Honduras

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Contenido

1. Resumen del marco normativo y estructura del sistema educativo nacional

 

2. Compromisos y obligaciones del Estado como garante del derecho a la educación

Cuando los Estados firman un tratado de derechos humanos, asumen la voluntad y el compromiso de crear las condiciones necesarias para transformar la situación en el sentido que allí se propone. El instrumento jurídico fija los principios de un nuevo pacto, que debieran guiar el horizonte de la política pública, dotar de sentido y legitimidad a las acciones que los Estados orienten para su cumplimiento efectivo.

En el marco del derecho, existen básicamente dos tipos de compromisos: aquellos que los Estados asumen en el ámbito internacional al ratificar instrumentos jurídicos regionales e internacionales, y los de alcance nacional, que se expresan generalmente en las leyes nacionales de educación. En el proceso de efectivización del derecho a la educación, los países avanzan en la armonización jurídica acorde a los compromisos asumidos y en la definición de un marco conceptual común desde donde interpretar las decisiones y las acciones que se lleven adelante. Es a partir del diseño y la formulación de planes, estrategias o políticas de gran alcance que los Estados direccionan y conducen las acciones orientadas a garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan y transiten la escuela, se gradúen e incorporen aprendizajes significativos.

El propósito de este documento es ofrecer información para dar cuenta de los avances de los Estados latinoamericanos en garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación.

2.1. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito internacional

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien los ODS no revisten obligatoriedad, las acciones que los países orienten para su implementación permiten vehiculizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.

Honduras ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990; el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de OIT (1989), ratificado en 1995 y la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), ratificada en 2013. Desde 2015 se han realizado diversas acciones estratégicas orientadas a establecer el marco nacional para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 2018, mediante el decreto ejecutivo PCM-064-2018, se creó la Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CN-ODS), como instancia participativa responsable de coordinar la implementación, el monitoreo y la evaluación del cumplimiento de los ODS en el país. En julio de 2020, Honduras presentó el II Informe Nacional Voluntario de la Agenda 2030.

2.2. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito nacional

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

En Honduras, la Constitución reconoce el derecho que tiene la población a disfrutar de alimentación, vivienda, educación, recreo, deportes y servicios médicos adecuados. Establece, en su artículo 151, que la educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y la difusión de la cultura. También, que esta deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza. Asimismo, señala que el Estado tiene la obligación de desarrollar la educación básica del pueblo, creando los organismos administrativos y técnicos necesarios, dependientes directamente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública. Mediante la Ley Fundamental de Educación se garantiza el derecho humano a la educación y se establecen los principios, fines y lineamientos generales de la educación nacional. También se contempla la erradicación del analfabetismo como tarea primordial del Estado.

2.3. Planificación de la educación

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

En Honduras, el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y construcción del Estado Socialista y Democrático se propone transformar el sistema educativo, orientándolo hacia un desarrollo social sostenible, que rescate lo humano, lo ecológico, social, económico, la libertad de cátedra, la universalidad de la ciencia, el pluralismo, la representatividad, la participación democrática, la responsabilidad, la equidad, igualdad de oportunidades, la transparencia, rendición de cuentas, la cultura, la historia local, regional, nacional, el arte, el deporte educativo, la solidaridad y pertinencia en los contenidos.

A nivel sectorial, el Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030 es el documento base y marco de planificación estratégico de la política educativa. Se organiza a partir del diagnóstico de los retos y desafíos vigentes, y define un marco de resultados y metas estratégicas, así como el plan de acción con intervenciones prioritarias y procesos de gestión orientados a garantizar el derecho a la educación y revertir las problemáticas identificadas. El centro de los temas a trabajar lo ocupan la inclusión, equidad y calidad del sistema educativo. La protección de las trayectorias educativas y la seguridad escolar se ubican entre las temáticas recientes abordadas por planes específicos, el Plan de Atención para la Protección de las Trayectorias Educativas de los educandos de Prebásica, Básica y Media: Trienio 2021-2023 y el Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de Prevención y Seguridad Escolar, respectivamente.

3. Caracterización de la política educativa nacional

Este apartado hace foco en el conjunto de acciones que el Estado está orientando para garantizar el derecho a la educación. La caracterización de la política educativa se abordará desde tres dimensiones. En primer lugar, se describirá la estructura y el tamaño del sistema educativo. En segundo lugar, se buscará indagar y caracterizar el conjunto de intervenciones a través de las cuales se busca mantener el sistema educativo en funcionamiento. Este análisis se realizará haciendo foco en: 1) currículo y modelos de gestión institucional; 2) docentes; 3) infraestructura, tecnología y equipamiento; 4) transferencias de bienes y recursos financieros con el fin de fortalecer el sostenimiento de las trayectorias escolares. Finalmente, se buscará dar cuenta del gobierno del sistema, tanto en sus arreglos organizativos e institucionales como en el financiamiento de la política educativa, y los sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas.

3.1. Estructura del sistema educativo nacional

La Constitución ordena en su artículo 171 la gratuidad de la educación impartida oficialmente y, además, que la educación básica sea obligatoria y totalmente costeada por el Estado.

La Ley Fundamental de Educación (decreto 262 de 2011) organiza el sistema educativo. Establece que el sistema nacional de educación lo conforman la educación formal, la no formal y la informal.

La educación formal se organiza en una secuencia regular de niveles sujetos a pautas curriculares progresivas: prebásica, básica, media y superior. Tanto la educación formal como la no formal se ofrecen de manera presencial, a distancia o mixta.

Los lineamientos curriculares de la educación prebásica, básica y media, y las distintas modalidades del sistema educativo, se encuentran organizados en el Currículo Nacional Básico. La organización y el funcionamiento de la educación superior se rigen por la Ley de Educación Superior (decreto 142 de 1989).

Los programas y las acciones educativas que contempla la educación no formal están orientados a la formación, la capacitación y la formación artística, la reconversión productiva y laboral, la promoción comunitaria y el mejoramiento de las condiciones de vida. Comprende la educación inicial, la formación técnico profesional, la educación vocacional y la educación para la satisfacción de las necesidades básicas. Se desarrolla en contextos específicos, organizados, flexibles y diversificados. La Comisión Nacional para la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO) orienta y coordina la educación no formal para incorporar a la población excluida en los procesos de desarrollo integral del país, facilitándoles y ofreciéndoles oportunidades formativas.

La educación informal, por otra parte, es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de la familia, los medios de comunicación, diferentes entidades, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.

Entre las modalidades de educación, se encuentran: la educación para personas con capacidades diferentes o excepcionales; de jóvenes y adultos; para pueblos indígenas y afrohondureños; artística; física y deportes; en casa; y para la prevención y rehabilitación social.

La carrera docente es regulada por la Ley Fundamental de Educación y el Estatuto del docente hondureño (decreto 136 de 1997 y los respectivos reglamentos), y es aplicada a docentes en servicio en la educación oficial, semioficial y privada. A partir de 2019, el Código de Conducta Ética del Docente Hondureño (acuerdo 0401) reúne las normas, valores, principios y conductas que deben observarse en docentes del sistema educativo hondureño. La Constitución señala en su artículo 162 que, por su carácter informativo y formativo, la docencia tiene una función social y humana, que determina para el docente responsabilidades científicas y morales frente a sus estudiantes, a la institución en que labore y a la sociedad. Asimismo, establece que la formación de docentes es función y responsabilidad exclusiva del Estado. El sistema de concurso docente es el medio para aplicar a las plazas docentes y administrativas docentes disponibles en la Secretaría de Educación en cualquier parte del país.

a. Educación inicial y prebásica

Es el nivel educativo que ofrece a niños y niñas una atención integral dentro de un ambiente de calidad que favorece su crecimiento y su desarrollo en los diferentes aspectos de la persona (físico, cognoscitivo, psicoemocional, psicomotriz y de la comunicación), que lo habiliten en la vida. Apoya y prepara la integración del niño y de la niña a la educación básica.

La Ley Fundamental de Educación diferencia dos tramos de educación en este nivel. Corresponde al Estado la atención obligatoria a niños y niñas del último año del II Ciclo de Educación Prebásica (5 a 6 años de edad), a través de jardines infantiles oficiales, centros preescolares de educación no formal (CEPENF) y centros comunitarios de iniciación escolar (CCIE), delegándose la atención infantil de 0 a 5 años a centros alternativos como guarderías, instituciones gubernamentales, ONG, centros privados de educación infantil e iniciativa empresarial, que serán regulados por la Secretaría de Educación. En 2014, se establecieron los Estándares para la Gestión de un Modelo Educativo de Calidad del Nivel de Educación Pre-Básica, que se estructuran en cuatro dimensiones: pedagógicas curriculares, evaluación, gestión, infraestructura-mobiliario y material educativo en el aula, y conforman la base para la certificación de los centros educativos del nivel pre-básico.

b. Educación básica

La educación básica es el nivel educativo que se orienta hacia la formación integral de niños y niñas en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de acuerdo con los conocimientos, habilidades y actitudes definidos en el currículo prescripto para este nivel, los cuales permiten continuar el proceso educativo formal. Es gratuita y obligatoria. Se ofrece en diversas modalidades: regular, alternativa y especial.

La educación básica regular se organiza en nueve grados distribuidos en tres ciclos secuenciales y continuos, con edades de referencia desde los 6 a los 14 años. La educación básica alternativa desarrolla los mismos contenidos curriculares con la misma calidad de la educación básica regular, haciendo énfasis en la preparación para incorporarse al mundo laboral. Es flexible y diversificada. Sus formas de atención y servicios, metodología, estrategias y técnicas son diferenciadas de acuerdo con las características de sus participantes y su contexto geográfico, social, económico y cultural. Se ofrece en instituciones educativas con programas diversos.

La educación básica especial tiene un enfoque inclusivo y atiende, en todas las etapas, los niveles, las modalidades y los programas del sistema nacional de educación, a personas con necesidades educativas especiales, asociadas o no con la discapacidad, y a quienes presentan talentos excepcionales, con el fin de lograr su integración y su participación en la sociedad.

c. Educación media

La educación media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo o proseguir estudios en el nivel superior, mediante la adquisición y construcción de conocimientos, habilidades y actitudes relevantes para la vida personal y social, así como para el desarrollo económico, sociocultural, científico y tecnológico del país. El tramo de edad de referencia es desde los 15 a los 17 años. Es gratuita y obligatoria.

Las modalidades y orientaciones de este nivel están sustentadas en criterios pedagógicos, técnicos y científicos. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación emite los acuerdos específicos de creación de las modalidades y especialidades, considerando las condiciones productivas, laborales, sociales y económicas propias de cada región del país.

La educación media tiene dos orientaciones: bachillerato en ciencias y humanidades (dos años de duración, orientado a los estudios superiores), bachillerato técnico profesional (entre dos y tres años de duración, enfatiza en formación para el trabajo). Corresponde al nivel de secundaria superior (CINE 3) de la clasificación UNESCO. Actualmente, en el marco de la Reforma de la Educación Media del país, abriendo un abanico de oportunidades en diversas carreras técnicas, les permiten aprendizajes pertinentes y consecuentes con la realidad social y las necesidades de la región donde viven.

d. Educación técnico profesional

En Honduras, la educación técnico profesional constituye una orientación de la educación media, pero también se ofrece también en modalidad no formal y en el nivel superior, tanto en universidades como en institutos privados. Se brinda educación técnico profesional en establecimientos de gestión estatal y privada.

Las ramas de la orientación técnica en la educación media son: producción y desarrollo agropecuario (con bachilleratos en horticultura, caficultura, ciencias y técnicas acuícolas y bachillerato agrícola); industrial (bachilleratos en electricidad, electrónica, mecánica automotriz, máquinas y herramientas, refrigeración y aire acondicionado, maderas, estructuras metálicas, industria del vestido, forestal y control de calidad); banca y finanzas (perito mercantil, bachilleratos en mercadotecnia, cooperativismo, computación, administración de empresas, promoción social, comercio, hotelería y turismo); ambiental (bachilleratos en ecología y medio ambiente, salud y nutrición); enfermería; asistente ejecutivo bilingüe; artes gráficas; artística y gestión cultural. La mayoría tiene una carga de 36 horas semanales. Hay ocho bachilleratos técnicos que se ofrecen en jornada extendida.

El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) es la institución rectora de las políticas de formación profesional y cuenta con una amplia variedad de oferta tanto presencial como virtual.

e. Educación superior

Las personas graduadas del nivel medio se encuentran habilitadas a cursar estudios de nivel superior. La Ley de Educación Superior regula este nivel. En el artículo 160 de la Constitución de la República se establece que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) es la responsable de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y técnico profesional. La educación superior está regulada por la Dirección de Educación Superior (DES), creada en 1989.

La educación formal de nivel superior se estructura en torno a grados académicos, incluye estudios técnicos y de especialización. La educación no formal comprende cursos libres, conferencias, seminarios y otras formas que contribuyan a la investigación científica, humanística y tecnológica.

El nivel de educación superior deberá desarrollarse a través de escuelas, institutos, academias, universidades y otros centros especializados. Los centros de educación superior podrán ser públicos o estatales, privados o particulares. En la Ley de Universidades Particulares (decreto 577 de 1978), se establece que estas pueden contribuir con el Estado, ampliando y diversificando la enseñanza superior y la educación profesional, siempre atendiendo con prioridad áreas de estudio no cubiertas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La UNAH expide títulos intermedios de nivel terciario, licenciaturas de nivel universitario, y maestrías y doctorados de nivel posgrado. Asimismo, reconoce los títulos intermedios, universitarios y de posgrado que expiden otros centros de gestión estatal y de gestión privada de nivel superior.

Además de los aspectos estructurales, una parte de la caracterización de la política educativa consiste en el dimensionamiento del tamaño del sistema educativo. En este sentido, según los datos analizados en el Informe de Estadísticas Educativas de Honduras 2020, la matrícula preescolar, en las edades de 3 a 5 años, registran en 2020 233.419 de niños y niñas. La matrícula de educación básica registró para el mismo período 1.459.662 estudiantes y la educación media, 228.373.

Un dato significativo que presenta el informe es que, entre 2015 y 2020, Honduras experimentó una reducción de la matrícula nacional total –que pasó de 2.027.432 a 1.912.454–.

En relación con la educación y formación técnico profesional y vocacional, para 2017 el INFOP registró un total de 2.665.194 matrículas y 2.445,779 aprobaciones obtenidas en la oferta de 139.272 cursos iniciados y 136.356 finalizados, entre los años 2005 y 2017. Se muestra un aumento en el número de personas atendidas por el INFOP en acciones de formación profesional, alcanzando un importante crecimiento en la matrícula y aprobaciones.

En la educación superior se registran, a 2018, 146.737 estudiantes en las universidades públicas y 120.171 en las privadas.

3.2. Política educativa nacional

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos:

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos.

• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.

• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

La búsqueda de un progreso en la calidad y el acceso a la educación son los pilares de la política educativa en Honduras. Con el apoyo de la cooperación internacional, la Secretaría de Educación lleva adelante un conjunto de intervenciones orientadas a mejorar las condiciones y fortalecer la oferta del sistema educativo, la capacidad institucional, el diseño curricular y los entornos físicos de aprendizaje.

Los avances hacia la descentralización y democratización de la educación se llevan adelante a través de las Redes Educativas. Implementadas en el ámbito rural, proponen un nuevo modelo de gestión y organización de las escuelas rurales. Su modelo de gestión institucional se da a través de la organización de un conglomerado de centros educativos, que se articulan para formar un solo centro al servicio de comunidades convergentes geográficamente. Este proceso busca fomentar la autonomía de las comunidades educativas, fortaleciendo su participación a nivel de gestión institucional, pedagógico, administrativo y financiero.

El foco currículo y modelos de gestión se centra en mejorar los procesos de aprendizaje y elevar los indicadores educativos a nivel nacional. El diseño curricular se orienta a crear las condiciones para transformar las prácticas educativas y mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes. En este sentido, se lleva adelante la implementación del Sistema Nacional de Supervisión Educativa. Asimismo, se busca la adecuación curricular a los requerimientos específicos de estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas y afrohondureños, o niños, niñas y adolescentes migrantes o en condición de vulnerabilidad. Una experiencia innovadora a nivel de currículo es el Centro Regional de Educación Ambiental (CREAH), primer centro piloto del país en materia de educación ambiental.

El foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología se centra en acciones de planificación, diseño y construcción de centros educativos que satisfagan los requerimientos pedagógicos modernos para el mejoramiento y la modernización de la calidad educativa. Estas acciones se llevan adelante en el marco del Plan Maestro de Infraestructura. Otro tipo de intervenciones trabajan la modernización de la infraestructura educativa con proyectos como los Huertos Escolares, que funcionan como espacios pedagógicos y productivos en el marco de procesos de fortalecimiento a la seguridad alimentaria. El Programa Nacional de Transformación Educativa Digital se enfoca en dotar a los centros educativos con los dispositivos electrónicos, el soporte técnico y su mantenimiento, junto con la promoción del el uso de plataformas virtuales de aprendizaje. El Programa Subsidio de Conectividad para Hogares Vulnerables se crea en 2021, en el marco del Plan Nacional de Banda Ancha, con el fin de brindar acceso a servicios de banda ancha de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos a hogares que no cuentan con los recursos suficientes de acceso.

Las acciones orientadas al foco docentes se centran en impulsar su desarrollo profesional como un mecanismo para fortalecer la calidad frente a los desafíos educativos del país. A través de la iniciativa Adaptación y Escalamiento de Enfoques de Desarrollo Profesional Docente en Honduras (2020-2022), se busca contextualizar, adaptar y probar modelos de formación docente a escala. Aprovechando las oportunidades de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), se busca garantizar principios de equidad e inclusión en el acceso y la calidad de los procesos formativos. 

Las intervenciones del foco fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que lleva adelante la Secretaría de Educación, buscan asegurar la inclusión y mejorar las condiciones de educación de los estudiantes. Ejemplo de ello son los servicios ofrecidos a través de los programas Bono de Transporte Estudiantil, Programa Nacional de Alimentación Escolar y el Sistema de Becas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Estas acciones son complementadas por intervenciones intersectoriales lideradas desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, con programas como el Bono Vida Mejor, orientado a asegurar el desarrollo integral de las personas, familias y comunidades en condiciones de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, riesgo y exclusión social.

 

 

 

 

Políticas educativas en contexto de pandemia y pospandemia

Los cuatro focos de intervención se vieron tensionados por las circunstancias excepcionales de la pandemia COVID-19 y el diseño de estrategias de respuesta para sostener el derecho a la educación y la continuidad pedagógica de niñas, niños y adolescentes. Las políticas educativas llevadas adelante por Honduras, frente a la suspensión de la presencialidad y para abonar a la continuidad pedagógica, se enfocaron, en particular, en el currículum y los modelos de gestión. Ejemplo de ello fue el programa “Te queremos estudiando en casa” que estableció las líneas de acción para dar continuidad a los aprendizajes y el proyecto “Educación Digital rural e inclusiva” que buscó tornar al sistema educativo más equitativo e inclusivo (incorporando recursos de innovación generados para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje mediadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación), así como también la “Priorización Curricular” desarrollada. En el foco docente, el curso virtual “Fortaleciendo la educación en línea” buscó aplicar recursos que influyan en el proceso de enseñanza, para generar ambientes dinámicos e interactivos con una plataforma que incentive la construcción de un conocimiento autónomo e independiente de los educandos de básica y de media. Posteriormente, la Estrategia para el Retorno Seguro a los Centro Educativos Gubernamentales y No Gubernamentales ante la Crisis de la COVID-19 en Honduras, se orientó al logro de tres objetivos: a) desarrollar y establecer protocolos de bioseguridad escolar para asegurar el retorno y permanencia en todas las instalaciones del Sistema Nacional de Educación; b) desarrollar y establecer un proceso de atención psicosocial que favorezca el bienestar de los educandos, directores, docentes, familiares y personal de los centros educativos del país: y c) adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje a fin de ofrecer una respuesta válida y contextualizada del servicio educativo, considerando los escenarios de riesgo suscitados por la pandemia de COVID-19 en las diferentes regiones del país.

 

 

 

3.3. El gobierno del sistema educativo

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo a la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

En Honduras, la Constitución Política ordena que la educación en todos los niveles del sistema educativo formal, excepto el superior, sea autorizada, organizada, dirigida y supervisada exclusivamente por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación Pública, la cual administra los centros de dicho sistema que son totalmente financiados con fondos públicos. Asimismo, establece que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la institución encargada de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. Ambas instituciones adoptarán las medidas necesarias para que la programación general de la educación nacional se integre en un sistema coherente, a fin de que los estudiantes respondan adecuadamente a los requerimientos de la educación superior (arts. 157, 159 y 160).

La Subdirección de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños es la encargada de diseñar y dirigir las iniciativas en materia de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), para la atención a la diversidad cultural y lingüística del país. En la Secretaría de Educación se menciona la promoción del enfoque de género, que busca la reducción de brechas de género en todos los procesos administrativos, pedagógicos y de participación comunitaria y la educación ambiental, a partir del Centro Regional de Educación Ambiental (CREA) creado dentro de la Estrategia de Reducción de la Pobreza por el Gobierno de Honduras y bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación.

De acuerdo con la Ley Fundamental de Educación, la gestión del sistema nacional de educación es descentralizada, simplificada, eficiente, participativa, flexible y libre de injerencias políticas y gremiales. La comunidad participa en el proceso educativo a través de los diferentes consejos de desarrollo educativo y los gobiernos estudiantiles.

El Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación señala que para promover y garantizar la universalización, calidad, inclusión y equidad, el Estado, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, ejercerá las funciones de planificación, regulación y articulación de procesos, administración de recursos, evaluación y supervisión, comunicación, transparencia y financiación de la educación. También existen instituciones no gubernamentales que están sujetas a la supervisión de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y pueden ser comunitarias, cooperativas o empresariales. En el artículo 51 de la Ley Fundamental de Educación se señala que los propietarios de fincas, fábricas y demás centros de producción en áreas rurales están obligados a establecer o sostener escuelas de educación básica para los hijos de los trabajadores permanentes (cuando estos excedan los 20 o 30, de acuerdo con la zona) o a brindar otras modalidades.

El Consejo de Educación Superior es definido por ley como el órgano de dirección y decisión del sistema del nivel superior, encargado de: dictar las políticas de la educación superior; aprobar la creación y el funcionamiento de centros de educación superior públicos o privados; aprobar la apertura, el funcionamiento, la fusión o supresión de carreras, escuelas, facultades, institutos y centros de investigación científica, así como los planes curriculares y los programas especiales de nivel superior de las universidades particulares o privadas y de los centros estatales de educación superior, regidos mediante la ley; entre otras funciones.

La estructura de administración del sistema funciona en distintos niveles. La ley crea el Consejo Nacional de Educación, cuya función es elaborar y dar seguimiento a la política educativa nacional, así como articular horizontal y verticalmente el sistema nacional de educación. En el nivel descentralizado, se encuentran: las direcciones departamentales, que tienen a su cargo la administración de los recursos humanos y financieros dentro de su jurisdicción; las Direcciones distritales y municipales, que son unidades técnicas de asesoría pedagógica, orientadas a facilitar el cumplimiento de las metas educativas y los aprendizajes de calidad en los centros educativos, bajo la autoridad de la dirección departamental; y los centros educativos, que constituyen la base del sistema nacional de educación, con la participación del personal directivo, docente, estudiantes, padres y madres de familia y la comunidad en su área de influencia.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

Honduras introduce un mecanismo distintivo en la asignación de fondos hacia su sistema educativo desde el nivel central, a través de la Secretaría de Educación. Mediante el Reglamento del Financiamiento de la Educación Pública, se establece que la gestión financiera del presupuesto se realiza en base a la planificación estratégica orientada a resultados, con el fin de utilizar racionalmente los recursos disponibles y asegurar la ejecución de las asignaciones presupuestarias programadas. De esta forma, la Secretaría de Educación debe elaborar su presupuesto en base a las necesidades manifestadas por los centros educativos y con un enfoque a resultados que permita el mejoramiento de los indicadores de educación.

La Ley Fundamental de Educación (decreto 262), en su art. 32, establece que la secretaría debe desarrollar de manera desconcentrada un sistema nacional de información educativa, cuantitativa y cualitativa, generada desde los centros educativos y con procesamiento en los niveles municipal o distrital, departamental y nacional, para el seguimiento y la evaluación de la política, los objetivos y resultados de la educación nacional.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el organismo rector que produce, analiza y difunde los datos estadísticos de Honduras. Este órgano técnico y autónomo se encarga de la producción, recopilación y difusión de la información estadística del país. Desde este sitio es posible acceder al Censo Nacional de Población y Vivienda, a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), al Sistema de Indicadores Sociales de Niñez, Adolescencia y Mujer, a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA), y a la Encuesta Permanente de Hogares.

La Secretaría de Educación cuenta con una serie de sistemas estadísticos que reportan información del sistema educativo en diferentes ámbitos. El Sistema de Estadística Educativa publica información relacionada con matrícula y egreso, centros educativos y beneficiarios de programas. El Sistema de Indicadores Educativos de Honduras (SIEH) reporta información de acceso y cobertura, eficiencia, competitividad y participación. El Sistema de Alerta Temprana es una plataforma en la cual se desarrollan interfaces de información personalizada por cada centro educativo, mostrando datos relevantes y en tiempo real, estadísticas relacionadas con la matrícula, repitencia, deserción, geolocalización y reportes. También se desarrolla el Sistema de Monitoreo de Alimentación Escolar.

Además, cuenta con plataformas virtuales que brindan información focalizada. Todo centro educativo de los niveles de educación prebásica, básica, media y superior no universitaria de carácter oficial y no gubernamental que matricule, promueva, certifique o gradúe estudiantes en el país debe estar registrado y ser administrado mediante la plataforma Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Este sistema automatiza, sistematiza y estandariza los procesos de administración de centros educativos, así como lo relacionado con el registro, la matrícula, evaluación y promoción de estudiantes a nivel nacional.

Honduras ha participado en distintas pruebas a gran escala con foco en la evaluación de logros de aprendizajes. Entre ellas se encuentran las evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO. El país participó en las evaluaciones PERCE en 1997, TERCE en 2013 y ERCE en 2019. Asimismo, adhirió a la prueba PISA-D en 2018.

4. La efectividad de la política educativa

Acceso, participación, trayectoria educativa y logros de aprendizaje.

Este apartado tiene como propósito ofrecer información sustantiva para realizar una aproximación a la efectividad de la política educativa, mediante el análisis de una serie de indicadores que permiten dar cuenta de la situación en que se encuentran niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas con respecto al derecho a la educación.

4.1. Nivel educativo de la población

• La proporción de personas en situación de analfabetismo se redujo alrededor de 7 puntos porcentuales a lo largo del período analizado. No obstante, en las áreas rurales el indicador triplica a las urbanas.

• A lo largo del período analizado, el promedio de años de escolarización de la población aumentó, tanto entre varones como entre mujeres, sobre todo en los niveles de ingresos medios e inferiores.

• Si bien la proporción de personas adultas que finalizó la secundaria aumentó considerablemente, las brechas entre áreas geográficas y niveles de ingresos son marcadas, siendo 4 veces mayor el valor en áreas urbanas que rurales y casi 3 veces mayor entre los hogares de ingresos superiores respecto de los de ingresos inferiores.

4.2. Educación inicial

• La proporción de niños y niñas que asistió al último año del nivel inicial se incrementó notablemente hacia 2010, tendencia que siguió en aumento hacia 2019.

• La proporción de asistencia es inferior en el área rural y en aquellos hogares socialmente más desfavorecidos.

4.3. Educación primaria

• La tasa de asistencia escolar primaria aumentó entre niñas y niños para todas las áreas geográficas y niveles de ingresos, sosteniendo leves diferencias en desventajas de áreas rurales y en sectores de menor nivel de ingresos.

• Se observa un incremento diferenciado entre varones y mujeres que lograron la finalización de la educación primaria, siendo mayor entre mujeres.

• Existen diferencias en la finalización del nivel de acuerdo a las variables analizadas según ingreso en desmedro de los hogares de menores ingresos. Asimismo, en las áreas rurales, la tasa de finalización es menor que las áreas urbanas.

4.4. Educación secundaria

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria baja aumentó tanto entre varones como entre mujeres, en zonas rurales y urbanas y en todos los niveles de ingreso a lo largo de las décadas analizadas.

• La asistencia, tanto a secundaria baja como a secundaria alta, en el área rural se mantiene por debajo del 50%, con guarismos que evidencian una gran brecha de acuerdo con el área geográfica. 

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria alta tuvo un incremento, expresado con más fuerza entre mujeres y población con mayor nivel de ingresos. No obstante, vista por área geográfica, la tasa urbana duplica la rural.

• La sobreedad se redujo significativamente en ambos grupos de edad, aunque con mayor fuerza en el grupo de 12 a 14 años.

4.5. Educación superior

• En el periodo comprendido entre 2001 y 2019 se registró un incremento de la tasa de asistencia a la educación superior, siendo notablemente mayor entre mujeres, en áreas urbanas y entre población con mayor nivel de ingresos. En las zonas urbanas, esta tasa es 20 puntos mayor que en las zonas rurales.

• El porcentaje de finalización de la educación superior es ampliamente mayor en zonas urbanas y entre la población de mayores ingresos, y en ningún caso supera el 15%.

5. Desafíos de la política educativa

A lo largo de este documento se intentó mostrar los avances a partir de los compromisos asumidos, haciendo foco en el conjunto de acciones que el país llevó adelante y los resultados de estos esfuerzos.

Desde la firma y ratificación de los distintos instrumentos jurídicos internacionales, Honduras asumió el compromiso y la obligación de garantizar el derecho a la educación. Gradualmente fue armonizando su cuerpo normativo y sus acciones programáticas según los principios previstos en los textos jurídicos.

La búsqueda de un nuevo modelo educativo con mayor acceso y calidad ha sido la apuesta de la política educativa en Honduras. El logro de este objetivo plantea al sistema el desafío de poner en marcha procesos, recursos, acciones y métodos de intervención orientados a incidir en los ámbitos estratégicos que impactan en la calidad educativa. En el marco del Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030, el proceso de planificación se ha enfocado en diseñar acciones orientadas a garantizar el acceso inclusivo al sistema educativo; asegurar aprendizajes, pertinentes, relevantes y eficaces; y fortalecer la institucionalidad, descentralización y democratización de la educación. Asimismo, las metas se han armonizado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al convertirse en una de las directrices críticas para el logro de los objetivos del sector educativo en el marco de la Agenda Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (AN-ODS).

Dentro de los avances en marcha se destaca una tendencia a la ampliación del acceso y un crecimiento de la oferta en todos los niveles, componentes y modalidades del sector educativo. Se observan logros y continuidad del Plan Maestro de Infraestructura y de la Estrategia Nacional de Prevención y Seguridad Escolar. Asimismo, continúa el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), que ha llevado adelante acciones orientadas a reducir las inequidades entre la zona urbana y rural. También la implementación del Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras trae innovaciones y fortalecimiento a nivel docente y de gestión institucional.

Pese a estos esfuerzos, los indicadores educativos plantean desafíos a la política educativa en lo que tiene que ver con el cierre de brechas entre grupos socioeconómicos, geográficos y étnicos. El diagnóstico presentado en el Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022 Avanzando con paso firme, señala que los principales problemas de la educación tienen que ver con el bajo número de años de estudio promedio de la población (AEP), brechas de acceso, calidad de los aprendizajes, concentración del analfabetismo en zonas rurales, y violencia social, que afecta mayormente a adolescentes y jóvenes en condición de vulnerabilidad y pobreza.

En este sentido, Honduras enfrenta el desafío de lograr el sostenimiento de las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes, de reincorporar a los sectores históricamente rezagados, y de apostar por la calidad de la educación; contribuyendo, de este modo, al compromiso colectivo asumido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Políticas y normativa

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