Paraguay

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Contenido

Fecha de actualización: diciembre de 2020

1. Resumen del marco normativo y estructura del sistema educativo nacional

2. Compromisos y obligaciones del Estado como garante del derecho a la educación

Cuando los Estados firman un tratado de derechos humanos, asumen la voluntad y el compromiso de crear las condiciones necesarias para transformar la situación en el sentido que allí se propone. El instrumento jurídico fija los principios de un nuevo pacto, que debieran guiar el horizonte de la política pública, dotar de sentido y legitimidad a las acciones que los Estados orienten para su cumplimiento efectivo.

En el marco del derecho, existen básicamente dos tipos de compromisos: aquellos que los Estados asumen en el ámbito internacional al ratificar instrumentos jurídicos regionales e internacionales, y los de alcance nacional, que se expresan generalmente en las leyes nacionales de educación. En el proceso de efectivización del derecho a la educación, los países avanzan en la armonización jurídica acorde a los compromisos asumidos y en la definición de un marco conceptual común desde donde interpretar las decisiones y las acciones que se lleven adelante. Es a partir del diseño y la formulación de planes, estrategias o políticas de gran alcance que los Estados direccionan y conducen las acciones orientadas a garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan y transiten la escuela, se gradúen e incorporen aprendizajes significativos.

El propósito de este documento es ofrecer información para dar cuenta de los avances de los Estados latinoamericanos en garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación.

2.1. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito internacional

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien los ODS no revisten obligatoriedad, las acciones que los países orienten para su implementación permiten vehiculizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.

ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990; y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2016. A través del decreto No 3581/2020 se dispone la creación de una nueva comisión interinstitucional denominada Comisión ODS Paraguay 2030, para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en el marco de la Agenda 2030.

2.2. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito nacional

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas, que deben estar alineadas a ella. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

En Paraguay, la Ley General de Educación señala que son responsabilidades del Estado garantizar el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades de acceder a los conocimientos y beneficios de la cultura humaní​stica, la ciencia y la tecnología, sin discriminación alguna; garantizar la libertad de enseñar, sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética; garantizar el derecho a la educación religiosa y al pluralismo ideológico (art. 3); y asegurar a toda la población del país el acceso a la educación, creando las condiciones de una real igualdad de oportunidades (art. 4).

2.3. Planificación de la educación

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

El Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, en el eje estratégico Desarrollo social equitativo, se propone: aumentar a 70% la cobertura de educación inicial; universalizar la educación preescolar; aumentar cinco veces la escolaridad promedio de la población indígena; universalizar el alfabetismo en la población indígena; universalizar la cobertura de la educación escolar básica (primer, segundo y tercer ciclo); aumentar la cobertura de educación media al 92% con énfasis en poblaciones vulnerables; universalizar la alfabetización en personas adolescentes y adultas.

El Plan de Acción Educativa 2018-2023 estructura sus acciones alrededor de tres ejes estratégicos: 1) igualdad de oportunidades en el acceso y garantía de condiciones para la culminación oportuna de los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades educativas; 2) calidad de la educación en todos los niveles y modalidades educativas; y 3) gestión de la política educativa en forma participativa, eficiente, efectiva y articulada entre los niveles nacional, departamental y local. A su vez, a través de la resolución 10867 / 2014, el Ministerio de Educación y Ciencias aprobó el Manual de microplanificación de la oferta educativa, con el que busca promover la equidad y calidad en el acceso a la educación; la permanencia en el sistema educativo nacional y la culminación del nivel/modalidad correspondiente; el uso eficiente de los recursos destinados al sector; y la instalación de capacidad técnica a nivel central y departamental.

3. Caracterización de la política educativa nacional

Este apartado hace foco en el conjunto de acciones que el Estado está orientando para garantizar el derecho a la educación. La caracterización de la política educativa se abordará desde tres dimensiones. En primer lugar, se describirá la estructura y el tamaño del sistema educativo. En segundo lugar, se buscará indagar y caracterizar el conjunto de intervenciones a través de las cuales se busca mantener el sistema educativo en funcionamiento. Este análisis se realizará haciendo foco en: 1) currículo y modelos de gestión institucional; 2) docentes; 3) infraestructura, tecnología y equipamiento; 4) transferencias de bienes y recursos financieros con el fin de fortalecer el sostenimiento de las trayectorias escolares. Finalmente, se buscará dar cuenta del gobierno del sistema, tanto en sus arreglos organizativos e institucionales como en el financiamiento de la política educativa, y los sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas.

3.1. Estructura del sistema educativo nacional

La Ley General de Educación No 1264 y la Ley de la Carta Orgánica del Ministerio de Educación No 5749 establecen que el sistema educativo nacional está conformado por el régimen general, el especial y otras modalidades de atención educativa.

La educación de régimen general se estructura en tres niveles. El primero comprende la educación inicial y la educación escolar básica (EEB). El segundo, la educación media (EM). El tercero, la educación superior.

La educación permanente de personas jóvenes y adultas forma parte de la educación básica y la educación media, ya que sus programas son equivalentes a los ciclos de la EEB y cursos de la EM. La Ley No 5136 de Educación Inclusiva crea el modelo inclusivo dentro del sistema de educación regular. Su propósito es contribuir a la inclusión educativa de los estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad. La Dirección General de Educación Inclusiva tiene como objetivo desarrollar estrategias de igualdad e inclusión dentro del sistema educativo.

La Ley No 3231, sancionada en 2007, crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena (DGEEI), que es responsable de velar por el cumplimiento efectivo de los derechos educativos de los pueblos indígenas.

La educación de régimen especial se circunscribe a la educación artística, la educación de arte dramático, música y danza, y a la educación de lenguas extranjeras y otras etnias. La Dirección General de Educación en el Arte ejerce la rectoría pedagógica y administrativa de la formación en arte.

Las modalidades de atención educativa no contempladas en el régimen general de educación se agrupan en “otras modalidades de atención educativa”, entre las que se incluyen: educación general básica y educación permanente; educación para grupos étnicos; educación campesina y rural; educación de personas con limitaciones excepcionales; educación militar y policial (que se rige por las disposiciones de las fuerzas armadas); y educación para ministros de culto.

Los establecimientos educativos pueden ser de gestión estatal, gestión privada subvencionados y no subvencionadas por el Estado.

a. Educación inicial

La Resolución No 37.885 de 2017 aprueba el reglamento de la educación del nivel inicial, el cual está orientado a niños y niñas entre 0 a 5 años. Está conformado por maternal para niños y niñas desde su nacimiento hasta los 2 años; prejardín y jardín de infantes destinado a niños y niñas entre 3 y 4 años; y el preescolar, para niños y niñas de 5 años. Este último se ofrece en modalidad escolarizada y es obligatorio.

b. Educación escolar básica

La educación escolar básica está orientada a niños, niñas y adolescentes de 6 a 14 años. Se divide en tres ciclos, de tres años de duración cada uno. Es obligatoria.

El primero y el segundo ciclo están destinados a niños y niñas de 6 a 11 años. El tercer ciclo, a adolescentes de 12 a 14 años. Los estudiantes que hayan acreditado y culminado el tercer ciclo están habilitados para cursar la educación media.

c. Educación media

La educación media está orientada a los adolescentes de 15 a 17 años. Tiene una duración de tres años y es obligatoria. Cuenta con dos modalidades: bachillerato científico (con énfasis en letras y artes; en ciencias sociales; y en ciencias básicas y tecnología) y bachillerato técnico (industrial, servicios y agropecuario, salud). 

Los estudiantes de bachillerato cursan un tronco común de asignaturas que contribuyen a su formación general. Luego optan por las asignaturas propias de cada modalidad.

Los estudiantes que aprueben los tres años de la educación media se encuentran habilitados para cursar estudios de nivel superior.

d. Formación profesional

En Paraguay, se ofrece educación técnico profesional a las personas que completaron el primero y el segundo ciclo de la educación básica, a los estudiantes matriculados en la orientación técnica de bachillerato y a las personas que cursan tecnicaturas del nivel superior de educación. Se dicta en centros educativos gestionados por el Estado y por privados.

La Unidad Técnica Interministerial para la Educación Técnico Profesional es el organismo responsable de evaluar y certificar la oferta de educación técnico profesional de todos los niveles y modalidades de educación formal y no formal.

 e. Educación superior

La educación superior se rige por la Ley No 4995, sancionada en 2013. Está orientada a las personas que completaron estudios de nivel medio. Expide títulos de nivel terciario (formación docente y educación técnica superior), de grado (licenciaturas) y de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados).

Las universidades públicas gozan de autonomía financiera y administrativa. No obstante, rinden cuentas a la Contraloría General de la República. Se ofrece educación superior en modalidad presencial y a distancia, en establecimientos educativos gestionados por el Estado y por privados.

Además de los aspectos estructurales, una parte de la caracterización de la política educativa consiste en el dimensionamiento del tamaño del sistema educativo. Según los datos de la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos, en 2018, la cantidad de estudiantes era de 5.058.887 (3.116.192 del área urbana y 3.116.192 del área rural).

3.2. Política educativa nacional

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos.

• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.

• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

Una mirada a los recursos que Paraguay está movilizando para garantizar el derecho a la educación, de modo general y sin pretensión de exhaustividad, permite realizar las siguientes observaciones.

Se percibe un flujo intenso de recursos direccionados a garantizar la igualdad de oportunidades educativas. Dentro de las acciones relacionadas a currículo y modelos de gestión, se observan esfuerzos estatales orientados a expandir la oferta educativa entre niños y niñas de 0 a 5 años, a través del Programa de Atención Educativa Oportuna en la Primera infancia. También, la ampliación y diversificación de la oferta educativa para atender las trayectorias escolares interrumpidas; entre ellas, en la educación media a través de los programas PRECEM y EMA, y programas de alfabetización para jóvenes y adultos en la modalidad no formal, con énfasis en la población indígena.

En cuanto al foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología, tienen centralidad las acciones tendientes a fortalecer la conectividad y el equipamiento digital de escuelas y estudiantes a través del Programa de Mejoramiento de las Condiciones de Aprendizaje mediante la Incorporación de TIC en Establecimientos Educativos y Unidades de Gestión Educativa en Paraguay. Además, se están movilizando recursos financieros para la construcción y rehabilitación de establecimientos educativos a través del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

En relación al foco de intervención docentes, se destacan las acciones orientadas al mejoramiento de las prácticas pedagógicas, con énfasis en el fortalecimiento de las capacidades por áreas curriculares, lenguas (guaraní, inglés y castellano), matemática, lengua, ciencias naturales, artes y deportes. En paralelo, la diversificación de formatos escolares flexibles, la oferta educativa de la primera infancia y el Programa de Apoyo a las Altas Capacidades requieren, para su implementación y acompañamiento, instancias de capacitación y fortalecimiento de las competencias docentes.

Finalmente, el Ministerio de Educación y Ciencias, en su Plan de Acción Educativa Paraguay se propone consolidar programas para el mejoramiento de las condiciones educativas. Entre estas acciones se destacan el Programa de Alimentación escolar, la entrega de kits escolares, la ampliación del boleto estudiantil, el reparto de textos escolares y bibliotecas en el marco del Plan Nacional de Lectura, las becas a estudiantes de educación básica, media y formación docente, y los programas de transferencias monetarias Abrazo y Tekoporá.

 

3.3. El gobierno del sistema educativo

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo a la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

La Ley de Educación Nacional señala al Ministerio de Educación y Ciencias como el responsable de asegurar el cumplimiento de los deberes y obligaciones relativos al derecho a la educación. Es el ente que ejerce la rectoría del sistema educativo. Tiene la función de conducir el sistema educativo nacional, los programas y acciones educativos y culturales del Estado. Administra los niveles de educación inicial y escolar básica, media y terciaria no universitaria del sector oficial, y, además, supervisa las actividades del sector privado y privado subvencionado.

Bajo su órbita, el Consejo Nacional de Educación y Cultura es el órgano responsable de asesorar y proponer las políticas educativas y culturales, la reforma del sistema educativo nacional y acompañar la implementación de las acciones programáticas. A su vez, la ley establece la creación de consejos departamentales de educación en coordinación con los gobiernos locales.

El Ministerio de Educación se organiza internamente en distintas áreas e instancias de dirección, coordinación y ejecución, que cumplen funciones específicas respecto al diseño, la implementación y el seguimiento de la política educativa.

La Ley de educación superior señala al Consejo Nacional de Educación Superior como el órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y los programas de la educación superior. El Consejo Nacional de Educación Superior cuenta con un Consejo Ejecutivo, que es el encargado de implementar las resoluciones y que actúa como órgano de apoyo técnico mediante la producción de estudios, análisis e información sobre la educación superior.

El funcionamiento de las universidades e institutos superiores (mixtos o privados) depende de la aprobación del Congreso de la Nación, previo dictamen favorable y fundado del Consejo Nacional de Educación Superior, que reglamenta las exigencias administrativas y académicas de las carreras y sus programas. En el caso de los institutos de formación profesional del tercer nivel (los institutos de formación docente y los institutos técnicos que brindan formación profesional y reconversión permanente en las diferentes áreas del saber técnico y práctico, habilitando para el ejercicio de una profesión) se rigen por las disposiciones del Ministerio de Educación y Ciencias. El ministerio reglamenta su creación, estructura organizacional, funcionamiento, supervisión y clausura.

Finalmente, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) es el organismo técnico encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de las instituciones de educación superior. Posee autonomía académica, administrativa y financiera.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

Paraguay es un país con una organización institucional unitaria y asignación de recursos centralizada al sistema educativo. La normativa que regula y dispone sobre el financiamiento de la política educativa está expresada en la Ley General de Educación N° 1264 y la ley N° 4758, que regula el Fondo Nacional para la Inversión y Desarrollo, y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación.

El art. 145 de la Ley General de Educación establece que la asignación presupuestaria en educación no puede ser menor al 20% del presupuesto general de gastos de la nación. El sistema educativo nacional cuenta además con los aportes oficiales de las gobernaciones y de los municipios, de acuerdo a las políticas de descentralización y la administración de sus presupuestos. La ley además dispone que en la asignación de los recursos se dé prioridad a la educación de los sectores marginales de la población, al sector rural, a las áreas urbanas marginales y a las zonas fronterizas.

La Ley de Educación Superior (art. 76) dispone que los recursos destinados a la educación superior no sean inferiores al 7%. También establece la asignación del 2% del presupuesto general de la nación a la investigación. Asimismo, señala que los fondos aportados por el Estado y los recaudados de fuentes privadas deben ser distribuidos para proveer recursos para el financiamiento de las universidades y los institutos superiores públicos, el Consejo Nacional de Educación Superior y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Estas instituciones, no obstante, pueden recaudar y gestionar sus propios fondos.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

La Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos es la encargada de conducir la producción de estadística oficial en Paraguay. Coordina el relevamiento, la sistematización y difusión de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda, el Censo Económico Nacional y la Encuesta Permanente de Hogares Continua, entre otros instrumentos. Entre los datos publicados se encuentran los relacionados a los principales indicadores estadísticos educativos.

En el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencias, funciona el Sistema de Estadísticas, que reúne la producción, sistematización y publicación de la información relacionada con la educación inicial, escolar básica, indígena, media y permanente de jóvenes y adultos.

Haciendo foco en las evaluaciones de aprendizajes y competencias, la Dirección General de Planificación de Políticas Educativas lleva adelante desde 2015 el Estudio Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (SNPE), que mide los logros educativos de los estudiantes de 3.o, 6.° y 9.o grados de educación escolar básica y del 3.er año de la educación media de todas las instituciones educativas del país, públicas, privadas y subvencionadas, en las áreas de competencias de lengua y matemática.

En simultáneo, el país ha participado en distintas pruebas internacionales. Entre ellas, se destacan las correspondientes al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO, en la evaluación PERCE en 1997; SERCE en 2006; TERCE en 2013; y ERCE en 2019. También el país fue parte del piloto de la evaluación PISA-D en 2017 y en 2018. Además, participó del Proyecto Regional de Indicadores de Desarrollo Infantil, en el que se vincularon la Universidad Iberoamericana, el Ministerio de Educación y Ciencias, y el Banco Interamericano de Desarrollo. En este proyecto, se trabajó en hogares con niños de 2 a 4 años. Los aspectos evaluados fueron el alfabetismo (incluyendo desarrollo de lenguaje), dominios cognitivos, socioemocionales, físicos y motricidad.

Finalmente, en relación al seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, Paraguay presentó en 2018 el Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Allí da cuenta, para cada uno de los objetivos, de los esfuerzos realizados por el Estado para garantizar su cumplimiento.

4. La efectividad de la política educativa

Acceso, participación, trayectoria educativa y logros de aprendizaje.

Este apartado tiene como propósito ofrecer información sustantiva para realizar una aproximación a la efectividad de la política educativa, mediante el análisis de una serie de indicadores que permiten dar cuenta de la situación en que se encuentran niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas con respecto al derecho a la educación. 

4.1. Nivel educativo de la población

• La proporción de personas en situación de analfabetismo muestra una tendencia decreciente generalizada, con mayor descenso entre mujeres y personas que residen en áreas rurales.

• El promedio de años de escolarización de la población aumentó levemente tanto entre hombres como entre mujeres para todos los niveles de ingresos.

• La proporción de personas adultas que finalizó la secundaria aumentó a lo largo del periodo analizado, aunque es inferior al 50%. Los mayores aumentos se evidenciaron entre varones, personas que residen en áreas rurales y hogares con recursos bajos y medios.

4.2. Educación inicial

• La proporción de niños y niñas que asistió a la escuela en el último año del nivel inicial muestra una tendencia de crecimiento sostenido en el periodo analizado, registrando un aumento de 28,3 puntos porcentuales respecto del año 2000.

4.3. Educación primaria

• La cantidad de varones y mujeres que asistieron al nivel primario disminuyó durante 2000 y 2018. El mayor descenso se observa entre quienes residen en áreas urbanas y provienen de los sectores sociales más desventajados.

• Se observa un aumento entre quienes lograron finalizar la educación primaria, estando prácticamente universalizada para quienes provienen de hogares con niveles de ingresos altos y medios.

4.4. Educación secundaria

• Se evidencia una tendencia creciente en la asistencia a la secundaria baja, sobre todo entre quienes residen en áreas rurales y provienen de hogares con niveles de ingresos bajos y medios.

• El periodo 2000-2018 experimenta un crecimiento de los estudiantes que asistieron la secundaria alta, el cual fue mayor entre quienes provienen de áreas rurales y de sectores sociales desventajados. La brecha entre quienes asistían a la secundaria hacia 2011 había disminuido fuertemente para luego subir y superar los niveles iniciales del periodo, mostrando una diferencia de 32,4 puntos porcentuales entre los hogares de mayores y menores ingresos.

• Se observa un aumento de quienes lograron finalizar el nivel y una disminución de la sobreedad escolar, sobre todo en el grupo de 12 a 14 años.

4.5. Educación superior

• Durante el periodo 2000-2018 aumentó la proporción de personas que asistieron a la educación superior, aunque las brechas alcanzan 32 puntos porcentuales entre quienes provienen de hogares desfavorecidos respecto a hogares con mayores ingresos.

• Entre la población adulta que logró finalizar la educación terciaria y universitaria se observa una tendencia decreciente, alcanzando valores muy bajos respecto a los logros alcanzados por otros países en la región.

4.6. Becas y programas de transferencias condicionadas

• Se observa una tendencia decreciente en la proporción de estudiantes de primaria que provienen de hogares beneficiarios de transferencias condicionadas.

5. Desafíos de la política educativa

A lo largo de este documento se intentó mostrar los avances a partir de los compromisos asumidos, haciendo foco en el conjunto de acciones que el país llevó adelante y los resultados de estos esfuerzos.

Desde la firma y ratificación de los distintos instrumentos jurídicos internacionales, Paraguay asumió el compromiso y la obligación de garantizar el derecho a la educación. Gradualmente fue armonizando su cuerpo normativo y sus acciones programáticas según los principios previstos en los textos jurídicos.

El Plan de Acción Educativa 2018-2023 es el instrumento de planificación que fija acciones específicas priorizadas para garantizar el cumplimiento del derecho a la educación. Allí se propone orientar las acciones principalmente en tres áreas: el fortalecimiento de las condiciones de acceso, permanencia y culminación de las trayectorias escolares para garantizar la igualdad de oportunidades; el mejoramiento de la calidad educativa para todos los niveles y modalidades educativas; y la consolidación de una gestión educativa eficiente y articulada entre los distintos niveles. El Ministerio de Educación y Ciencias impulsa, junto a otros organismos e instituciones con participación en la política educativa, acciones alineadas a las metas allí propuestas. En este sentido, se destaca el interés por la expansión de la oferta educativa; la implementación de formatos educativos flexibles con foco en la educación media y población indígena; la extensión de la conectividad; la construcción y rehabilitación de centros educativos; y el fortalecimiento de las condiciones de estudiantes y familias para garantizar un piso mínimo de bienestar a través de la redistribución de recursos financieros.

Una mirada de largo plazo muestra una tendencia creciente en los principales indicadores educativos, aunque también ciertas limitaciones en el cumplimiento de los compromisos asumidos. La disminución en la asistencia de la educación primaria es una alerta importante. Otro desafío de la política educativa consiste en reducir las desigualdades por condiciones de género y socioeconómicas del hogar, fundamentalmente en la educación secundaria, donde aún hoy el origen social tiene un peso relevante en el desarrollo de las trayectorias escolares de los estudiantes. La proporción de quienes acceden, permanecen y culminan el nivel secundario y la educación superior, es relativamente baja en comparación a los logros educativos alcanzados por otros países en la región, marcando el rumbo hacia donde orientar mayores esfuerzos estatales.

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CON EL APOYO DE:

Fecha de actualización: marzo de 2020

1. Información de contexto

La República del Paraguay se encuentra ubicada en el centro de América del Sur. Limita al sur, oeste y sudoeste con la República Argentina, al noreste con la República Federativa de Brasil y al noroeste con el Estado Plurinacional de Bolivia. Su territorio tiene una superficie de 406.752 km2. Se divide en 17 departamentos, 254 distritos y un distrito capital. Mario Abdo Benítez fue elegido presidente para el período 2018-2023.

Acceso a la tabla "Principales indicadores del país y promedio regional."

 

2. Paraguay frente a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

Paraguay suscribe a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)¹ el 4 de abril de 1990, la ratifica el 25 de septiembre ante la Secretaría de Naciones Unidas, entrando en vigor el 25 de octubre del mismo año. A nivel interno aprueba la CDN a través de la Ley Nº 57 de 1990 y otorga rango legal dentro de su ordenamiento jurídico.

La CDN cuenta con tres Protocolos facultativos específicos que la amplían².El primer protocolo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, y el segundo sobre la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, se suscribieron el 13 de septiembre de 2000, y posteriormente se ratificaron ante la Secretaría de la ONU. El tercer y más reciente protocolo facultativo relativo a la aceptación del procedimiento de comunicaciones, fue ratificado mediante la Ley Nº 5770 de 2016, y fue aceptado el procedimiento establecido en el artículo 13 del protocolo en relación a la competencia del comité para investigar casos de violaciones graves o sistemáticas a los derechos enunciados en la Convención y sus dos protocolos facultativos.

Acceso al gráfico "Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos."

2.1. Informes periódicos presentados ante el Comité de los Derechos del Niño y Observaciones finales del Comité

En cumplimiento de los compromisos asumidos al momento de ratificar la CDN y sus Protocolos facultativos, los Estados partes deben presentar informes periódicos cada cinco años ante el Comité de los Derechos del Niño, sobre los avances y medidas adoptadas en materia de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel interno. El Comité de la CDN, en base al estudio del informe entregado por el país, los informes de expertos independientes, de la sociedad civil y de ONGs, emite las observaciones finales en respuesta al informe periódico presentado por el Estado parte.

Acceso a la tabla "Avances en el cumplimiento de los derechos reconocidos en la CDN."

 

2.2. La institucionalidad al servicio de la Protección Integral de los Derechos de la Infancia

Paraguay promulgó el Código de la Niñez y Adolescencia (Ley N° 1680 de 2001). Allí establece y regula los derechos, garantías y deberes del niño y del adolescente, conforme a la carta constitucional y la CDN. Pondera el principio de interés superior frente a toda medida que se adopte, asegurando el desarrollo integral del niño, el disfrute pleno de sus derechos y garantías, teniendo en cuenta el respeto de sus vínculos familiares, educación, origen étnico, religioso, cultural, lingüístico y su condición de persona en desarrollo. El código crea el Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral a la Niñez y Adolescencia, encargado de preparar y supervisar la ejecución de la política nacional destinada a garantizar la plena vigencia de los derechos del niño y del adolescente; además regula e integra los programas y acciones a nivel nacional, departamental y municipal. El órgano de mayor jerarquía está a cargo de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), elevada a rango de Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)a través de la Ley Nº 6174 de 2018. Corresponde al MINNA, las funciones relacionadas con el cumplimiento de las políticas del sistema, la ejecución de los planes y programas, conformar el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia e impulsar los consejos departamentales y municipales, y facilitar la coordinación entre los distintos consejos del sistema. El Consejo está integrado por un representante del Ministerio de Niñez, Salud Pública, Educación y Cultura, Justicia y Trabajo, Ministerio Público y organismos no gubernamentales de bien público de cobertura nacional, entre otros. Entre las funciones del Consejo está formular políticas para promoción, atención y protección de los derechos del niño y adolescente, aprobar y supervisar los planes y programas específicos elaborados por el MINNA. Asimismo, Paraguay cuenta con una Defensoría del Pueblo, órgano creado por el art. 276° de la Constitución Nacional, que contiene específicamente un Departamento de Niñez y Adolescencia.

 

3. La política pública para la Primera Infancia

3.1. Planificación

Los Estados desarrollan estrategias orientadas a direccionar y conducir el conjunto de acciones que destinan al cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas durante la primera infancia. En muchos casos, los ejercicios de planificación estratégica dan lugar a documentos a los cuales se los denomina planes, estrategias o políticas de gran alcance. Si bien la CDN orienta la actividad de los Estados, no fija su contenido específico. Éstos tienen que ajustar la orientación de la política pública existente a los principios que propone la CDN. Esto implica precisar un marco conceptual común desde el cual interpretar las decisiones y las acciones que se promueven y las que se llevan adelante.

Los Estados desarrollan estrategias orientadas a direccionar y conducir el conjunto de acciones que destinan al cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas durante la primera infancia. En muchos casos, los ejercicios de planificación estratégica dan lugar a documentos a los cuales se los denomina planes, estrategias o políticas de gran alcance. Si bien la CDN orienta la actividad de los Estados, no fija su contenido específico. Éstos tienen que ajustar la orientación de la política pública existente a los principios que propone la CDN. Esto implica precisar un marco conceptual común desde el cual interpretar las decisiones y las acciones que se promueven y las que se llevan adelante.

Paraguay cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2011-2020, el cual se aprueba a través del Decreto Nº 7.126 de 20110, en el marco de la implementación de la Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020 “Paraguay Todos y Todas”. El Plan establece los objetivos estratégicos y los mecanismos de coordinación entre los organismos que conforman el Sistema Nacional de Protección. Así mismo faculta al Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia –órgano responsable de la gestión, supervisión e implementación del Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia– la creación de la Comisión Nacional de Primera Infancia (CONPI), a efecto de asegurar la eficacia de la organización institucional y la atención apropiada a la política de la primera infancia.

También cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia (POLNA) 2014-2024, que se sitúa sobre el concepto de desarrollo humano y de manera específica en la doctrina de protección integral de las niñas, niños y adolescentes. La POLNA, establece la dirección estratégica del Estado en la efectiva promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del territorio nacional, además de la implementación de directrices, planes, programas y proyectos, para asegurar con recursos suficientes la inversión en materia de niñez y adolescencia en todos los ámbitos del Estado.

 
 

3.2. Intervenciones

Una aproximación hacia las formas en que los distintos Estados de la región están avanzando hacia la implementación de Sistemas Integrales de Protección de Derechos implica hacer foco en todas las acciones que están direccionadas hacia la primera infancia. La matriz de análisis que emerge del estudio de la política actual para primera infancia en América Latina se compone de los distintos núcleos de intervención en los cuales los Estados concentran la mayor parte de la actividad estatal orientada a niñas y niños en sus primeros años de vida. Pero el análisis de las políticas de primera infancia en la región permite también identificar momentos en los cuales se distribuyen y se articulan las intervenciones a lo largo del tramo que conforma la etapa del ciclo vital. A continuación, se ampliarán estos dos componentes de la matriz utilizada para el análisis de la política para la primera infancia en la región.

Los núcleos de intervención que emergen del análisis de la política de primera infancia son: salud, cuidado y educación, y restitución de derechos vulnerados. En la actualidad, la agenda de la primera infancia reconoce y dialoga con estos tres grandes flujos de acción donde se concentra mayor actividad estatal.

El primer núcleo, en el cual se concentra una parte importante de la actividad estatal y es el que más historia tiene, hace foco en la atención de salud de las embarazadas, los niños y las niñas. El actor institucional central es el sistema de salud. Un rasgo importante es su pretensión de universalidad. Hoy por hoy, se registra un consenso muy fuerte en torno a que todas las mujeres gestantes, los niños y niñas tienen que tener garantizado el acceso oportuno a servicios de salud de calidad. Desde el momento de la gestación se despliegan un conjunto de intervenciones que se extienden a lo largo del ciclo vital del niño y la niña. Durante el primer año de vida, estas acciones se intensifican considerablemente y se centran básicamente en el seguimiento y control de la salud, estado nutricional y prevención de enfermedades. Estas prestaciones se desarrollan en los distintos dispositivos sanitarios de los tres niveles de atención que trabajan de manera articulada, que se organizan según los problemas de salud que resuelven y no por las prestaciones que estos brindan. Aquí se observa cómo los distintos dispositivos de salud despliegan sus capacidades en el territorio y atienden las dimensiones del desarrollo biofísico y nutricional –al igual que las vulnerabilidades asociadas a la gestación y al parto– como la alimentación, la lactancia, la salud mental y los cuidados fundamentales.

El segundo núcleo en que se concentra la actividad estatal, con una historia aún más reciente, la constituyen los esfuerzos para garantizar la atención, el cuidado y la educación en la infancia. En particular, en el desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, emocionales, y sociales de niños y niñas pequeños; en las habilidades parentales de las madres, padres y cuidadores directos; y en el alivio de la carga de cuidado que enfrentan las familias durante la etapa de crianza. En este flujo participan una variedad de actores institucionales y profesionales de diversas disciplinas. Es una vertiente que, al igual que la anterior, acumula una intensa experiencia de territorialización de acciones, trabajo en contextos diversos, en donde el sector de salud también tiene una presencia muy importante.

Las acciones orientadas a la protección y cuidado de la infancia se nutren de un conjunto diverso de instrumentos de políticas. A través de talleres en espacios públicos (jardines, escuelas, centros comunitarios) o visitas domiciliarias, se busca acompañar a las familias y fortalecerlas en sus habilidades parentales. Estos espacios constituyen instancias en las que se problematizan distintas dimensiones de la crianza, a la par que funciona como nexo para la articulación de otros servicios públicos. Otro tipo de intervenciones que hacen foco en el desarrollo de capacidades se basa en la atención institucionalizada de niños y niñas. Se trata de espacios en donde las familias dejan a sus hijos al cuidado de otros adultos durante un tiempo previamente establecido. Consiste en una oferta variada de servicios que atiende de forma directa a los niños y niñas, cuyas modalidades son diversas: centros de desarrollo infantil, hogares para niños sin cuidados parentales, espacios comunitarios, que por lo general dependen del Ministerio de Desarrollo Social o algún área semejante a nivel provincial o municipal. Muchos de estos servicios nacieron como experiencias comunitarias de cuidado en contextos en donde el Estado se encontraba ausente. En gran medida porque estos servicios no solo brindan atención directa a los niños y niñas, sino que también permiten aliviar la carga de cuidado que enfrentan las familias liberando tiempo para que los adultos puedan trabajar fuera del hogar. Esta es una de las razones por las cuales el debate en torno a estos servicios atraviesa y articula la agenda de la primera infancia con la agenda de los cuidados impulsada por los movimientos de mujeres. Un rasgo común de esta oferta de servicios es que, en contraste con la primera vertiente relacionada con la atención de la salud, estas focalizan en los sectores más vulnerables. Es una red de servicios focalizada y presenta variaciones respecto de la calidad, la pertinencia del servicio que brindan, y la supervisión y apoyo que reciben por parte del Estado.

En este foco también confluyen los servicios educativos correspondientes al nivel inicial. El actor institucional que ofrece y garantiza el servicio es el Ministerio de Educación u organismos análogos. Aquí lo que se observa es la pretensión de universalizar el nivel inicial a edades más tempranas, que en la actualidad, establece la obligatoriedad en la mayoría de los países a la edad de 4 y 5 años. 

Por último, se identificó un tercer núcleo de intervenciones, que se orientan a la restitución de derechos vulnerados. Se caracteriza por ser intensivo en recursos normativos, donde el poder judicial tiene una presencia importante, pero en la que también participan otras áreas del Estado, como los organismos del sistema de seguridad social y los ministerios de desarrollo social. Algunos de los focos de intervención más relevantes son la prevención y la asistencia a los niños y niñas víctimas de trata o explotación sexual y de los niños y niñas víctimas de otros tipos de violencia. Otro foco de intervención es la restitución del derecho de los niños y niñas que no cuentan con cuidados parentales a crecer en un entorno familiar.

Se incluyen aquí acciones orientadas a restituir uno de los derechos más vulnerados en nuestra región: el derecho de los niños y niñas a crecer en familias que cuenten con un flujo de ingresos constante, suficiente y protegido. Los instrumentos de política que se utilizan con más frecuencia son la transferencia de bienes y de recursos financieros a las familias, o el acceso gratuito o preferencial a alimentos.

Por otro lado, como se mencionó, a partir del análisis de las políticas de primera infancia, se constata que los países tienden a distinguir momentos según la etapa del ciclo vital. Y en cada uno de ellos, varían la participación de los actores institucionales, los modos de intervención y los instrumentos de política que se utilizan en cada etapa. Al hacer foco en las prestaciones, es decir, en los bienes, servicios y transferencias, se observa que éstas se distribuyen y articulan a lo largo del tramo que conforma a esta etapa del ciclo vital, y que se atiende en forma simultánea a las distintas dimensiones que impulsan el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas durante este periodo en particular. Estos momentos en los que se segmentan son:

Momento pregestacional

Los Estados desarrollan acciones orientadas a ampliar las oportunidades de inclusión social de las mujeres y varones jóvenes a través de, fundamentalmente, la culminación del tramo de escolarización obligatoria, talleres para la promoción de la maternidad y paternidad responsable, y de la salud sexual y reproductiva.

Momento gestacional

La actividad estatal se concentra intensamente en garantizar el derecho a la salud de las embarazadas y de los niños y niñas por nacer. En situaciones adversas –distancia geográfica, por ejemplo– se desarrollan acciones orientadas a garantizar el parto institucionalizado. A través de transferencias monetarias se busca atender oportunamente situaciones de vulnerabilidad social. Las consejerías estructuradas interdisciplinarias asisten a las mujeres en conflicto con la maternidad. En paralelo, los talleres y consejerías orientadas a las mujeres gestantes, sus parejas y/o acompañantes buscan fortalecer y desarrollar habilidades para la crianza.

Parto y puerperio

La prevención y control de la salud, y la captación temprana de enfermedades en las madres y los niños o niñas recién nacidos, así como el registro de su identidad son objetivos destacados entre las intervenciones que desarrollan los Estados durante el parto y el puerperio. Por ello, garantizar que el nacimiento ocurra en establecimientos de salud atendido por profesionales capacitados en el abordaje humanizado del parto es central. La atención de las vulnerabilidades sociales, emocionales y el desarrollo de habilidades para la crianza que se iniciaron en etapas previas, continúan. Las licencias parentales constituyen una de las formas en que los Estados protegen el derecho de los niños y niñas a recibir cuidados sin que esto implique resignar ingresos.

Primer año de vida

En esta etapa, a la cadena prestacional se adicionan servicios para la atención de la salud, el cuidado directo y la educación institucionalizada de los niños y niñas. Uno de los objetivos explicitados de estos servicios es facilitar la participación de las madres en actividades que generan ingresos. En casos de abandono, violencia, negligencia u otras formas graves de vulneración de derechos, la restitución del derecho de los niños y niñas a vivir en entornos familiares se transforma en una prioridad.

De 45 días a 4 años e ingreso a educación obligatoria

Este momento, que se solapa con el anterior, se identifica por la centralidad que gradualmente adquiere el componente educativo dentro de los servicios AEPI. En gran parte de los países de la región, los Estados comienzan a ofrecer educación escolarizada. Entre los 3 y 5 años, se establece el inicio del tramo obligatorio de escolarización que culmina entre los 14 y 17 años según el país.

Más allá de las intervenciones que se definen, en cada momento hay estrategias nacionales que abarcan la atención integral de la primera infancia. En estos países se enfatiza que el acceso de las familias a un flujo constante de ingresos, al trabajo decente, a una vivienda adecuada y a servicios básicos de saneamiento constituyen derechos irrenunciables para garantizar e igualar las oportunidades de niños y niñas a desarrollar todo su potencial. El entramado normativo orientado a regular el vínculo entre los niños y los adultos para, por ejemplo, prevenir y penalizar el uso de la violencia como forma de disciplinamiento al interior de las familias o en las escuelas, es otra de las instancias cruciales que sostienen la conformación de un Sistema Integral para la Protección de los Derechos de la Primera Infancia.

A continuación, se presenta un conjunto relevante –pero no exhaustivo– de acciones que dan cuenta de los avances realizados en Argentina para dotar de integralidad a la política para la primera infancia y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas pequeños. Las mismas se presentan agrupadas por núcleos de intervención según los momentos del ciclo vital.

 

 

 

3.3. Evaluación y monitoreo

Se registran diversos avances en la construcción de sistemas de información y evaluación de la política pública para la primera infancia. Muchos países ponen a disposición datos estadísticos e investigaciones, generalmente evaluaciones de impacto de algunos componentes puntuales de sus políticas, memorias, informes de auditoría, estudios sobre temas específicos, solicitados a universidades y organismos nacionales y extranjeros, a través de los cuales cubren, en parte, la demanda de información para el análisis de la situación de la primera infancia y de los esfuerzos que realizan los Estados para garantizar el cumplimiento efectivo de sus derechos.

A continuación, se presenta un conjunto breve de acciones orientadas a fortalecer las decisiones del Estado y su capacidad para sostener la política pública de la primera infancia. Se hace foco en las intervenciones públicas dirigidas a monitorear el diseño e implementación de la política y la ampliación de la participación ciudadana.

4. Agenda actual de la Primera Infancia

A partir de la ratificación de la CDN –hace casi tres décadas– Paraguay ha demostrado amplios esfuerzos por armonizar los principios propuestos por la Convención en su ordenamiento jurídico interno, su institucionalidad y acciones programáticas. En este sentido, la agenda actual de la primera infancia constituye un diálogo permanente de estas tres dimensiones para dotar de integralidad la política pública orientada a las niñas y niños pequeños.

Comparando la situación del país con el promedio regional para cada indicador, Paraguay se caracteriza por presentar una baja proporción de población indígena (1,8%) y un porcentaje de población urbana cercano al promedio regional (69,2%). Respecto a los indicadores económicos, el país se posiciona dentro de los países con menor PIB per cápita de la región. El porcentaje de individuos en situación de pobreza es algo más bajo que en el resto de América Latina (27,6%), a la vez que el gasto social en porcentaje del PIB es menor a la tendencia general (8,7%). En relación al índice de desarrollo humano se ubica cerca del promedio (0,724). Los indicadores de salud, en términos generales, muestran un desempeño por debajo del promedio regional, con mejoras en el porcentaje de partos hospitalarios y de niños menores de 5 años con peso insuficiente. En lo que respecta a la tasa de asistencia para niños del último año de la pre-primaria se ubica por debajo del promedio (80,9%).

Haciendo foco en los avances del país en el cumplimiento de los compromisos ante la CDN, se observa que Paraguay ha desarrollado diversos instrumentos de planificación para organizar el conjunto de prestaciones que orienta principalmente a la primera infancia, así como también se registran distintas acciones dirigidas a garantizar el desarrollo infantil en su integralidad. Desde el lado de la oferta, los servicios de atención, educación y cuidado se encuentran provistos a través de los Centros de Bienestar de la Infancia y la Familia, y simultáneamente se registran intervenciones de seguimiento a la salud del niño y la madre gestante, de prevención de enfermedades, y aseguramiento de la alimentación y nutrición, entre otras acciones. También, se despliegan intervenciones para proteger y reparar situaciones de vulneración de derechos, entre ellas, el Programa “Abrazo”, dirigido a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Por otro lado, se destaca el diseño e implementación del Observatorio Nacional de Niñez y Adolescencia, como instancia privilegiada para el monitoreo y evaluación de la política de la primera infancia.

 

  Finalmente, el principal desafío que prevalece en América Latina es la alta desigualdad social de carácter estructural que prima en todos los países. Una desigualdad social elevada genera condiciones extremadamente desfavorables para efectivizar los derechos de la primera infancia. La carencia persistente de ingresos se encuentra sobrerrepresentada en los grupos sociales históricamente rezagados –población indígena, afrodescendiente, migrante, que residen en áreas rurales, entre otros– y se inscribe frecuentemente en procesos históricos de acumulación intergeneracional de desventajas sociales que generan condiciones que no contribuyen en la apropiación de los beneficios potenciales que supone acceder a los bienes y servicios públicos. El beneficio social se diluye si no se resuelve la base estructural de redistribución social de la riqueza. Promover una mayor igualdad social implica no sólo impulsar un crecimiento y desarrollo sostenible sobre bases más sólidas, sino también contribuir a la realización de los derechos sociales, económicos y culturales de las personas durante todo su ciclo vital.  

 

 

5. Notas al pie

[1] La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional al que más países han adherido: en total 193, incluidos los 19 latinoamericanos, lo han ratificado. Constituye el primer tratado internacional de derechos humanos que sitúa a los niños y niñas como sus titulares directos. Desde el momento de su ratificación, los Estados asumen la obligación de garantizar los principios y derechos contenidos en el instrumento jurídico.

 

[2] Después de la aprobación de un tratado de derechos humanos se suelen añadir “protocolos facultativos”, que son mecanismos jurídicos que complementan y añaden provisiones al tratado. Un protocolo es “facultativo” porque no vincula automáticamente a los Estados que ya han ratificado el tratado original. Estas obligaciones en el protocolo son adicionales y pueden ser más exigentes que las que aparecían en la Convención original, por lo que los Estados deben escoger de manera independiente si quieren vincularse o no al protocolo. Su objetivo es profundizar sobre algunas cuestiones o temas que ya existían en el tratado original, abordar una preocupación nueva o añadir algún procedimiento para su aplicación. En definitiva, amplían las obligaciones del tratado original (UNICEF).

 

[3] Los instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos se negocian entre los Estados miembros de las Naciones Unidas y son jurídicamente vinculantes para cada uno de los Estados que sean parte del instrumento. Hay dos maneras en que un Estado puede llegar a ser parte: mediante la firma y ratificación, o mediante la adhesión.

Al ratificar la Convención o un Protocolo facultativo, un Estado acepta la obligación de respetar, proteger, promover o satisfacer los derechos enumerados, incluida la adopción o el cambio de leyes y políticas que pongan en vigor las disposiciones de la Convención o Protocolo. La Convención considera que todos los derechos de la infancia tienen la misma importancia. No existe ningún derecho "menor", ni ninguna jerarquía entre los derechos humanos. Estos derechos son indivisibles y están mutuamente relacionados, y se centran en todos los aspectos del niño. Las decisiones de los gobiernos con respecto a cualquiera de los derechos deben hacerse a la luz de los otros derechos de la Convención (UNICEF).