividad estatal se concentra intensamente en garantizar el derecho a la salud de las embarazadas y de los niños y niñas por nacer. En situaciones adversas –distancia geográfica, por ejemplo– se desarrollan acciones orientadas a garantizar el parto institucionalizado. A través de transferencias monetarias se busca atender oportunamente situaciones de vulnerabilidad social. Las consejerías estructuradas interdisciplinarias asisten a las mujeres en conflicto con la maternidad. En paralelo, los talleres y consejerías orientadas a las mujeres gestantes, sus parejas y/o acompañantes buscan fortalecer y desarrollar habilidades para la crianza.

Parto y puerperio

La prevención y control de la salud, y la captación temprana de enfermedades en las madres y los niños o niñas recién nacidos, así como el registro de su identidad son objetivos destacados entre las intervenciones que desarrollan los Estados durante el parto y el puerperio. Por ello, garantizar que el nacimiento ocurra en establecimientos de salud atendido por profesionales capacitados en el abordaje humanizado del parto es central. La atención de las vulnerabilidades sociales, emocionales y el desarrollo de habilidades para la crianza que se iniciaron en etapas previas, continúan. Las licencias parentales constituyen una de las formas en que los Estados protegen el derecho de los niños y niñas a recibir cuidados sin que esto implique resignar ingresos.

Primer año de vida

En esta etapa, a la cadena prestacional se adicionan servicios para la atención de la salud, el cuidado directo y la educación institucionalizada de los niños y niñas. Uno de los objetivos explicitados de estos servicios es facilitar la participación de las madres en actividades que generan ingresos. En casos de abandono, violencia, negligencia u otras formas graves de vulneración de derechos, la restitución del derecho de los niños y niñas a vivir en entornos familiares se transforma en una prioridad.

De 45 días a 4 años e ingreso a educación obligatoria

Este momento, que se solapa con el anterior, se identifica por la centralidad que gradualmente adquiere el componente educativo dentro de los servicios AEPI. En gran parte de los países de la región, los Estados comienzan a ofrecer educación escolarizada. Entre los 3 y 5 años, se establece el inicio del tramo obligatorio de escolarización que culmina entre los 14 y 17 años según el país.

Más allá de las intervenciones que se definen, en cada momento hay estrategias nacionales que abarcan la atención integral de la primera infancia. En estos países se enfatiza que el acceso de las familias a un flujo constante de ingresos, al trabajo decente, a una vivienda adecuada y a servicios básicos de saneamiento constituyen derechos irrenunciables para garantizar e igualar las oportunidades de niños y niñas a desarrollar todo su potencial. El entramado normativo orientado a regular el vínculo entre los niños y los adultos para, por ejemplo, prevenir y penalizar el uso de la violencia como forma de disciplinamiento al interior de las familias o en las escuelas, es otra de las instancias cruciales que sostienen la conformación de un Sistema Integral para la Protección de los Derechos de la Primera Infancia.

A continuación, se presenta un conjunto relevante –pero no exhaustivo– de acciones que dan cuenta de los avances realizados en Argentina para dotar de integralidad a la política para la primera infancia y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas pequeños. Las mismas se presentan agrupadas por núcleos de intervención según los momentos del ciclo vital.

 

 

3.3. Evaluación y monitoreo

Se registran diversos avances en la construcción de sistemas de información y evaluación de la política pública para la primera infancia. Muchos países ponen a disposición datos estadísticos e investigaciones, generalmente evaluaciones de impacto de algunos componentes puntuales de sus políticas, memorias, informes de auditoría, estudios sobre temas específicos, solicitados a universidades y organismos nacionales y extranjeros, a través de los cuales cubren, en parte, la demanda de información para el análisis de la situación de la primera infancia y de los esfuerzos que realizan los Estados para garantizar el cumplimiento efectivo de sus derechos.

A continuación, se presenta un conjunto breve de acciones orientadas a fortalecer las decisiones del Estado y su capacidad para sostener la política pública de la primera infancia. Se hace foco en las intervenciones públicas dirigidas a monitorear el diseño e implementación de la política y la ampliación de la participación ciudadana.

4. Agenda actual de la Primera Infancia

A partir de la ratificación de la CDN –hace casi tres décadas– Honduras ha demostrado amplios esfuerzos por armonizar los principios propuestos por la Convención en su ordenamiento jurídico interno, su institucionalidad y acciones programáticas. En este sentido, la agenda actual de la primera infancia constituye un diálogo permanente de estas tres dimensiones para dotar de integralidad la política pública orientada a las niñas y niños pequeños.

Comparando la situación del país con el promedio regional para cada indicador, Honduras se caracteriza por presentar un porcentaje de población indígena cercano al promedio (8,5%) y una baja proporción de población urbana (56,3%). Respecto a los indicadores económicos, el PIB per cápita lo sitúa dentro de los países de ingreso bajo en la región. El porcentaje de individuos en situación de pobreza es superior al promedio regional (72%), a la vez que presenta un reducido índice de desarrollo humano. El porcentaje de gasto social en relación al PIB es cercano al promedio regional (9,2%). Los indicadores de salud, en términos generales, sitúan al país por debajo del promedio en todos los indicadores, a excepción de la cobertura de atención prenatal y la proporción de niños y niñas que registraron bajo peso al nacer. Los indicadores educativos de la primera infancia muestran a Honduras como un país de desempeño un tanto inferior al promedio regional, alcanzando una tasa de escolarización para niños del último año de la pre-primaria del 71,2% y una tasa de escolarización en el nivel inicial del 33,5% .

Honduras ha realizado avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la CDN. Ha diseñado diversos instrumentos de planificación, entre los cuales se destaca la Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia. A través de ella organiza y define acciones dentro de los subsistemas de salud, seguridad alimentaria, educación, protección especial, recreación y valores. Asimismo, se observa la distribución de un flujo consistente de bienes, servicios y transferencias, orientados a garantizar un óptimo desarrollo infantil. También ha diseñado e implementado un Observatorio de Derechos de la Niñez, adscrito al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) que cuenta con apoyo técnico y financiero de UNICEF. El mismo tiene a su cargo la realización de estudios sobre la situación de la infancia en Honduras, el monitoreo de instituciones, la producción de documentos, y el desarrollo y difusión de proyectos de investigación. Esta instancia es sumamente importante para fortalecer la información a través de la cual los tomadores de decisiones pueden acceder para el sostenimiento o reconducción de las acciones dirigidas a garantizar los derechos de la infancia.

 

  Finalmente, el principal desafío que prevalece en América Latina es la alta desigualdad social de carácter estructural que prima en todos los países. Una desigualdad social elevada genera condiciones extremadamente desfavorables para efectivizar los derechos de la primera infancia. La carencia persistente de ingresos se encuentra sobrerrepresentada en los grupos sociales históricamente rezagados –población indígena, afrodescendiente, migrante, que residen en áreas rurales, entre otros– y se inscribe frecuentemente en procesos históricos de acumulación intergeneracional de desventajas sociales que generan condiciones que no contribuyen en la apropiación de los beneficios potenciales que supone acceder a los bienes y servicios públicos. El beneficio social se diluye si no se resuelve la base estructural de redistribución social de la riqueza. Promover una mayor igualdad social implica no sólo impulsar un crecimiento y desarrollo sostenible sobre bases más sólidas, sino también contribuir a la realización de los derechos sociales, económicos y culturales de las personas durante todo su ciclo vital.  

 

 

5. Notas al pie

[1] La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional al que más países han adherido: en total 193, incluidos los 19 latinoamericanos, lo han ratificado. Constituye el primer tratado internacional de derechos humanos que sitúa a los niños y niñas como sus titulares directos. Desde el momento de su ratificación, los Estados asumen la obligación de garantizar los principios y derechos contenidos en el instrumento jurídico.

 

[2] Después de la aprobación de un tratado de derechos humanos se suelen añadir “protocolos facultativos”, que son mecanismos jurídicos que complementan y añaden provisiones al tratado. Un protocolo es “facultativo” porque no vincula automáticamente a los Estados que ya han ratificado el tratado original. Estas obligaciones en el protocolo son adicionales y pueden ser más exigentes que las que aparecían en la Convención original, por lo que los Estados deben escoger de manera independiente si quieren vincularse o no al protocolo. Su objetivo es profundizar sobre algunas cuestiones o temas que ya existían en el tratado original, abordar una preocupación nueva o añadir algún procedimiento para su aplicación. En definitiva, amplían las obligaciones del tratado original (UNICEF).

 

[3] Los instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos se negocian entre los Estados miembros de las Naciones Unidas y son jurídicamente vinculantes para cada uno de los Estados que sean parte del instrumento. Hay dos maneras en que un Estado puede llegar a ser parte: mediante la firma y ratificación, o mediante la adhesión.

Al ratificar la Convención o un Protocolo facultativo, un Estado acepta la obligación de respetar, proteger, promover o satisfacer los derechos enumerados, incluida la adopción o el cambio de leyes y políticas que pongan en vigor las disposiciones de la Convención o Protocolo. La Convención considera que todos los derechos de la infancia tienen la misma importancia. No existe ningún derecho "menor", ni ninguna jerarquía entre los derechos humanos. Estos derechos son indivisibles y están mutuamente relacionados, y se centran en todos los aspectos del niño. Las decisiones de los gobiernos con respecto a cualquiera de los derechos deben hacerse a la luz de los otros derechos de la Convención (UNICEF).

 

[4] Último dato disponible al año 2010 de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM).