México

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

México ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), ratificado en 1981, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de OIT (1989), ratificados en 1990. El país se integra a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible mediante la creación e implementación de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030. México presentó el Informe Nacional Voluntario en tres oportunidades (2016, 2018 y 2021).

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

En México la Constitución Política establece en su artículo 3º que toda persona tiene derecho a recibir educación, que el Estado –Federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Asimismo, obliga a las autoridades a garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.

Mediante la Ley General de Educación se regula la educación que imparten el Estado –Federación, entidades federativas y municipios–, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios; se establecen los lineamientos generales para la organización y prestación del servicio educativo en todos los niveles y modalidades, en el marco del federalismo y conforme a la distribución de la función social educativa establecida.

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 tiene entre sus objetivos garantizar empleo, educación, salud y bienestar. Para lograrlo, se enfoca en garantizar el derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior, invertir en infraestructura y desarrollar diversos programas de becas.

El Programa Sectorial de Educación 2020-2024, derivado del Plan Nacional de Desarrollo, es el documento base y marco de direccionamiento de la política educativa nacional para la actual vigencia de gobierno. Su enfoque central se encuentra en garantizar una educación obligatoria de calidad como derecho humano fundamental, con carácter universal, inclusivo, público, gratuito y laico; revalorizar la figura del personal docente, directivo y de supervisión; contar con escuelas accesibles, seguras, limpias, salubres, equipadas, con infraestructura y acompañamiento, que generen entornos favorables para el aprendizaje; garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte; y fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad.

Por último, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se establece sobre cuatro líneas de acción: la revalorización del magisterio; el énfasis de la importancia de la infraestructura y el equipamiento para promover el aprendizaje; la participación de la sociedad y sus agentes en la toma de decisiones del sistema educativo; y la definición de objetivos de aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de contenidos para cada nivel educativo.

La Ley General de Educación organiza la educación que se imparte en el sistema educativo nacional en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. Los tipos corresponden a la educación básica, media superior y superior; los niveles, a los grados indicados para cada tipo educativo; las modalidades son la escolarizada, no escolarizada y mixta; y las opciones educativas, aquellas que se determinen para cada nivel educativo, entre las cuales se encuentran la educación abierta y a distancia. También se consideran parte del sistema educativo nacional la formación para el trabajo, la educación para personas adultas, la educación física, la educación tecnológica, y la educación especial (LGE, art. 35). La Constitución señala que la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, y que esta –desde el nivel preescolar– y la media superior serán obligatorias. En 2019 se modificó el art. 3º de la Constitución, que establece que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales deberán implementar políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en los términos que indique la ley. Asimismo, proporcionarán los medios de acceso a este nivel educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

La Ley General de Educación establece que la educación, en sus distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas responde a la diversidad lingüística, regional y sociocultural del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios, además de las características y necesidades de los distintos sectores de la población. De igual forma, se estipula que los planes y programas escolares, las estrategias educativas, y la acreditación y evaluación del aprendizaje, se establecen de acuerdo a cada tipo, nivel, modalidad y opción educativa, así como a las condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas y formativas de las instituciones educativas (art. 22).

Dentro de la oferta educativa de la educación básica se encuentran: inicial escolarizada y no escolarizada; preescolar general, indígena y comunitaria; primaria general, indígena y comunitaria; secundaria general, técnica, comunitaria o las modalidades regionales autorizadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), secundaria para trabajadores y telesecundaria.

La educación media superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a este, y la educación profesional que no requiere bachillerato. La educación superior se imparte después del bachillerato. Dentro de la oferta educativa se encuentran los grados de técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.

Mediante la educación indígena se atiende las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además se promueve la preservación del patrimonio histórico y de las culturas. La Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe coordina y organiza la política educativa nacional en materia de educación básica para la niñez indígena, migrante, en contextos de diversidad lingüística, social y cultural, y en riesgo de exclusión.

También es obligación del Estado garantizar la educación a personas con discapacidad y favorecer la inclusión laboral de esta población. La educación especial atiende a estudiantes con discapacidad, dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación y con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos. Los centros de atención para personas con discapacidad (CAED) son espacios educativos a cargo de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.

La educación para personas adultas ofrece acceso a programas y servicios educativos en distintas modalidades, que consideren sus contextos familiares, comunitarios, laborales y sociales. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) acredita y certifica la educación básica para personas adultas y jóvenes de 15 años y más, que no hayan cursado o concluido dichos estudios.

En cuanto a la labor docente, la Ley General de Educación establece que las personas egresadas de las instituciones formadoras de docencia contarán con el conocimiento de diversos enfoques pedagógicos y didácticos, que les permita atender las necesidades de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y que la formación inicial que imparten las escuelas normales deberá responder a la programación estratégica que realice el sistema educativo nacional. La educación normal en todos sus niveles y especialidades forma parte de la oferta de la educación superior.

El nuevo plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria está estructurado a partir de cuatro elementos: la integración curricular, la autonomía profesional del magisterio, la comunidad como núcleo integrador, y el derecho humano a la educación. El plan y los programas de estudio tienen un carácter nacional que se construye desde la diversidad. Por lo tanto, los libros de textos de los niveles educativos mencionados estructuran sus contenidos teniendo como finalidad el interés de las comunidades que componen la sociedad a partir de la articulación de lo común con lo diverso.

Se busca que los contenidos de los programas de estudio, las actividades de aprendizaje y las formas de evaluación sean contextualizados por el magisterio y el estudiantado para otorgarles significados y valores que puedan vincularse con tradiciones, saberes, relaciones y procesos de sus comunidades.

Los fundamentos de la estructura curricular son: la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el aprendizaje como experiencia formativa y la evaluación de los aprendizajes.

a. Educación inicial y preescolar

La Ley General de Educación diferencia dos tramos educativos para niños y niñas de entre 45 días y 5 años. El nivel inicial es la propuesta educativa para niños y niñas de hasta 3 años. Los principios rectores y objetivos están contenidos en la Política Nacional de Educación Inicial, que es parte de una Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia (art. 40). El programa educativo de la educación inicial determina las directrices y orientaciones pedagógicas de los centros de atención infantil.

El nivel preescolar es obligatorio y está destinado a niños y niñas de 3 a 5 años. Constituye el primer tramo de la educación general básica. Se ofrece educación inicial y preescolar en diversas modalidades: indígena, comunitaria y especial, entre otras.

A partir de este nivel, los contenidos curriculares son organizados mediante fases, que ponen atención en la continuidad del proceso educativo a lo largo de los cuatro niveles de educación básica, en concordancia con el desarrollo de aprendizaje de estudiantes en su complejidad y especificidad.

b. Educación primaria y secundaria

La educación primaria es el segundo tramo de la educación básica, tiene seis grados y es de carácter obligatorio. La edad de ingreso para este nivel son los 6 años cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.

La educación secundaria constituye el último nivel de la educación básica. Es impartida en tres grados y es obligatoria. Atiende a niñas, niños y adolescentes menores de 15 años en secundaria general y técnica, y a menores de 16 años en telesecundaria. En el caso de servicios educativos en comunidades rurales e indígenas y centros escolares para población migrante que carezcan de servicios educativos para personas adultas, son atendidos estudiantes menores de 18 años.

La Federación y los estados ofrecen educación primaria y secundaria en modalidad general, especial, indígena, comunitaria y educación para jóvenes y adultos. El Estado impartirá la educación multigrado, la cual se ofrecerá, dentro de un mismo grupo, a estudiantes de diferentes grados académicos, niveles de desarrollo y de conocimientos, en centros educativos en zonas de alta y muy alta marginación. La prestación de los servicios educativos en los niveles primaria y secundaria, incluyendo la educación indígena e inclusiva, corresponde de manera exclusiva a las autoridades educativas de los estados y Ciudad de México.

c. Educación media superior

La educación media superior ofrece bachillerato, los niveles equivalentes a este y educación profesional. La edad de referencia para cursar la media superior abarca desde los 15 hasta los 17 años. La Federación y los estados ofrecen educación media superior en las modalidades bachillerato general, bachillerato tecnológico, formación profesional y cursos modulares de educación para el trabajo. La modalidad no escolarizada está integrada, entre otros servicios, por el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea y aquellos que operen con base en la certificación por evaluaciones parciales.

El Sistema Nacional de Bachillerato establece un Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS), que se sustenta en un proceso de participación colaborativa iniciado desde 2019. El documento enfatiza como sus características primordiales: el enfoque integral, que articula los ámbitos cognitivos y afectivo-emocionales, sociales y de salud personal del estudiantado; el carácter articulador, que homologa la formación disciplinar básica de todos los tipos de bachilleratos y servicios educativos de la EMS, respetando la diversidad y su identidad; el carácter regulatorio, pues define acciones normativas, operativas y académicas para la configuración y funcionamiento de la oferta educativa; la flexibilidad, necesaria para permitir la autonomía curricular; la autonomía didáctica que tienen los equipos docentes para desarrollar los programas con base en las características de estudiantes; la inclusión y equidad como principios rectores para facilitar el acceso a la educación de toda la población; la portabilidad, que hace posible el traslado y reconocimiento de las unidades de aprendizaje curricular; el tránsito, que favorece el pasaje de estudiantes en los distintos planteles o servicios educativos del sistema educativo nacional; el reconocimiento de aprendizajes previos y de trayectoria adquiridos desde la educación básica hasta la educación superior; la apertura, que permite vincular las acciones educativas a la familia, la comunidad y la sociedad con el espacio público local; y la capacidad orientadora, porque proporciona en la formación del estudiantado elementos para tomar decisiones de futuro e integrarse así, al ámbito laboral o profesional.

d. Educación superior

La educación superior es el último nivel del sistema educativo nacional. La función educativa de tipo superior entre la Federación, los estados y los municipios se organiza en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Se imparte en distintos niveles, después del medio superior. Expide títulos de grado técnico superior universitario, de grado (licenciaturas) y de posgrado (maestrías y doctorados). Los títulos de las escuelas normales tienen rango de licenciatura en sus distintas especialidades. La Constitución Política establece que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual la garantiza para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas. La Subsecretaría de Educación Superior se encarga de organizar y regular la educación superior en el sistema educativo público mexicano. Lleva adelante las políticas públicas, los planes y programas de la educación superior. 

El sistema educativo nacional ofrece educación superior en institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, universidades públicas federales, universidades públicas estatales, universidades públicas con apoyo solidario, Universidad Pedagógica Nacional (centrada en la formación de profesionales de la educación), Universidad Abierta y a Distancia (ofrece educación superior a distancia), universidades interculturales (centradas en la formación de profesionales de pueblos indígenas), escuelas normales públicas, otras instituciones públicas, y centros públicos de investigación que conforman el Sistema de Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).

La Constitución establece que las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos, en todos sus niveles.
• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.
• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, becas, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

A modo de síntesis, y sin pretensión de exhaustividad, pueden señalarse las siguientes observaciones.

En el foco currículo y modelos de gestión se evidencia la búsqueda de mayor igualdad de oportunidades. El diseño curricular se orienta a crear las condiciones para transformar las prácticas educativas y mejorar las oportunidades de aprendizaje. Son ejemplo de ello el Modelo Mexicano de Formación Dual, Prepa en línea, el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), la certificación electrónica y el Programa Nacional de Inglés, que representan algunas de las intervenciones orientadas hacia una educación de excelencia, pertinente y relevante.

En el foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología se destaca el mejoramiento de la infraestructura y dotación de las escuelas y el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro del proceso educativo. Los proyectos de infraestructura escolar son realizados en el marco del Programa Nacional de Reconstrucción y del Programa Nacional de Certificación de la Calidad en la Infraestructura Física Educativa. Otros programas tienen dentro de sus componentes importantes metas de infraestructura, como las Universidades para el Bienestar. Asimismo, en materia de dotación e inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación, se destacan la Agenda Digital Educativa 2020 y los Lineamientos del Programa de Innovación e Investigación Tecnológica y Educativa.

En el foco docentes las intervenciones se centran en la formación, actualización y puesta en valor de docentes como un mecanismo para fortalecer la calidad educativa. Se encuentran, por ejemplo, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y el Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias (PROFORHCOM).

En el foco de políticas de fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se desarrollan accione,s desde la Secretaría de Educación Pública, que buscan asegurar la inclusión y mejorar las condiciones de educación de los estudiantes. Los servicios se centran principalmente en garantizar alimentación escolar, becas y espacios educativos pertinentes. Ejemplo de ello son los programas Becas de Educación Básica y Media Superior para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, y Jóvenes Construyendo el Futuro. Estas acciones son complementadas por intervenciones llevadas adelante desde la Secretaría de Bienestar, como el Programa de Inclusión Social PROSPERA y el Programa de Apoyo Alimentario.

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo a la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

La Ley General de Educación (art. 31) indica que el sistema educativo nacional está conformado por el conjunto de actores, instituciones y procesos destinados a la prestación del servicio público de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, desde la educación básica hasta la superior, así como por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad mexicana, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias.

Las instituciones educativas pueden gestionarse por el Estado, por congregaciones religiosas o laicas, y por instituciones privadas. Las instituciones gestionadas por el Estado pueden ser fiscales o municipales, de fuerzas armadas o policiales. Las instituciones educativas fiscomisionales son gestionadas por congregaciones, órdenes u otras entidades confesionales o laicas y están financiadas total o parcialmente por el Estado. Toda la oferta de servicios educativos es regulada por el Estado.

La Constitución establece que el Congreso de la Unión es el órgano encargado de expedir las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, y a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público. Asimismo, crea el sistema nacional de evaluación educativa, cuya coordinación hasta 2018 se encontraba a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Con el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se derogó la reforma educativa del 2013 y se creó en 2019 la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Esta comisión ocupó el lugar del extinto INEE y es la institución actualmente encargada de la evaluación de la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos.

En relación con la distribución de la función social de la educación entre los distintos niveles de gobierno, la Ley General de Educación establece que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, determinar para toda la república los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio, entre otras atribuciones. Las autoridades educativas de los estados y Ciudad de México, en sus respectivas competencias, se encargan de prestar los servicios de educación básica, incluyendo la indígena, inclusiva, así como la normal y demás para la formación docente (LGE, arts. 113-114). Las autoridades educativas federal y de las entidades federativas conforman el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene a su cargo la ejecución de la política educativa nacional, de acuerdo con las atribuciones otorgadas por ley, en diálogo con los objetivos, las estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Sectorial de Educación y con las disposiciones que el presidente de la república señale. La persona titular de la SEP preside el sistema educativo nacional y se auxilia en las unidades administrativas, los órganos administrativos desconcentrados y las unidades subalternas. Dentro de las unidades administrativas se encuentran la Subsecretaría de Educación Superior; la Subsecretaría de Educación Media Superior; la Subsecretaría de Educación Básica; entre otras unidades y direcciones generales.

Los órganos administrativos desconcentrados son la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México; la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte; el Instituto Politécnico Nacional; la Universidad Pedagógica Nacional; la Universidad Abierta y a Distancia de México; la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; la Coordinación General @prende.mx; el Tecnológico Nacional de México, y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Las unidades subalternas son aquellas que figuran en la estructura autorizada de la SEP, cuyas adscripción y funciones se organizan en el Manual de Organización General de la Secretaría.

Los órganos desconcentrados que se encuentran bajo la coordinación de la Subsecretaría de Educación Media Superior son el Colegio de Bachilleres (COLBACH); el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI); y el Fideicomiso de los Sistemas Normalizados de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral (CONOCER).

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) se encarga, entre otras funciones, de emitir normas, especificaciones técnicas y guías operativas para la administración de los recursos destinados a la infraestructura educativa. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es un organismo descentralizado de la administración pública federal, encargado de llevar adelante la educación para personas adultas.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

México es un país con un sistema de asignación de recursos descentralizado, cuyo proceso descentralizador se inicia en 1992, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, firmado por el gobierno federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A partir de ese año, se efectivizó la transferencia a los estados de los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria, de formación de docentes, y de educación indígena y especial, que previamente gestionaba el Poder Ejecutivo Federal.

La capacidad de gasto de los gobiernos estatales y municipales se encuentra subordinada a las transferencias federales (participaciones federales y fondos de aportaciones) establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal. En el caso de la educación básica, el 80% de los recursos asignados a este nivel corresponden a recursos públicos descentralizados a través de los tres fondos de aportaciones federales: Fondo de Aportaciones para Educación Básica (FAEB), Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). El 20% restante de los recursos federales para educación básica se asignan a programas centralizados y operados por la SEP con diversos objetivos.

Con el objetivo de estimular el financiamiento de la educación con recursos propios de los estados, en 2007 se implementó una reforma que modificó la asignación de recursos del FAEB y se introdujo una nueva fórmula que entró en vigor en 2008. Este cálculo se basa en: 1) el importe transferido el año anterior; 2) un componente compensatorio para las entidades que reciben un monto inferior a la media nacional; 3) un índice de calidad educativa determinado por la SEP para cada estado; 4) un incentivo para las entidades federativas que realizan un mayor esfuerzo por destinar recursos propios a la educación.

En su Ley General de Educación , México determina que el Poder Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. Se establece que el monto anual en términos de la LGE que el Estado destine al financiamiento en educación pública y servicios educativos no podrá ser menor al equivalente del 8% del PIB. De este monto, se destinará al menos el 1% del PIB al gasto para la educación superior y la investigación científica y humanística, así como al desarrollo tecnológico y la innovación en las instituciones públicas de educación superior (LGE, art. 119).

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es un organismo público autónomo de los Estados Unidos Mexicanos, responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Ofrece el acceso a estadísticas sobre ciencia y tecnología, economía, medio ambiente, ocupación y empleo, población, hogares y vivienda, sociedad y gobierno. Se destaca la posibilidad de acceder a las Estadísticas Censales a Escalas Neoelectorales, al Conteo de Población y Vivienda, a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, al Banco de Información Económica, a los resultados del módulo de trabajo infantil, a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y la opción de realizar consultas interactivas.

El Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) es el repositorio de información del sistema educativo nacional. El subsistema de educación media superior cuenta con el Sistema Integral de Gestión Escolar de la Educación Media Superior (SIGEEMS), a través del cual se reporta información sobre planteles.

México ha participado en distintas pruebas a gran escala con foco en la evaluación de logros de aprendizajes. Entre las evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO, participó en las evaluaciones PERCE en 1997, SERCE en 2006, TERCE en 2013 y ERCE en 2019. También en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE, en las evaluaciones de 2000, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018. Asimismo, en el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana (ICCS, por sus siglas en inglés) en 2009 y 2016.

•  A lo largo del período 2000-2020 la proporción de personas en situación de analfabetismo disminuyó notablemente. En la última medición, de 2022, el mayor rezago se ubica en áreas rurales (10,4% versus 3,2% en áreas urbanas).
• El promedio de años de escolarización de la población aumentó tanto entre hombres como entre mujeres, y en todos los niveles de ingresos. No obstante, persisten diferencias en detrimento de la población rural y en aquellos sectores de menores ingresos.
• La proporción de personas adultas que finalizaron la educación secundaria aumentó significativamente –duplicando en 2022 su valor de 2000–. Sin embargo, en las áreas urbanas supera en más de 20 puntos los valores de las áreas rurales y persisten marcadas diferencias de acuerdo al nivel de ingresos.

• La proporción de niños y niñas que asistió a la escuela antes de empezar el primario se incrementó del 85,2% en 2000 al 97% en 2022. Si bien persisten valores algo menores en áreas rurales y población de menores ingresos, se está alcanzando la universalidad.

• La tasa de asistencia escolar a la educación primaria se sostuvo en la última medición para todas las áreas y niveles de ingreso, alcanzando al 97,7%.
• A lo largo de las últimas dos décadas, se observa un incremento entre varones (del 89,1% al 97,6%) y mujeres (del 92,4% al 98,4%) que lograron la finalización de la educación primaria. A lo largo del periodo analizado disminuyó la brecha entre la tasa de finalización de las áreas urbanas y las áreas rurales, superando el 97% en ambas regiones. Las diferencias por nivel de ingresos en este indicador son leves.

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria baja aumentó en casi 20% durante el período 2000-2020, tanto entre varones (del 68,7% al 88%) como entre mujeres (73,4 al 90%), siendo el aumento levemente mayor entre varones. En la última medición, de 2022, se observa una muy leve retracción en todas las variables de segmentación.
• Por su parte, la tasa de asistencia escolar a la secundaria alta aumentó en alrededor más de 27% a lo largo del período analizado (2000-2022), conservando diferencias a favor de mujeres, población de áreas urbanas y sectores de mayores ingresos.
• La sobreedad escolar disminuyó abruptamente tanto para el grupo de edad de 12 a 14 años (del 15,6% al 2,3%) como para el grupo de 15 a 17 años (del 26,7% al 6,7%) entre 2000 y el 2022.
• La tasa de finalización de la secundaria aumentó alrededor de 30 puntos en el período señalado, pasando de 33,8% a 64,3%.

• En 2022, se registra un incremento de la tasa de asistencia a la educación superior (del 20,6% al 34,5%) con respecto al comienzo del período analizado (2000). Dicho aumento es proporcionalmente mayor en mujeres (de 20,7% a 36,9%) y población residente en áreas rurales (del 3,8% al 18,6%). A pesar de la mejora a lo largo del tiempo, persisten brechas entre las áreas urbanas y rurales (39,3% versus 18,6%) y de acuerdo al nivel de ingresos (inferiores 29,4% y superiores 51,2%).
• No obstante, el porcentaje de población adulta que finalizó la educación superior es ampliamente mayor en áreas urbanas (14%) que rurales (3,7%); y en población residente en hogares de ingresos superiores (24,8%) respecto a hogares de ingresos inferiores (4,9%). Este indicador alcanza el 11,7% para el total de la población.