Paraguay

© loco tv / PyEventos / Mario Amarilla

Contenido

1. Síntesis del marco normativo y estructura del sistema educativo nacional

 

2. Compromisos y obligaciones del Estado como garante del derecho a la educación

Cuando los Estados firman un tratado de derechos humanos, asumen el compromiso de crear las condiciones necesarias para transformar la situación en el sentido que allí se propone. El instrumento jurídico fija los principios de un nuevo pacto, que debieran guiar el horizonte de la política pública, dotar de sentido y legitimidad a las acciones que los Estados orienten para su cumplimiento efectivo.

En el marco del derecho, existen básicamente dos tipos de compromisos: aquellos que los Estados asumen en el ámbito internacional al ratificar instrumentos jurídicos regionales e internacionales, y los de alcance nacional, que se expresan generalmente en las leyes nacionales de educación. En el proceso de efectivización del derecho a la educación, los países avanzan en la armonización jurídica acorde a los compromisos asumidos en los tratados. 

A partir del diseño y la formulación de planes, estrategias o políticas de gran alcance que los Estados direccionan y conducen las acciones orientadas a garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan y transiten la escuela, se gradúen e incorporen aprendizajes significativos.

En este apartado se ofrece información que da cuenta de los avances de los Estados latinoamericanos en garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación.

2.1. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito internacional

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Paraguay ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990; y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2016. A través del decreto 3581 (2020) dispone la creación de una nueva comisión interinstitucional denominada Comisión ODS Paraguay 2030, para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en el marco de la Agenda 2030. En 2018 y 2021 presentó los informes voluntarios.

2.2. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito nacional

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

En Paraguay, la Ley General de Educación señala que son responsabilidades del Estado garantizar el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades de acceder a los conocimientos y beneficios de la cultura humaní​stica, la ciencia y la tecnología, sin discriminación alguna; garantizar la libertad de enseñar, sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética; garantizar el derecho a la educación religiosa y al pluralismo ideológico (art. 3); y asegurar a toda la población del país el acceso a la educación, creando las condiciones de una real igualdad de oportunidades (art. 4).

La educación intercultural bilingüe se estructura a partir del art. 77 de la Constitución Nacional, que garantiza la enseñanza en la lengua materna de estudiantes y el empleo de ambos idiomas oficiales del Paraguay. La Ley General de Educación ratifica que la educación intercultural bilingüe se brindará desde los comienzos del ciclo escolar (art. 31).

2.3. Planificación de la educación

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

El Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, en el eje estratégico desarrollo social equitativo, se propone: aumentar a 70% la cobertura de educación inicial; universalizar la educación preescolar; incrementar cinco veces la escolaridad promedio de la población indígena; universalizar el alfabetismo en la población indígena; universalizar la cobertura de la educación escolar básica (primer, segundo y tercer ciclo); aumentar la cobertura de educación media al 92% con énfasis en poblaciones vulnerables; universalizar la alfabetización en personas adolescentes y adultas.

El Plan Nacional de Educación 2024 tiene como objetivo garantizar el acceso, el mejoramiento de la calidad, la eficiencia y la equidad de la educación paraguaya como un bien público. Desarrolla tres ejes estratégicos: 1) igualdad de oportunidades en el acceso y garantía de condiciones para la culminación oportuna de los estudiantes en los diferentes niveles/modalidades educativos; 2) calidad de la educación en todos los niveles/modalidades educativas; y 3) gestión de las políticas educativas de forma participativa, eficiente, efectiva y articulada entre los niveles nacional, departamental y local.

 

3. Caracterización de la política educativa nacional

Este apartado hace foco en el conjunto de acciones que el Estado está orientando para garantizar el derecho a la educación. La caracterización de la política educativa se abordará desde tres dimensiones. En primer lugar, se analiza la estructura y el tamaño del sistema educativo, dado que son el marco sobre el cual se despliegan las acciones de política educativa. En segundo lugar, se describe el conjunto de intervenciones a través de las cuales se busca mantener el sistema educativo en funcionamiento. Este análisis se realizará haciendo foco en: 1) currículo y modelos de gestión institucional; 2) docentes; 3) infraestructura, tecnología y equipamiento; 4) transferencias de bienes y recursos financieros con el fin de fortalecer el sostenimiento de las trayectorias escolares. En tercer lugar, se describe el gobierno del sistema, en tanto son las institucionales que regulan los puntos anteriores, en sus arreglos organizativos e institucionales, en el financiamiento de la política educativa, y los sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas.

3.1. Estructura del sistema educativo nacional

La Ley 1264 General de Educación (1998) y la Carta Orgánica del Ministerio de Educación (ley 5749 de 2017) establecen que el sistema educativo nacional está conformado por el régimen general, el especial y otras modalidades de atención educativa.

La educación de régimen general se estructura en tres niveles. El primero comprende la educación inicial y la educación escolar básica (EEB); el segundo a la educación media (EM); y el tercero a la educación superior.

La educación permanente de personas jóvenes y adultas forma parte de la educación básica y la educación media, ya que sus programas son equivalentes a los ciclos de la EEB y cursos de la EM. La Ley 5136 de Educación Inclusiva crea el modelo inclusivo dentro del sistema de educación regular. Su propósito es contribuir a la inclusión educativa de los estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad. La Dirección General de Educación Inclusiva tiene como objetivo desarrollar estrategias de igualdad e inclusión dentro del sistema educativo.

La ley 3231, sancionada en 2007, crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena (DGEEI), que es responsable de velar por el cumplimiento efectivo de los derechos educativos de los pueblos indígenas.

La educación de régimen especial se circunscribe a la educación artística, la educación de arte dramático, música y danza, y a la educación de lenguas extranjeras y otras etnias. La Dirección General de Educación en el Arte ejerce la rectoría pedagógica y administrativa de la formación en arte.

Las modalidades de atención educativa no contempladas en el régimen general de educación se agrupan en “otras modalidades de atención educativa”, entre las que se incluyen: educación general básica y educación permanente; educación para grupos étnicos; educación campesina y rural; educación de personas con limitaciones excepcionales; educación militar y policial (que se rige por las disposiciones de las fuerzas armadas); y educación para ministros de culto.

Los establecimientos educativos pueden ser de gestión estatal, gestión privada subvencionados y no subvencionadas por el Estado.

a. Educación inicial

La educación inicial se encuentra en el primer nivel del sistema educativo nacional. La resolución 37.885 de 2017 aprueba el reglamento de la educación del nivel inicial, el cual está orientado a niños y niñas entre 0 a 5 años. Está conformado por maternal para niños y niñas desde su nacimiento hasta los 2 años; prejardín y jardín de infantes destinado a niños y niñas entre 3 y 4 años; y el preescolar, para niños y niñas de 5 años. Este último se ofrece en modalidad escolarizada y es obligatorio.

b. Educación escolar básica

La educación escolar básica está orientada a niños, niñas y adolescentes de 6 a 14 años. Se divide en tres ciclos, de tres años de duración cada uno. Es obligatoria.

El primero y el segundo ciclo están destinados a niños y niñas de 6 a 11 años. El tercer ciclo, a adolescentes de 12 a 14 años. Los estudiantes que hayan acreditado y culminado el tercer ciclo están habilitados para cursar la educación media.

c. Educación media

La educación media está orientada a los adolescentes de 15 a 17 años. Tiene una duración de tres años y es obligatoria. Cuenta con dos modalidades: bachillerato científico (con énfasis en letras y artes; en ciencias sociales; y en ciencias básicas y tecnología) y bachillerato técnico (industrial, servicios y agropecuario, salud). 

Los estudiantes de bachillerato cursan un tronco común de asignaturas que contribuyen a su formación general. Luego optan por las asignaturas propias de cada modalidad.

Los estudiantes que aprueben los tres años de la educación media se encuentran habilitados para cursar estudios de nivel superior.

d. Formación profesional

En Paraguay, se ofrece educación técnico profesional a las personas que completaron el primero y el segundo ciclo de la educación básica, a los estudiantes matriculados en la orientación técnica de bachillerato y a las personas que cursan tecnicaturas del nivel superior de educación. Se dicta en centros educativos gestionados por el Estado y por privados.

La Unidad Técnica Interministerial para la Educación Técnico Profesional es el organismo responsable de evaluar y certificar la oferta de educación técnico profesional de todos los niveles y modalidades de educación formal y no formal.

e. Educación superior

La educación superior se rige por la ley 4995, sancionada en 2013. Está orientada a las personas que completaron estudios de nivel medio. Expide títulos de nivel terciario (formación docente y educación técnica superior), de grado (licenciaturas) y de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados).

Las universidades públicas gozan de autonomía financiera y administrativa. No obstante, rinden cuentas a la Contraloría General de la República. Se ofrece educación superior en modalidad presencial y a distancia, en establecimientos educativos gestionados por el Estado y por privados.

 

 

 

Además de los aspectos estructurales, una parte de la caracterización de la política educativa consiste en el dimensionamiento del tamaño del sistema educativo. Según los datos de la Dirección de Estudios y Análisis de Políticas Educativas del Ministerio de Educación y Ciencias en 2023 el sistema educativo de Paraguay se componía a partir de 1.548.553 estudiantes, 10.120 instituciones educativas y 77.057 docentes en aulas. Para el nivel inicial, se registró un total de 222.783 estudiantes; para la educación escolar básica, 995.337 estudiantes; para la educación media, 257.277 estudiantes; y para la educación permanente; 73.156 estudiantes. La distribución porcentual de la matrícula por sector se compone por un 72,2% en el sector oficial, 13,1% en el sector privado y 14,8% en el privado subvencionado. Por último, la distribución porcentual de la matrícula por zona arroja que el 69,9% de la matrícula pertenece a las zonas urbanas y el 30,1% a las zonas rurales.

 

 

 

3.2. Política educativa nacional

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

  • Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.
  • Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos, en todos sus niveles.
  • Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.
  • Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, becas, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

A modo de síntesis y sin pretensión de exhaustividad, pueden señalarse las siguientes observaciones.

En el foco currículo y modelos de gestión, el Programa de Mejoramiento de la Educación Paraguaya 2023-2028 prevé un fuerte impulso al fortalecimiento de la comprensión lectora bilingüe (castellano-guaraní), al desarrollo del pensamiento lógico matemático, a la apropiación de las ciencias y al uso pedagógico de herramientas tecnológicas para el desarrollo de la cultura científica. Asimismo, se observan esfuerzos estatales orientados a expandir la oferta educativa entre niños y niñas de 0 a 5 años, a través del Programa de Atención Educativa Oportuna en la Primera infancia. También, la ampliación y diversificación de la oferta educativa para atender las trayectorias escolares interrumpidas; entre ellas, en la educación media a través de los programas PRECEM y EMA, y programas de alfabetización para personas jóvenes y adultas en la modalidad no formal, con énfasis en la población indígena.

En el foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología, tienen centralidad las acciones tendientes a fortalecer la conectividad y el equipamiento digital de escuelas y estudiantes a través del Programa de Mejoramiento de las Condiciones de Aprendizaje mediante la Incorporación de TIC en Establecimientos Educativos y Unidades de Gestión Educativa en Paraguay.

En el foco docentes, se destacan las acciones orientadas al mejoramiento de las prácticas pedagógicas, con énfasis en el fortalecimiento de las capacidades por áreas curriculares, lenguas (guaraní, inglés y castellano), matemática, lengua, ciencias naturales, artes y deportes. Otra intervención destacada es Aula Pyahu, que tiene por objetivos ampliar, diversificar y mejorar la oferta de formación docente; mejorar las condiciones para el acceso, permanencia, culminación oportuna e ingreso a la profesión docente; y generar un sistema de información e investigación sobre la formación docente en el país.

En el foco políticas de fortalecimiento, el Ministerio de Educación y Ciencias se propone consolidar programas para el mejoramiento de las condiciones educativas, entre los que se destacan el Programa de Alimentación escolar, la entrega de kits escolares, la ampliación del boleto estudiantil, el reparto de textos escolares y bibliotecas en el marco del Plan Nacional de Lectura, las becas a estudiantes de educación básica, media y formación docente, y los programas de transferencias monetarias Abrazo y Tekoporá. También se destaca el impulso a las escuelas saludables y los programas de prevención de la violencia sexual y el embarazo en la adolescencia.

3.3. Gobierno del sistema educativo

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo con la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

La Ley General de Educación señala al Ministerio de Educación y Ciencias como el responsable de asegurar el cumplimiento de los deberes y obligaciones relativos al derecho a la educación. Es el ente que ejerce la rectoría del sistema educativo. Tiene la función de conducir el sistema educativo nacional, los programas y acciones educativos y culturales del Estado. Administra los niveles de educación inicial y escolar básica, media y terciaria no universitaria del sector oficial, y, además, supervisa las actividades del sector privado y privado subvencionado.

Bajo su órbita, el Consejo Nacional de Educación y Cultura es el órgano responsable de asesorar y proponer las políticas educativas y culturales, la reforma del sistema educativo nacional y acompañar la implementación de las acciones programáticas. A su vez, la ley establece la creación de consejos departamentales de educación en coordinación con los gobiernos locales.

El Ministerio de Educación y Ciencias se organiza internamente en distintas áreas e instancias de dirección, coordinación y ejecución, que cumplen funciones específicas respecto al diseño, la implementación y el seguimiento de la política educativa.

La Ley de Educación Superior señala al Consejo Nacional de Educación Superior como el órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y los programas de la educación superior. El Consejo Nacional de Educación Superior cuenta con un consejo ejecutivo, que es el encargado de implementar las resoluciones y que actúa como órgano de apoyo técnico mediante la producción de estudios, análisis e información sobre la educación superior.

El funcionamiento de las universidades e institutos superiores (mixtos o privados) depende de la aprobación del Congreso de la Nación, previo dictamen favorable y fundado del Consejo Nacional de Educación Superior, que reglamenta las exigencias administrativas y académicas de las carreras y sus programas. En el caso de los institutos de formación profesional del tercer nivel (los institutos de formación docente y los institutos técnicos que brindan formación profesional y reconversión permanente en las diferentes áreas del saber técnico y práctico, habilitando para el ejercicio de una profesión) se rigen por las disposiciones del Ministerio de Educación y Ciencias. El ministerio reglamenta su creación, estructura organizacional, funcionamiento, supervisión y clausura.

Finalmente, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) es el organismo técnico encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de las instituciones de educación superior. Posee autonomía académica, administrativa y financiera.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

Paraguay es un país con una organización institucional unitaria y asignación de recursos centralizada al sistema educativo. La normativa que regula y dispone sobre el financiamiento de la política educativa está expresada en la Ley 1264 General de Educación y la Ley 4758,  que regula el Fondo Nacional para la Inversión y Desarrollo, y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación.

El art. 145 de la Ley General de Educación establece que la asignación presupuestaria en educación no puede ser menor al 20% del presupuesto general de gastos de la nación. El sistema educativo nacional cuenta además con los aportes oficiales de las gobernaciones y de los municipios, de acuerdo con las políticas de descentralización y la administración de sus presupuestos. La ley además dispone que en la asignación de los recursos se dé prioridad a la educación de los sectores marginales de la población, al sector rural, a las áreas urbanas marginales y a las zonas fronterizas.

A través de la ley 4758 se crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. En relación con el primer Fondo, el art. 4º establece que, por lo menos, el 50% de los ingresos percibidos por gobiernos departamentales y municipales deberán destinarse al financiamiento de proyectos de infraestructura en educación y el 30% al financiamiento de proyectos de almuerzo escolar, beneficiando a niños y niñas de educación inicial y educación escolar básica. Respecto al segundo Fondo, el art. 12 establece que tendrá como objetivo financiar los siguientes programas y proyectos: programas de incorporación de TIC en el sistema educativo; programas de apoyo para el mejoramiento de la calidad de la formación de los docentes principalmente de instituciones educativas del sector oficial; programas de mejoramiento de la oferta educativa; programas de atención integral a la primera infancia; programas de organización, formación y fortalecimiento de redes de cooperación escolar de familiares y tutores de estudiantes; otorgamiento de becas de estudio para la formación superior programas de incentivo de investigadores nacionales; y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación.

La Ley de Educación Superior (art. 76) dispone que los recursos destinados a la educación superior no sean inferiores al 7%. También establece la asignación del 2% del presupuesto general de la nación a la investigación. Asimismo, señala que los fondos aportados por el Estado y los recaudados de fuentes privadas deben ser distribuidos para proveer recursos para el financiamiento de las universidades y los institutos superiores públicos, el Consejo Nacional de Educación Superior y la ANEAES. Estas instituciones, no obstante, pueden recaudar y gestionar sus propios fondos.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

La Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos es la encargada de conducir la producción de estadística oficial en Paraguay. Coordina el relevamiento, la sistematización y difusión de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda, el Censo Económico Nacional y la Encuesta Permanente de Hogares Continua, entre otros instrumentos. Entre los datos publicados se encuentran los relacionados a los principales indicadores estadísticos educativos.

En el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencias, funciona el Sistema de Estadísticas, que reúne la producción, sistematización y publicación de la información relacionada con la educación inicial, escolar básica, indígena, media y permanente de personas jóvenes y adultas.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es la instancia del Ministerio de Educación y Ciencias responsable de implementar el sistema de evaluación de la calidad de la educación. Haciendo foco en las evaluaciones de aprendizajes y competencias, la Dirección General de Planificación de Políticas Educativas lleva adelante desde 2015 el Estudio Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (SNPE), que mide los logros educativos de los estudiantes de 3o, 6° y 9o grados de educación escolar básica y del 3º año de la educación media de todas las instituciones educativas del país, públicas, privadas y subvencionadas, en las áreas de competencias de lengua y matemática.

En simultáneo, el país ha participado en distintas pruebas internacionales. Entre ellas, se destacan las correspondientes al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO, en la evaluación PERCE en 1997; SERCE en 2006; TERCE en 2013; y ERCE en 2019. También el país fue parte del piloto de la evaluación PISA-D en 2017 y en 2018 y participó de PISA 2022.

4. La efectividad de la política educativa

Acceso, participación, trayectoria educativa y logros de aprendizaje.

Este apartado tiene como propósito ofrecer información sustantiva para realizar una aproximación a la efectividad de la política educativa, mediante el análisis de una serie de indicadores que permiten dar cuenta de la situación en que se encuentran niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas con respecto al derecho a la educación. 

4.1. Nivel educativo de la población

  • En el periodo 2000-2022, la proporción de personas en situación de analfabetismo muestra una tendencia decreciente generalizada (del 9,6% al 4,7%), con mayor descenso entre mujeres (del 11,3% al 4,8%) y personas que residen en áreas rurales (del 15,2% al 8,2%).
  • El promedio de años de escolarización de la población aumentó levemente tanto entre varones (de 8,7 a 10,2 años) como entre mujeres (de 8,8 a 10,5 años), para las zonas urbanas y rurales, y para todos los niveles de ingresos.
  • La proporción de personas adultas que finalizó la secundaria alta aumentó 15,4%a lo largo del periodo 2000-2022, hasta representar el 53,5 de esta población. Los mayores aumentos se identifican entre varones (17,3%), personas que residen en áreas rurales (16,2%) y hogares de menores ingresos (15,4%).

4.2. Educación inicial

  • La proporción de niños y niñas que asistió a la escuela en el último año del nivel inicial muestra una tendencia de crecimiento sostenido en el periodo 2000-2022, registrando un aumento de 36% respecto de 2000.
  • Se identifica que, respecto del 2000, hubo un mayor aumento en la tasa de asistencia en los varones (35,2%) que en las mujeres (36,9%). A su vez, se identifica que hubo un mayor aumento en la tasa de asistencia en el caso de las familias de niveles de ingresos medios (38,9%) en comparación con las familias de ingresos inferiores. Por su parte, las familias de ingresos superiores llegaron a la universalización en 2022.

4.3. Educación primaria

  • La cantidad de varones y mujeres que asistió al nivel primario disminuyó levemente durante 2000 y 2022. El mayor descenso se observa entre quienes residen en áreas rurales (del 89,7% al 84,4%) y en el caso de las familias de mayores ingresos (del 96,2% al 88,2%).
  • Se observa un aumento entre quienes lograron finalizar la educación primaria (del 77,4% al 96,3%), con brechas a favor de la población de mayores ingresos.

4.4. Educación secundaria

  • En el periodo 2000-2022 se evidencia una tendencia creciente en la asistencia a la secundaria baja (del 48,4% al 69,4%), sobre todo entre quienes residen en áreas rurales (del 36,6% al 65,4%) y provienen de hogares con niveles de ingresos inferiores (del 49,3% al 68%) y medios (del 62,1% al 70,5%). No obstante, la última medición registra un leve descenso respecto al año anterior.
  • En el periodo analizado se identifica un crecimiento de estudiantes que asistieron la secundaria alta (del 38,4% al 65,3%), que fue mayor entre quienes provienen de áreas rurales (del 24,9% al 56,6%) y de sectores de menores ingresos (del 30,7% al 62,4%). La brecha de asistencia a la secundaria alta entre los hogares de mayores ingresos y los de menores ingresos se ha reducido a lo largo del período de análisis, aunque aún sigue siendo significativa, situándose en 23,4%.
  • Se observa un aumento de quienes lograron finalizar el nivel secundario (del 42,2% al 73,5%) y una disminución de la sobreedad escolar, sobre todo en el grupo de 12 a 14 años (del 40,1% al 12,2%) entre las décadas analizadas.

4.5. Educación superior

  • Durante el periodo 2000-2022 aumentó la proporción de personas que asistieron a la educación superior (del 14,7% al 29,3%). En las zonas rurales aumentó en mayor proporción que en las zonas urbanas. Se sostienen brechas a favor de las mujeres (34,9% contra 23,7%) y de las personas de mayores ingresos.
  • Entre la población adulta que logró finalizar la educación terciaria y universitaria se observa una tendencia decreciente (del 4,7% al 1,7%). Las disminuciones más pronunciadas se observan, sobre todo, en el caso de las mujeres (del 5,2% al 1,6%), en la población adulta que reside en zonas urbanas (del 6,3% al 2,5%) y en las personas adultas que tienen un nivel de ingresos superior (del 10,6% al 4,9%).

5. Desafíos de la política educativa

A lo largo de este documento se intentó mostrar los avances a partir de los compromisos asumidos, haciendo foco en el conjunto de acciones que el país llevó adelante y los resultados de estos esfuerzos.

Desde la firma y ratificación de los distintos instrumentos jurídicos internacionales, Paraguay asumió el compromiso y la obligación de garantizar el derecho a la educación. Gradualmente fue armonizando su cuerpo normativo y sus acciones programáticas según los principios previstos en los textos jurídicos, actualizando a Ley de Educación en 1998.

El Plan Nacional de Educación 2024, Hacia el centenario de la Escuela Nueva de Ramón Indalecio Cardozo, es el documento marco de la política educativa en el que se establecen las metas a corto, mediano y largo plazo. Tiene por objetivo garantizar el acceso, el mejoramiento de la calidad, la eficiencia y la equidad de la educación paraguaya como un bien público. Por su parte, el Programa de Mejoramiento de la Educación Paraguaya 2023-2028 tiene como objetivos mejorar las oportunidades y el nivel de aprendizaje de la totalidad de estudiantes; consolidar y expandir la atención integral de la primera infancia; fortalecer la formación técnica profesional; reforzar la formación de educadores; mejorar la infraestructura educativa para facilitar un entorno propicio para el aprendizaje; y fortalecer la gestión educativa en todos los niveles. Estos objetivos se agrupan en dos ejes estratégicos: calidad de la educación y modernización de la gestión del Ministerio.

Las políticas desarrolladas incluyen diversas acciones con el objetivo ampliar la cobertura a partir de la implementación de programas enfocados en estudiantes de contextos vulnerables, tales como Educación a distancia, Educación en contexto de encierro, Programa de culminación de la Educación Media (ProCEM), Educación Media Abierta (EMA), entre otros. Asimismo, se realizan diversos esfuerzos para fortalecer las capacidades de esta población a partir de la entrega de kits de útiles escolares, programas de alimentación, boleto estudiantil y becas. Otra política destacable es Aula Pyahu, que busca mejorar el modelo de formación docente.

Una mirada de largo plazo muestra una tendencia creciente en los principales indicadores educativos, aunque también ciertas limitaciones en el cumplimiento de los compromisos asumidos (como es el caso de la disminución en la asistencia de la educación primaria, sobre todo en las familias de zonas rurales y de mayores ingresos). Otro desafío de la política educativa consiste en reducir las desigualdades por zona de residencia y nivel socioeconómico del hogar, fundamentalmente en la educación secundaria (donde el origen social aún tiene un peso relevante en el desarrollo de las trayectorias escolares de estudiantes).

Paraguay se encuentra frente al desafío de ampliar las tasas de asistencia y finalización de los niveles secundario y superior, especialmente en las áreas rurales y en los sectores de menores ingresos. Incrementar las acciones en estos niveles se torna prioritario para dar cumplimiento al compromiso colectivo asumido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Políticas y normativa

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