Venezuela

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Políticas y normativa

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Contenido

Fecha de actualización: abril de 2022

1. Resumen del marco normativo y estructura del sistema educativo nacional

2. Compromisos y obligaciones del Estado como garante del derecho a la educación

Cuando los Estados firman un tratado de derechos humanos, asumen la voluntad y el compromiso de crear las condiciones necesarias para transformar la situación en el sentido que allí se propone. El instrumento jurídico fija los principios de un nuevo pacto, que debieran guiar el horizonte de la política pública, dotar de sentido y legitimidad a las acciones que los Estados orienten para su cumplimiento efectivo.

En el marco del derecho, existen básicamente dos tipos de compromisos: aquellos que los Estados asumen en el ámbito internacional al ratificar instrumentos jurídicos regionales e internacionales, y los de alcance nacional, que se expresan generalmente en las leyes nacionales de educación. En el proceso de efectivización del derecho a la educación, los países avanzan en la armonización jurídica acorde a los compromisos asumidos y en la definición de un marco conceptual común desde donde interpretar las decisiones y las acciones que se lleven adelante. Es a partir del diseño y la formulación de planes, estrategias o políticas de gran alcance que los Estados direccionan y conducen las acciones orientadas a garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan y transiten la escuela, se gradúen e incorporen aprendizajes significativos.

El propósito de este documento es ofrecer información para dar cuenta de los avances de los Estados latinoamericanos en garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación.

2.1. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito internacional

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien los ODS no revisten obligatoriedad, las acciones que los países orienten para su implementación permiten vehiculizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.

Venezuela ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1983, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1990 y, más recientemente, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en 2013. En el año 1968, ratificó una de las convenciones más relevantes en educación, la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (UNESCO).

En 2015, en la Asamblea 70 de Naciones Unidas, Nicolás Maduro expresó en el debate que la República Bolivariana de Venezuela adhería a la Agenda 2030. Institucionalmente, Venezuela cuenta con un órgano denominado Consejo de Vicepresidentes, que está encabezado por el Vicepresidente Ejecutivo e incluye Vicepresidentes Sectoriales (Vicepresidente de Planificación, Vicepresidente de Política y Soberanía, Vicepresidente para las Misiones Socialistas, Vicepresidente de Economía y Finanza, Vicepresidente para el Socialismo Territorial, Vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, Viceministro de R.R.E.E.), quienes se reúnen para analizar aspectos intersectoriales y transversales de las políticas de desarrollo que se aplican en el país y su alineación con la Agenda 2030. Los objetivos del Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025 coinciden con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En relación con el ODS 4 en particular, se insta a articular las políticas de educación, comunicación, cultura con las organizaciones del Poder Popular para el conocimiento, la valoración y reflexión crítica sobre la identidad venezolana y nuestroamericana.

2.2. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito nacional

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades. Establece además la obligatoriedad desde el nivel maternal hasta el medio diversificado.

Por su parte, la Ley Orgánica de Educación señala como principios: la democracia participativa y protagónica; la responsabilidad social; la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminaciones de ninguna índole; la formación para la independencia, la libertad y la emancipación, la valoración y defensa de la soberanía, en una cultura para la paz, la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la práctica de la equidad y la inclusión; la sustentabilidad del desarrollo; el derecho a la igualdad de género; el fortalecimiento de la identidad nacional; la lealtad a la patria; y la integración latinoamericana y caribeña.

La Ley de Universidades sostiene que estas son instituciones al servicio de Venezuela y que a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país, mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales. Deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia.

2.3. Planificación de la educación

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

El Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025 refiere a educación al enunciar los frentes de batalla de la dimensión de la democracia en lo social: “Educación liberadora para la descolonización y el trabajo: masificación, calidad y currículo, matrícula, alimentación escolar, atención al docente, pertinencia y relación con el trabajo y Plan de la Patria. Profundización del desarrollo educativo y tecnológico en un marco pertinente y eficiente, apuntado a las necesidades de descolonización, producción y sustitución de importaciones”.

3. Caracterización de la política educativa nacional

Este apartado hace foco en el conjunto de acciones que el Estado está orientando para garantizar el derecho a la educación. La caracterización de la política educativa se abordará desde tres dimensiones. En primer lugar, se describirá la estructura y el tamaño del sistema educativo. En segundo lugar, se buscará indagar y caracterizar el conjunto de intervenciones a través de las cuales se busca mantener el sistema educativo en funcionamiento. Este análisis se realizará haciendo foco en: 1) currículo y modelos de gestión institucional; 2) docentes; 3) infraestructura, tecnología y equipamiento; 4) transferencias de bienes y recursos financieros con el fin de fortalecer el sostenimiento de las trayectorias escolares. Finalmente, se buscará dar cuenta del gobierno del sistema, tanto en sus arreglos organizativos e institucionales como en el financiamiento de la política educativa, y los sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas.

3.1. Estructura del sistema educativo nacional

El sistema educativo venezolano está conformado por el subsistema de educación básica, el subsistema de educación universitaria (regulados por la Ley Orgánica de Educación. GO 5929, sancionada en 2009) y el subsistema bolivariano de formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente (regulado por el decreto 1414, sancionado en 2014).

El subsistema de educación básica abarca la educación inicial, la educación primaria y la educación media. El subsistema de educación universitaria comprende la educación de pregrado y los posgrados universitarios.

Se ofrece educación en modalidad especial, educación de jóvenes y adultos, educación en fronteras, educación rural, educación para las artes, educación militar, educación intercultural y educación intercultural bilingüe.

La Ley Orgánica de Educación garantiza el acceso al sistema educativo a las personas con necesidades educativas especiales o con discapacidad, mediante la creación de condiciones y oportunidades. También de las personas que se encuentren privadas de libertad y de quienes se hallan en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes.

La educación intercultural transversaliza el sistema educativo y crea condiciones para su libre acceso, a través de programas basados en los principios y fundamentos de las culturas originarias de los pueblos y de comunidades indígenas y afrodescendientes, valorando su idioma, cosmovisión, sus valores, saberes, conocimientos y mitologías entre otros, así como también su organización social, económica, política y jurídica, todo lo cual constituye patrimonio de la Nación. La educación en fronteras tendrá como finalidad la atención educativa integral de las personas que habitan en espacios geográficos de la frontera venezolana, favoreciendo su desarrollo armónico y propiciando el fortalecimiento de la soberanía nacional, la seguridad y defensa de la Nación, los valores de identidad nacional, la defensa del patrimonio cultural, la comprensión de las relaciones bilaterales, la cultura de la paz y la amistad recíproca con los pueblos vecinos. Por su parte, la educación rural está dirigida al logro de la formación integral de los ciudadanos y las ciudadanas en sus contextos geográficos; asimismo, está orientada por valores de identidad local, regional y nacional para propiciar el arraigo a su hábitat, mediante el desarrollo de habilidades y destrezas de acuerdo con las necesidades de la comunidad, en el marco del desarrollo endógeno y en correspondencia con los principios de defensa integral de la Nación. La educación militar tiene como función orientar el proceso de formación, perfeccionamiento y desarrollo integral de los y las integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El órgano rector con competencia en materia de Defensa ejercerá esta modalidad.

El capítulo IV de la Ley Orgánica de Educación se dedica a la formación y carrera docente, señalando, además de la política de formación, las relaciones de trabajo y jubilación de los profesionales de la docencia. El Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (IPASME) es el ente adscripto que se encarga de promover y desarrollar un Sistema de Seguridad Social Integral orientado al mejoramiento de la calidad de vida de profesores, docentes y personal administrativo del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

a. Educación inicial

La educación de nivel inicial está orientada a niños y niñas desde los 45 días hasta los 5 años. Se divide en dos etapas: maternal (0 a 2 años) y preescolar (3 a 5 años). El preescolar es obligatorio.

Las bases curriculares de nivel inicial presentan el marco referencial que orienta la acción educativa llevada adelante desde las instituciones y en espacios comunitarios. Describe los fundamentos legales, políticos y tendencias teóricas relacionadas con el aprendizaje y desarrollo infantil; así como los criterios y lineamientos generales para la práctica educativa que ejecutan distintos actores relacionados con la educación de niños y niñas, conforme a los contextos sociales, económicos y culturales del país.

b. Educación primaria

La educación primaria está orientada a niños y niñas de entre 6 y 11 años. Es obligatoria.

En el año escolar 2016-2017 se inició un proceso de transformación curricular en todos los niveles y modalidades. En el marco de ese proceso, en la resolución 143, Lineamientos del Proceso de Transformación Curricular en todos los Niveles y Modalidades, se señala que los docentes deben discutir y revisar aspectos específicos de cada nivel y modalidad según el período de vida que aborda. En las modalidades de educación intercultural bilingüe, rural y de fronteras, se inicia un proceso de caracterización de cada contexto en sus procesos educativos, para abordarlos de manera pertinente en lo pedagógico y curricular.

c. Educación media

La educación media está orientada a adolescentes de 12 a 17 o 18 años. Es obligatoria. Se ofrece educación media general y educación media técnica. La educación media general contempla cinco años de escolarización. La educación media técnica contempla seis años de escolarización.

El documento Plan de Estudio de la Educación Media. Proceso de cambio curricular en el nivel de educación media (documento general de sistematización de las propuestas pedagógicas y curriculares) describe tres grandes finalidades del nivel: desarrollar el potencial creativo de cada ser humano (desarrollo de las potencialidades humanas); formar para el pleno ejercicio de su personalidad y ciudadanía (formación de ciudadanía); y seguir aprendiendo el resto de la vida (la formación tiene valor presente y futuro). El proceso de transformación curricular establece Orientaciones para el proceso de transformación curricular en educación media general y Orientaciones para el proceso de transformación curricular en educación media técnica. Por su parte, el despacho del ministro 142 de 2016 dicta el proceso de transformación curricular para la educación media general en la modalidad de educación de jóvenes y adultos, estableciendo el currículo a fin de garantizar el derecho constitucional de todas las personas a una educación integral, de calidad, permanente y en igualdad de condiciones y oportunidades.

d. Educación técnico profesional

En Venezuela, se ofrece educación técnico profesional en el nivel medio del subsistema de educación básica, en el subsistema bolivariano de formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente, y en nivel superior, a través de los programas nacionales de formación en áreas técnicas y tecnológicas de la Misión Sucre.

La educación media técnica ofrece formación general tecnológica y capacitación en aplicaciones técnicas profesionales. Su propósito es contribuir a la adquisición de cultura general, facilitar el ingreso al mercado de trabajo y continuar estudios en el nivel de educación superior. Consta de las siguientes especialidades: agropecuaria, artes, promoción social y servicios de salud, industrial, comercio y servicios administrativos, seguridad y defensa, y educación intercultural bilingüe.

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), decreto 1414, es la institución del Estado encargada de la formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de los trabajadores, y está orientado al desarrollo de sus capacidades para la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan las necesidades del Poder Popular, su incorporación consciente al proceso social de trabajo y la construcción de relaciones laborales justas e igualitarias. El INCES es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado en 1960 y adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal. En 2014, se derogan las regulaciones hasta entonces vigentes y mediante el decreto 1414 se establecen las funciones, los principios, la organización y las estrategias del instituto. Los adolescentes de 14 a 18 años que participan en el proceso sistemático de formación y autoformación colectiva son considerados aprendices. Al cumplir 18 años tienen derecho a obtener la certificación correspondiente de los saberes adquiridos.

e. Educación superior

La educación universitaria tiene como función la creación, difusión, socialización, producción, apropiación y conservación del conocimiento en la sociedad, así como el estímulo de la creación intelectual y cultural en todas sus formas. Su finalidad es formar profesionales e investigadores de la más alta calidad, y auspiciar su permanente actualización y mejoramiento, con el propósito de establecer sólidos fundamentos que, en lo humanístico, científico y tecnológico, sean soporte para el progreso autónomo, independiente y soberano del país en todas las áreas.

Las universidades públicas nacionales se rigen por la Ley 1429 de Universidades, sancionada en 1970. Se ofrece educación superior en establecimientos gestionados por el Estado y por privados. La oferta universitaria de gestión estatal está conformada por seis colegios universitarios, 13 institutos universitarios, 47 universidades experimentales, cinco universidades nacionales, ocho institutos de estudios avanzados y la Misión Sucre. La Misión Sucre tiene por finalidad facilitar el acceso y la prosecución de la educación universitaria pública, permanente, integral, gratuita y en igualdad de oportunidades de todos los bachilleres que así lo demanden, con el propósito de incrementar el nivel educativo de la población venezolana y formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país, a través del establecimiento de nuevos modelos educativos universitarios, sustentados en la sinergia institucional y la participación comunitaria, con base en los imperativos de la democracia corresponsable, participativa y protagónica.

Además de los aspectos estructurales, una parte de la caracterización de la política educativa consiste en el dimensionamiento del tamaño del sistema educativo. Según los últimos datos disponibles del Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS), a 2017, 1.190.349 niños asistían al nivel inicial; 3.285.299 estudiantes lo hacían a primaria y 2.391.174 a secundaria.

La última Memoria y cuenta publicada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación indica que en 2015 había 553.948 docentes, de los cuales el 78% son mujeres y el 22% varones. En el año 2017 existían, según la misma fuente, 30.687 unidades educativas, 25.259 oficiales y 5.458 privadas.

3.2. Política educativa nacional

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos.

• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.

• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

Amodo de síntesis, y sin pretensión de exhaustividad, se pueden señalar las siguientes observaciones.

En el foco currículo y modelos de gestión se recupera el proceso de cambio curricular descripto en los apartados previos, el cual abarca todos los niveles educativos y afecta modalidades específicas como la educación de jóvenes y adultos, y la educación bilingüe con el desarrollo de materiales educativos en distintos lenguajes.

El foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología se desarrolla a través de misiones incluidas en la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor y, específicamente en la actualidad, a través del programa Una gota de Amor para mi Escuela en Resistencia, que realiza la adecuación de los establecimientos educativos. Por su parte, el programa Canaima Educativo y las estrategias de Democratización de Tecnologías de Información llevadas adelante por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología dotan de tecnología a los diferentes niveles educativos.

Los recursos orientados al foco docentes se desarrollan a través de la Micromisión Simón Rodríguez, destinada a fortalecer el papel de los profesionales de la educación como actores fundamentales, mediante la reinstitucionalización de la carrera docente, el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, el fomento de su valoración social y la garantía de formación permanente.

Las acciones del foco fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se centran en los Bonos de Protección Social, relacionados con el Carnet Patria y el Programa de Alimentación Escolar.

3.2.1 Política educativa durante la pandemia

Los cuatro focos de intervención se vieron tensionados por las circunstancias excepcionales de la pandemia COVID-19 y el diseño de estrategias de respuesta que permitieran sostener el derecho a la educación y la continuidad pedagógica de niñas, niños y adolescente. Si bien las estrategias en cada país fueron diferentes, es posible identificar dos grandes momentos en su desarrollo y ubicar dentro de ellos políticas, programas, acciones e iniciativas nacionales. Estos momentos son: a) suspensión de la presencialidad y continuidad pedagógica; y b) retorno a la presencialidad.

Las políticas educativas que se impulsaron durante la etapa denominada “suspensión de la presencialidad y continuidad pedagógica” hicieron hincapié en el foco de intervención Currículo y modelos de gestión. Estas se impulsaron a través del Programa de Televisión Cada Familia Una Escuela, programas de radio, el desarrollo de herramientas TIC de trabajo, la creación de una biblioteca digital y la publicación de la Revista Tricolor.

En la llamada etapa “retorno a la presencialidad” se priorizaron los siguientes focos de intervención: currículo y modelos de gestión, infraestructura, docentes y políticas de fortalecimiento. Estas se promovieron a través del Plan Victoria Bicentenaria, Inicio de Clases Seguro y Progresivo 2021-2022, que hace hincapié en la puesta en valor de los espacios educativos (Mi escuela bella), en el diseño curricular para potenciar la línea pedagógica con la Agenda Económica y la protección social de la familia y los estudiantes.

3.3. El gobierno del sistema educativo

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo a la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; y c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación 

El Ministerio del Poder Popular para la Educación es el ente rector de las políticas educativas, en concordancia con los lineamientos del Estado y comprometidos con la participación popular para un mayor nivel de desarrollo, materializando la universalización de la educación y fortaleciendo el acceso, la permanencia y prosecución del subsistema de educación básica.

Se compone por un nivel de apoyo, que integran oficinas de planificación, presupuestos, gestión humana, auditoría interna, entre otras. Luego, en el nivel sustantivo, se encuentran cinco despachos de viceministros: de educación, de educación inicial o primaria, de educación media, de comunidades educativas y unión con el pueblo, y de instalación o logística, los cuales se integran por diversas direcciones tales como Currículo, Comunidades Educativas, Protección y Desarrollo, Estudiantes, etc. El nivel desconcentrado lo integran las zonas educativas y, por último, en el nivel descentralizado se ubican EDUMEDIA, IPASME, CENAMEC, FUNDABIT, SENIFA, FEDE, CNAE, Fundación Samuel Robinson, Colombeia TV y Academias Nacionales. 

El Consejo Educativo es la instancia ejecutiva de carácter social, democrático y corresponsable de la gestión educativa. Está conformado por padres, madres, representantes, responsables, estudiantes, docentes, administrativos y obreros de las instituciones educativas, desde la educación inicial hasta la educación media general.

El Servicio Autónomo Consejo Nacional de Universidades (CNU) es el organismo encargado de asesorar técnicamente a las instancias competentes del sistema de educación universitaria. Cuenta con la asesoría técnica del Secretariado Permanente, Consejo Consultivo Nacional de Postgrado y de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) fue creada en 1974, para servir de oficina técnica al CNU.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

Venezuela es un país unitario, con una organización del sistema educativo centralizada. La Ley Orgánica de la Educación (GO 5929) (artículo 5) establece que el Estado garantiza una inversión prioritaria de crecimiento progresivo anual para la educación. Esta inversión está orientada hacia la construcción, ampliación, rehabilitación, el equipamiento, mantenimiento y sostenimiento de edificaciones escolares integrales, contextualizadas en lo geográfico cultural, así como la dotación de servicios, equipos, herramientas, maquinarias, insumos, programas telemáticos y otras necesidades derivadas de las innovaciones culturales y educativas. Los servicios, equipos e insumos referidos incluyen los vinculados con los programas de salud integral, deporte, recreación y cultura del sistema educativo.

La Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) es la institución pública dedicada a dar respuestas a la problemática de la planta física educativa a escala nacional, atendiendo de forma sistemática las etapas correspondientes a la construcción, dotación, rehabilitación y el mantenimiento del conjunto escolar.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

El Instituto Nacional de Estadística de Venezuela es el encargado de producir información. Los ministerios publican documentos denominados Memorias y Cuentas, en los cuales se difunde la información en cada materia.

El artículo 44 de la Ley Orgánica de Educación establece que la evaluación como parte del proceso educativo es democrática, participativa, continua, integral, cooperativa, sistemática, cualicuantitativa, diagnóstica, flexible, formativa y acumulativa. Los órganos con competencia en materia de educación básica y educación universitaria realizan evaluaciones institucionales a través de sus instancias nacionales, regionales, municipales y locales, en las instituciones, centros y servicios educativos, en los lapsos y períodos que se establecen en el reglamento de la citada ley.

El Sistema de Evaluación y Acreditación (SEA) es el mecanismo aprobado por el CNU para enmarcar, aplicar y desarrollar los procesos de evaluación y acreditación de la educación superior. 

La última prueba internacional en la que participó Venezuela fue el Programme for International Student Assesment (PISA) de la OCDE, aunque la participación fue de carácter no obligatorio.

4. La efectividad de la política educativa

Acceso, participación, trayectoria educativa y logros de aprendizaje.

Este apartado tiene como propósito ofrecer información sustantiva para realizar una aproximación a la efectividad de la política educativa, mediante el análisis de una serie de indicadores que permiten dar cuenta de la situación en que se encuentran niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas respecto al derecho a la educación. 

4.1. Nivel educativo de la población

• El último dato disponible de la tasa de analfabetismo para el total de la población es del 4,2%. Al analizar este dato según la variable ingresos, se evidencian grandes diferencias en desmedro de las personan pertenecientes a hogares de ingresos de nivel inferior.

• El promedio de años de escolarización es de 9,5 años, con una leve diferencia a favor de las mujeres (9,8 años) y 3 años de diferencia entre la población de ingresos inferiores (7,7 años) y la de ingresos superiores (10,8 años).

• El porcentaje de población adulta que finalizó la secundaria alta alcanza, de acuerdo con el último dato disponible, al 50% de la población. Asimismo, se identifica una brecha de 30 puntos porcentuales entre los niveles de ingresos inferior y superior, a favor de estos últimos.

4.2. Educación inicial

• En 2011, la tasa de asistencia escolar del nivel inicial fue del 93,3%. No se identifican diferencias sustanciales por sexo y no se cuenta con datos para las zonas rurales. 

4.3. Educación primaria

• En 2011 se identifica que la tasa de asistencia escolar del nivel primario se acerca a la universalización (98%). No se identifican diferencias sustanciales según el sexo de estudiantes.

• En 2011 la tasa de finalización del nivel primario es del 93,7%. Se identifica una brecha de 3,4 puntos porcentuales entre niños (92%) y niñas (95,4%) a favor de estas últimas. No se cuenta con datos para identificar la diferencia por área geográfica. Según los niveles de ingreso, la brecha es de 5,7 puntos porcentuales, siendo de 96,9% para aquellos de altos ingresos y del 91,2% para los de bajos ingresos.

4.4. Educación secundaria

• En 2011 la tasa de asistencia a la secundaria baja alcanza el 81,5%, con importantes variaciones por sexo, dado que para los varones la tasa de asistencia es del 79,2% y para las mujeres del 84%. Por niveles de ingresos, aquellos del nivel superior tienen una tasa del 88,8%, mientras que los de menores ingresos del 75,9%.

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria alta es 58,1%, con las mismas tendencias a favor de mujeres y población de ingresos superiores.

4.5. Educación superior

• En 2011, la tasa de asistencia a educación superior mantiene las diferencias por sexo. (mujeres acceden 10% más que varones) y nivel de ingresos (la población de ingresos superiores accede 20% más que la de ingresos inferiores).

• El porcentaje de finalización de educación superior es de 16% y presenta una significativa diferencia por nivel de ingresos: inferiores 4,7%, medios 10,4% y superiores 25,9%.

5. Desafíos de la política educativa

Desde la firma y ratificación de los distintos instrumentos jurídicos internacionales, Venezuela asumió el compromiso y la obligación de garantizar el derecho a la educación de acuerdo con los principios enunciados en estos. Además, ratificó el compromiso asumido con el cumplimiento de los ODS, a pesar de la pandemia y de las sanciones contra el país.

A lo largo de este documento se intentó mostrar los avances, haciendo foco en el conjunto de acciones que el país llevó adelante y los resultados de estos esfuerzos.

Los documentos de planificación destacan entre sus objetivos la promoción de una educación liberadora para la descolonización y el trabajo, profundizando el desarrollo educativo y tecnológico, en un marco pertinente y eficiente. Se refuerza su función en la consolidación de la identidad venezolana y la soberanía nacional. En ese sentido, se desarrolla la modalidad de educación en fronteras, propiciando el fortalecimiento de la soberanía nacional, la seguridad y defensa de la nación, los valores de identidad nacional y la defensa del patrimonio cultural.

Los datos muestran que los esfuerzos desarrollados por el país, fundamentalmente a través de las distintas misiones, aún no son suficientes. Venezuela se encuentra frente al desafío central de mejorar las oportunidades de acceso, permanencia y egreso de la población de menores ingresos, para poder cumplir con el derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, enunciado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, es importante señalar que como en todos los países de la región, Venezuela enfrenta los desafíos emergentes de la pandemia por COVID-19, en particular en lo que hace al sostenimiento de las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes y a la reincorporación de aquellos cuya escolarización se vio discontinuada o interrumpida. La pandemia ha agudizado desigualdades sociales y problemas sistémicos pre existentes, a la par que ofrece una oportunidad: repensar y transformar los sistemas educativos nacionales para hacerlos más equitativos e inclusivos, teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas y pedagógicas, el compromiso de las comunidades educativas y los esfuerzos realizados en este período sin precedentes, contribuyendo de este modo al compromiso colectivo asumido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

 

Contenido

Con el apoyo de:

Fecha de actualización: diciembre de 2021

1. Información de contexto

La República Bolivariana de Venezuela está conformada por una parte continental y por un gran número de islas pequeñas e islotes en el mar Caribe. El territorio continental limita al norte con el mar Caribe y el océano Atlántico, al oeste con la República de Colombia, al sur con la República Federativa de Brasil y al este con la República Cooperativa de Guyana. Tiene una superficie de 916.445 km2, dividida en 23 estados y el distrito capital. Los estados se dividen en 335 municipios y estos, en 1136 parroquias. Nicolás Maduro fue elegido presidente para el período 2019-2025.

Acceso a la tabla "Principales indicadores del país y promedio regional."

 

2. Venezuela frente a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

Venezuela suscribe a la CDN¹ el 26 de enero de 1990, la ratifica ante la Secretaría de Naciones Unidas el 13 de septiembre de 1990, entrando en vigor el 13 de octubre del mismo año. A nivel interno aprueba la CDN y le otorga rango constitucional dentro de su ordenamiento jurídico.

La CDN cuenta con tres Protocolos facultativos específicos que la amplían². El primer protocolo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, y el segundo sobre la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, se suscriben conjuntamente el 7 de septiembre de 2000 y se ratificaron en el 2002 y 2003 respectivamente ante la Secretaría de la ONU. El tercer y más reciente protocolo facultativo relativo a la aceptación del procedimiento de comunicaciones, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2011, se encuentra a la espera de ser ratificado y aceptado por la República Bolivariana de Venezuela.

Acceso al gráfico "Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos."

2.1. Informes periódicos presentados ante el Comité de los Derechos del Niño y observaciones finales del Comité

En cumplimiento con los compromisos asumidos al momento de ratificar la CDN y sus protocolos facultativos, los Estados parte deben presentar informes periódicos cada cinco años ante el Comité de los Derechos del Niño, sobre los avances y medidas adoptadas en materia de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El Comité de la CDN, en base al estudio del informe entregado por el país, los informes de expertos independientes, de la sociedad civil y de diversas organizaciones no gubernamentales, emite las observaciones finales en respuesta al informe periódico presentado por el Estado parte.

Acceso a la tabla "Avances en el cumplimiento de los derechos reconocidos en la CDN."

 

2.2. La institucionalidad al servicio de la protección integral de los derechos de la infancia

Venezuela promulgó la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), publicada en la Gaceta Oficial N° 5589 de 2007 y modificada en 2015. Tiene como propósito garantizar a todos niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento mismo de la concepción. Esta ley crea el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, y define el conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, integran, coordinan y supervisan las políticas, programas y acciones a nivel nacional, estatal y municipal destinadas a la protección y atención de la niñez y adolescencia.

El Sistema Rector está integrado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes (NNA); Consejos de Derechos de NNA, y Consejos de Protección Social de NNA; Tribunales de Protección de NNA; Ministerio Público; Defensoría del Pueblo y Defensorías de NNA; Consejos Comunales y demás formas de organización popular.

El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENA) es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y se posiciona como el ente de Gestión del Sistema Rector, y ejerce funciones deliberativas de contralor y consultivas. El IDENA cuenta con una Junta Directiva integrada por el presidente del Consejo, un representante del Ministerio del Poder Popular en materia de protección integral, de educación, y de salud, y un representante del Ministerio de trabajo.

La LOPNNA establece la figura del Defensor Público Especial para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y las defensorías delegadas en cada estado y municipio del territorio nacional. Entre sus atribuciones se enmarca brindar asesoría jurídica gratuita especialmente a niños, niñas y adolescentes, brindar asistencia y representación técnica en cualquier procedimiento judicial o administrativo para la defensa de sus derechos, garantías e intereses individuales o colectivos.

 

3. La política pública para la primera infancia

3.1. Planificación

Los Estados desarrollan estrategias orientadas a direccionar y conducir el conjunto de acciones que destinan al cumplimiento efectivo de los derechos de niños y niñas durante la primera infancia. En muchos casos, los ejercicios de planificación estratégica dan lugar a documentos, a los cuales se los denomina planes, estrategias o políticas de gran alcance. Si bien la CDN orienta la actividad de los Estados, no fija su contenido específico. Estos tienen que ajustar la orientación de la política pública existente a los principios que propone la CDN. Esto implica precisar un marco conceptual común desde el cual interpretar las decisiones y las acciones que se promueven y las que se llevan adelante.

El Plan de la Patria 2019-2025. Hacia la prosperidad económica, presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), fue creado a través de asambleas populares realizadas en todo el territorio nacional, coherente con la línea histórica del anterior Plan de la Patria 2013-2018. Define como objetivos finales defender, expandir y consolidar la independencia nacional; continuar construyendo el socialismo bolivariano; contribuir a la preservación del medio ambiente; desarrollar políticas de una sociedad pluricéntrica, pluripopular, consolidando a la República Bolivariana de Venezuela como potencia de plena democracia en las cinco dimensiones de la sociedad (económica, social, espacial, política y cultural). La estructura del Plan se basa en los cinco objetivos históricos los cuales se han mantenido, a la vez que han incorporado y ampliado otros. El Plan ha contemplado las líneas estratégicas de políticas y proyectos, así como también un primer conjunto de indicadores para la gestión y seguimiento de 320 indicadores, agrupados por metas y objetivos.

 

3.2. Intervenciones

Una aproximación hacia las formas en que los distintos Estados de la región están avanzando hacia la implementación de sistemas integrales de protección de derechos implica hacer foco en todas las acciones que están direccionadas hacia la primera infancia. La matriz de análisis que emerge del estudio de la política actual para primera infancia en América Latina se compone de los distintos núcleos de intervención, en los cuales los Estados concentran la mayor parte de la actividad estatal orientada a niñas y niños en sus primeros años de vida. Pero el análisis de las políticas de primera infancia en la región permite también identificar momentos en los cuales se distribuyen y se articulan las intervenciones a lo largo del tramo que conforma la etapa del ciclo vital. A continuación, se ampliarán estos dos componentes de la matriz utilizada para el análisis de la política para primera infancia en la región.

Los núcleos de intervención que emergen del análisis de la política de primera infancia son: salud, cuidado y educación, y restitución de derechos vulnerados. En la actualidad, la agenda de la primera infancia reconoce y dialoga con estos tres grandes flujos de acción donde se concentra mayor actividad estatal.

El primer núcleo en el cual se concentra una parte importante de la actividad estatal, y el que tiene más historia, es el que hace foco en la atención de salud de las personas embarazadas, y de niños y niñas. El actor institucional central es el sistema de salud. Un rasgo importante es su pretensión de universalidad. Hoy por hoy, se registra un consenso muy fuerte en torno a que todas las personas gestantes, los niños y niñas tienen que tener garantizado el acceso oportuno a servicios de salud de calidad. Desde el momento de la gestación, se despliega un conjunto de intervenciones que se extienden a lo largo del ciclo vital del niño y la niña. Durante el primer año de vida, estas acciones se intensifican considerablemente y se centran básicamente en el seguimiento y control de la salud, estado nutricional y prevención de enfermedades. Estas prestaciones se desarrollan en los distintos dispositivos sanitarios de los tres niveles de atención, que trabajan de manera articulada, y se organizan según los problemas de salud que resuelven y no por las prestaciones que brindan. Aquí se observa cómo los distintos dispositivos de salud despliegan sus capacidades en el territorio y atienden las dimensiones del desarrollo biofísico y nutricional, al igual que las vulnerabilidades asociadas a la gestación y el parto, como la alimentación, lactancia, la salud mental y cuidados fundamentales.

El segundo foco en que se concentra la actividad estatal, con una historia más reciente, son los esfuerzos para garantizar la atención, cuidado y educación en la infancia. En particular, en el desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, emocionales, sociales de niños y niñas pequeños, en las habilidades parentales de las madres, padres y cuidadores directos, y en el alivio de la carga de cuidado que enfrentan las familias durante la etapa de crianza. En este flujo participan una variedad de actores institucionales y profesionales de diversas disciplinas. Es una vertiente que, al igual que la anterior, acumula una intensa experiencia de territorialización de acciones y trabajo en contextos diversos, en donde el sector salud también tiene una presencia muy importante.

Las acciones orientadas a la protección y cuidado de la infancia se nutren de un conjunto diverso de instrumentos de políticas. A través de talleres en espacios públicos (jardines, escuelas, centros comunitarios) o visitas domiciliarias, se busca acompañar a las familias y fortalecerlas en sus habilidades parentales. Estos espacios constituyen instancias en las que se problematizan distintas dimensiones de la crianza, a la par que funciona como nexo para la articulación de otros servicios públicos. Otro tipo de intervenciones que hacen foco en el desarrollo de capacidades se basa en la atención institucionalizada de niños y niñas. Se trata de espacios en donde las familias dejan a sus hijos al cuidado de otras personas adultas durante un tiempo previamente establecido. Consiste en una oferta variada de servicios, que atiende de forma directa a niños y niñas, cuyas modalidades son diversas: centros de desarrollo infantil, hogares para niños sin cuidados parentales, espacios comunitarios, que por lo general dependen del Ministerio de Desarrollo Social o algún área semejante a nivel provincial o municipal. Muchos de estos servicios nacieron como experiencias comunitarias de cuidado en contextos en donde el Estado se encontraba ausente. En gran medida, porque estos servicios no solo brindan atención directa a niños y niñas, sino que también permiten aliviar la carga de cuidado que enfrentan las familias, liberando tiempo para que las personas adultas puedan trabajar fuera del hogar. Esta es una de las razones por las cuales el debate en torno a estos servicios atraviesa y articula la agenda de la primera infancia con la impulsada por los movimientos de mujeres; en particular, la agenda de los cuidados. Un rasgo común de esta oferta de servicios es que, en contraste con la primera vertiente –relacionada con la atención de la salud–, focaliza en los sectores más vulnerables. Es una red de servicios focalizada y presenta variaciones respecto de su calidad, pertinencia del servicio que brinda, y supervisión y apoyo que recibe por parte del Estado.

En este foco también confluyen los servicios educativos correspondientes al nivel inicial. El actor institucional que ofrece y garantiza el servicio es el Ministerio de Educación u organismos análogos. Aquí lo que se observa es la pretensión de universalizar el nivel inicial a edades más tempranas que, en la actualidad, establece la obligatoriedad en la mayoría de los países a la edad de 4 y 5 años.

Por último, se identificó un tercer núcleo de intervenciones, que se orientan a la restitución de derechos vulnerados. Se caracteriza por ser intensivo en recursos normativos. En este núcleo, el poder judicial tiene una presencia importante pero también participan otras áreas del Estado, como los organismos del sistema de seguridad social y los ministerios de desarrollo social. Algunos de los focos de intervención más relevantes son la prevención y la asistencia a niños y niñas víctimas de trata o explotación sexual y aquellos que son víctimas de otros tipos de violencia. Otro foco de intervención es la restitución del derecho a crecer en un entorno familiar para niños y niñas que no cuentan con cuidados parentales.

Se incluyen aquí acciones orientadas a restituir uno de los derechos más vulnerados en nuestra región: el derecho de niños y niñas a crecer en familias que cuenten con un flujo de ingresos constante, suficiente y protegido. Los instrumentos de política que se utilizan con más frecuencia son la transferencia de bienes y de recursos financieros a las familias, o el acceso gratuito o preferencial a alimentos.

Por otro lado, como se mencionó, a partir del análisis de las políticas de primera infancia, se constata que los países tienden a distinguir momentos según la etapa del ciclo vital. Y, en cada uno de ellos, varían la participación de los actores institucionales, los modos de intervención y los instrumentos de política empleados. Al hacer foco en las prestaciones (es decir, los bienes, servicios y transferencias), se observa que éstas se distribuyen y articulan a lo largo del tramo que conforma esta etapa del ciclo vital, y que se atiende en forma simultánea a las distintas dimensiones que impulsan el desarrollo de las capacidades de niños y niñas durante este periodo en particular. Estos momentos son el pregestacional, el gestacional, el parto y puerperio, el primer año de vida y el período entre los 45 días a los 4 años e ingreso a educación obligatoria.

Momento pregestacional

Los Estados desarrollan acciones orientadas a ampliar las oportunidades de inclusión social de las mujeres y varones jóvenes a través, fundamentalmente, de la culminación del tramo de escolarización obligatoria, talleres para la promoción de la maternidad y paternidad responsables, y de la salud sexual y reproductiva.

Momento gestacional

La actividad estatal se concentra intensamente en garantizar el derecho a la salud de las personas embarazadas y de los niños y niñas por nacer. En situaciones adversas –distancia geográfica, por ejemplo–, se desarrollan acciones orientadas a garantizar el parto institucionalizado. A través de transferencias monetarias, se busca atender oportunamente situaciones de vulnerabilidad social. Las consejerías estructuradas interdisciplinarias asisten a las mujeres en conflicto con la maternidad. En paralelo, los talleres y consejerías orientadas a las mujeres gestantes, sus parejas y/o acompañantes buscan fortalecer y desarrollar habilidades para la crianza.

Parto y puerperio

La prevención y el control de la salud, y la captación temprana de enfermedades en las madres y los niños o niñas recién nacidos, así como el registro de su identidad, son objetivos destacados entre las intervenciones que desarrollan los Estados durante el parto y el puerperio. Por ello, garantizar que el parto ocurra en establecimientos de salud, atendido por profesionales capacitados en un abordaje humanizado, es central. La atención de las vulnerabilidades sociales, emocionales y el desarrollo de habilidades para la crianza que se iniciaron en etapas previas, continúan. Las licencias parentales constituyen una de las formas en que los Estados protegen el derecho de niños y niñas a recibir cuidados sin que esto implique resignar ingresos.

Primer año de vida

En esta etapa de la cadena prestacional se adicionan servicios para la atención de la salud, el cuidado directo y la educación institucionalizada de niños y niñas. Uno de los objetivos explicitados de estos servicios es facilitar la participación de las madres en actividades que generan ingresos. En casos de abandono, violencia, negligencia u otras formas graves de vulneración de derechos, la restitución del derecho de niños y niñas a vivir en entornos familiares se transforma en prioridad.

De 45 días a 4 años e ingreso a educación obligatoria

Este momento, que se solapa con el anterior, se identifica por la centralidad que gradualmente adquiere el componente educativo dentro de los servicios de atención y educación de la primera infancia (AEPI). En gran parte de los países de la región, los Estados comienzan a ofrecer educación escolarizada. Entre los 3 y 5 años, se establece el inicio del tramo obligatorio de escolarización, que culmina entre los 14 y 17 años según el país.

Más allá de las intervenciones que se definen en cada momento, hay estrategias nacionales que abarcan la atención integral de la primera infancia. En estos países se enfatiza que el acceso de las familias a un flujo constante de ingresos, al trabajo decente, a una vivienda adecuada y a servicios básicos de saneamiento constituyen derechos irrenunciables para garantizar e igualar las oportunidades de niños y niñas a desarrollar todo su potencial. El entramado normativo, orientado a regular el vínculo entre niños, niñas y personas adultas, por ejemplo, para prevenir y penalizar el uso de la violencia como forma de disciplinamiento al interior de las familias o en las escuelas, es otra de las instancias cruciales que sostienen la conformación de un sistema integral para la protección de los derechos de la primera infancia.

A continuación, se presenta un conjunto relevante –pero no exhaustivo– de acciones que dan cuentan de los avances realizados en Venezuela para dotar de integralidad a la política para la primera infancia y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas pequeños. Las mismas se presentan agrupadas por núcleos de intervención según los momentos del ciclo vital.

 

 

3.3. Evaluación y monitoreo

Se registran diversos avances en la construcción de sistemas de información y evaluación de la política pública para la primera infancia. Muchos países ponen a disposición datos estadísticos e investigaciones, generalmente evaluaciones de impacto de algunos componentes puntuales de sus políticas, memorias, informes de auditoría, estudios sobre temas específicos, solicitados a universidades y organismos nacionales y extranjeros, a través de los cuales cubren, en parte, la demanda de información para el análisis de la situación de la primera infancia y de los esfuerzos que realizan los Estados para garantizar el cumplimiento efectivo de sus derechos.

A continuación, se presenta un conjunto breve de acciones orientadas a fortalecer las decisiones del Estado y su capacidad para sostener la política pública de la primera infancia. Se hace foco en las intervenciones públicas dirigidas a monitorear el diseño y la implementación de la política, y la ampliación de participación ciudadana.

4. Agenda actual de la primera infancia

A partir de la ratificación de la CDN –hace casi tres décadas– Venezuela ha demostrado amplios esfuerzos por armonizar los principios propuestos por la Convención en su ordenamiento jurídico interno, su institucionalidad y acciones programáticas. En este sentido, la agenda actual de la primera infancia constituye un diálogo permanente de estas tres dimensiones para dotar de integralidad la política pública orientada a las niñas y niños pequeños.

Comparando la situación del país con el promedio regional para cada indicador, puede decirse que Venezuela se caracteriza por presentar una baja proporción de población indígena (2,8%) y un alto porcentaje de población urbana (90,4%). Respecto a los indicadores económicos, el porcentaje de individuos en situación de pobreza es un tanto superior que en el resto de América Latina (40,3%), a la vez que el gasto social en porcentaje del PIB es superior a la tendencia general (18,8%). El índice de desarrollo humano es similar al valor promedio para los países latinoamericanos (0,726). Los indicadores de salud, en términos generales, muestran una performance por debajo del promedio regional, con desempeños deficientes en lo que respecta a la mortalidad materna, neonatal, infantil y de menores de 5 años, así como en relación a la fecundidad adolescente, aunque mostrando mejores resultados en referencia al porcentaje de partos hospitalarios y la proporción de niños con bajo peso al nacer. Respecto del indicador educativo de la primera infancia como lo es la tasa bruta de escolarización del nivel inicial, Venezuela se ubica por debajo del promedio, alcanzando un valor de 69,5%.

Los desafíos en materia de primera infancia que enfrenta Venezuela pueden plantearse en dos planos. En el plano normativo, el Estado venezolano tiene pendiente la aprobación del protocolo facultativo de la CDN relativo a un procedimiento de comunicaciones. En el plano de las políticas públicas, resulta pertinente la articulación de intervenciones bajo un organismo rector dedicado exclusivamente a la primera infancia, así como el desarrollo de sistemas de evaluación y monitoreo de las intervenciones y la publicación actualizada de datos e información pertinente.

 

  Finalmente, el principal desafío que prevalece en América Latina es la alta desigualdad social y de carácter estructural que prima en los países. Una desigualdad social elevada genera condiciones extremadamente desfavorables para efectivizar los derechos de la primera infancia. La carencia persistente de ingresos se encuentra sobrerrepresentada en los grupos sociales históricamente rezagados –población indígena, afrodescendiente, que reside en áreas rurales, en la población migrante, entre otras– y se inscribe frecuentemente en procesos históricos de acumulación intergeneracional de desventajas sociales que generan condiciones que no contribuyen en la apropiación de los beneficios potenciales que supone acceder a los bienes y servicios públicos. El beneficio social se diluye si no se resuelve la base estructural de redistribución social de la riqueza. Promover una mayor igualdad social implica no solo impulsar un crecimiento y desarrollo sostenible sobre bases más sólidas, sino también contribuir a la realización de los derechos sociales, económicos y culturales de las personas durante todo su ciclo vital.  

 

 

5. Notas al pie

[1] La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional al que más países han adherido, 196 países incluidos los 19 latinoamericanos lo han ratificado. Constituye el primer tratado internacional de derechos humanos que sitúa a niños y niñas como sus titulares directos. Desde el momento de su ratificación, los Estados asumen la obligación de garantizar los principios y derechos contenidos en el instrumento jurídico.

 

[2] Después de la aprobación de un tratado de derechos humanos se suelen añadir “protocolos facultativos”, mecanismos jurídicos que complementan y añaden provisiones al tratado. Un protocolo es “facultativo” porque no vincula automáticamente a los Estados que ya han ratificado el tratado original. Estas obligaciones en el protocolo son adicionales y pueden ser más exigentes que las que aparecían en la Convención original, por lo que los Estados deben escoger de manera independiente si quieren vincularse o no al protocolo. Su objetivo es profundizar sobre algunas cuestiones o temas que ya existían en el tratado original, abordar una preocupación nueva o añadir algún procedimiento para su aplicación. En definitiva, amplían las obligaciones del tratado original (UNICEF)

 

[3] Los instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos se negocian entre los Estados miembros de las Naciones Unidas y son jurídicamente vinculantes para cada uno de los Estados que sean parte del instrumento. Hay dos maneras en que un Estado puede llegar a ser parte: mediante la firma y ratificación o mediante la adhesión.

Al ratificar la Convención o un Protocolo Facultativo, un Estado acepta la obligación de respetar, proteger, promover o satisfacer los derechos enumerados, incluida la adopción o el cambio de leyes y políticas que pongan en vigor las disposiciones de la Convención o Protocolo. La Convención considera que todos los derechos de la infancia tienen la misma importancia. No existe ningún derecho "menor", ni ninguna jerarquía entre los derechos humanos. Estos derechos son indivisibles y están mutuamente relacionados, y se centran en todos los aspectos del niño. Las decisiones de los gobiernos con respecto a cualquiera de los derechos deben hacerse a la luz de los otros derechos de la Convención (UNICEF).