Ecuador

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Políticas y normativa

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Contenido

Fecha de actualización: diciembre de 2020

1. Resumen del marco normativo y estructura del sistema educativo nacional

2. Compromisos y obligaciones del Estado como garante del derecho a la educación

Cuando los Estados firman un tratado de derechos humanos, asumen la voluntad y el compromiso de crear las condiciones necesarias para transformar la situación en el sentido que allí se propone. El instrumento jurídico fija los principios de un nuevo pacto, que debieran guiar el horizonte de la política pública, dotar de sentido y legitimidad a las acciones que los Estados orienten para su cumplimiento efectivo.

En el marco del derecho, existen básicamente dos tipos de compromisos: aquellos que los Estados asumen en el ámbito internacional al ratificar instrumentos jurídicos regionales e internacionales, y los de alcance nacional, que se expresan generalmente en las leyes nacionales de educación. En el proceso de efectivización del derecho a la educación, los países avanzan en la armonización jurídica acorde a los compromisos asumidos y en la definición de un marco conceptual común desde donde interpretar las decisiones y las acciones que se lleven adelante. Es a partir del diseño y la formulación de planes, estrategias o políticas de gran alcance que los Estados direccionan y conducen las acciones orientadas a garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan y transiten la escuela, se gradúen e incorporen aprendizajes significativos.

El propósito de este documento es ofrecer información para dar cuenta de los avances de los Estados latinoamericanos en garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación.

2.1. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito internacional

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien los ODS no revisten obligatoriedad, las acciones que los países orienten para su implementación permiten vehiculizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.

Ecuador ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza ratificada en 1970, la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada en 2002, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ratificada a través del Decreto Ejecutivo No 371.

2.2. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito nacional

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

En Ecuador, el art. 4 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) expresa que la educación es un derecho humano fundamental, garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. En virtud de ello, el sistema nacional de educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos.

2.3. Planificación de la educación

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

En su Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida, Ecuador se propone el desarrollo inclusivo que empodere a las personas durante todo el ciclo de vida. Bajo esta premisa, define como uno de sus objetivos garantizar de manera complementaria el acceso a una educación de calidad para niños, niñas y adolescentes, favoreciendo el acceso a capacitación de calidad y pertinente para personas jóvenes y adultas, con el fin de potenciar sus capacidades y el desarrollo del talento humano.

A través del Plan Decenal de Educación 2006-2015, se estructuran las acciones de la política educativa. Entre los principales objetivos se destacan las acciones para garantizar la universalización de la educación inicial y básica; incrementar la matrícula en el bachillerato hasta alcanzar el 75% de la población en edad correspondiente; erradicar el analfabetismo y fortalecer la educación continua de personas adultas; mejorar la infraestructura escolar; fortalecer la calidad educativa, entre otras cuestiones, a través de la implementación del sistema nacional de evaluación; y revalorar la profesión docente.

Aún se encuentra pendiente la aprobación del nuevo plan decenal, que ha atravesado las instancias de consulta. Dicha consulta se expresa en la Propuesta de la Comunidad Educativa para el Nuevo Plan Decenal de Educación 2016-2025. La misma retoma y evalúa los objetivos anteriores e incorpora nuevos, haciendo énfasis en fortalecer las acciones para garantizar la calidad educativa, ampliar la cobertura, fortalecer la educación intercultural bilingüe y los mecanismos de gestión co-participativos con la comunidad.

3. Caracterización de la política educativa nacional

Este apartado hace foco en el conjunto de acciones que el Estado está orientando para garantizar el derecho a la educación. La caracterización de la política educativa se abordará desde tres dimensiones. En primer lugar, se describirán la estructura y el tamaño del sistema educativo. En segundo lugar, se buscará indagar y caracterizar el conjunto de intervenciones a través de las cuales se busca mantener el sistema educativo en funcionamiento. Este análisis se realizará haciendo foco en: 1) currículo y modelos de gestión institucional; 2) docentes; 3) infraestructura, tecnología y equipamiento; 4) transferencias de bienes y recursos financieros con el fin de fortalecer el sostenimiento de las trayectorias escolares. Finalmente, se buscará dar cuenta del gobierno del sistema, tanto en sus arreglos organizativos e institucionales como en el financiamiento de la política educativa, y los sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas.

3.1. Estructura del sistema educativo nacional

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), sancionada en 2011 y reglamentada en 2015, establece que el sistema educativo de Ecuador está compuesto por el sistema nacional de educación (el cual comprende los niveles de educación inicial, básica y bachillerato) y el sistema de educación intercultural bilingüe, una instancia desconcentrada que administra la educación que el Estado ofrece a los pueblos ancestrales y de nacionalidades indígenas. El sistema nacional de educación articula con el sistema de educación superior, regulado a través de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

El sistema nacional de educación ofrece educación escolarizada y no escolarizada con pertinencia cultural y lingüística. La educación escolarizada es acumulativa, progresiva, conlleva a la obtención de un título o certificado; tiene un año lectivo cuya duración se definirá técnicamente en el respectivo reglamento; responde a estándares y currículos específicos definidos por la autoridad educativa en concordancia con el Plan Nacional de Educación; y brinda la oportunidad de formación y desarrollo de la ciudadanía dentro de los niveles inicial, básico y bachillerato.

La educación no escolarizada brinda la oportunidad de formación y desarrollo de la ciudadanía a lo largo de la vida y no está relacionada con los currículos determinados para los niveles educativos. El sistema de homologación, acreditación y evaluación de las personas que han recibido educación no escolarizada será determinado por la autoridad educativa nacional en el respectivo reglamento.

Las personas menores de 15 años con escolaridad inconclusa tienen derecho a la educación general básica y el bachillerato escolarizados. Recibirán educación general básica, que incluye alfabetización y bachillerato en modalidad escolarizada o no escolarizada.

Toda la oferta de servicios educativos está regulada por el Estado. Las instituciones pueden ser gestionadas por el Estado, por congregaciones religiosas o laicas, o privados. Las instituciones gestionadas por el Estado pueden ser fiscales o municipales, de fuerzas armadas o policiales. Ofrecen educación gratuita y laica. Las instituciones educativas fiscomisionales son gestionadas por congregaciones, órdenes o cualquier otra denominación confesional o laica. Estas instituciones son financiadas total o parcialmente por el Estado. El Ministerio de Educación Nacional establece y regula el monto correspondiente al pago del servicio educativo. Los establecimientos fiscomisionales solo pueden cobrar el servicio educativo cuando la contribución del fisco sea insuficiente para cubrir los costos de funcionamiento. Las instituciones educativas particulares son gestionadas por personas naturales o jurídicas de derecho privado. La educación que brindan estas instituciones puede ser confesional o laica. Estas instituciones están autorizadas a cobrar pensiones y matrículas conforme a lo que establece el Ministerio de Educación.

El sistema de educación intercultural bilingüe comprende el conjunto articulado de todas las políticas, normas e integrantes de la comunidad educativa desde el nivel comunitario, circuitos educativos, distrital y zonal, que tengan relación directa con los procesos de aprendizajes en idiomas ancestrales y oficiales.

La malla curricular del sistema de educación intercultural bilingüe se desarrolla en el marco del modelo vigente en concordancia con el currículo nacional, que necesariamente refleja el carácter intercultural y plurinacional del Estado.

Los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües (CECIB) son responsables del desarrollo de los saberes comunitarios, de la formación técnica y científica, y de la promoción de las diversas formas de desarrollo productivo y cultural de la comunidad, con la participación de los actores sociales de la educación intercultural bilingüe. Los CECIB de todos los niveles y modalidades serán parte de los Circuitos Interculturales Bilingües.

La Ley de Educación Intercultural Bilingüe establece la obligatoriedad desde el nivel de educación inicial hasta el bachillerato. También garantiza la gratuidad de la educación pública a través de la eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos de matrículas, pensiones y otros rubros, así como de las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

Dicha ley, en su Capítulo V, regula la carrera y el escalafón docente. Establece un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Así como políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.

El sistema de educación superior está regulado por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que define la gratuidad en el ámbito público hasta el tercer nivel. Articula con la  formación inicial, básica, bachillerato y la educación no formal.

a. Educación inicial

La educación inicial es el primer nivel del sistema nacional de educación. Es el proceso de acompañamiento de niños y niñas para el desarrollo integral de sus capacidades cognitivas, afectivas, psicomotrices, sociales, identitarias, que conducen hacia una mayor autonomía y pertenencia a la comunidad desde los 3 hasta los 5 años.

La educación inicial se divide en dos tramos. Desde el nacimiento hasta los 3 años es responsabilidad principal de las familias. Para este tramo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ofrece servicios de atención, educación y cuidado a través de los Centros Infantiles del Buen Vivir. A partir de los 3 años, el Estado tiene la obligación de ofrecer educación a niños y niñas. El subnivel de educación general básica preparatoria es considerado el primer grado de la educación obligatoria y atiende a niñas y niños de 5 a 6 años de edad.

A través del acuerdo ministerial No 042/14, el Ministerio de Educación define el currículo para la educación inicial y sus correspondientes subniveles.

b. Educación general básica

La educación general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria, en los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior. Se introducen disciplinas básicas para garantizar la diversidad cultural y lingüística.

La educación general básica se divide en cuatro subniveles. El subnivel básico preparatorio, elemental, media y superior. La edad teórica de la básica preparatoria es 5 años; para la básica elemental, 6 a 8 años; para la básica media, 9 a 11 años; y para la básica superior, 12 a 14 años.

El art. 9 del Reglamento de la Ley Orgánica Intercultural Bilingüe establece la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas, independientemente de su modalidad y sostenibilidad. Es el Ministerio de Educación quien diseña y formula los currículos del nivel preparatorio; educación general básica - subnivel elemental; educación general básica media; educación general básica superior; y educación general intercultural bilingüe.

c. Bachillerato general unificado

El bachillerato general unificado comprende tres años de educación obligatoria a continuación de la educación general básica. Tiene como propósito brindar a las personas una formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en el estudiantado capacidades permanentes de aprendizaje y competencias ciudadanas, y lo prepara para el trabajo, el emprendimiento y para el acceso a la educación superior. Los estudiantes de bachillerato cursarán un tronco común de asignaturas generales y podrán optar por el bachillerato en ciencias o técnico. Las instituciones educativas que ofrezcan bachillerato técnico podrán constituirse en unidades educativas de producción. En este caso, docentes y estudiantes están habilitados a recibir una bonificación por la actividad productiva del establecimiento.

Los bachilleratos complementarios –el técnico productivo y el artístico– refuerzan la educación impartida en el bachillerato general unificado, son optativos y duran un año adicional. Todos los títulos de bachillerato emitidos por el Ministerio de Educación están homologados y habilitan para las diferentes carreras que ofrece la educación superior.

El Ministerio de Educación define la malla curricular del bachillerato general unificado (tronco común), bachillerato en ciencias y técnico, y el currículo del bachillerato unificado intercultural bilingüe.

d. Educación técnico profesional

En Ecuador, se ofrece educación técnico profesional en el nivel de bachillerato, en el nivel superior y por fuera del sistema educativo. La oferta de educación técnica de nivel bachillerato está compuesta por el bachillerato técnico y los dos bachilleratos complementarios al bachillerato general unificado: técnico productivo y artístico. Esta oferta forma parte del sistema nacional de educación y se rige por la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

La oferta de educación técnica superior está conformada por los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Por otra parte, las universidades y escuelas politécnicas están habilitadas para otorgar títulos de nivel técnico o tecnológico superior, cuando realicen alianzas con los institutos de educación superior o creen para tal efecto el respectivo instituto de educación superior. La oferta de educación técnica superior forma parte del sistema nacional de educación superior y se rige por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) es la institución oficial de formación profesional para el trabajo. Está adscripta al Ministerio de Relaciones Laborales. Desde 1996, lleva adelante procesos de capacitación y formación profesional a nivel nacional.

e. Educación superior

En Ecuador, la educación superior está regulada por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), sancionada en 2010 y reformada en 2018. El Estado reconoce la autonomía académica, financiera, administrativa y orgánica de las escuelas politécnicas y universidades. Garantiza una partida presupuestaria para el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior.

El servicio educativo de nivel superior está conformado por universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes, y conservatorios superiores. La educación técnica o tecnológica superior está orientada al desarrollo de habilidades y destrezas que permitan al estudiantado potenciar el saber hacer. La educación de tercer nivel –licenciaturas, títulos profesionales universitarios y politécnicos– está orientada a la formación básica en una disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. La educación de cuarto nivel –especializaciones, maestrías y doctorados– está orientada al entrenamiento profesional avanzado, o a la especialización científica y de investigación.

Además de los aspectos estructurales, una parte de la caracterización de la política educativa consiste en el dimensionamiento del tamaño del sistema educativo. En este sentido, según los datos de UIS para 2018, Ecuador cuenta con 638.551 estudiantes en el nivel preprimario, 1.932.261 en primaria, 979.570 en secundaria baja, 912.078 en secundaria alta, y 669.437 en el nivel terciario. Para ese mismo año, registra un total de 33.045 docentes en preprimaria, 79.641 en primaria y 42.996 en secundaria baja y 48.738 en secundaria alta. La cantidad de docentes para educación terciaria en 2015 es de 40.351.

3.2. Política educativa nacional

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

▪ Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.

▪ Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos.

▪ Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.

Dentro de las acciones relacionadas al foco currículo y modelos de gestión, se destacan aquellas orientadas a la inclusión educativa. Se direccionan esfuerzos en la planificación y organización de los saberes y aprendizajes en sus distintos niveles, modalidades y lenguas (en el caso de los currículos nacionales interculturales). Se destacan acciones destinadas a niños, niñas y adolescentes en situaciones desfavorables a la escolarización, que interrumpieron su trayectoria escolar, en situación de analfabetismo, en circunstancias sanitarias adversas o en situación de infracción penal, entre otras. A la par, se evidencia una preocupación por el mejoramiento de la calidad de la educación en sus tres ejes: gestión escolar, docentes y aprendizajes.

Respecto a infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología, tienen relativa importancia las acciones impulsadas por el Ministerio de Educación y SENAPLEDES para equipar, rehabilitar y ampliar la cobertura de los centros educativos. Asimismo, el programa PROEDUCA, a través del cual se otorga financiamiento a instituciones de la educación superior.

En relación al foco de intervención docentes, se observa que las acciones orientadas al mejoramiento de la inclusión y calidad educativa se traducen en acciones de fortalecimiento de las capacidades docentes. Las diferentes ofertas educativas –unidades del nuevo milenio, servicios a la primera infancia, servicios educativos centrados en la familia– presentan diversas propuestas a través de talleres y capacitaciones orientados a docentes.

Finalmente, el Ministerio de Educación destina diversos recursos para garantizar las trayectorias escolares de los estudiantes. A través de la provisión de textos escolares, alimentos, y recursos financieros. También aporta el Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de transferencias monetarias a las familias y provisión de servicios de atención, educación y cuidado para niñas y niños de 0 a 3 años.

 

3.3. El gobierno del sistema educativo

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo a la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

Como menciona la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOES), la función ejecutiva de la política educativa la ejerce la autoridad educativa nacional a través del ministro de educación, que es quien ejerce la rectoría del sistema nacional de educación a nivel nacional. El sistema está conformado por cuatro niveles de gestión, uno de carácter central y tres de gestión desconcentrada.

El nivel central formula  las  políticas,  los  estándares, la planificación educativa nacional, los proyectos de inversión de interés nacional, las políticas de asignación y administración de recursos. Coordina la gestión administrativa de los niveles desconcentrados de gestión. Regula y controla el sistema nacional de educación, para lo cual expide las normas y los estándares correspondientes.

Los niveles desconcentrados son los niveles territoriales, en los que se gestionan y ejecutan las políticas educativas definidas por el nivel central. Están conformados por los niveles zonales, distritales y circuitales; todos ellos, interculturales y bilingües.

El nivel zonal intercultural bilingüe, a través de las coordinaciones zonales, define la planificación y coordina las acciones de los circuitos educativos; además, realiza el control del servicio educativo de la zona.

El nivel distrital intercultural bilingüe, a través de las direcciones distritales, atiende las particularidades culturales y lingüísticas, asegura la cobertura y demanda educativa necesaria, y garantiza la gestión de proyectos, los trámites y la atención a la ciudadanía.

El circuito educativo intercultural y/o bilingüe es un conjunto de instituciones educativas públicas, particulares y fiscomisionales, en un espacio territorial delimitado, conformado según criterios poblacionales, geográficos, étnicos, lingüísticos, culturales, ambientales y de circunscripciones territoriales especiales. Las instituciones educativas públicas del circuito educativo intercultural y/o bilingüe están vinculadas a una sede administrativa para la gestión de los recursos y la ejecución presupuestaria.

A su vez, el Ministerio de Educación se organiza internamente en distintas áreas e instancias de dirección, coordinación y ejecución, que cumplen funciones específicas respecto al diseño, la implementación y el seguimiento de la política educativa.

Finalmente, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) es el organismo rector de la política pública de educación superior. El Consejo de Educación Superior (CES) tiene como función planificar, regular y coordinar el sistema de educación superior. A su vez, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el organismo que tiene a su cargo la gestión y regulación del sistema de aseguramiento de la calidad de dicho nivel.

El sistema de educación superior cuenta con organismos de consulta: la Asamblea del Sistema de Educación Superior y los comités regionales consultivos de planificación de la educación superior.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

Ecuador puede caracterizarse como un país con un sistema educativo unitario y un gobierno centralizado en lo que a financiamiento educativo respecta. La normativa que regula y dispone sobre el financiamiento de la política educativa está conformada por la Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas. Entre sus características, se destaca el hecho de que el presupuesto público se asigna mediante un esquema de subsidio a la oferta a través del Ministerio de Educación. La reforma de la Constitución de 2008 dispuso que el esquema de financiamiento debe asegurar, para la educación inicial básica y el bachillerato, que el gasto en educación debe aumentar anualmente el 0,5% del PIB hasta alcanzar un mínimo del 6% del PIB.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

El Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) es el sistema oficial de recolección de datos estadísticos educativos. Captura la información por régimen escolar (al inicio y al final del año lectivo), tiene una cobertura nacional y recoge información de la oferta educativa institucional en su modalidad regular, artística y especial, en los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato en ciencias y técnico. A la par, Ecuador cuenta con el Sistema de Información de Educación Superior (SNISE) (registro oficial 469) que recopila, almacena, sistematiza y divulga la información pública relativa a las instituciones de educación superior del Ecuador.

La Constitución de la República, en su art. 346, dispone la existencia de una entidad de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y técnica, con la finalidad de promover la calidad de la educación. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) es el organismo que tiene como principales funciones realizar la evaluación integral interna y externa del sistema nacional de educación, y establecer los indicadores de la calidad de la educación a través de la evaluación continua de los siguientes componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, desempeño del rendimiento académico del estudiantado, desempeño de directivos y docentes, gestión escolar, desempeño institucional, aplicación del currículo, entre otros.

El INEVAL lleva adelante a nivel nacional las evaluaciones de aprendizajes y competencias Ser Estudiante y Ser Bachiller, implementadas desde 2013. En simultáneo, el país ha participado en distintas pruebas a gran escala. Respecto de las evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), ha participado en las siguientes: SERCE en 2006; TERCE en 2013 y ERCE en 2019. Luego de la creación de PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país participó en Pisa-D en 2018. Haciendo foco en la población de personas jóvenes y adultas, participó del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC) en 2017.

4. La efectividad de la política educativa

Acceso, participación, trayectoria educativa y logros de aprendizaje.

Este apartado tiene como propósito ofrecer información sustantiva para realizar una aproximación a la efectividad de la política educativa, mediante el análisis de una serie de indicadores que permiten dar cuenta de la situación en que se encuentran niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas con respecto al derecho a la educación.  

4.1. Nivel educativo de la población

▪ La proporción de personas en situación de analfabetismo se mantuvo relativamente estable en los últimos años, siendo mayor en áreas rurales.

▪ El promedio de años de escolarización de la población aumentó tanto entre varones como entre mujeres, sobre todo en áreas rurales y en todos los niveles de ingresos.

▪ La proporción de personas adultas que finalizaron la secundaria aumentó significativamente, con un crecimiento mayor para las mujeres, en todos los niveles de ingresos y con mayor preponderancia en áreas rurales.

4.2. Educación inicial

▪  La proporción de niñas y niños que asistieron a la escuela antes de empezar la educación primaria disminuyó hacia 2018. Este descenso es mayor en áreas urbanas y, en particular, en aquellos hogares socialmente más desfavorecidos.

4.3. Educación primaria

▪ La proporción de varones y mujeres que asistieron al nivel primario se mantuvo relativamente estable durante los últimos años.

▪ Se observa un aumento entre quienes lograron finalizar la educación primaria, siendo mayor este crecimiento entre niños y niñas provenientes de hogares de bajos ingresos y áreas rurales.

4.4. Educación secundaria

▪ Se evidencia un aumento en los últimos años en la asistencia a la secundaria baja, sobre todo entre mujeres y en áreas rurales.

▪ El periodo 2011-2018 experimenta un crecimiento de la asistencia a la secundaria alta casi de 10 puntos porcentuales, sobre todo en áreas rurales y entre estudiantes que provienen de hogares con ingresos bajos y medios.

▪ Se observa un aumento significativo en el periodo 2011-2018 de quienes lograron finalizar el nivel secundario y una disminución de la sobreedad escolar.

4.5. Educación superior

▪ Durante el periodo 2011-2018, descendió la proporción de jóvenes que asistieron a la educación superior, sobre todos entre aquellas personas provenientes de áreas rurales y hogares con ingresos medios.

▪ Entre la población adulta que logró finalizar la educación terciaria y universitaria, se observa un incremento tanto entre varones como mujeres, aunque casi sin variaciones entre los sectores socialmente desfavorecidos. Asimismo, contrasta la diferencia entre la tasa de finalización del nivel superior de las áreas urbanas respecto de las rurales, en detrimento de estas últimas.

5. Desafíos de la política educativa

A lo largo de este documento se intentó mostrar los avances a partir de los compromisos asumidos, haciendo foco en el conjunto de acciones que el país llevó adelante y los resultados de estos esfuerzos.

Desde la firma y ratificación de los distintos instrumentos jurídicos internacionales, Ecuador asumió el compromiso y la obligación de garantizar el derecho a la educación. Gradualmente fue armonizando su cuerpo normativo y sus acciones programáticas según los principios previstos en los textos jurídicos.

Los distintos documentos de planificación definen la inclusión y la calidad educativa como los pilares que estructuraran y guían la política educativa. Entre los objetivos que plantea el Plan Decenal de Educación, se encuentran universalizar el nivel inicial y educación básica, incrementar la matrícula en el bachillerato; mejorar la infraestructura física; fortalecer la calidad y equidad educativa; y revalorizar la profesión docente. El Ministerio de Educación identificó entre las problemáticas de su sector la deserción escolar, el limitado ingreso de grupos de atención prioritaria a la educación regular, el bajo rendimiento académico en los estudiantes, la deficiencia en la gestión de procesos educativos complementarios, el exceso de estudiantes en las instituciones educativas, la pérdida de la identidad cultural y lingüística en las instituciones educativas con educación intercultural bilingüe y la vulneración de derechos de docentes y estudiantes (Agenda Regulatoria, 2018).

En virtud de ello, el país movilizó una gran cantidad de recursos, impulsando acciones desde distintos focos de intervención y articulando el trabajo de diferentes actores, bajo la rectoría del Ministerio de Educación.

Pese a los esfuerzos por garantizar el ejercicio pleno al derecho de la educación, los datos muestran ciertas limitaciones en el cumplimiento de las metas previstas. Entre los principales desafíos que el país enfrenta, se encuentra la reducción de las brechas geográficas y de género que aún persisten; el avance hacia la universalización del nivel inicial, que evidenció un retroceso en los últimos años; el fortalecimiento del acceso, la permanencia y finalización del nivel secundario; y el logro de una mayor cantidad de estudiantes en el nivel superior.

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CON EL APOYO DE:

Fecha de actualización: marzo de 2020

1. Información de contexto

La República del Ecuador se encuentra ubicada en la parte noroccidental de América del Sur. Limita al norte con la República de Colombia, y al sur y al este con la República del Perú. Las islas Galápagos, que le pertenecen, están ubicadas mil kilómetros al oeste, rodeadas por el océano Pacífico. El territorio ecuatoriano, de 283.561 km2, se divide en 24 provincias y 224 cantones. Lenín Voltaire Moreno Garcés fue elegido presidente para el período 2017-2021.

Acceso a la tabla "Principales indicadores del país y promedio regional."

 

2. Ecuador frente a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

Ecuador suscribe a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)¹ el 26 de enero de 1990, el 23 de marzo de 1990 la ratifica ante la Secretaría de Naciones Unidas, entrando en vigor el 2 de septiembre del mismo año. A nivel interno aprueba la CDN y le otorga rango legal dentro de su ordenamiento jurídico.

La CDN cuenta con tres Protocolos facultativos específicos que la amplían². El primer protocolo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, y el segundo sobre la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, se suscribieron conjuntamente el 7 de septiembre de 2000, y ratificaron en el mes de enero y junio de 2004 respectivamente, ante la Secretaría de la ONU. El tercer y más reciente protocolo relativo a la aceptación del procedimiento de comunicaciones, fue ratificado el 19 de septiembre de 2018, sin embargo, el procedimiento establecido en el artículo 13 del protocolo en relación con la competencia del comité para investigar casos de violaciones graves o sistemáticas a los derechos enunciados en la convención y/o en sus protocolos facultativos, se encuentra a la espera de ser aceptado por el Estado parte.

Acceso al gráfico "Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos."

2.1. Informes periódicos presentados ante el Comité de los Derechos del Niño y Observaciones finales del Comité

En cumplimiento de los compromisos asumidos al momento de ratificar la CDN y sus Protocolos facultativos, los Estados partes deben presentar informes periódicos cada cinco años ante el Comité de los Derechos del Niño, sobre los avances y medidas adoptadas en materia de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel interno. El Comité de la CDN, en base al estudio del informe entregado por el país, los informes de expertos independientes, de la sociedad civil y de ONGs, emite las observaciones finales en respuesta al informe periódico presentado por el Estado parte.

Acceso a la tabla "Avances en el cumplimiento de los derechos reconocidos en la CDN."

 

2.2. La institucionalidad al servicio de la Protección Integral de los Derechos de la Infancia

En 2002 Ecuador promulgó el Código de la Niñez y la Adolescencia. Allí dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes del territorio nacional, en el marco de la libertad, dignidad y equidad. El mismo regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos y garantizarlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia, y la doctrina de protección integral. El Código crea el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que lo define como el conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones con el propósito de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia. También define medidas, procedimientos, sanciones y recursos en todos los ámbitos para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El sistema está integrado por tres niveles de organismos:

1. Organismos de definición, planificación, control y evaluación de políticas.

2. Organismos de Protección de defensa, exigibilidad de derechos.

3. Administración de justicia especializada de la niñez y adolescencia.

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia es un órgano colegiado de nivel nacional, de carácter autónomo funcional y presupuestario, goza de personería jurídica de derecho público y es el encargado de velar por el cumplimiento de los derechos y disposiciones establecidas en la ley; definir y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia; aprobar el Plan Nacional Decenal de Protección Integral; formular las directrices a nivel nacional en la organización del Sistema descentralizado, y coordinar su aplicación con los Consejos Cantonales, entre otras cuestiones. El Consejo está integrado por los Ministerios de Bienestar Social, Educación, Salud, Trabajo y el Presidente de la Asociación de Municipalidades de la República. Así mismo el Consejo cuenta con la Secretaría Ejecutiva, como instancia técnico-administrativa encargada de la coordinación entre el Consejo Nacional y los organismos e instancias públicas y privadas.

Asimismo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIDES), a través de la Subsecretaría de Protección Especial, busca restituir los derechos humanos vulnerados o amenazados de niños, niñas y adolescentes, y de aquellos privados de su medio familiar, bajo las modalidades de acogimiento institucional, acogimiento familiar, comedores de apoyo escolar, erradicación del trabajo infantil y erradicación de la mendicidad.

 

 

 

3. La política pública para la Primera Infancia

3.1. Planificación

Los Estados desarrollan estrategias orientadas a direccionar y conducir el conjunto de acciones que destinan al cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas durante la primera infancia. En muchos casos, los ejercicios de planificación estratégica dan lugar a documentos a los cuales se los denomina planes, estrategias o políticas de gran alcance. Si bien la CDN orienta la actividad de los Estados, no fija su contenido específico. Éstos tienen que ajustar la orientación de la política pública existente a los principios que propone la CDN. Esto implica precisar un marco conceptual común desde el cual interpretar las decisiones y las acciones que se promueven y las que se llevan adelante.

La Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia, “Infancia Plena”, alineada al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y liderada por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, fue creada en 2012 desde una visión intersectorial e integral. Allí, se buscó potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños menores de 5 años, considerando que las condiciones de vida, la estimulación temprana, la educación, la nutrición y el afecto durante la primera infancia, condicionan el futuro de las personas. Las acciones se orientan a reducir las inequidades, equiparando el punto de partida en el proceso de desarrollo humano, desde el período de gestación.

Con esta estrategia el Estado se propone consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a la primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de género. Esta estrategia se articula con otras políticas y estrategias, como las Estrategias de Erradicación de la Pobreza, Acción Nutrición, Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente (ENIPLA), Prevención de la Violencia y Desarrollo Rural

En 2017 se aprueba el Programa “Misión Ternura” con el que se constituye una línea de acción dentro del Plan “Toda una Vida”. Su objetivo es garantizar el desarrollo integral de niñas y niños menores de 5 años y mujeres gestantes. La misma impulsa acciones para el mejoramiento de los mecanismos de coordinación entre los actores institucionales que proveen servicios para la primera infancia. La Secretaría Técnica del Plan “Toda una Vida” es responsable de coordinar la operativización del programa “Misión Ternura” en el territorio nacional. Su propósito es garantizar que los servicios que ofrecen el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, la Secretaría del Agua y los gobiernos autónomos descentralizados lleguen a las mujeres gestantes y a los niños y niñas pequeños.

La oferta de educación inicial es llevada adelante por el Ministerio de Educación. La Ley Orgánica de educación intercultural (LOEI), sancionada en 2011 y reglamentada en 2012 (con modificaciones en 2015, a través del Decreto N° 811), establece al nivel inicial como el primer nivel del sistema nacional de educación. El nivel inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de las capacidades cognitivas, afectivas, psicomotrices, sociales, identitarias, que conducen hacia una mayor autonomía y pertenencia a la comunidad de los niños y niñas desde los 3 hasta los 5 años. La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento y hasta los 3 años, es responsabilidad principal de la familia. A partir de los 3 años, el Estado tiene la obligación de ofrecer educación a las niñas y niños pequeños.

 
 

3.2. Intervenciones

Una aproximación hacia las formas en que los distintos Estados de la región están avanzando hacia la implementación de Sistemas Integrales de Protección de Derechos implica hacer foco en todas las acciones que están direccionadas hacia la primera infancia. La matriz de análisis que emerge del estudio de la política actual para primera infancia en América Latina se compone de los distintos núcleos de intervención en los cuales los Estados concentran la mayor parte de la actividad estatal orientada a niñas y niños en sus primeros años de vida. Pero el análisis de las políticas de primera infancia en la región permite también identificar momentos en los cuales se distribuyen y se articulan las intervenciones a lo largo del tramo que conforma la etapa del ciclo vital. A continuación, se ampliarán estos dos componentes de la matriz utilizada para el análisis de la política para la primera infancia en la región.

Los núcleos de intervención que emergen del análisis de la política de primera infancia son: salud, cuidado y educación, y restitución de derechos vulnerados. En la actualidad, la agenda de la primera infancia reconoce y dialoga con estos tres grandes flujos de acción donde se concentra mayor actividad estatal.

El primer núcleo, en el cual se concentra una parte importante de la actividad estatal y es el que más historia tiene, hace foco en la atención de salud de las embarazadas, los niños y las niñas. El actor institucional central es el sistema de salud. Un rasgo importante es su pretensión de universalidad. Hoy por hoy, se registra un consenso muy fuerte en torno a que todas las mujeres gestantes, los niños y niñas tienen que tener garantizado el acceso oportuno a servicios de salud de calidad. Desde el momento de la gestación se despliegan un conjunto de intervenciones que se extienden a lo largo del ciclo vital del niño y la niña. Durante el primer año de vida, estas acciones se intensifican considerablemente y se centran básicamente en el seguimiento y control de la salud, estado nutricional y prevención de enfermedades. Estas prestaciones se desarrollan en los distintos dispositivos sanitarios de los tres niveles de atención que trabajan de manera articulada, que se organizan según los problemas de salud que resuelven y no por las prestaciones que estos brindan. Aquí se observa cómo los distintos dispositivos de salud despliegan sus capacidades en el territorio y atienden las dimensiones del desarrollo biofísico y nutricional –al igual que las vulnerabilidades asociadas a la gestación y al parto– como la alimentación, la lactancia, la salud mental y los cuidados fundamentales.

El segundo núcleo en que se concentra la actividad estatal, con una historia aún más reciente, la constituyen los esfuerzos para garantizar la atención, el cuidado y la educación en la infancia. En particular, en el desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, emocionales, y sociales de niños y niñas pequeños; en las habilidades parentales de las madres, padres y cuidadores directos; y en el alivio de la carga de cuidado que enfrentan las familias durante la etapa de crianza. En este flujo participan una variedad de actores institucionales y profesionales de diversas disciplinas. Es una vertiente que, al igual que la anterior, acumula una intensa experiencia de territorialización de acciones, trabajo en contextos diversos, en donde el sector de salud también tiene una presencia muy importante.

Las acciones orientadas a la protección y cuidado de la infancia se nutren de un conjunto diverso de instrumentos de políticas. A través de talleres en espacios públicos (jardines, escuelas, centros comunitarios) o visitas domiciliarias, se busca acompañar a las familias y fortalecerlas en sus habilidades parentales. Estos espacios constituyen instancias en las que se problematizan distintas dimensiones de la crianza, a la par que funciona como nexo para la articulación de otros servicios públicos. Otro tipo de intervenciones que hacen foco en el desarrollo de capacidades se basa en la atención institucionalizada de niños y niñas. Se trata de espacios en donde las familias dejan a sus hijos al cuidado de otros adultos durante un tiempo previamente establecido. Consiste en una oferta variada de servicios que atiende de forma directa a los niños y niñas, cuyas modalidades son diversas: centros de desarrollo infantil, hogares para niños sin cuidados parentales, espacios comunitarios, que por lo general dependen del Ministerio de Desarrollo Social o algún área semejante a nivel provincial o municipal. Muchos de estos servicios nacieron como experiencias comunitarias de cuidado en contextos en donde el Estado se encontraba ausente. En gran medida porque estos servicios no solo brindan atención directa a los niños y niñas, sino que también permiten aliviar la carga de cuidado que enfrentan las familias liberando tiempo para que los adultos puedan trabajar fuera del hogar. Esta es una de las razones por las cuales el debate en torno a estos servicios atraviesa y articula la agenda de la primera infancia con la agenda de los cuidados impulsada por los movimientos de mujeres. Un rasgo común de esta oferta de servicios es que, en contraste con la primera vertiente relacionada con la atención de la salud, estas focalizan en los sectores más vulnerables. Es una red de servicios focalizada y presenta variaciones respecto de la calidad, la pertinencia del servicio que brindan, y la supervisión y apoyo que reciben por parte del Estado.

En este foco también confluyen los servicios educativos correspondientes al nivel inicial. El actor institucional que ofrece y garantiza el servicio es el Ministerio de Educación u organismos análogos. Aquí lo que se observa es la pretensión de universalizar el nivel inicial a edades más tempranas, que en la actualidad, establece la obligatoriedad en la mayoría de los países a la edad de 4 y 5 años. 

Por último, se identificó un tercer núcleo de intervenciones, que se orientan a la restitución de derechos vulnerados. Se caracteriza por ser intensivo en recursos normativos, donde el poder judicial tiene una presencia importante, pero en la que también participan otras áreas del Estado, como los organismos del sistema de seguridad social y los ministerios de desarrollo social. Algunos de los focos de intervención más relevantes son la prevención y la asistencia a los niños y niñas víctimas de trata o explotación sexual y de los niños y niñas víctimas de otros tipos de violencia. Otro foco de intervención es la restitución del derecho de los niños y niñas que no cuentan con cuidados parentales a crecer en un entorno familiar.

Se incluyen aquí acciones orientadas a restituir uno de los derechos más vulnerados en nuestra región: el derecho de los niños y niñas a crecer en familias que cuenten con un flujo de ingresos constante, suficiente y protegido. Los instrumentos de política que se utilizan con más frecuencia son la transferencia de bienes y de recursos financieros a las familias, o el acceso gratuito o preferencial a alimentos.

Por otro lado, como se mencionó, a partir del análisis de las políticas de primera infancia, se constata que los países tienden a distinguir momentos según la etapa del ciclo vital. Y en cada uno de ellos, varían la participación de los actores institucionales, los modos de intervención y los instrumentos de política que se utilizan en cada etapa. Al hacer foco en las prestaciones, es decir, en los bienes, servicios y transferencias, se observa que éstas se distribuyen y articulan a lo largo del tramo que conforma a esta etapa del ciclo vital, y que se atiende en forma simultánea a las distintas dimensiones que impulsan el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas durante este periodo en particular. Estos momentos en los que se segmentan son:

Momento pregestacional

Los Estados desarrollan acciones orientadas a ampliar las oportunidades de inclusión social de las mujeres y varones jóvenes a través de, fundamentalmente, la culminación del tramo de escolarización obligatoria, talleres para la promoción de la maternidad y paternidad responsable, y de la salud sexual y reproductiva.

Momento gestacional

La actividad estatal se concentra intensamente en garantizar el derecho a la salud de las embarazadas y de los niños y niñas por nacer. En situaciones adversas –distancia geográfica, por ejemplo– se desarrollan acciones orientadas a garantizar el parto institucionalizado. A través de transferencias monetarias se busca atender oportunamente situaciones de vulnerabilidad social. Las consejerías estructuradas interdisciplinarias asisten a las mujeres en conflicto con la maternidad. En paralelo, los talleres y consejerías orientadas a las mujeres gestantes, sus parejas y/o acompañantes buscan fortalecer y desarrollar habilidades para la crianza.

Parto y puerperio

La prevención y control de la salud, y la captación temprana de enfermedades en las madres y los niños o niñas recién nacidos, así como el registro de su identidad son objetivos destacados entre las intervenciones que desarrollan los Estados durante el parto y el puerperio. Por ello, garantizar que el nacimiento ocurra en establecimientos de salud atendido por profesionales capacitados en el abordaje humanizado del parto es central. La atención de las vulnerabilidades sociales, emocionales y el desarrollo de habilidades para la crianza que se iniciaron en etapas previas, continúan. Las licencias parentales constituyen una de las formas en que los Estados protegen el derecho de los niños y niñas a recibir cuidados sin que esto implique resignar ingresos.

Primer año de vida

En esta etapa, a la cadena prestacional se adicionan servicios para la atención de la salud, el cuidado directo y la educación institucionalizada de los niños y niñas. Uno de los objetivos explicitados de estos servicios es facilitar la participación de las madres en actividades que generan ingresos. En casos de abandono, violencia, negligencia u otras formas graves de vulneración de derechos, la restitución del derecho de los niños y niñas a vivir en entornos familiares se transforma en una prioridad.

De 45 días a 4 años e ingreso a educación obligatoria

Este momento, que se solapa con el anterior, se identifica por la centralidad que gradualmente adquiere el componente educativo dentro de los servicios AEPI. En gran parte de los países de la región, los Estados comienzan a ofrecer educación escolarizada. Entre los 3 y 5 años, se establece el inicio del tramo obligatorio de escolarización que culmina entre los 14 y 17 años según el país.

Más allá de las intervenciones que se definen, en cada momento hay estrategias nacionales que abarcan la atención integral de la primera infancia. En estos países se enfatiza que el acceso de las familias a un flujo constante de ingresos, al trabajo decente, a una vivienda adecuada y a servicios básicos de saneamiento constituyen derechos irrenunciables para garantizar e igualar las oportunidades de niños y niñas a desarrollar todo su potencial. El entramado normativo orientado a regular el vínculo entre los niños y los adultos para, por ejemplo, prevenir y penalizar el uso de la violencia como forma de disciplinamiento al interior de las familias o en las escuelas, es otra de las instancias cruciales que sostienen la conformación de un Sistema Integral para la Protección de los Derechos de la Primera Infancia.

A continuación, se presenta un conjunto relevante –pero no exhaustivo– de acciones que dan cuenta de los avances realizados en Argentina para dotar de integralidad a la política para la primera infancia y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas pequeños. Las mismas se presentan agrupadas por núcleos de intervención según los momentos del ciclo vital.

 

 

3.3. Evaluación y monitoreo

Se registran diversos avances en la construcción de sistemas de información y evaluación de la política pública para la primera infancia. Muchos países ponen a disposición datos estadísticos e investigaciones, generalmente evaluaciones de impacto de algunos componentes puntuales de sus políticas, memorias, informes de auditoría, estudios sobre temas específicos, solicitados a universidades y organismos nacionales y extranjeros, a través de los cuales cubren, en parte, la demanda de información para el análisis de la situación de la primera infancia y de los esfuerzos que realizan los Estados para garantizar el cumplimiento efectivo de sus derechos.

A continuación, se presenta un conjunto breve de acciones orientadas a fortalecer las decisiones del Estado y su capacidad para sostener la política pública de la primera infancia. Se hace foco en las intervenciones públicas dirigidas a monitorear el diseño e implementación de la política y la ampliación de la participación ciudadana.

4. Agenda actual de la Primera Infancia

A partir de la ratificación de la CDN –hace casi tres décadas– Ecuador ha demostrado amplios esfuerzos por armonizar los principios propuestos por la Convención en su ordenamiento jurídico interno, su institucionalidad y acciones programáticas. En este sentido, la agenda actual de la primera infancia constituye un diálogo permanente de estas tres dimensiones para dotar de integralidad la política pública orientada a las niñas y niños pequeños.

Comparando la situación del país con el promedio regional para cada indicador, Ecuador se caracteriza por presentar una baja proporción de población indígena (7%), así como un menor porcentaje relativo de población urbana (66%). Respecto a los indicadores económicos, el PIB per cápita es algo menor que el de los países de ingreso medio en la región. El porcentaje de individuos en situación de pobreza es un tanto inferior que en el resto de América Latina (29%), a la vez que el gasto social en porcentaje del PIB es menor a la tendencia general (9,3%). Los indicadores de salud, en términos generales, muestran una performance promedio para Ecuador, mostrándose avances en la tasa de mortalidad materna, neonatal, infantil y de niños menores de 5 años, pero presentando desafíos aún respecto a la fecundidad adolescente y la cobertura de atención prenatal. Los indicadores educativos de la primera infancia muestran a Ecuador como un país de desempeño cercano al promedio, alcanzando una tasa de escolarización para niños de 5 años del 88,3%.

Ecuador ha demostrado avances en el cumplimiento de compromisos asumidos por la CDN. Ha diseñado e implementado diversos instrumentos de política pública con el objetivo de definir los lineamientos y principales líneas de acción de la política de la primera infancia. Asimismo, ha impulsado un conjunto robusto de intervenciones que se despliegan en los distintos momentos del ciclo vital del niño, la niña y gestante. Algunas de estas acciones intervienen en ciertos momentos del ciclo vital, mientras que otras acompañan al niño y la niña en toda su trayectoria hasta el ingreso a la escuela primaria. Finalmente, también se registran acciones orientadas a monitorear y evaluar la eficiencia de la política pública de la primera infancia. Entre ellas, el Sistema Nacional de Información que provee información sustantiva sobre distintos indicadores básicos que hacen al desarrollo infantil.

 

  Finalmente, el principal desafío que prevalece en América Latina es la alta desigualdad social de carácter estructural que prima en todos los países. Una desigualdad social elevada genera condiciones extremadamente desfavorables para efectivizar los derechos de la primera infancia. La carencia persistente de ingresos se encuentra sobrerrepresentada en los grupos sociales históricamente rezagados –población indígena, afrodescendiente, migrante, que residen en áreas rurales, entre otros– y se inscribe frecuentemente en procesos históricos de acumulación intergeneracional de desventajas sociales que generan condiciones que no contribuyen en la apropiación de los beneficios potenciales que supone acceder a los bienes y servicios públicos. El beneficio social se diluye si no se resuelve la base estructural de redistribución social de la riqueza. Promover una mayor igualdad social implica no sólo impulsar un crecimiento y desarrollo sostenible sobre bases más sólidas, sino también contribuir a la realización de los derechos sociales, económicos y culturales de las personas durante todo su ciclo vital.  

 

 

5. Notas al pie

[1] La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional al que más países han adherido: en total 193, incluidos los 19 latinoamericanos, lo han ratificado. Constituye el primer tratado internacional de derechos humanos que sitúa a los niños y niñas como sus titulares directos. Desde el momento de su ratificación, los Estados asumen la obligación de garantizar los principios y derechos contenidos en el instrumento jurídico.

 

[2] Después de la aprobación de un tratado de derechos humanos se suelen añadir “protocolos facultativos”, que son mecanismos jurídicos que complementan y añaden provisiones al tratado. Un protocolo es “facultativo” porque no vincula automáticamente a los Estados que ya han ratificado el tratado original. Estas obligaciones en el protocolo son adicionales y pueden ser más exigentes que las que aparecían en la Convención original, por lo que los Estados deben escoger de manera independiente si quieren vincularse o no al protocolo. Su objetivo es profundizar sobre algunas cuestiones o temas que ya existían en el tratado original, abordar una preocupación nueva o añadir algún procedimiento para su aplicación. En definitiva, amplían las obligaciones del tratado original (UNICEF).

 

[3] Los instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos se negocian entre los Estados miembros de las Naciones Unidas y son jurídicamente vinculantes para cada uno de los Estados que sean parte del instrumento. Hay dos maneras en que un Estado puede llegar a ser parte: mediante la firma y ratificación, o mediante la adhesión.

Al ratificar la Convención o un Protocolo facultativo, un Estado acepta la obligación de respetar, proteger, promover o satisfacer los derechos enumerados, incluida la adopción o el cambio de leyes y políticas que pongan en vigor las disposiciones de la Convención o Protocolo. La Convención considera que todos los derechos de la infancia tienen la misma importancia. No existe ningún derecho "menor", ni ninguna jerarquía entre los derechos humanos. Estos derechos son indivisibles y están mutuamente relacionados, y se centran en todos los aspectos del niño. Las decisiones de los gobiernos con respecto a cualquiera de los derechos deben hacerse a la luz de los otros derechos de la Convención (UNICEF).