Paraguay

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien los ODS no revisten obligatoriedad, las acciones que los países orienten para su implementación permiten vehiculizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.

Paraguay ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990; y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2016. A través del decreto 3581/2020 dispone la creación de una nueva comisión interinstitucional denominada Comisión ODS Paraguay 2030, para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en el marco de la Agenda 2030.

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas, que deben estar alineadas a ella. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

En Paraguay, la Ley General de Educación señala que son responsabilidades del Estado garantizar el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades de acceder a los conocimientos y beneficios de la cultura humaní​stica, la ciencia y la tecnología, sin discriminación alguna; garantizar la libertad de enseñar, sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética; garantizar el derecho a la educación religiosa y al pluralismo ideológico (art. 3); y asegurar a toda la población del país el acceso a la educación, creando las condiciones de una real igualdad de oportunidades (art. 4).

La educación intercultural bilingüe se estructura a partir del art. 77 de la Constitución Nacional, que garantiza la enseñanza en la lengua materna de estudiantes y el empleo de ambos idiomas oficiales del Paraguay. La Ley General de Educación ratifica que la educación intercultural bilingüe se brindará desde los comienzos del ciclo escolar (art. 31). A partir de la ley 3.231, se creó la Dirección General de Educación Escolar Indígena dentro del Ministerio de Educación. Ella tiene como objetivo delinear las políticas educativas de los pueblos indígenas y velar por el cumplimiento de la legislación vigente. Por último, la ley 4.251 se promulgó para promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas, preservar y promocionar las diversas lenguas y culturas indígenas.

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

El Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, en el eje estratégico Desarrollo social equitativo, se propone: aumentar a 70% la cobertura de educación inicial; universalizar la educación preescolar; aumentar cinco veces la escolaridad promedio de la población indígena; universalizar el alfabetismo en la población indígena; universalizar la cobertura de la educación escolar básica (primer, segundo y tercer ciclo); aumentar la cobertura de educación media al 92% con énfasis en poblaciones vulnerables; universalizar la alfabetización en personas adolescentes y adultas.

El Plan de Acción Educativa 2018-2023 estructura sus acciones alrededor de tres ejes estratégicos: 1) igualdad de oportunidades en el acceso y garantía de condiciones para la culminación oportuna de los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades educativas; 2) calidad de la educación en todos los niveles y modalidades educativas; y 3) gestión de la política educativa en forma participativa, eficiente, efectiva y articulada entre los niveles nacional, departamental y local. A su vez, a través de la resolución 10.867/2014, el Ministerio de Educación y Ciencias aprobó el Manual de microplanificación de la oferta educativa, con el que busca promover la equidad y calidad en el acceso a la educación; la permanencia en el sistema educativo nacional y la culminación del nivel/modalidad correspondiente; el uso eficiente de los recursos destinados al sector; y la instalación de capacidad técnica a nivel central y departamental.

El Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe dispone que todas las instituciones educativas deben implementar la enseñanza de las lenguas oficiales en todos los niveles educativos, tanto en instituciones públicas como privadas; que los centros de formación docente deben preparar educadores bilingües, tanto en guaraní como en castellano; y que la implementación del Plan en las instituciones educativas debe realizarse a través de la construcción participativa, en forma gradual y conforme lo establecido en los marcos normativos.

El Proyecto Nacional de Transformación de la Educación 2030 (PNTE 2030) se desarrolla en el marco de un proceso de construcción pedagógica, institucional y social. A través de los aportes de la ciudadanía y de los diferentes actores del sistema educativo, se identificaron y estructuraron nueve políticas educativas:

i. Modelos educativos bilingües para las diversas comunidades educativas;

ii. Desarrollo profesional docente;

iii. Apropiación pedagógica de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo; 

iv. Fortalecimiento de la educación técnica y formación profesional;

v. Gestión educativa centrada en el aprendizaje;

vi. Condiciones estructurales y materiales pertinentes para el aprendizaje;

vii. Evaluación e investigación educativa para la mejora continua;

viii. Financiamiento educativo sostenible; y

ix. Fortalecimiento de las comunidades educativas: sociedad, familia y educación.

Al cierre de este texto se cuenta con el Segundo Acuerdo del Documento para el debate público.

El Plan Nacional de Transformación de la Educación 2040 (PNTE 2040) toma los diferentes diagnósticos, estudios, consultas y hallazgos del PNTE 2030 y tiene como propósito transformar el sistema educativo de la República del Paraguay. El objetivo general del PNTE 2040 es establecer un sistema educativo nacional de calidad que garantice el aprendizaje adecuado de estudiantes, con cobertura universal desde el prescolar hasta la educación media, funcionando con elevados niveles de eficiencia y con un financiamiento adecuado. El PNTE 2040 comprende nueve políticas, treinta líneas estratégicas, cinco dimensiones de análisis, los escenarios de financiamiento y una hoja de ruta de implementación del Plan hasta 2040. Al cierre de este informe se cuenta con un documento consolidado que se encuentra publicado para el debate público.

La Ley 1.264 General de Educación y la Ley de la Carta Orgánica del Ministerio de Educación 5749 establecen que el sistema educativo nacional está conformado por el régimen general, el especial y otras modalidades de atención educativa.

La educación de régimen general se estructura en tres niveles. El primero comprende la educación inicial y la educación escolar básica (EEB); el segundo a la educación media (EM); y el tercero a la educación superior.

La educación permanente de personas jóvenes y adultas forma parte de la educación básica y la educación media, ya que sus programas son equivalentes a los ciclos de la EEB y cursos de la EM. La Ley 5.136 de Educación Inclusiva crea el modelo inclusivo dentro del sistema de educación regular. Su propósito es contribuir a la inclusión educativa de los estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad. La Dirección General de Educación Inclusiva tiene como objetivo desarrollar estrategias de igualdad e inclusión dentro del sistema educativo.

La ley 3.231, sancionada en 2007, crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena (DGEEI), que es responsable de velar por el cumplimiento efectivo de los derechos educativos de los pueblos indígenas.

La educación de régimen especial se circunscribe a la educación artística, la educación de arte dramático, música y danza, y a la educación de lenguas extranjeras y otras etnias. La Dirección General de Educación en el Arte ejerce la rectoría pedagógica y administrativa de la formación en arte.

Las modalidades de atención educativa no contempladas en el régimen general de educación se agrupan en “otras modalidades de atención educativa”, entre las que se incluyen: educación general básica y educación permanente; educación para grupos étnicos; educación campesina y rural; educación de personas con limitaciones excepcionales; educación militar y policial (que se rige por las disposiciones de las fuerzas armadas); y educación para ministros de culto.

Los establecimientos educativos pueden ser de gestión estatal, gestión privada subvencionados y no subvencionadas por el Estado.

a. Educación inicial

La resolución 37.885 de 2017 aprueba el reglamento de la educación del nivel inicial, el cual está orientado a niños y niñas entre 0 a 5 años. Está conformado por maternal para niños y niñas desde su nacimiento hasta los 2 años; prejardín y jardín de infantes destinado a niños y niñas entre 3 y 4 años; y el preescolar, para niños y niñas de 5 años. Este último se ofrece en modalidad escolarizada y es obligatorio.

b. Educación escolar básica

La educación escolar básica está orientada a niños, niñas y adolescentes de 6 a 14 años. Se divide en tres ciclos, de tres años de duración cada uno. Es obligatoria.

El primero y el segundo ciclo están destinados a niños y niñas de 6 a 11 años. El tercer ciclo, a adolescentes de 12 a 14 años. Los estudiantes que hayan acreditado y culminado el tercer ciclo están habilitados para cursar la educación media.

c. Educación media

La educación media está orientada a los adolescentes de 15 a 17 años. Tiene una duración de tres años y es obligatoria. Cuenta con dos modalidades: bachillerato científico (con énfasis en letras y artes; en ciencias sociales; y en ciencias básicas y tecnología) y bachillerato técnico (industrial, servicios y agropecuario, salud). 

Los estudiantes de bachillerato cursan un tronco común de asignaturas que contribuyen a su formación general. Luego optan por las asignaturas propias de cada modalidad.

Los estudiantes que aprueben los tres años de la educación media se encuentran habilitados para cursar estudios de nivel superior.

d. Formación profesional

En Paraguay, se ofrece educación técnico profesional a las personas que completaron el primero y el segundo ciclo de la educación básica, a los estudiantes matriculados en la orientación técnica de bachillerato y a las personas que cursan tecnicaturas del nivel superior de educación. Se dicta en centros educativos gestionados por el Estado y por privados.

La Unidad Técnica Interministerial para la Educación Técnico Profesional es el organismo responsable de evaluar y certificar la oferta de educación técnico profesional de todos los niveles y modalidades de educación formal y no formal.

e. Educación superior

La educación superior se rige por la ley 4.995, sancionada en 2013. Está orientada a las personas que completaron estudios de nivel medio. Expide títulos de nivel terciario (formación docente y educación técnica superior), de grado (licenciaturas) y de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados).

Las universidades públicas gozan de autonomía financiera y administrativa. No obstante, rinden cuentas a la Contraloría General de la República. Se ofrece educación superior en modalidad presencial y a distancia, en establecimientos educativos gestionados por el Estado y por privados.

Además de los aspectos estructurales, una parte de la caracterización de la política educativa consiste en el dimensionamiento del tamaño del sistema educativo. Según los datos de la Dirección de Estudios y Análisis de Políticas Educativas del Ministerio de Educación y Ciencias en 2021 el sistema educativo de Paraguay se componía a partir de 1.528.216 estudiantes, 10.277 instituciones educativas y 75.010 docentes en aulas. Para el nivel inicial, se registró un total de 204.409 estudiantes; para la educación escolar básica, 985.600 estudiantes; para la educación media, 264.328 estudiantes; para la educación especial, 707; y para la educación permanente; 73.172 estudiantes. La distribución porcentual de la matrícula por sector se compone por un 80% en el sector oficial, 9% en el sector privado y 11% en el privado subvencionado. Por último, la distribución porcentual de la matrícula por zona arroja que el 67% de la matrícula pertenece a las zonas urbanas y el 33% a las zonas rurales.

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos.

• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.

• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

Una mirada a los recursos que Paraguay está movilizando para garantizar el derecho a la educación, de modo general y sin pretensión de exhaustividad, permite realizar las siguientes observaciones.

En el foco currículo y modelos de gestión, se observan esfuerzos estatales orientados a expandir la oferta educativa entre niños y niñas de 0 a 5 años, a través del Programa de Atención Educativa Oportuna en la Primera infancia. También, la ampliación y diversificación de la oferta educativa para atender las trayectorias escolares interrumpidas; entre ellas, en la educación media a través de los programas PRECEM y EMA, programas de alfabetización para jóvenes y adultos en la modalidad no formal, con énfasis en la población indígena, y la ampliación de la jornada escolar y el mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de zonas rurales.

En cuanto al foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología, tienen centralidad las acciones tendientes a fortalecer la conectividad y el equipamiento digital de escuelas y estudiantes a través del Programa de Mejoramiento de las Condiciones de Aprendizaje mediante la Incorporación de TIC en Establecimientos Educativos y Unidades de Gestión Educativa en Paraguay. Además, se están movilizando recursos financieros para la construcción y rehabilitación de establecimientos educativos a través del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

En relación con el foco de intervención docentes, se destacan las acciones orientadas al mejoramiento de las prácticas pedagógicas, con énfasis en el fortalecimiento de las capacidades por áreas curriculares, lenguas (guaraní, inglés y castellano), matemática, lengua, ciencias naturales, artes y deportes.

Finalmente, el Ministerio de Educación y Ciencias, en su Plan de Acción Educativa se propone consolidar programas para el mejoramiento de las condiciones educativas. Entre estas acciones se destacan el Programa de Alimentación escolar, la entrega de kits escolares, la ampliación del boleto estudiantil, el reparto de textos escolares y bibliotecas en el marco del Plan Nacional de Lectura, las becas a estudiantes de educación básica, media y formación docente, y los programas de transferencias monetarias Abrazo y Tekoporá. También se destaca el impulso a las escuelas saludables y los programas de prevención de la violencia sexual y el embarazo en la adolescencia.

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo con la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones:

a) la organización y el modelo de gestión de la educación;

b) el financiamiento de la política educativa;

c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

La Ley General de Educación señala al Ministerio de Educación y Ciencias como el responsable de asegurar el cumplimiento de los deberes y obligaciones relativos al derecho a la educación. Es el ente que ejerce la rectoría del sistema educativo. Tiene la función de conducir el sistema educativo nacional, los programas y acciones educativos y culturales del Estado. Administra los niveles de educación inicial y escolar básica, media y terciaria no universitaria del sector oficial, y, además, supervisa las actividades del sector privado y privado subvencionado.

Bajo su órbita, el Consejo Nacional de Educación y Cultura es el órgano responsable de asesorar y proponer las políticas educativas y culturales, la reforma del sistema educativo nacional y acompañar la implementación de las acciones programáticas. A su vez, la ley establece la creación de consejos departamentales de educación en coordinación con los gobiernos locales.

El Ministerio de Educación y Ciencias se organiza internamente en distintas áreas e instancias de dirección, coordinación y ejecución, que cumplen funciones específicas respecto al diseño, la implementación y el seguimiento de la política educativa.

La Ley de Educación Superior señala al Consejo Nacional de Educación Superior como el órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y los programas de la educación superior. El Consejo Nacional de Educación Superior cuenta con un Consejo Ejecutivo, que es el encargado de implementar las resoluciones y que actúa como órgano de apoyo técnico mediante la producción de estudios, análisis e información sobre la educación superior.

El funcionamiento de las universidades e institutos superiores (mixtos o privados) depende de la aprobación del Congreso de la Nación, previo dictamen favorable y fundado del Consejo Nacional de Educación Superior, que reglamenta las exigencias administrativas y académicas de las carreras y sus programas. En el caso de los institutos de formación profesional del tercer nivel (los institutos de formación docente y los institutos técnicos que brindan formación profesional y reconversión permanente en las diferentes áreas del saber técnico y práctico, habilitando para el ejercicio de una profesión) se rigen por las disposiciones del Ministerio de Educación y Ciencias. El ministerio reglamenta su creación, estructura organizacional, funcionamiento, supervisión y clausura.

Finalmente, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) es el organismo técnico encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de las instituciones de educación superior. Posee autonomía académica, administrativa y financiera.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

Paraguay es un país con una organización institucional unitaria y asignación de recursos centralizada al sistema educativo. La normativa que regula y dispone sobre el financiamiento de la política educativa está expresada en la Ley 1.264 General de Educación y la ley 4.758, que regula el Fondo Nacional para la Inversión y Desarrollo, y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación.

El art. 145 de la Ley General de Educación establece que la asignación presupuestaria en educación no puede ser menor al 20% del presupuesto general de gastos de la nación. El sistema educativo nacional cuenta además con los aportes oficiales de las gobernaciones y de los municipios, de acuerdo con las políticas de descentralización y la administración de sus presupuestos. La ley además dispone que en la asignación de los recursos se dé prioridad a la educación de los sectores marginales de la población, al sector rural, a las áreas urbanas marginales y a las zonas fronterizas.

A través de la ley 4.748 se crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. En relación con el primer Fondo, el art. 4 establece que, por lo menos, el 50% de los ingresos percibidos por gobiernos departamentales y municipales deberán destinarse al financiamiento de proyectos de infraestructura en educación y el 30% al financiamiento de proyectos de almuerzo escolar, beneficiando a niños y niñas de educación inicial y educación escolar básica. Respecto al segundo Fondo, el art. 12 establece que tendrá como objetivo financiar los siguientes programas y proyectos: programas de incorporación de TIC en el sistema educativo; programas de apoyo para el mejoramiento de la calidad de la formación de los docentes principalmente de instituciones educativas del sector oficial; programas de mejoramiento de la oferta educativa; programas de atención integral a la primera infancia; programas de organización, formación y fortalecimiento de redes de cooperación escolar de familiares y tutores de estudiantes; otorgamiento de becas de estudio para la formación superior programas de incentivo de investigadores nacionales; y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación.

La Ley de Educación Superior (art. 76) dispone que los recursos destinados a la educación superior no sean inferiores al 7%. También establece la asignación del 2% del presupuesto general de la nación a la investigación. Asimismo, señala que los fondos aportados por el Estado y los recaudados de fuentes privadas deben ser distribuidos para proveer recursos para el financiamiento de las universidades y los institutos superiores públicos, el Consejo Nacional de Educación Superior y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Estas instituciones, no obstante, pueden recaudar y gestionar sus propios fondos.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

La Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos es la encargada de conducir la producción de estadística oficial en Paraguay. Coordina el relevamiento, la sistematización y difusión de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda, el Censo Económico Nacional y la Encuesta Permanente de Hogares Continua, entre otros instrumentos. Entre los datos publicados se encuentran los relacionados a los principales indicadores estadísticos educativos.

En el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencias, funciona el Sistema de Estadísticas, que reúne la producción, sistematización y publicación de la información relacionada con la educación inicial, escolar básica, indígena, media y permanente de jóvenes y adultos.

Haciendo foco en las evaluaciones de aprendizajes y competencias, la Dirección General de Planificación de Políticas Educativas lleva adelante desde 2015 el Estudio Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (SNPE), que mide los logros educativos de los estudiantes de 3.^o, 6.° y 9.^o grados de educación escolar básica y del 3.^er año de la educación media de todas las instituciones educativas del país, públicas, privadas y subvencionadas, en las áreas de competencias de lengua y matemática.

En simultáneo, el país ha participado en distintas pruebas internacionales. Entre ellas, se destacan las correspondientes al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO, en la evaluación PERCE en 1997; SERCE en 2006; TERCE en 2013; y ERCE en 2019. También el país fue parte del piloto de la evaluación PISA-D en 2017 y en 2018. Además, participó del Proyecto Regional de Indicadores de Desarrollo Infantil, en el que se vincularon la Universidad Iberoamericana, el Ministerio de Educación y Ciencias, y el Banco Interamericano de Desarrollo. En este proyecto, se trabajó en hogares con niños de 2 a 4 años. Los aspectos evaluados fueron el alfabetismo (incluyendo desarrollo de lenguaje), dominios cognitivos, socioemocionales, físicos y motricidad.

Finalmente, en relación con el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, Paraguay presentó en 2021 el Segundo Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Allí da cuenta, para cada uno de los objetivos, de los esfuerzos realizados por el Estado para garantizar su cumplimiento.

• En el periodo 2000-2021, la proporción de personas en situación de analfabetismo muestra una tendencia decreciente generalizada (del 9,6% al 5,3%), con mayor descenso entre mujeres (del 11,3% al 5,6%) y personas que residen en áreas rurales (del 15,2% al 8,6%).

• El promedio de años de escolarización de la población aumentó levemente tanto entre hombres (de 8,7 a 9,9 años) como entre mujeres (de 8,8 a 10,1 años), para las zonas urbanas y rurales, y para todos los niveles de ingresos.

• La proporción de personas adultas que finalizó la secundaria alta aumentó 12,2 puntos porcentuales a lo largo del periodo 2000-2021, hasta representar el 50,3 de esta población. Los mayores aumentos se identifican entre varones (14,1 puntos porcentuales), personas que residen en áreas rurales (13,1 puntos porcentuales) y hogares de menores ingresos (12,6 puntos porcentuales.).

• La proporción de niños y niñas que asistió a la escuela en el último año del nivel inicial muestra una tendencia de crecimiento sostenido en el periodo 2000-2021, registrando un aumento de 31 puntos porcentuales respecto de 2000.

• Se identifica que, respecto de 2000, hubo un mayor aumento en la tasa de asistencia en el caso de los varones (33,4 puntos porcentuales) que en las mujeres (28,4 puntos porcentuales). A su vez, se identifica que hubo un mayor aumento en la tasa de asistencia en el caso de las familias de niveles de ingresos medios (42,9 puntos porcentuales) a comparación de las familias de ingresos inferiores e ingresos superiores.

• La cantidad de varones y mujeres que asistieron al nivel primario disminuyó levemente durante 2000 y 2021. El mayor descenso se observa entre quienes residen en áreas rurales (del 89,7% al 86,9%) y en el caso de las familias de mayores ingresos (del 96,2% al 89,1%).

• Se observa un aumento entre quienes lograron finalizar la educación primaria (del 77,4% al 96,3%), estando prácticamente universalizada para quienes provienen de hogares con niveles de ingresos medios y altos.

• En el periodo 2000-2021 se evidencia una tendencia creciente en la asistencia a la secundaria baja (del 48,4% al 71,6%), sobre todo entre quienes residen en áreas rurales (del 36,6% al 67,4%) y provienen de hogares con niveles de ingresos inferiores (del 49,3% al 67,3%) y medios (del 62,1% al 79,3%).

• En el periodo analizado se identifica un crecimiento de estudiantes que asistieron la secundaria alta (del 38,4% al 60%), que fue mayor entre quienes provienen de áreas rurales (del 24,9% al 51%) y de sectores de menores ingresos (del 30,7% al 53,6%). La brecha de asistencia a la secundaria alta entre los hogares de mayores ingresos y los de menores ingresos se ha reducido a lo largo del período de análisis, aunque aún sigue siendo significativa, situándose en 19,1 puntos porcentuales.

• Se observa un aumento de quienes lograron finalizar el nivel secundario (del 42,2% al 67%) y una disminución de la sobreedad escolar, sobre todo en el grupo de 12 a 14 años (del 40,1% al 13,6%).

• Durante el periodo 2000-2021 aumentó la proporción de personas que asistieron a la educación superior (del 14,7% al 26%). En las zonas rurales aumentó en mayor proporción que en las zonas urbanas, y, si bien disminuyó la brecha en relación con el nivel de ingresos en 2011, aumentó en 2021 a valores mayores que a inicios del periodo analizado.

• Entre la población adulta que logró finalizar la educación terciaria y universitaria se observa una tendencia decreciente (del 4,7% al 1,9%). Las disminuciones más pronunciadas se observan, sobre todo, en el caso de las mujeres (del 5,2% al 1,8%), en la población adulta que reside en zonas urbanas (del 6,3% al 2,6%) y en las personas adultas que tienen un nivel de ingresos superior (del 10,6% al 5,4%).