Venezuela

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Venezuela ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. En 1968, ratificó una de las convenciones más relevantes en educación, la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (UNESCO). Otros instrumentos jurídicos que se destacan son: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1983, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1990 y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en 2013.

En 2015, en la Asamblea 70 de Naciones Unidas, Nicolás Maduro expresó que la República Bolivariana de Venezuela adhería a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Institucionalmente, Venezuela cuenta con un órgano denominado Consejo de Vicepresidentes, que está encabezado por el Vicepresidente Ejecutivo e incluye Vicepresidentes Sectoriales (Vicepresidente de Planificación, Vicepresidente de Política y Soberanía, Vicepresidente para las Misiones Socialistas, Vicepresidente de Economía y Finanza, Vicepresidente para el Socialismo Territorial, Vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, Viceministro de R.R.E.E.), quienes se reúnen para analizar aspectos intersectoriales y transversales de las políticas de desarrollo que se aplican en el país y su alineación con la Agenda 2030. Los objetivos del Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025 coinciden con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En relación con el ODS 4 en particular, se insta a articular las políticas de educación, comunicación, cultura con las organizaciones del Poder Popular para el conocimiento, la valoración y reflexión crítica sobre la identidad venezolana y nuestroamericana¹. En 2016 Venezuela presentó el Reporte voluntario que evidencia la posición del país respecto al cumplimiento de la Agenda 2030.

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades. Establece además la obligatoriedad desde el nivel maternal hasta el medio diversificado.

Por su parte, la Ley Orgánica de Educación señala como principios: la democracia participativa y protagónica; la responsabilidad social; la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminaciones de ninguna índole; la formación para la independencia, la libertad y la emancipación, la valoración y defensa de la soberanía en una cultura para la paz, la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la práctica de la equidad y la inclusión; la sustentabilidad del desarrollo; el derecho a la igualdad de género; el fortalecimiento de la identidad nacional; la lealtad a la patria; y la integración latinoamericana y caribeña.

La Ley de Universidades sostiene que estas son instituciones al servicio de Venezuela y que a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país, mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales. Deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia.

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

El Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025 refiere a educación al enunciar los frentes de batalla de la dimensión de la democracia en lo social: “Educación liberadora para la descolonización y el trabajo: masificación, calidad y currículo, matrícula, alimentación escolar, atención al docente, pertinencia y relación con el trabajo y Plan de la Patria. Profundización del desarrollo educativo y tecnológico en un marco pertinente y eficiente, apuntado a las necesidades de descolonización, producción y sustitución de importaciones”.

El sistema educativo venezolano está conformado por el subsistema de educación básica, el subsistema de educación universitaria (regulados por la Ley 5929 Orgánica de Educación, sancionada en 2009) y el subsistema bolivariano de formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente (regulado por la Ley del INCES (decreto 1414 de 2014), sancionada en 2014).

El subsistema de educación básica abarca la educación inicial, la educación primaria y la educación media. El subsistema de educación universitaria comprende la educación de pregrado y los posgrados universitarios.

Se ofrece educación en modalidad especial, educación de jóvenes y adultos, educación en fronteras, educación rural, educación para las artes, educación militar, educación intercultural y educación intercultural bilingüe.

La Ley Orgánica de Educación garantiza el acceso al sistema educativo a las personas con necesidades educativas especiales o con discapacidad, mediante la creación de condiciones y oportunidades. También de las personas que se encuentren privadas de libertad y de quienes se hallan en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes.

La educación intercultural transversaliza el sistema educativo y crea condiciones para su libre acceso, a través de programas basados en los principios y fundamentos de las culturas originarias de los pueblos y de comunidades indígenas y afrodescendientes, valorando su idioma, cosmovisión, sus valores, saberes, conocimientos y mitologías entre otros, así como también su organización social, económica, política y jurídica, todo lo cual constituye patrimonio de la Nación. La educación en fronteras tendrá como finalidad la atención educativa integral de las personas que habitan en espacios geográficos de la frontera venezolana, favoreciendo su desarrollo armónico y propiciando el fortalecimiento de la soberanía nacional, la seguridad y defensa de la Nación, los valores de identidad nacional, la defensa del patrimonio cultural, la comprensión de las relaciones bilaterales, la cultura de la paz y la amistad recíproca con los pueblos vecinos. Por su parte, la educación rural está dirigida al logro de la formación integral de los ciudadanos y las ciudadanas en sus contextos geográficos; asimismo, está orientada por valores de identidad local, regional y nacional para propiciar el arraigo a su hábitat, mediante el desarrollo de habilidades y destrezas de acuerdo con las necesidades de la comunidad, en el marco del desarrollo endógeno y en correspondencia con los principios de defensa integral de la Nación. La educación militar tiene como función orientar el proceso de formación, perfeccionamiento y desarrollo integral de los y las integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El órgano rector con competencia en materia de Defensa ejercerá esta modalidad.

El capítulo IV de la Ley Orgánica de Educación se dedica a la formación y carrera docente, señalando, además de la política de formación, las relaciones de trabajo y jubilación de los profesionales de la docencia. El Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (IPASME) es el ente adscripto que se encarga de promover y desarrollar un Sistema de Seguridad Social Integral orientado al mejoramiento de la calidad de vida de profesores, docentes y personal administrativo del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

a. Educación inicial

La educación de nivel inicial está orientada a niños y niñas desde los 45 días hasta los 5 años. Se divide en dos etapas: maternal (0 a 2 años) y preescolar (3 a 5 años). El preescolar es obligatorio.

Las bases curriculares del nivel inicial presentan el marco referencial que orienta la acción educativa llevada adelante desde las instituciones y en espacios comunitarios. Describe los fundamentos legales, políticos y tendencias teóricas relacionadas con el aprendizaje y desarrollo infantil; así como los criterios y lineamientos generales para la práctica educativa que ejecutan distintos actores relacionados con la educación de niños y niñas, conforme a los contextos sociales, económicos y culturales del país.

b. Educación primaria

La educación primaria está orientada a niños y niñas de entre 6 y 11 años. Es obligatoria.

En el año escolar 2016-2017 se inició un proceso de transformación curricular en todos los niveles y modalidades. En el marco de ese proceso, en la resolución 143 de 2016, Lineamientos del Proceso de Transformación Curricular en todos los Niveles y Modalidades , se señala que los docentes deben discutir y revisar aspectos específicos de cada nivel y modalidad según el período de vida que aborda. En las modalidades de educación intercultural bilingüe, rural y de fronteras, se inicia un proceso de caracterización de cada contexto en sus procesos educativos, para abordarlos de manera pertinente en lo pedagógico y curricular.

c. Educación media

La educación media está orientada a adolescentes de 12 a 17 o 18 años. Es obligatoria. Se ofrece educación media general y educación media técnica. La educación media general contempla cinco años de escolarización. La educación media técnica contempla seis años de escolarización.

El documento Proceso de cambio curricular en el nivel de educación media describe tres grandes finalidades del nivel: desarrollar el potencial creativo de cada ser humano (desarrollo de las potencialidades humanas); formar para el pleno ejercicio de su personalidad y ciudadanía (formación de ciudadanía); y seguir aprendiendo el resto de la vida (la formación tiene valor presente y futuro). El proceso de transformación curricular establece Orientaciones para el proceso de transformación curricular en educación media general y Orientaciones para el proceso de transformación curricular en educación media técnica. Por su parte, el Proceso de transformación curricular para la educación media general en la modalidad jóvenes y adultos de 2016 dicta el proceso de transformación curricular para la educación media general en la modalidad de educación de jóvenes y adultos, estableciendo el currículo a fin de garantizar el derecho constitucional de todas las personas a una educación integral, de calidad, permanente y en igualdad de condiciones y oportunidades.

d. Educación técnico profesional

En Venezuela, se ofrece educación técnico profesional en el nivel medio del subsistema de educación básica, en el subsistema bolivariano de formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente, y en nivel superior, a través de los programas nacionales de formación en áreas técnicas y tecnológicas del Programa Misión Sucre.

La educación media técnica ofrece formación general tecnológica y capacitación en aplicaciones técnicas profesionales. Su propósito es contribuir a la adquisición de cultura general, facilitar el ingreso al mercado de trabajo y continuar estudios en el nivel de educación superior. Consta de las siguientes especialidades: agropecuaria, artes, promoción social y servicios de salud, industrial, comercio y servicios administrativos, seguridad y defensa, y educación intercultural bilingüe.

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) es la institución del Estado encargada de la formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de los trabajadores, y está orientado al desarrollo de sus capacidades para la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan las necesidades del Poder Popular, su incorporación consciente al proceso social de trabajo y la construcción de relaciones laborales justas e igualitarias. El INCES es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado en 1960 y adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal. En 2014, se derogaron las regulaciones hasta entonces vigentes, y mediante la Ley del INCES (decreto 1414 de 2014) se establecieron las funciones, los principios, la organización y las estrategias del instituto. Los adolescentes de 14 a 18 años que participan en el proceso sistemático de formación y autoformación colectiva son considerados aprendices. Al cumplir 18 años tienen derecho a obtener la certificación correspondiente de los saberes adquiridos.

e. Educación superior

La educación universitaria tiene como función la creación, difusión, socialización, producción, apropiación y conservación del conocimiento en la sociedad, así como el estímulo de la creación intelectual y cultural en todas sus formas. Su finalidad es formar profesionales e investigadores de la más alta calidad, y auspiciar su permanente actualización y mejoramiento, con el propósito de establecer sólidos fundamentos que, en lo humanístico, científico y tecnológico, sean soporte para el progreso autónomo, independiente y soberano del país en todas las áreas.

Las universidades públicas nacionales se rigen por la Ley de Universidades, sancionada en 1970. Se ofrece educación superior en establecimientos gestionados por el Estado y por privados. La oferta universitaria de gestión estatal está conformada por seis colegios universitarios, 13 institutos universitarios, 47 universidades experimentales, cinco universidades nacionales, ocho institutos de estudios avanzados y la Misión Sucre. La Misión Sucre tiene por finalidad facilitar el acceso y la prosecución de la educación universitaria pública, permanente, integral, gratuita y en igualdad de oportunidades de todos los bachilleres que así lo demanden, con el propósito de incrementar el nivel educativo de la población venezolana y formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país, a través del establecimiento de nuevos modelos educativos universitarios, sustentados en la sinergia institucional y la participación comunitaria, con base en los imperativos de la democracia corresponsable, participativa y protagónica.

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos, en todos sus niveles.
• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.
• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, becas, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

A modo de síntesis y sin pretensión de exhaustividad, pueden señalarse las siguientes observaciones.

En el foco currículo y modelos de gestión, se destacan los avances en el despliegue de acciones para recuperar el proceso de cambio curricular, el cual abarca todos los niveles educativos y afecta modalidades específicas como la educación de jóvenes y adultos, y la educación bilingüe con el desarrollo de materiales educativos en distintos lenguajes.

En el foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología se desarrolla a través del programa Canaima Educativo y las estrategias de Democratización de Tecnologías de Información llevadas adelante por el Ministerio del Poder Popular para la Educación que dotan de tecnología a los diferentes niveles educativos.

En el foco docentes el Ministerio cuenta con una serie de formaciones que incluye la formación inicial, Programas de formación Avanzada, Maestrías, Doctorados, Cursos y Talleres.

En el foco políticas de fortalecimiento, el Estado nacional destina diversos recursos para fortalecer las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fundamentalmente a través de los Bonos de Protección Social y el Programa de Alimentación Escolar.

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo con la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; y c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación 

El Ministerio del Poder Popular para la Educación es el ente rector de las políticas educativas, en concordancia con los lineamientos del Estado y comprometidos con la participación popular para un mayor nivel de desarrollo, materializando la universalización de la educación y fortaleciendo el acceso, la permanencia y prosecución del subsistema de educación básica. Se compone por un nivel de apoyo, que integran oficinas de planificación, presupuestos, gestión humana, auditoría interna, entre otras. Luego, en el nivel sustantivo, se encuentran cinco despachos de viceministros: de educación, de educación inicial o primaria, de educación media, de comunidades educativas y unión con el pueblo, y de instalación o logística, los cuales se integran por diversas direcciones tales como Currículo, Comunidades Educativas, Protección y Desarrollo, Estudiantes, etc. El nivel desconcentrado lo integran las zonas educativas y, por último, en el nivel descentralizado se ubican EDUMEDIA, IPASME, CENAMEC, FUNDABIT, SENIFA, FEDE, CNAE, Fundación Samuel Robinson, Colombeia TV y Academias Nacionales. El Consejo Educativo es la instancia ejecutiva de carácter social, democrático y corresponsable de la gestión educativa. Está conformado por padres, madres, representantes, responsables, estudiantes, docentes, administrativos y obreros de las instituciones educativas, desde la educación inicial hasta la educación media general.

El Servicio Autónomo Consejo Nacional de Universidades (CNU) es el organismo encargado de asesorar técnicamente a las instancias competentes del sistema de educación universitaria. Cuenta con la asesoría técnica del Secretariado Permanente, Consejo Consultivo Nacional de Postgrado y de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) fue creada en 1974, para servir de oficina técnica al CNU.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

Venezuela es un Estado federal, con una organización del sistema educativo centralizada. La Ley 5929/2009 Orgánica de la Educación (art. 5) establece que el Estado garantiza una inversión prioritaria de crecimiento progresivo anual para la educación. Esta inversión está orientada hacia la construcción, ampliación, rehabilitación, el equipamiento, mantenimiento y sostenimiento de edificaciones escolares integrales, contextualizadas en lo geográfico cultural, así como la dotación de servicios, equipos, herramientas, maquinarias, insumos, programas telemáticos y otras necesidades derivadas de las innovaciones culturales y educativas. Los servicios, equipos e insumos referidos incluyen los vinculados con los programas de salud integral, deporte, recreación y cultura del sistema educativo.

La Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) es la institución pública dedicada a dar respuestas a la problemática de la planta física educativa a escala nacional, atendiendo de forma sistemática las etapas correspondientes a la construcción, dotación, rehabilitación y el mantenimiento del conjunto escolar.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

El Instituto Nacional de Estadística de Venezuela es el encargado de producir información. Los ministerios publican documentos denominados Memorias y Cuentas, en los cuales se difunde la información en cada materia.

El art. 44 de la Ley Orgánica de Educación establece que la evaluación como parte del proceso educativo es democrática, participativa, continua, integral, cooperativa, sistemática, cualicuantitativa, diagnóstica, flexible, formativa y acumulativa. Los órganos con competencia en materia de educación básica y educación universitaria realizan evaluaciones institucionales a través de sus instancias nacionales, regionales, municipales y locales, en las instituciones, centros y servicios educativos, en los lapsos y períodos que se establecen en el reglamento de la citada ley.

El Sistema de Evaluación y Acreditación (SEA) es el mecanismo aprobado por el CNU para enmarcar, aplicar y desarrollar los procesos de evaluación y acreditación de la educación superior. 

La última prueba internacional en la que participó Venezuela fue el Programme for International Student Assesment (PISA) de la OCDE, aunque la participación fue de carácter no obligatorio.

• El último dato disponible de la tasa de analfabetismo para el total de la población es del 4,2%. Al analizar este dato según la variable ingresos, se evidencian grandes diferencias, en desmedro de las personan pertenecientes a hogares de ingresos de nivel inferior. 
• El promedio de años de escolarización es de 9,5 años, con una leve diferencia a favor de las mujeres (9,8 años) y 3 años de diferencia entre la población de ingresos inferiores (7,7 años) y la de ingresos superiores (10,8 años).
• El porcentaje de población adulta que finalizó la secundaria alta alcanza, de acuerdo con el último dato disponible, al 50% de la población. Asimismo, se identifica una brecha de 30% entre los niveles de ingresos inferior y superior, a favor de estos últimos.

• En 2011, la tasa de asistencia escolar del nivel inicial fue del 93,3%. No se identifican diferencias sustanciales por sexo, pero sí entre la población de ingresos inferiores (91,5%) y los de ingresos superiores (96,4%). Asimismo, no se cuenta con datos para las zonas rurales. 

• En 2011 se identifica que la tasa de asistencia escolar del nivel primario se acerca a la universalización (98%). No se identifican diferencias sustanciales según el sexo de estudiantes.
• En 2011 la tasa de finalización del nivel primario es del 93,7%. Se identifica una brecha de 3,4% entre niños (92%) y niñas (95,4%) a favor de estas últimas. No se cuenta con datos para identificar la diferencia por área geográfica. Según los niveles de ingreso, la brecha es de 5,7 puntos porcentuales, siendo de 96,9% para aquellos de altos ingresos y del 91,2% para los de bajos ingresos.

• En 2011 la tasa de asistencia a la secundaria baja alcanza el 81,5%, con importantes variaciones por sexo, dado que para los varones la tasa de asistencia es del 79,2% y para las mujeres del 84%. Por niveles de ingresos, aquellos del nivel superior tienen una tasa del 88,8%, mientras que los de menores ingresos del 75,9%.
• La tasa de asistencia escolar a la secundaria alta es 58,1%. Respecto de las diferencias por sexo, las mujeres tienen una asistencia del 63,5% y los hombres del 52,7%. En relación con el nivel de ingresos, aquellos del nivel superior tienen una tasa de asistencia del 70%, mientras que los de menores ingresos del 49,7%.

• En 2011, la tasa de asistencia a la educación superior mantiene las diferencias por sexo (las mujeres tienen una tasa del 47,3%, los hombres del 36,5%) y por nivel de ingresos (la población de ingresos superiores tiene una tasa del 53,2%, mientras que los ingresos inferiores del 32,7%).
• El porcentaje de finalización de educación superior es de 16% y presenta una significativa diferencia por nivel de ingresos: inferiores, 4,7%; medios, 10,4%; y superiores, 25,9%. También se identifica una brecha entre mujeres (18,5%) y varones (13,1%).