Ecuador

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Ecuador ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza ratificada en 1970, la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada en 2002, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ratificada a través del decreto ejecutivo 371.

Ecuador presentó el Reporte Voluntario, dando cuenta de logros y obstáculos en la implementación de la Agenda 2030 en 2018 y 2020.

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

En Ecuador, el art. 4 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) expresa que la educación es un derecho humano fundamental, garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. En virtud de ello, el sistema nacional de educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos.

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

El Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación (2021-2025) establece los siguientes objetivos estratégicos: incrementar la reinserción con una nivelación escolar, que promueva la permanencia, promoción y culminación de los estudios, con enfoque intercultural e intercultural bilingüe, inclusión, equidad de género y pertinencia territorial; incrementar una oferta educativa flexible y alternada, que permita a las instituciones educativas la aplicación de currículos contextualizados acorde a las realidades territoriales y necesidades educativas de la población; fortalecer las capacidades institucionales; promover la convivencia armónica y la promoción de salud con entornos educativos de aprendizajes seguros, prácticos, integradores, generadores, inclusivos, flexibles y abiertos en igualdad de derechos y oportunidades; incrementar el uso y apropiación de tecnologías en el proceso de enseñanza- aprendizaje para alcanzar una comunidad y ciudadanía digital que contribuya a la protección y conservación del ambiente y el desarrollo sostenible; y fortalecer la oferta de bachillerato con procesos de orientación vocacional, trayectorias educativas y pertinencia territorial, articulados con la educación superior y el sector productivo.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), sancionada en 2011 y reglamentada en 2015, establece que el sistema educativo de Ecuador está compuesto por el sistema nacional de educación (el cual comprende los niveles de educación inicial, básica y bachillerato) y el sistema de educación intercultural bilingüe, una instancia desconcentrada que administra la educación que el Estado ofrece a los pueblos ancestrales y de nacionalidades indígenas. El sistema nacional de educación articula con el sistema de educación superior, regulado a través de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

El sistema nacional de educación ofrece educación escolarizada y no escolarizada con pertinencia cultural y lingüística. La educación escolarizada es acumulativa, progresiva, conlleva a la obtención de un título o certificado; tiene un año lectivo cuya duración se definirá técnicamente en el respectivo reglamento; responde a estándares y currículos específicos definidos por la autoridad educativa en concordancia con el Plan Nacional de Educación; y brinda la oportunidad de formación y desarrollo de la ciudadanía dentro de los niveles inicial, básico y bachillerato.

La educación no escolarizada brinda la oportunidad de formación y desarrollo de la ciudadanía a lo largo de la vida y no está relacionada con los currículos determinados para los niveles educativos. El sistema de homologación, acreditación y evaluación de las personas que han recibido educación no escolarizada será determinado por la autoridad educativa nacional en el respectivo decreto reglamentario.

Las personas menores de 15 años con escolaridad inconclusa tienen derecho a la educación general básica y el bachillerato escolarizados. Recibirán educación general básica, que incluye alfabetización y bachillerato en modalidad escolarizada o no escolarizada.

Toda la oferta de servicios educativos está regulada por el Estado. Las instituciones pueden ser gestionadas por el Estado, por congregaciones religiosas o laicas, o privados. Las instituciones gestionadas por el Estado pueden ser fiscales o municipales, de fuerzas armadas o policiales. Ofrecen educación gratuita y laica. Las instituciones educativas fiscomisionales son gestionadas por congregaciones, órdenes o cualquier otra denominación confesional o laica. Estas instituciones son financiadas total o parcialmente por el Estado. El Ministerio de Educación Nacional establece y regula el monto correspondiente al pago del servicio educativo. Los establecimientos fiscomisionales solo pueden cobrar el servicio educativo cuando la contribución del fisco sea insuficiente para cubrir los costos de funcionamiento. Las instituciones educativas particulares son gestionadas por personas naturales o jurídicas de derecho privado. La educación que brindan estas instituciones puede ser confesional o laica. Estas instituciones están autorizadas a cobrar pensiones y matrículas conforme a lo que establece el Ministerio de Educación.

El sistema de educación intercultural bilingüe comprende el conjunto articulado de todas las políticas, normas e integrantes de la comunidad educativa desde el nivel comunitario, circuitos educativos, distrital y zonal, que tengan relación directa con los procesos de aprendizajes en idiomas ancestrales y oficiales.

La malla curricular del sistema de educación intercultural bilingüe se desarrolla en el marco del modelo vigente en concordancia con el currículo nacional, que necesariamente refleja el carácter intercultural y plurinacional del Estado.

Los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües (CECIB) son responsables del desarrollo de los saberes comunitarios, de la formación técnica y científica, y de la promoción de las diversas formas de desarrollo productivo y cultural de la comunidad, con la participación de los actores sociales de la educación intercultural bilingüe. Los CECIB de todos los niveles y modalidades serán parte de los Circuitos Interculturales Bilingües.

La Ley de Educación Intercultural Bilingüe establece la obligatoriedad desde el nivel de educación inicial hasta el bachillerato. También garantiza la gratuidad de la educación pública a través de la eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos de matrículas, pensiones y otros rubros, así como de las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

Dicha ley, en su Capítulo V, regula la carrera y el escalafón docente. Establece un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Así como políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.

El sistema de educación superior está regulado por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que define la gratuidad en el ámbito público hasta el tercer nivel. Articula con la formación inicial, básica, bachillerato y la educación no formal.

a. Educación inicial

La educación inicial es el primer nivel del sistema nacional de educación. Es el proceso de acompañamiento de niños y niñas para el desarrollo integral de sus capacidades cognitivas, afectivas, psicomotrices, sociales, identitarias, que conducen hacia una mayor autonomía y pertenencia a la comunidad desde los 3 hasta los 4 años.

La educación inicial se divide en dos tramos. Desde el nacimiento hasta los 3 años es responsabilidad principal de las familias. Para este tramo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ofrece servicios de atención, educación y cuidado a través de Centros de Desarrollo Infantil. A partir de los 3 años, el Estado tiene la obligación de ofrecer educación a niños y niñas. Para el rango de 3 y 4 años se establecen tres modalidades: educación en casa (implementación que se caracteriza por desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante visitas del docente a diversos espacios que no forman parte de la institución educativa y que están en un entorno familiar o comunitario); semipresencial (asistencia personalizada de un docente que visita a niños y niñas en entornos comunitarios y/o domiciliarios para que, en conjunto con sus familias, promover su desarrollo integral y acorde al cronograma escolar emitido por la Autoridad Educativa Nacional , a través del Servicio de Atención Familiar a la Primera Infancia) y presencial, oferta regular dentro de las instituciones educativas. El subnivel de educación general básica preparatoria es considerado el primer grado de la educación obligatoria y atiende a niñas y niños de 5 a 6 años.

A través del acuerdo ministerial 042/14, el Ministerio de Educación define el currículo para la educación inicial y sus correspondientes subniveles.

b. Educación general básica

La educación general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria, en los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior. Se introducen disciplinas básicas para garantizar la diversidad cultural y lingüística.

La educación general básica se divide en cuatro subniveles. El subnivel básico preparatorio, elemental, media y superior. La edad teórica de la básica preparatoria es 5 años; para la básica elemental, 6 a 8 años; para la básica media, 9 a 11 años; y para la básica superior, 12 a 14 años.

El art. 9 del Reglamento de la Ley Orgánica Intercultural Bilingüe establece la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas, independientemente de su modalidad y sostenibilidad. Es el Ministerio de Educación quien diseña y formula los currículos del nivel preparatorio; educación general básica, subnivel elemental; educación general básica media; educación general básica superior; y educación general intercultural bilingüe.

c. Bachillerato general unificado

El bachillerato general unificado comprende tres años de educación obligatoria a continuación de la educación general básica. Tiene como propósito brindar a las personas una formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en el estudiantado capacidades permanentes de aprendizaje y competencias ciudadanas, y lo prepara para el trabajo, el emprendimiento y para el acceso a la educación superior. Los estudiantes de bachillerato cursarán un tronco común de asignaturas generales y podrán optar por el bachillerato en ciencias o técnico. Las instituciones educativas que ofrezcan bachillerato técnico podrán constituirse en unidades educativas de producción. En este caso, docentes y estudiantes están habilitados a recibir una bonificación por la actividad productiva del establecimiento.

Los bachilleratos complementarios –el técnico productivo y el artístico – refuerzan la educación impartida en el bachillerato general unificado, son optativos y duran un año adicional. Todos los títulos de bachillerato emitidos por el Ministerio de Educación están homologados y habilitan para las diferentes carreras que ofrece la educación superior.

El Ministerio de Educación define la malla curricular del bachillerato general unificado (tronco común), bachillerato en ciencias y técnico, y el currículo del bachillerato unificado intercultural bilingüe.

d. Educación técnico profesional

En Ecuador, se ofrece educación técnico profesional en el nivel de bachillerato, en el nivel superior y por fuera del sistema educativo. La oferta de educación técnica de nivel bachillerato está compuesta por el bachillerato técnico y los dos bachilleratos complementarios al bachillerato general unificado: técnico productivo y artístico. Esta oferta forma parte del sistema nacional de educación y se rige por la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

La oferta de educación técnica superior está conformada por los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Por otra parte, las universidades y escuelas politécnicas están habilitadas para otorgar títulos de nivel técnico o tecnológico superior, cuando realicen alianzas con los institutos de educación superior o creen para tal efecto el respectivo instituto de educación superior. La oferta de educación técnica superior forma parte del sistema nacional de educación superior y se rige por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) es la institución oficial de formación profesional para el trabajo. Está adscripta al Ministerio de Relaciones Laborales. Desde 1996, lleva adelante procesos de capacitación y formación profesional a nivel nacional.

e. Educación superior

En Ecuador, la educación superior está regulada por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), sancionada en 2010 y reformada en 2022. El Estado reconoce la autonomía académica, financiera, administrativa y orgánica de las escuelas politécnicas y universidades. Garantiza una partida presupuestaria para el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior.

El servicio educativo de nivel superior está conformado por universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes, y conservatorios superiores. La educación técnica o tecnológica superior está orientada al desarrollo de habilidades y destrezas que permitan al estudiantado potenciar el saber hacer. La educación de tercer nivel –licenciaturas, títulos profesionales universitarios y politécnicos– está orientada a la formación básica en una disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. La educación de cuarto nivel –especializaciones, maestrías y doctorados– está orientada al entrenamiento profesional avanzado, o a la especialización científica y de investigación.

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos, en todos sus niveles.
• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.
• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, becas, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos

En el foco currículo y modelos de gestión se promueven acciones orientadas a la inclusión educativa. Asimismo, direcciona esfuerzos en la planificación y organización de los saberes y aprendizajes en sus distintos niveles, modalidades y lenguas (en el caso de los currículos nacionales interculturales). Destaca acciones destinadas a niños, niñas y adolescentes en situaciones desfavorables a la escolarización, que interrumpieron su trayectoria escolar, en situación de analfabetismo, en circunstancias sanitarias adversas o en situación de infracción penal, entre otras. Además, realiza programas de fortalecimiento a la educación rural y diversas estrategias de educación virtual. El programa de Fortalecimiento de las Artes tiene como objetivo generar espacios activos para la conexión y promoción de las artes, con el principal interés de contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes. En similar sentido, el Proyecto Educativo Institucional para la Convivencia Armónica, tiene como objetivo fomentar un entorno favorable para el aprendizaje en el marco del Programa Educación para la Democracia y el Buen Vivir (DNEDBV). Asimismo, desde la educación ambiental se busca promover una relación armónica y respetuosa entre el ser humano y el medio ambiente.

En el foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología, adquieren importancia las acciones impulsadas por el Ministerio de Educación para equipar, rehabilitar y ampliar la cobertura de los centros educativos. A través de la Agenda Educativa Digital 2021-2025 se busca dotar de conectividad de Internet a todas las instituciones educativas de sostenimiento público del país, elaborar innovadoras prácticas pedagógicas con enfoque digital y desarrollar competencias digitales de docentes en formación inicial y en ejercicio. A través del Programa de Administración Escolar se entregan equipos para la enseñanza de Ciencias Naturales, Física y Química que contienen esqueletos, materiales de laboratorio, etc. Asimismo, el programa PROEDUCA, a través del cual se otorga financiamiento a instituciones de la educación superior.

En el foco docentes, se observa que las acciones orientadas al mejoramiento de la inclusión y calidad educativa se traducen en acciones de fortalecimiento de las capacidades docentes. El Programa de Inducción, como componente de la carrera educativa consolida esas acciones. Se registran también propuestas para la gestión escolar participativa, como el caso del Programa Colmena.

Finalmente, en el foco políticas de fortalecimiento, se puede apreciar que el Ministerio de Educación destina diversos recursos para garantizar las trayectorias escolares de los estudiantes a través del programa de Administración Escolar, que incluye textos escolares, alimentos, y recursos financieros. Otras iniciativas destacables se enmarcan en el Plan Nacional Escuelas Seguras, centrado en dos pilares: la atención de riesgos de origen natural (inundaciones, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas) y la atención de los riesgos psicosociales (violencia, acoso escolar, trabajo infantil, suicidio, embarazo, entre otros). También aporta el Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de transferencias monetarias a las familias y provisión de servicios de atención, educación y cuidado para niñas y niños de 0 a 3 años. Junto con ello, se destacan los programas destinados a adolescentes y jóvenes, tanto para la continuidad de sus trayectorias, como para su inserción posterior en el mundo laboral o la continuidad en el nivel superior. La implementación de la jornada universitaria nocturna también apuesta a la mejora de los indicadores en este nivel.

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo a la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

Como menciona la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOES), la función ejecutiva de la política educativa la ejerce la autoridad educativa nacional a través del ministro de educación, que es quien ejerce la rectoría del sistema nacional de educación a nivel nacional. El sistema está conformado por cuatro niveles de gestión, uno de carácter central y tres de gestión desconcentrada.

El nivel central formula las políticas, los estándares, la planificación educativa nacional, los proyectos de inversión de interés nacional, las políticas de asignación y administración de recursos. Coordina la gestión administrativa de los niveles desconcentrados de gestión. Regula y controla el sistema nacional de educación, para lo cual expide las normas y los estándares correspondientes.

Los niveles desconcentrados son los niveles territoriales, en los que se gestionan y ejecutan las políticas educativas definidas por el nivel central. Están conformados por los niveles zonales, distritales y circuitales; todos ellos, interculturales y bilingües.

El nivel zonal intercultural bilingüe, a través de las coordinaciones zonales, define la planificación y coordina las acciones de los circuitos educativos; además, realiza el control del servicio educativo de la zona.

El nivel distrital intercultural bilingüe, a través de las direcciones distritales, atiende las particularidades culturales y lingüísticas, asegura la cobertura y demanda educativa necesaria, y garantiza la gestión de proyectos, los trámites y la atención a la ciudadanía.

El circuito educativo intercultural y/o bilingüe es un conjunto de instituciones educativas públicas, particulares y fiscomisionales, en un espacio territorial delimitado, conformado según criterios poblacionales, geográficos, étnicos, lingüísticos, culturales, ambientales y de circunscripciones territoriales especiales. Las instituciones educativas públicas del circuito educativo intercultural y/o bilingüe están vinculadas a una sede administrativa para la gestión de los recursos y la ejecución presupuestaria.

A su vez, el Ministerio de Educación se organiza internamente en distintas áreas e instancias de dirección, coordinación y ejecución, que cumplen funciones específicas respecto al diseño, la implementación y el seguimiento de la política educativa.

Finalmente, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) es el organismo rector de la política pública de educación superior. El Consejo de Educación Superior (CES) tiene como función planificar, regular y coordinar el sistema de educación superior. A su vez, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el organismo que tiene a su cargo la gestión y regulación del sistema de aseguramiento de la calidad de dicho nivel.

El sistema de educación superior cuenta con organismos de consulta: la Asamblea del Sistema de Educación Superior y los comités regionales consultivos de planificación de la educación superior.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

Ecuador puede caracterizarse como un país con un sistema educativo unitario y un gobierno centralizado en lo que a financiamiento educativo respecta. La normativa que regula y dispone sobre el financiamiento de la política educativa está conformada por la Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas. Entre sus características, se destaca el hecho de que el presupuesto público se asigna mediante un esquema de subsidio a la oferta a través del Ministerio de Educación. La reforma de la Constitución de 2008 dispuso que el esquema de financiamiento debe asegurar, para la educación inicial básica y el bachillerato, que el gasto en educación debe aumentar anualmente el 0,5% del PIB hasta alcanzar un mínimo del 6% del PIB.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

El Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) es el sistema oficial de recolección de datos estadísticos educativos. Captura la información por régimen escolar (al inicio y al final del año lectivo), tiene una cobertura nacional y recoge información de la oferta educativa institucional en su modalidad regular, artística y especial, en los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato en ciencias y técnico. A la par, Ecuador cuenta con el Sistema de Información de Educación Superior (SNISE) (registro oficial 469) que recopila, almacena, sistematiza y divulga la información pública relativa a las instituciones de educación superior del Ecuador. Actualmente, además, el Ministerio de Educación pública estadísticas e indicadores en el Portal de Datos Abiertos.

La Constitución de la República, en su art. 346, dispone la existencia de una entidad de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y técnica, con la finalidad de promover la calidad de la educación. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) es el organismo que tiene como principales funciones realizar la evaluación integral interna y externa del sistema nacional de educación, y establecer los indicadores de la calidad de la educación a través de la evaluación continua de los siguientes componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, desempeño del rendimiento académico del estudiantado, desempeño de directivos y docentes, gestión escolar, desempeño institucional, aplicación del currículo, entre otros.

El INEVAL lleva adelante a nivel nacional las distintas evaluaciones de aprendizajes y competencias. La prueba Ser Estudiante en la Infancia (SEIN) evalúa las habilidades y destrezas desarrolladas por el estudiantado en el subnivel Preparatoria de Educación General Básica, mientras que la prueba Ser Estudiante evalúa los aprendizajes desarrollados por el estudiantado durante los procesos educativos en los niveles de Educación General Básica (EGB) y Bachillerato General Unificado (BGU). En simultáneo, el país ha participado en distintas pruebas a gran escala. Respecto de las evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), ha participado en las siguientes: SERCE en 2006; TERCE en 2013 y ERCE en 2019. Luego de la creación de PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país participó en Pisa-D en 2018. Haciendo foco en la población de personas jóvenes y adultas, participó del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC) en 2017.

• La proporción de personas en situación de analfabetismo se redujo en todos los indicadores analizados. Sin embargo, las brechas por nivel de ingreso y por zona de residencia se mantienen. Para las áreas urbanas alcanza al 4,2%, mientras que en zonas rurales asciende a 10,9%.
• El promedio de años de escolarización de la población aumentó tanto entre varones como entre mujeres. Como en el indicador anterior, las brechas entre áreas urbanas y rurales y según niveles de ingresos se sostienen, en detrimento de las zonas rurales y aquellos de menor nivel de ingreso.
• La proporción de personas adultas que finalizaron la secundaria aumentó en todas las variables analizadas. No obstante, persisten profundas brechas en detrimento de las áreas rurales (más 25 puntos por debajo que las áreas urbanas) y por nivel de ingreso.

• La proporción de niñas y niños que asistieron a la escuela antes de empezar la educación primaria disminuyó hacia 2021 y aumentó levemente en 2022. Persisten aún diferencias a favor de varones, población urbana y de mayor nivel de ingresos, y para el total solo llega al 80%.

• La proporción de varones y mujeres que asistieron al nivel primario descendió levemente en todas las variables analizadas en el período 2011-2022. No obstante, la última medición refleja una leve recuperación respecto a los datos obtenidos en pandemia.
• Se observa un aumento entre quienes finalizaron la educación primaria, logrando en todas las variables analizadas valores superiores al 98%. Las diferencias por nivel de ingresos son de 2%.

• Se evidencia un aumento en los últimos años en la asistencia a la secundaria baja, sobre todo entre mujeres y en áreas rurales. Las mayores brechas persisten de acuerdo con el nivel de ingresos (84% para los de nivel inferior versus 91,4% para los de nivel superior).
• El periodo 2011-2022 experimenta un crecimiento de la asistencia a la secundaria alta de más de 15%, sobre todo en áreas rurales y entre estudiantes que provienen de hogares con ingresos bajos y medios. No obstante persisten las brechas con aquellos de mayor nivel de ingresos.
• Se observa un aumento significativo en el periodo 2011-2022 de quienes lograron finalizar el nivel secundario y una disminución de la sobreedad para ambos grupos de edad.

• Durante el periodo 2011-2022, descendió la proporción de personas que asistieron a la educación superior, sobre todos entre aquellas provenientes de áreas urbanas y hogares con ingresos medios. La brecha entre áreas geográficas es significativa, siendo el valor para el área urbana 20 puntos mayor que en el área rural. En los sectores de ingreso, el superior duplica en valor a los hogares de menores ingresos.
• Entre la población adulta que finalizó la educación terciaria y universitaria, se observa un incremento en todas las variables analizadas. Contrasta la diferencia entre la tasa de finalización del nivel superior de las áreas urbanas respecto de las rurales (en detrimento de estas últimas), al igual que entre sectores de ingresos superiores (en detrimento de los sectores de ingresos inferiores). El total alcanza el 10,9%.