Cuba

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Políticas y normativa

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Contenido

Fecha de actualización: abril de 2022

1. Resumen del marco normativo y estructura del sistema educativo nacional

2. Compromisos y obligaciones del Estado como garante del derecho a la educación

Cuando los Estados firman un tratado de derechos humanos, asumen la voluntad y el compromiso de crear las condiciones necesarias para transformar la situación en el sentido que allí se propone. El instrumento jurídico fija los principios de un nuevo pacto, que debieran guiar el horizonte de la política pública, dotar de sentido y legitimidad a las acciones que los Estados orienten para su cumplimiento efectivo.

En el marco del derecho, existen básicamente dos tipos de compromisos: aquellos que los Estados asumen en el ámbito internacional al ratificar instrumentos jurídicos regionales e internacionales, y los de alcance nacional, que se expresan generalmente en las leyes nacionales de educación. En el proceso de efectivización del derecho a la educación, los países avanzan en la armonización jurídica acorde a los compromisos asumidos y en la definición de un marco conceptual común desde donde interpretar las decisiones y las acciones que se lleven adelante. Es a partir del diseño y la formulación de planes, estrategias o políticas de gran alcance que los Estados direccionan y conducen las acciones orientadas a garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan y transiten la escuela, se gradúen e incorporen aprendizajes significativos.

El propósito de este documento es ofrecer información para dar cuenta de los avances de los Estados latinoamericanos en garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación.

2.1. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito internacional

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante, aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si bien los ODS no revisten obligatoriedad, las acciones que los países orienten para su implementación permiten vehiculizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.

Cuba ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), ratificada en 1962, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en el 1991, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el 2016.

2.2. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito nacional

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

En Cuba, la Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza señala que la función de la enseñanza es un deber a cargo del Estado Revolucionario, que este no debe delegar ni transferir, y que debe impartirse gratuitamente para garantizar el derecho a toda la ciudadanía a recibirla sin distinciones ni privilegios. El decreto ley 67 de 1983 establece la organización y las funciones de la administración central del Estado (que, en lo relativo al derecho a la educación, asumen el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior).

2.3. Planificación de la educación

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

En el VII Congreso del Partido Comunista, Cuba aprobó el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Propuesta de Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos. Allí señala que el país cuenta con un alto potencial humano –fruto de una política educacional y social exitosa de más de 50 años– que le permite apostar por esta vía de crecimiento. El documento establece tres objetivos generales: desarrollar el potencial humano de alta calificación y garantizar condiciones para su protección y estabilidad; elevar el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo económico y social, incluyendo el perfeccionamiento del marco institucional; promover el desarrollo, la captación y la asimilación de tecnologías de avanzada y propiciar, al mismo tiempo, la soberanía tecnológica. Para el eje “desarrollo humano, equidad y justicia”, establece como un objetivo específico elevar la calidad y el rigor del sistema de enseñanza general del país, haciendo énfasis en el desarrollo de la enseñanza técnica y profesional.

En el documento Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el periodo 2016-2021, agrega además las siguientes metas: avanzar en la informatización del sistema educativo; ampliar la oferta de círculos infantiles; incrementar la matrícula en carreras agropecuarias, pedagógicas, tecnológicas y de ciencias básicas afines; y actualizar los programas de formación e investigación en función de las necesidades de desarrollo de la actualización del Modelo Económico y Social.

3. Caracterización de la política educativa nacional

Este apartado hace foco en el conjunto de acciones que el Estado está orientando para garantizar el derecho a la educación. La caracterización de la política educativa se abordará desde tres dimensiones. En primer lugar, se describirá la estructura y el tamaño del sistema educativo. En segundo lugar, se buscará indagar y caracterizar el conjunto de intervenciones a través de las cuales se busca mantener el sistema educativo en funcionamiento. Este análisis se realizará haciendo foco en: 1) currículo y modelos de gestión institucional; 2) docentes; 3) infraestructura, tecnología y equipamiento; 4) transferencias de bienes y recursos financieros con el fin de fortalecer el sostenimiento de las trayectorias escolares. Finalmente, se buscará dar cuenta del gobierno del sistema, tanto en sus arreglos organizativos e institucionales como en el financiamiento de la política educativa, y los sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas.

3.1. Estructura del sistema educativo nacional

La Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza, emitida en 1961, establece la gratuidad de la enseñanza y asigna al Estado la responsabilidad de proveer educación a toda la población.

El sistema nacional de educación es el conjunto de estructuras, funciones, órganos, políticas, planes e instituciones que, integrados en forma de sistema, desde el Ministerio de Educación hasta los centros educacionales, tiene la responsabilidad de dirigir científicamente la educación, conscientemente organizada, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el país, para lograr el fin de la educación.

El Ministerio de Educación dirige las políticas del Estado y el gobierno para garantizar una educación de calidad desde la primera infancia hasta el nivel medio superior, en coordinación con organismos, entidades, organizaciones y familias.

Dentro del sistema educativo, se diferencia la educación en primera infancia, de nivel primario, secundaria básica, educación de nivel medio superior y educación superior. En paralelo, el subsistema de educación de personas jóvenes y adultas está organizado en tres niveles diferenciados: Educación Obrero Campesina (EOC) de nivel primario, Secundaria Obrero Campesina (SOC) de nivel medio básico, y Facultad Obrero Campesina (FOC) de nivel medio superior.

La educación de personas jóvenes y adultas genera oportunidades para superarse y capacitarse para la vida, tanto en el contexto económico y político como social, entre las que se destacan las escuelas de idiomas, los cursos especiales, los cursos preparatorios para el ingreso a la educación superior, a los que se incorpora la participación de diversos sectores de la sociedad. También incluye el trabajo con los centros penitenciarios, ya sean de la educación especial, el programa “Educa a tu Hijo” o la educación técnico profesional.

La educación especial atiende a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidades, desde 0 a 18 años y excepcionalmente hasta 21 años. Se ofrece atención por la vía institucional en círculos y escuelas especiales, así como en salones de los círculos infantiles generales. También se atiende por la vía no institucional en el programa “Educa a tu Hijo”, en aulas hospitalarias y en atención ambulatoria.

Las escuelas especiales tienen un carácter transitorio, los estudiantes permanecen en ellas hasta tanto logran un nivel de desarrollo de sus habilidades que les posibilite su inclusión en los contextos regulares o su integración a la vida social y laboral.

a. Educación en la primera infancia

La educación en primera infancia atiende a niños y niñas entre 0 a 6 años, con el objetivo de lograr el máximo desarrollo integral posible desde el nacimiento hasta dicha edad. Se organiza en dos modalidades de atención educativa: institucional (círculos infantiles y aulas de preescolar de las escuelas primarias) y no institucional (a través del programa Educa a tu Hijo). Dentro de la modalidad institucional están concebidos los círculos infantiles especiales, destinados a niños y niñas que requieren atención a sus necesidades educativas.

En círculos infantiles mixtos y hogares para niños sin amparo familiar, son acogidos niños y niñas cuyas familias por diversas causas no pueden asegurar de manera temporal o definitiva la protección de su descendencia.

b. Educación primaria

La educación primaria está destinada a niños y niñas de 6 a 11 años. Es obligatoria. Tiene una duración de seis años, distribuidos en dos ciclos: de primero a cuarto grado y de quinto a sexto grado. Se ofrece educación primaria en modalidad regular, multigrado, en la Escuela Vocacional de Arte, la Escuela Integral de Deporte Escolar y el Centro Nacional de Alto Rendimiento.

El Ministerio de Educación elabora los programas de estudio, temas principales del currículo escolar, objetivos, breves orientaciones al docente y distribución de horas de clase.

c. Secundaria básica y preuniversitaria

La educación secundaria básica es el tramo educativo posterior al nivel primario, destinado a la formación de adolescentes de 12 a 14 años. Es obligatoria. Se ofrece en las escuelas secundarias básicas urbanas (ESBU) y en las escuelas secundarias básicas en el campo (ESBEC). Las ESBEC funcionan con régimen de estudiantes internos, semi-internos y externos. Se ofrece educación secundaria básica en escuelas vocacionales de arte (EVA) y en las escuelas de iniciación deportiva (EIDE).

La educación preuniversitaria está orientada a la formación de adolescentes de 15 a 17 años. Su propósito es contribuir a la formación general e integral de los bachilleres y facilitar la continuidad hacia estudios superiores en carreras priorizadas territorialmente. Se ofrece educación preuniversitaria en institutos preuniversitarios vocacionales de ciencias exactas (IPVCE), en las escuelas vocacionales Camilo Cienfuegos, en el Instituto Preuniversitario Vocacional Hermanos Martínez Tamayo, en el Instituto Preuniversitario Rural y en institutos preuniversitarios urbanos.

El Ministerio de Educación elabora los programas de estudio de la secundaria básica y los correspondientes al nivel preuniversitario.

d. Educación técnico profesional

La educación técnico profesional está orientada a la formación inicial y continua de la fuerza de trabajo calificada de nivel medio, así como a la capacitación de la población, a través de la integración institución educativa y entidad laboral, como elemento dinamizador del desarrollo económico y social del país.

La educación técnico profesional forma la fuerza de trabajo calificada en 106 especialidades; 58 de técnicos medios y 48 orientadas a la formación de obreros calificados. El currículo en la educación técnico profesional se estructura en 103 especialidades, que agrupan 1.327 asignaturas en técnico medio y 491 en obrero calificado, distribuidas en formación profesional general, básica y específica; aproximadamente el 37% corresponde a la formación general y el 63% a la formación básica y específica, pudiendo variar en correspondencia con las características de cada especialidad.

e. Educación superior

La educación superior constituye un tramo educativo posterior a la educación preuniversitaria superior. Expide títulos intermedios, de grado académico, maestrías, especializaciones y doctorados. El Ministerio de Educación Superior es el organismo encargado de dirigir, proponer, ejecutar y supervisar la política educativa de nivel superior.

f. Subsistemas de educación en el sistema educativo cubano

Educación de jóvenes y adultos

Tiene como finalidad contribuir a que la población joven y adulta de los distintos sectores de la sociedad reciba la base de conocimientos necesarios y desarrolle habilidades, hábitos y competencias que le permitan la continuidad de estudios, su capacitación o superación profesional, tanto en la educación regular, como en la no formal y la informal.

Está estructurada de la siguiente forma.

La Educación Obrera Campesina (EOC) constituye la enseñanza elemental para personas adultas y proporciona a sus egresados un nivel escolar equivalente en lo fundamental al sexto grado (CINE 1). Tiene carácter preparatorio para la continuación de estudios en Secundaria Obrera y Campesina.

La Secundaria Obrera y Campesina (SOC) es la educación media básica para personas adultas. Proporciona a sus egresados un nivel escolar equivalente en lo fundamental al noveno grado (CINE 2). Sienta las bases para la continuación de los estudios en Facultad Obrera y Campesina, en centros politécnicos y cursos de capacitación de los organismos.

La Facultad Obrera y Campesina (FOC) constituye el nivel medio superior para personas adultas. Proporciona a sus egresados un nivel escolar equivalente en lo fundamental al duodécimo grado (CINE 3). Ofrece la preparación más amplia de la persona adulta para su vida y una base para su calificación técnica y para el ingreso a la educación superior, de acuerdo con los requisitos que se establezcan.

Las Escuelas de Idiomas (EI) proporcionan los conocimientos y desarrollan las habilidades necesarias para la utilización práctica de una lengua extranjera, con el fin de comunicarse oralmente y obtener información mediante la lectura de la bibliografía publicada en esa lengua.

Formación pedagógica de nivel medio superior

La formación pedagógica de nivel medio superior es un subsistema con especialidades para la formación de docentes, que se imparte en las escuelas pedagógicas y en centros politécnicos para la formación de docentes de la Enseñanza Técnico Profesional. En las escuelas pedagógicas, se forman docentes de primaria, educación especial, educadores de círculos infantiles, instructores de arte, secundaria básica, y técnica y profesional. En los centros politécnicos para la formación de docentes se estudian las siguientes ramas: eléctrica, construcción, informática, agropecuaria, economía, servicios e industria ligera y artesanía.

Además de los aspectos estructurales, una parte de la caracterización de la política educativa consiste en el dimensionamiento del tamaño del sistema educativo. Según los datos del Anuario Estadístico de Cuba 2019 del Ministerio de Educación, Cuba contaba para ese año con un total de 10.626 establecimientos educativos. Del nivel inicial, 1.085 corresponden a círculos infantiles; 6.921, al nivel primario; 1.736, a la educación media (994 básica, 299 preuniversitaria, 414 técnica profesional y 29 formación personal pedagógico); 447, a la educación de personas adultas; 341 a la educación especial; 37 a escuelas de arte; 18 a escuelas de deporte; y 41, a la educación superior.

Sobre la cantidad de estudiantes, se registró en 2019 un total de 2.018.986. La distribución según el nivel educativo fue la siguiente: 134.914 preescolar en círculos infantiles y 95.252 preescolar en escuela primaria; 721.647 primaria; 670.382 media (314.048 educación básica, 133.892 preuniversitario, 193.916 técnico profesional, y 28.526 escuelas pedagógicas); 104.216 personas adultas; 33.639 especial; 1.589 correspondiente al curso lengua española, historia y matemática; y 257.347 nivel superior.

Entre el personal docente se registra un total de 295.060. Según el nivel educativo, la distribución es la siguiente: 20.549 círculos infantiles; 8.686 preescolar; 106.454 primaria; 81.354 media (36.736 educación básica, 15.200 preuniversitario, 26.360 técnico profesional, y 3.058 escuelas pedagógicas); 2.369 escuelas de arte; 3.239 escuelas de deporte; 4.221 personas adultas; 14.129 especial; y 54.059 nivel superior.

3.2. Política educativa nacional

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y culminación del tramo escolar de los estudiantes, dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran –al menos– en cuatro focos.

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos.

• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.

• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

Actualmente Cuba está llevando adelante el Tercer Perfeccionamiento del Sistema de Educación, con el objetivo de flexibilizar y contextualizar los estilos de dirección, el currículo y el trabajo de las instituciones y modalidades educativas. Entre sus objetivos relacionados al currículo y modelos de gestión, se destaca elevar la calidad del proceso educativo entre docentes y estudiantes. A las modalidades regulares del servicio educativo (educación preescolar, primaria, secundaria básica, preuniversitaria, educación para personas jóvenes y adultas, técnico profesional y educación superior), se le suman las modalidades flexibles a través de las cuales se busca garantizar el derecho a la educación. El Programa Educa a tu Hijo –reconocido mundialmente– es la oferta educativa para niños y niñas de hasta 5 años, a través de distintas modalidades de atención (talleres, capacitaciones, visitas domiciliarias). Se suman otras modalidades educativas como la hospitalaria y ambulatoria. Se destacan, también, los esfuerzos por garantizar la educación sexual y el programa educativo para prevenir el consumo de drogas.

En el marco de la Política Integral para el Perfeccionamiento de la Informatización, Cuba puso en agenda el tema de las tecnologías de la información, las comunicaciones y la automatización para que contribuyan a una activa participación ciudadana, a la elevación del conocimiento, el nivel y calidad de vida; a la innovación, al perfeccionamiento del Estado, al desempeño de la economía nacional y de la esfera social. En este sentido, en referencia al foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología, ha impulsado diversas acciones tendientes a fortalecer la conectividad y el equipamiento digital de escuelas y estudiantes, y la digitalización de la información. Se destacan los programas TV Educativa MINED, CubaEduca, la Red Informática del Ministerio de Educación (RIMED) y la elaboración de recursos informáticos para el aprendizaje.

En relación con el foco de intervención docentes, se observa que la introducción de nuevas tecnologías al aula o la implementación de nuevos formatos o modelos educativos implican en simultáneo acciones de fortalecimiento de las capacidades docentes. Ejemplo de ello es el Tercer Perfeccionamiento del Sistema de Educación, mediante el cual el Ministerio está llevando adelante talleres y capacitaciones.

En el ámbito del foco de fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las políticas de fortalecimiento de la demanda educativa, en consonancia con el modelo económico y social de Cuba, constituyen la política regular del Estado. Las elevadas tasas de acceso, permanencia y culminación de las trayectorias escolares evidencian la prioridad que le otorga el Estado a la universalización de la educación, y la calidad de los servicios y las prestaciones a la población.

3.2.1 Política educativa durante la pandemia

Los cuatro focos de intervención se vieron tensionados por las circunstancias excepcionales de la pandemia COVID-19 y el diseño de estrategias de respuesta que permitieran sostener el derecho a la educación y la continuidad pedagógica de niñas, niños y adolescentes. Si bien las estrategias en cada país fueron diferentes, es posible identificar dos grandes momentos en su desarrollo y ubicar –dentro de ellos políticas– programas, acciones e iniciativas nacionales. Estos momentos son: a) suspensión de la presencialidad y continuidad pedagógica; y b) retorno a la presencialidad.

Las políticas educativas que se impulsaron durante la etapa conocida como “suspensión de la presencialidad y continuidad pedagógica” hicieron hincapié en el foco de intervención: currículo y modelos de gestión. Este se promovió a través de: adaptaciones curriculares en el curso escolar, aplicaciones y plataformas multimedia (Mi clase Tv, MochiMente y CubaEduca) y teleclases.

En la etapa llamada “retorno a la presencialidad” se priorizó el foco de intervención currículo y modelos de gestión, a través de la publicación en la página del Ministerio de Educación de los libros de texto y el establecimiento del calendario escolar 2021-2022 para todos los niveles educativos.

3.3. El gobierno del sistema educativo

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo a la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

La organización y el funcionamiento de la estructura general de la Administración Central del Estado son aprobados por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, máximo organismo administrativo y ejecutivo. La estructura y organización de los ministerios está determinada por el decreto ley 67/1983 (modificado en 2014). Allí se establece que el Ministerio de Educación es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y del gobierno en la actividad educacional, a excepción de la educación superior. El Ministerio de Educación Superior es el organismo responsable de la política del Estado y del gobierno en cuanto al nivel superior.

El Ministerio de Educación se compone por su aparato central, las direcciones provinciales de educación y las direcciones municipales de educación. Como unidades subordinadas o adscriptas: el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, el Centro de Documentación e Información Pedagógica y la empresa de Intercambio Científico Educacional (ICE).

El nivel central tiene las atribuciones de establecer y dar seguimiento a los planes de estudio; definir objetivos, tipos y especialidades de los centros docentes y otras instituciones educacionales que corresponden a los distintos subsistemas de educación; establecer, asesorar y controlar la aplicación de las disposiciones legales y metodológicas que rigen el proceso docente educativo de los niveles y tipos de educación; aprobar los planes de estudio de centros docentes subordinados a otros organismos del Estado; dirigir y controlar el proceso de formación del personal pedagógico; controlar, orientar y supervisar el perfeccionamiento de las estructuras y plantillas en los niveles de dirección de provincias, municipios, centros docentes, institutos superiores pedagógicos, unidades presupuestadas y empresas de subordinación nacional; aprobar la creación, la cesión, la fusión, el traslado y el cierre de centros docentes y de locales escolares; y establecer, coordinar, promover y realizar planes dirigidos a la educación de padres y madres, y actividades educativas con la comunidad. Se organiza internamente en distintas áreas e instancias de dirección, coordinación y ejecución, que cumplen funciones específicas respecto al diseño, la implementación y el seguimiento de la política educativa.

Las direcciones provinciales de educación son los órganos que dirigen, organizan, administran y supervisan los servicios educativos, excepto del nivel superior, en sus respectivas provincias. Se subordinan directamente en lo normativo metodológico al Ministerio de Educación y en lo económico administrativo a la correspondiente asamblea provincial del poder popular. Constituyen el eslabón intermedio entre el aparato central y las direcciones municipales de educación.

Las direcciones municipales de educación son los órganos que dirigen, organizan, administran y supervisan los servicios educacionales, excepto del nivel superior, en su jurisdicción. Se subordinan directamente en lo normativo metodológico a la dirección provincial de educación y en lo económico administrativo a la correspondiente asamblea municipal del poder popular.

El Instituto Central de Ciencias Pedagógicas es una entidad de ciencia, tecnología e innovación adscrita al Ministerio de Educación. Tiene el objetivo de proponer, dirigir y ejecutar proyectos de investigación encaminados al perfeccionamiento continuo y transformación del sistema nacional de educación y a la elevación de su calidad, así como contribuir a la formación científica y académica de directivos y docentes.

El Centro de Documentación e Información Pedagógica es el encargado de seleccionar, adquirir, procesar, almacenar y hacer accesibles a sus usuarios todos los documentos y materiales audiovisuales y tecnológicos relacionados con la educación, la pedagogía y otras ciencias afines, con el objetivo de ofrecer la información especializada a todos los niveles de enseñanza en el territorio.

La empresa de Intercambio Científico Educacional (ICE), adscripta al Ministerio de Educación, coordina las acciones de intercambio académico entre educadores cubanos y estudiantes de cualquier parte del mundo. Potencia la exportación de servicios educativos, caracterizados por las buenas prácticas de la pedagogía cubana, basadas en los principios del humanismo. Entre sus productos se destacan las asesorías a procesos de alfabetización y posalfabetización, como el programa de alfabetización Yo Sí Puedo o el programa Educa a tu Hijo.

El Ministerio de Educación Superior está integrado por el órgano central, que tiene a su cargo la dirección normativa y metodológica y la ejecución de la política del Estado y del gobierno en ese ámbito, y por universidades, entidades de ciencia, tecnología e innovación, y empresas.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

Cuba es un país de gobierno unitario, con un sistema de financiamiento educativo centralizado. Las normativas que regulan y disponen sobre el financiamiento de la política educativa son la Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza y la Ley No 130, que dispone el presupuesto de 2020.

El financiamiento del sistema educativo cubano se caracteriza por un modelo de asignación de recursos desde el lado de la oferta. Según los datos de CEPAL para 2019, el gasto educativo cubano representa el 8,3% del porcentaje del PIB. Los gastos en educación, tanto corrientes como de inversión, provienen de los fondos asignados en el presupuesto del Estado, aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) es el organismo rector del Sistema Nacional Estadístico, el cual comprende tres subsistemas: el Sistema de Información Estadística Nacional (SIEN), el Sistema de Información Estadística Territorial (SIET) y el Sistema de Información Estadística Complementaria (SIEC).

EL SIEN produce y analiza las estadísticas destinadas a satisfacer las necesidades informativas del Estado y del gobierno a los efectos de conocer el comportamiento de los procesos económicos, demográficos y sociales, especialmente para el control del plan de la economía nacional y del presupuesto, los compromisos estadísticos internacionales, la población y otras instituciones.

El SIEC elabora y analiza indicadores estadísticos destinados a satisfacer las necesidades informativas de los órganos, organismos e instituciones estatales a los efectos del control administrativo de sus entidades, por lo que este sistema está integrado por los subsistemas correspondientes a los diferentes órganos, organismos e instituciones estatales y son estos los responsables de la organización y el funcionamiento de sus respectivos sistemas complementarios.

La Oficina Nacional de Estadística e Información publicó el Anuario Estadístico 2019, que presenta la información estadística de la educación de Cuba y cuyas fuentes informativas utilizadas son el Sistema Estadístico Nacional y el Sistema Estadístico Complementario del Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior.

Haciendo foco en las evaluaciones de aprendizajes y competencias de los estudiantes, se destaca la participación de Cuba en las evaluaciones llevadas adelante por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). En ellas se evalúan los logros de aprendizajes de lectura y matemática de los estudiantes de tercero y cuarto de primaria, y posteriormente sexto grado, al que se le agregó ciencias medioambientales como campo de conocimiento evaluado. Entre las evaluaciones en las que ha participado el país: PERCE, en 1997; SERCE, en 2006; y ERCE, en 2019, todas del LLECE.

Finalmente, en relación con el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, Cuba presentó en 2021 el Informe Nacional Voluntario Cuba 2021. Allí da cuenta, para cada uno de los objetivos, de los esfuerzos realizados por el Estado para garantizar su cumplimiento.

 

4. Desafíos de la política educativa

A lo largo de este documento se intentó mostrar los avances a partir de los compromisos asumidos, haciendo foco en el conjunto de acciones que el país llevó adelante y los resultados de estos esfuerzos.

Desde la firma y ratificación de los distintos instrumentos jurídicos internacionales, Cuba asumió el compromiso y la obligación de garantizar el derecho a la educación. Gradualmente fue armonizando su cuerpo normativo y sus acciones programáticas según los principios previstos en los textos jurídicos.

En su plan de desarrollo, Cuba se propone seguir consolidando el sistema educativo. Su política en este ámbito se traduce en altos niveles de escolarización y calidad educativa. Estos resultados le permiten la apuesta por el talento humano como vía de crecimiento. Entre sus objetivos se destaca elevar la calidad y el rigor del sistema de enseñanza general del país, haciendo énfasis en el desarrollo de la enseñanza técnica y profesional. En simultáneo, se propone la movilización de recursos para fortalecer la expansión y cobertura de tecnología, el equipamiento y la infraestructura digital, con el fin de avanzar hacia la informatización de la sociedad. A pesar de los logros educativos, Cuba presenta altos niveles de fluctuación de la fuerza de trabajo que muchas veces se traducen en la migración de jóvenes profesionales. En este sentido, uno de sus objetivos principales, a la par de expandir el desarrollo y captar y asimilar tecnología, es garantizar condiciones para la protección y estabilidad laboral de sus talentos humanos con alta calificación.

Según los datos del Anuario Estadístico 2019, Cuba presenta tasas de asistencia prácticamente universalizadas en la primera infancia, primaria, educación especial y secundaria básica, mostrando resultados entre un 99,4% a 99,8%. Los menores resultados los presenta el nivel preuniversitario (media superior) con 87%. La paridad de género es equivalente a 1, lo que muestra un acceso y tránsito por el sistema educativo equitativo. Debido a los altos indicadores educativos, una de las preocupaciones de Cuba consiste en alinear la oferta educativa a los objetivos de desarrollo del Estado y gobierno. En este sentido, se propone lograr que las matrículas en las diferentes especialidades y carreras estén en correspondencia con el desarrollo de la economía y la sociedad. En virtud de ello, proyecta incrementar la matrícula en carreras agropecuarias, pedagógicas, tecnológicas y de ciencias básicas afines (Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021).

Finalmente, es importante señalar que, como en todos los países de la región, Cuba enfrenta los desafíos emergentes de la pandemia por COVID-19, en particular en lo que hace al sostenimiento de las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes y a la reincorporación de quienes discontinuaron o interrumpieron su escolarización. Si bien la pandemia ha agudizado desigualdades sociales y problemas sistémicos preexistentes, a la par ofrece una oportunidad: repensar y transformar los sistemas educativos nacionales para hacerlos más equitativos e inclusivos, teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas y pedagógicas, el compromiso de las comunidades educativas y los esfuerzos realizados en este período sin precedentes. De este modo, contribuirá al compromiso colectivo asumido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

 

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Fecha de actualización: diciembre de 2021

1. Información de contexto

La República de Cuba es un archipiélago constituido por la isla mayor de las Antillas llamada Cuba, la Isla de la Juventud y 4195 cayos, islotes e islas. Cuba está ubicada en el mar Caribe, a la entrada del Golfo de México. Cuenta con una superficie total de 109.884 km2 (incluyendo los cayos adyacentes). Se divide en 15 provincias, 168 municipios y un municipio especial (la Isla de la Juventud). El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el Gobierno de la República, actualmente presidido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los consejos de Estado y de Ministros.

Acceso a la tabla "Principales indicadores del país y promedio regional."

 

2. Cuba frente a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

Cuba suscribió a la CDN¹ el 26 de enero de 1990. El 21 de agosto de 1991 la ratificó ante la Secretaría de Naciones Unidas, entrando en vigor el 20 de septiembre de ese mismo año. A nivel interno aprueba la CDN y le otorga rango legal dentro de su ordenamiento jurídico.

La CDN cuenta con tres Protocolos facultativos específicos que la amplían². El primer protocolo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, y el segundo sobre la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía se suscriben el 13 de octubre de 2000, y ratifican en el 2001 y 2007 respectivamente ante la Secretaría de la ONU. El tercer y más reciente protocolo relativo a la aceptación del procedimiento de comunicaciones, en particular, el procedimiento de comunicaciones individuales, y el establecido en el artículo 13 del mismo protocolo relacionado con la competencia del comité para investigar casos de violaciones graves o sistemáticas a los derechos enunciados en la convención y/o en sus protocolos facultativos, se encuentran a la espera de ser ratificados y aceptados por la República de Cuba.

Acceso al gráfico "Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos."

2.1. Informes periódicos presentados ante el Comité de los Derechos del Niño y observaciones finales del Comité

En cumplimiento con los compromisos asumidos al momento de ratificar la CDN y sus protocolos facultativos, los Estados parte deben presentar informes periódicos cada cinco años ante el Comité de los Derechos del Niño, sobre los avances y medidas adoptadas en materia de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El Comité de la CDN, en base al estudio del informe entregado por el país, los informes de expertos independientes, de la sociedad civil y de diversas organizaciones no gubernamentales, emite las observaciones finales en respuesta al informe periódico presentado por el Estado parte.

Acceso a la tabla "Avances en el cumplimiento de los derechos reconocidos en la CDN."

 

2.2. La institucionalidad al servicio de la protección integral de los derechos de la infancia

Cuba promulgó el Código de la Niñez y la Juventud, a través de la Ley 16 de 1978. Esta norma es anterior a la entrada en vigor de la CDN y regula la participación de los niños menores y jóvenes en la constitución de la nueva sociedad, establece obligaciones a las personas, organismos e instituciones que intervienen en su educación, conforme al objetivo de la construcción socialista, basada en los valores ideológicos del comunismo, atributos y cualidades que permitan cumplir el papel de participantes activos, herederos y continuadores de la obra revolucionaria. La sociedad y el Estado reconocen el papel de la familia en la formación moral, física y espiritual de los más jóvenes, así mismo es la encargada de conducir el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, y estimular el ejercicio de sus deberes y derechos.

En el direccionamiento de la política de primera infancia, se destaca el rol de la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer, cuya labor de control y fiscalización tiene como base principal el desarrollo pleno de la infancia en Cuba, la atención integral a los jóvenes para que se formen en los valores de la sociedad revolucionaria y la plena igualdad de las mujeres. Para ello, cuenta con directivas y objetivos de trabajo aprobados para cada Legislatura, y se encuentra integrada por diputados de la mayoría de las provincias.

 

3. La política pública para la primera infancia

3.1. Planificación

Los Estados desarrollan estrategias orientadas a direccionar y conducir el conjunto de acciones que destinan al cumplimiento efectivo de los derechos de niños y niñas durante la primera infancia. En muchos casos, los ejercicios de planificación estratégica dan lugar a documentos a los cuales se los denomina planes, estrategias o políticas de gran alcance. Si bien la CDN orienta la actividad de los Estados, no fija su contenido específico. Estos tienen que ajustar la orientación de la política pública existente a los principios que propone la CDN. Esto implica precisar un marco conceptual común desde el cual interpretar las decisiones y las acciones que se promueven y las que se llevan adelante.

Cuba cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, el cual fue aprobado en 2016 durante el séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba realizado en La Habana. El Plan Nacional establece los lineamientos de la política social y económica para el periodo 2016-2021. Uno de los seis ejes que se erigen como pilares del plan es el "Desarrollo humano, equidad y justicia social". En él se establece, entre otros objetivos, preservar las políticas universales de acceso a la salud, seguridad y asistencia social, educación, cultura, deporte, recreación, seguridad y protección ciudadanas, y continuar elevando la eficiencia en la utilización de los recursos a estos fines y la calidad de los servicios y prestaciones a la población.

 

3.2. Intervenciones

Una aproximación hacia las formas en que los distintos Estados de la región están avanzando hacia la implementación de sistemas integrales de protección de derechos implica hacer foco en todas las acciones que están direccionadas hacia la primera infancia. La matriz de análisis que emerge del estudio de la política actual para primera infancia en América Latina se compone de los distintos núcleos de intervención, en los cuales los Estados concentran la mayor parte de la actividad estatal orientada a niñas y niños en sus primeros años de vida. Pero el análisis de las políticas de primera infancia en la región permite también identificar momentos en los cuales se distribuyen y se articulan las intervenciones a lo largo del tramo que conforma la etapa del ciclo vital. A continuación, se ampliarán estos dos componentes de la matriz utilizada para el análisis de la política para primera infancia en la región.

Los núcleos de intervención que emergen del análisis de la política de primera infancia son: salud, cuidado y educación, y restitución de derechos vulnerados. En la actualidad, la agenda de la primera infancia reconoce y dialoga con estos tres grandes flujos de acción donde se concentra mayor actividad estatal.

El primer núcleo en el cual se concentra una parte importante de la actividad estatal, y el que tiene más historia, es el que hace foco en la atención de salud de las personas embarazadas, y de niños y niñas. El actor institucional central es el sistema de salud. Un rasgo importante es su pretensión de universalidad. Hoy por hoy, se registra un consenso muy fuerte en torno a que todas las personas gestantes, los niños y niñas tienen que tener garantizado el acceso oportuno a servicios de salud de calidad. Desde el momento de la gestación, se despliega un conjunto de intervenciones que se extienden a lo largo del ciclo vital del niño y la niña. Durante el primer año de vida, estas acciones se intensifican considerablemente y se centran básicamente en el seguimiento y control de la salud, estado nutricional y prevención de enfermedades. Estas prestaciones se desarrollan en los distintos dispositivos sanitarios de los tres niveles de atención, que trabajan de manera articulada, y se organizan según los problemas de salud que resuelven y no por las prestaciones que brindan. Aquí se observa cómo los distintos dispositivos de salud despliegan sus capacidades en el territorio y atienden las dimensiones del desarrollo biofísico y nutricional, al igual que las vulnerabilidades asociadas a la gestación y el parto, como la alimentación, lactancia, la salud mental y cuidados fundamentales.

El segundo foco en que se concentra la actividad estatal, con una historia más reciente, son los esfuerzos para garantizar la atención, cuidado y educación en la infancia. En particular, en el desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, emocionales, sociales de niños y niñas pequeños, en las habilidades parentales de las madres, padres y cuidadores directos, y en el alivio de la carga de cuidado que enfrentan las familias durante la etapa de crianza. En este flujo participan una variedad de actores institucionales y profesionales de diversas disciplinas. Es una vertiente que, al igual que la anterior, acumula una intensa experiencia de territorialización de acciones y trabajo en contextos diversos, en donde el sector salud también tiene una presencia muy importante.

Las acciones orientadas a la protección y cuidado de la infancia se nutren de un conjunto diverso de instrumentos de políticas. A través de talleres en espacios públicos (jardines, escuelas, centros comunitarios) o visitas domiciliarias, se busca acompañar a las familias y fortalecerlas en sus habilidades parentales. Estos espacios constituyen instancias en las que se problematizan distintas dimensiones de la crianza, a la par que funciona como nexo para la articulación de otros servicios públicos. Otro tipo de intervenciones que hacen foco en el desarrollo de capacidades se basa en la atención institucionalizada de niños y niñas. Se trata de espacios en donde las familias dejan a sus hijos al cuidado de otras personas adultas durante un tiempo previamente establecido. Consiste en una oferta variada de servicios, que atiende de forma directa a niños y niñas, cuyas modalidades son diversas: centros de desarrollo infantil, hogares para niños sin cuidados parentales, espacios comunitarios, que por lo general dependen del Ministerio de Desarrollo Social o algún área semejante a nivel provincial o municipal. Muchos de estos servicios nacieron como experiencias comunitarias de cuidado en contextos en donde el Estado se encontraba ausente. En gran medida, porque estos servicios no solo brindan atención directa a niños y niñas, sino que también permiten aliviar la carga de cuidado que enfrentan las familias, liberando tiempo para que las personas adultas puedan trabajar fuera del hogar. Esta es una de las razones por las cuales el debate en torno a estos servicios atraviesa y articula la agenda de la primera infancia con la impulsada por los movimientos de mujeres; en particular, la agenda de los cuidados. Un rasgo común de esta oferta de servicios es que, en contraste con la primera vertiente –relacionada con la atención de la salud–, focaliza en los sectores más vulnerables. Es una red de servicios focalizada y presenta variaciones respecto de su calidad, pertinencia del servicio que brinda, y supervisión y apoyo que recibe por parte del Estado.

En este foco también confluyen los servicios educativos correspondientes al nivel inicial. El actor institucional que ofrece y garantiza el servicio es el Ministerio de Educación u organismos análogos. Aquí lo que se observa es la pretensión de universalizar el nivel inicial a edades más tempranas que, en la actualidad, establece la obligatoriedad en la mayoría de los países a la edad de 4 y 5 años.

Por último, se identificó un tercer núcleo de intervenciones, que se orientan a la restitución de derechos vulnerados. Se caracteriza por ser intensivo en recursos normativos. En este núcleo, el poder judicial tiene una presencia importante pero también participan otras áreas del Estado, como los organismos del sistema de seguridad social y los ministerios de desarrollo social. Algunos de los focos de intervención más relevantes son la prevención y la asistencia a niños y niñas víctimas de trata o explotación sexual y aquellos que son víctimas de otros tipos de violencia. Otro foco de intervención es la restitución del derecho a crecer en un entorno familiar para niños y niñas que no cuentan con cuidados parentales.

Se incluyen aquí acciones orientadas a restituir uno de los derechos más vulnerados en nuestra región: el derecho de niños y niñas a crecer en familias que cuenten con un flujo de ingresos constante, suficiente y protegido. Los instrumentos de política que se utilizan con más frecuencia son la transferencia de bienes y de recursos financieros a las familias, o el acceso gratuito o preferencial a alimentos.

Por otro lado, como se mencionó, a partir del análisis de las políticas de primera infancia, se constata que los países tienden a distinguir momentos según la etapa del ciclo vital. Y, en cada uno de ellos, varían la participación de los actores institucionales, los modos de intervención y los instrumentos de política empleados. Al hacer foco en las prestaciones (es decir, los bienes, servicios y transferencias), se observa que éstas se distribuyen y articulan a lo largo del tramo que conforma esta etapa del ciclo vital, y que se atiende en forma simultánea a las distintas dimensiones que impulsan el desarrollo de las capacidades de niños y niñas durante este periodo en particular. Estos momentos son el pregestacional, el gestacional, el parto y puerperio, el primer año de vida y el período entre los 45 días a los 4 años e ingreso a educación obligatoria.

Momento pregestacional

Los Estados desarrollan acciones orientadas a ampliar las oportunidades de inclusión social de las mujeres y varones jóvenes a través, fundamentalmente, de la culminación del tramo de escolarización obligatoria, talleres para la promoción de la maternidad y paternidad responsables, y de la salud sexual y reproductiva.

Momento gestacional

La actividad estatal se concentra intensamente en garantizar el derecho a la salud de las personas embarazadas y de los niños y niñas por nacer. En situaciones adversas –distancia geográfica, por ejemplo–, se desarrollan acciones orientadas a garantizar el parto institucionalizado. A través de transferencias monetarias, se busca atender oportunamente situaciones de vulnerabilidad social. Las consejerías estructuradas interdisciplinarias asisten a las mujeres en conflicto con la maternidad. En paralelo, los talleres y consejerías orientadas a las mujeres gestantes, sus parejas y/o acompañantes buscan fortalecer y desarrollar habilidades para la crianza.

Parto y puerperio

La prevención y el control de la salud, y la captación temprana de enfermedades en las madres y los niños o niñas recién nacidos, así como el registro de su identidad, son objetivos destacados entre las intervenciones que desarrollan los Estados durante el parto y el puerperio. Por ello, garantizar que el parto ocurra en establecimientos de salud, atendido por profesionales capacitados en un abordaje humanizado, es central. La atención de las vulnerabilidades sociales, emocionales y el desarrollo de habilidades para la crianza que se iniciaron en etapas previas, continúan. Las licencias parentales constituyen una de las formas en que los Estados protegen el derecho de niños y niñas a recibir cuidados sin que esto implique resignar ingresos.

Primer año de vida

En esta etapa de la cadena prestacional se adicionan servicios para la atención de la salud, el cuidado directo y la educación institucionalizada de niños y niñas. Uno de los objetivos explicitados de estos servicios es facilitar la participación de las madres en actividades que generan ingresos. En casos de abandono, violencia, negligencia u otras formas graves de vulneración de derechos, la restitución del derecho de niños y niñas a vivir en entornos familiares se transforma en prioridad.

De 45 días a 4 años e ingreso a educación obligatoria

Este momento, que se solapa con el anterior, se identifica por la centralidad que gradualmente adquiere el componente educativo dentro de los servicios de atención y educación de la primera infancia (AEPI). En gran parte de los países de la región, los Estados comienzan a ofrecer educación escolarizada. Entre los 3 y 5 años, se establece el inicio del tramo obligatorio de escolarización, que culmina entre los 14 y 17 años según el país.

Más allá de las intervenciones que se definen en cada momento, hay estrategias nacionales que abarcan la atención integral de la primera infancia. En estos países se enfatiza que el acceso de las familias a un flujo constante de ingresos, al trabajo decente, a una vivienda adecuada y a servicios básicos de saneamiento constituyen derechos irrenunciables para garantizar e igualar las oportunidades de niños y niñas a desarrollar todo su potencial. El entramado normativo, orientado a regular el vínculo entre niños, niñas y personas adultas, por ejemplo, para prevenir y penalizar el uso de la violencia como forma de disciplinamiento al interior de las familias o en las escuelas, es otra de las instancias cruciales que sostienen la conformación de un sistema integral para la protección de los derechos de la primera infancia.

A continuación, se presenta un conjunto relevante –pero no exhaustivo– de acciones que dan cuentan de los avances realizados en Cuba para dotar de integralidad a la política para la primera infancia y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas pequeños. Las mismas se presentan agrupadas por núcleos de intervención según los momentos del ciclo vital.

 

 

3.3. Evaluación y monitoreo

Se registran diversos avances en la construcción de sistemas de información y evaluación de la política pública para la primera infancia. Muchos países ponen a disposición datos estadísticos e investigaciones, generalmente evaluaciones de impacto de algunos componentes puntuales de sus políticas, memorias, informes de auditoría, estudios sobre temas específicos, solicitados a universidades y organismos nacionales y extranjeros, a través de los cuales cubren, en parte, la demanda de información para el análisis de la situación de la primera infancia y de los esfuerzos que realizan los Estados para garantizar el cumplimiento efectivo de sus derechos.

A continuación, se presenta un conjunto breve de acciones orientadas a fortalecer las decisiones del Estado y su capacidad para sostener la política pública de la primera infancia. Se hace foco en las intervenciones públicas dirigidas a monitorear el diseño y la implementación de la política, y la ampliación de participación ciudadana.

4. Agenda actual de la primera infancia

A partir de la ratificación de la CDN –hace casi tres décadas– Cuba ha demostrado amplios esfuerzos por armonizar los principios propuestos por la Convención en su ordenamiento jurídico interno, su institucionalidad y acciones programáticas. En este sentido, la agenda actual de la primera infancia constituye un diálogo permanente de estas tres dimensiones para dotar de integralidad la política pública orientada a niñas y niños pequeños.

Comparando la situación de Cuba con el promedio regional de cada indicador, el porcentaje de población urbana es similar al promedio regional (77,2%). Respecto a los indicadores económicos, no existe información comparable sobre el PIB per cápita y población bajo la línea de pobreza, aun así, los datos disponibles muestran que, en términos de gasto social e índice de desarrollo humano, el país se encuentra mejor posicionado en términos relativos respecto al promedio. En términos de los indicadores de salud, Cuba se posiciona como uno de los países de mejor performance en todas las dimensiones, específicamente respecto a la baja tasa de mortalidad neonatal, infantil y de menores de 5 años.

Cuba ha demostrado valiosos esfuerzos en garantizar los compromisos asumidos por la CDN. Desde la planificación, si bien Cuba actualmente no cuenta con una estrategia nacional de la primera infancia que oriente la política pública para este segmento de población, impulsa diversas acciones para niños, niñas y sus familias. En relación al conjunto de bienes y servicios públicos orientados a garantizar los derechos de niñas y niños pequeños, se destaca la oferta de servicios del programa Educa a tu hijo, que busca asegurar el desarrollo integral de niños a partir del fortalecimiento de las capacidades familiares para la crianza, empoderándolos como educadores en el propio hogar, y garantizar el derecho a la educación inicial. El programa ofrece atención médica a niños y embarazadas; capacitación a familias y ejecutores del programa; talleres educativos; actividades recreativas, culturales y deportivas dirigidas a familias y niños; y distribución de folletos educativos divididos según tramo etario. En relación a la salud, se impulsan distintas acciones orientadas a garantizar las necesidades de cada etapa del ciclo vital. En este sentido, se destacan las acciones direccionadas a garantizar que el parto ocurra en un ambiente protegido, la promoción de la lactancia materna a través de la puericultura y bancos de leche humana, el control y seguimiento de la salud de la madre y el niño, entre otras. También se registran intervenciones que regulan la relación entre el Estado, las familias y el niño, y que buscan reparar las situaciones de vulneración de derechos.

No obstante, Cuba enfrenta algunos desafíos en materia de primera infancia. En el plano normativo, el protocolo facultativo respecto a un procedimiento de comunicación aún no fue ratificado por el país. Tampoco se presentaron el V y VI Informe periódico al Comité ni fue actualizado su Plan de Acción para la Atención de Personas con Discapacidad.

En el plano de la implementación de las políticas públicas para la primera infancia podrían desarrollarse estrategias de abordaje de la población rural para mejorar su acceso y avanzar en la implementación de sistemas de evaluación y monitoreo de las políticas de acceso libre para todo el público.

 

  Finalmente, el principal desafío que prevalece en América Latina es la alta desigualdad social y de carácter estructural que prima en los países. Una desigualdad social elevada genera condiciones extremadamente desfavorables para efectivizar los derechos de la primera infancia. La carencia persistente de ingresos se encuentra sobrerrepresentada en los grupos sociales históricamente rezagados –población indígena, afrodescendiente, que reside en áreas rurales, en la población migrante, entre otras– y se inscribe frecuentemente en procesos históricos de acumulación intergeneracional de desventajas sociales que generan condiciones que no contribuyen en la apropiación de los beneficios potenciales que supone acceder a los bienes y servicios públicos. El beneficio social se diluye si no se resuelve la base estructural de redistribución social de la riqueza. Promover una mayor igualdad social implica no solo impulsar un crecimiento y desarrollo sostenible sobre bases más sólidas, sino también contribuir a la realización de los derechos sociales, económicos y culturales de las personas durante todo su ciclo vital.  

 

 

5. Notas al pie

[1] La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional al que más países han adherido, 196 países incluidos los 19 latinoamericanos lo han ratificado. Constituye el primer tratado internacional de derechos humanos que sitúa a niños y niñas como sus titulares directos. Desde el momento de su ratificación, los Estados asumen la obligación de garantizar los principios y derechos contenidos en el instrumento jurídico.

 

[2] Después de la aprobación de un tratado de derechos humanos se suelen añadir “protocolos facultativos”, mecanismos jurídicos que complementan y añaden provisiones al tratado. Un protocolo es “facultativo” porque no vincula automáticamente a los Estados que ya han ratificado el tratado original. Estas obligaciones en el protocolo son adicionales y pueden ser más exigentes que las que aparecían en la Convención original, por lo que los Estados deben escoger de manera independiente si quieren vincularse o no al protocolo. Su objetivo es profundizar sobre algunas cuestiones o temas que ya existían en el tratado original, abordar una preocupación nueva o añadir algún procedimiento para su aplicación. En definitiva, amplían las obligaciones del tratado original (UNICEF).

 

[3] Los instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos se negocian entre los Estados miembros de las Naciones Unidas y son jurídicamente vinculantes para cada uno de los Estados que sean parte del instrumento. Hay dos maneras en que un Estado puede llegar a ser parte: mediante la firma y ratificación o mediante la adhesión.

Al ratificar la Convención o un Protocolo Facultativo, un Estado acepta la obligación de respetar, proteger, promover o satisfacer los derechos enumerados, incluida la adopción o el cambio de leyes y políticas que pongan en vigor las disposiciones de la Convención o Protocolo. La Convención considera que todos los derechos de la infancia tienen la misma importancia. No existe ningún derecho "menor", ni ninguna jerarquía entre los derechos humanos. Estos derechos son indivisibles y están mutuamente relacionados, y se centran en todos los aspectos del niño. Las decisiones de los gobiernos con respecto a cualquiera de los derechos deben hacerse a la luz de los otros derechos de la Convención (UNICEF).