Bolivia

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, protección y cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y por lo tanto asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante, aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Bolivia ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos, que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada en 1990; el Convenio OIT 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989) ratificado en 1991; la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960) ratificada en 2017. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en particular, el ODS 4 se han traducido en metas, indicadores generales y orientaciones que dialogan con los contenidos y alcances de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, en cuyo marco fue formulado el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”.

En el año 2021, Bolivia presentó el Informe Voluntario en el cual destaca el compromiso con la Agenda 2030 como política de Estado para el crecimiento económico y describe los logros sociales hasta octubre de 2019.

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

En Bolivia, la Constitución establece que es función del Estado garantizar el acceso de las personas a la educación, y que este tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. Ordena que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. Asimismo, que los pueblos indígenas originarios y campesinos gozan del derecho a una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Mediante la Ley 070 de Educación se establecen los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo plurinacional.

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

En Bolivia, la Agenda Patriótica 2025 establece los 13 pilares de la “Bolivia Digna y Soberana”. En el ámbito educativo, la Agenda Patriótica hace foco en el incremento y la mejora de sus profesionales técnicos, académicos, científicos y expertos en tecnología, y en la contribución de su alto nivel al desarrollo y al vivir bien en armonía con la madre tierra.

Por su parte, el Plan Estratégico Institucional de Educación 2021-2025 se propone las siguientes metas: garantizar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida, que vincule la teoría con la práctica productiva, la conservación y protección del territorio para el Vivir Bien; garantizar la participación plena de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, sin distinción, en la educación, para contribuir en la construcción de una sociedad participativa y comunitaria; promover la unidad del Estado Plurinacional, respetando la diversidad, consolidando su soberanía política, económica, social y cultural, con equidad e igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones para todas las personas; y desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con la práctica productiva. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva, sin discriminación alguna.

El sistema educativo plurinacional boliviano está conformado por el subsistema de educación regular, el subsistema de educación alternativa y especial, y el subsistema de educación superior de formación profesional (Ley 070 de la Educación, sancionada en 2010 y reglamentada en 2011). Las instituciones educativas que integran el sistema educativo plurinacional pueden ser gestionadas por el Estado, por convenio y por privados. Todas las instituciones educativas son reguladas por el Ministerio de Educación. Las instituciones educativas de convenio son instituciones administradas por entidades religiosas, sin ánimo de lucro.

El  del sistema educativo plurinacional (actualizado en el año 2023) contiene los lineamientos generales de aprendizaje que responden al Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo implementado en el país. Tiene, como una de sus fuentes y bases el conocimiento, la sabiduría, los saberes y valores de los pueblos y naciones indígena originarios, desplegados a partir de una educación comunitaria. En él, se expresa el conjunto de principios que orientan al desarrollo de la educación boliviana: (i) una educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria y transformadora; (ii) despatriarcalizadora; (iii) comunitaria, democrática, participativa y de consensos; (iv) intracultural, intercultural y plurilingüe; (v) integral y holística; (vi) productiva territorial, científica, técnica, tecnológica y artística; (vii) e inclusiva. El currículo base tiene dos características esenciales: es único e intercultural. Establece los fundamentos, principios y bases de currículo del Sistema Educativo Plurinacional, y los elementos curriculares (objetivos holísticos, organización curricular, orientaciones metodológicas y sistema de evaluación). Articula saberes y conocimientos locales y “universales” y enmarca la planificación tanto del currículo regionalizado como del diversificado.

El currículo regionalizado considera las características particulares del contexto sociocultural, lingüístico y productivo que hacen a la identidad de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos y afrobolivianos, expresando objetivos holísticos.

El currículo diversificado recoge aspectos particulares y específicos del contexto cultural, sociolingüístico, productivo y poblacional local donde se ubica la unidad educativa. Es el resultado de la construcción de maestras y maestros.

El currículo armonizado es el documento curricular operativo que integra los contenidos curriculares del Currículo Base y del Currículo Regionalizado de cada Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino y Afroboliviano (NyPIOCyA), en el marco de un plan de desarrollo de la lengua originaria y del fortalecimiento de procesos educativos con identidad y pertinencia cultural.

El Subsistema de Educación Regular comprende los niveles de educación inicial en familia comunitaria, primaria comunitaria vocacional, y secundaria comunitaria productiva. Es la educación sistemática, normada, obligatoria y procesual que se brinda a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la educación inicial hasta la educación secundaria.

El Subsistema de Educación Alternativa y Especial ofrece procesos formativos en el marco de la educación popular y la educación inclusiva.

La educación alternativa está destinada a la formación de personas jóvenes y adultas mayores de 15 años. Es de carácter técnico humanístico y sistemático. Este tipo de educación ofrece Educación de Personas Jóvenes y Adultas, y Educación Permanente Productiva Comunitaria. Comprende alfabetización, posalfabetización, educación primaria y educación secundaria. Los niveles y las etapas educativas son certificadas por el Ministerio de Educación. Al concluir las etapas en la educación secundaria de personas jóvenes y adultas, los estudiantes reciben la certificación que los acredita como bachilleres técnico-humanísticos y, de manera gradual, como técnicos medios.

La educación inclusiva ofrece procesos formativos a personas que viven con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad física motora, discapacidad grave y muy grave,  personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talentos extraordinarios. Articula acciones con los subsistemas de educación regular, alternativa y superior de formación profesional.

El Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional establece las políticas, las estrategias, los procesos y las acciones que regulan la formación de profesionales y el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en las universidades privadas, indígenas y de régimen especial. Organiza y ofrece la Formación Superior Técnica y Tecnológica del Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional y la educación superior universitaria.

En cuanto a los requerimientos y la organización de docentes, se establece que las profesoras, los profesores, directoras y directores de unidades educativas fiscales y de convenio deberán ser egresados, titulados, de escuelas superiores de formación de docentes o titulados por antigüedad e inscritos en el Registro Docente Administrativo (RDA). El art. 96 de la  Constitución  señala que son responsabilidad del Estado la formación y capacitación docente para el magisterio público, a través de escuelas superiores de formación; y que la formación de docentes será única, fiscal, gratuita, intracultural, intercultural, plurilingüe, científica y productiva, y se desarrollará con compromiso social y vocación de servicio. Asimismo, estipula como tarea exclusiva de la estructura del sistema educativo plurinacional, la organización y el desarrollo de cursos, seminarios, talleres, encuentros y otras actividades de formación de maestras y maestros.

a. Educación inicial en familia comunitaria

La educación inicial es el primer nivel educativo del subsistema de educación regular. Constituye la base fundamental para la formación integral de las niñas y los niños. Reconoce y fortalece a la familia y a la comunidad como los primeros espacios de socialización y aprendizaje. Se divide en dos etapas: la , destinada a niños y niñas de 1 a 3 años; y la educación inicial en familia comunitaria escolarizada, destinada a niños y niñas de 4 y 5 años. La segunda etapa es obligatoria.

b. Educación primaria comunitaria vocacional

La educación primaria comunitaria vocacional está destinada a niños y niñas de 6 a 11 años. Comprende la formación básica, cimiento de todo el proceso de formación posterior, y tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. Este nivel es de carácter obligatorio, con una duración de seis años. 

c. Educación secundaria comunitaria productiva

La educación secundaria comunitaria productiva está destinada a adolescentes de 12 a 17 años. Articula la educación humanística y la educación técnica tecnológica con la producción, y es de carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. El nivel es obligatorio, y su propósito es contribuir a fortalecer los aprendizajes adquiridos en etapas previas y a orientar vocacionalmente a los estudiantes para la continuidad de estudios superiores y/o la participación en actividades socioproductivas. Expide títulos de bachiller técnico humanístico y, de manera progresiva, de técnico medio.

d. Educación superior de formación profesional

La Ley de Educación establece que la educación superior de formación profesional es el nivel educativo orientado a la generación y recreación de conocimientos y saberes para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. La educación superior es regulada por el Ministerio de Educación. Articula los conocimientos y saberes de los pueblos y naciones indígenas originarios, campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. Garantiza el acceso democrático al conocimiento y a programas de formación profesional acordes con las necesidades y demandas de la sociedad. Comprende a la formación de docentes, la formación superior técnica y tecnológica, la formación superior artística y la formación superior universitaria.

La Dirección General de Formación de Maestros se encarga de organizar y regular la formación de docentes. Se estructura en los niveles de formación inicial, posgradual y continua. La Unidad Especializada de Formación Continua - UNEFCO ofrece formación en las modalidades virtual, a distancia, presencial y semipresencial.

La Formación Profesional Técnica y Tecnológica está constituida por institutos técnicos, institutos tecnológicos de carácter fiscal, privado y convenio. Ofrece tres niveles de formación: capacitación, técnico medio posbachillerato y técnico superior. Las escuelas superiores tecnológicas ofrecen nivel licenciatura y diplomado técnico.

La Formación Superior Artística es la formación profesional destinada al desarrollo de capacidades, competencias y destrezas artísticas. Se ofrece en centros de capacitación artística, que desarrollan programas de corta duración, y en institutos de formación artística, que desarrollan programas de formación artística a nivel de capacitación, técnico medio y superior.

La Formación Superior Universitaria es el espacio educativo de la formación de profesionales, desarrollo de la investigación científica y tecnológica, e innovación en las diferentes áreas del conocimiento y ámbitos de la realidad. La educación superior de formación profesional expide títulos intermedios, de grado y posgrado. Las universidades se clasifican en públicas autónomas, privadas, indígenas y de régimen especial. Las universidades públicas están adscriptas al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana CEUB.

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos–cuatro focos.

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos, en todos sus niveles.
• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.
• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, becas, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

A modo de síntesis, y sin pretensión de exhaustividad, se pueden señalar las siguientes observaciones.

En el foco currículo y modelos de gestión las intervenciones se centran en adecuar la atención educativa a los contextos escolares, sociales y territoriales, respondiendo a las demandas de la productividad y a las características diversas de la población atendida. En 2023 se actualizaron los contenidos y las temáticas de cada una de las áreas, con la particularidad de que participaron diferentes actores de la comunidad educativa para incorporar temáticas emergentes que responden a la realidad de diversos contextos.

El diseño curricular se orienta a crear las condiciones para transformar las prácticas educativas y mejorar las oportunidades de aprendizaje de la totalidad de estudiantes. Adicionalmente, se actualizaron currículos específicos para atender a estudiantes con discapacidades visuales, auditivas, intelectuales o físicas motoras. 

En el foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología se evidencia el mejoramiento de las condiciones generales de infraestructura y normas de construcción, así como la integración de las tecnologías en la educación (a través del Proyecto Una computadora por docente y del Proyecto Una computadora por estudiante), el enfoque de atención a la discapacidad, y la dotación de equipamiento y materiales educativos, tales como los kits de laboratorio.

En el foco docentes las acciones se centran en el fortalecimiento de la formación integral y holística de profesores y profesoras mediante el desarrollo de un proceso formativo que posibilite la concreción del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo en el aula, en la escuela y en la comunidad. El Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros en Ejercicio (PROFOCOM) constituye el proceso marco de este objetivo, buscando la formación con las prácticas educativas comunitarias de sus participantes en los lugares de trabajo. Se destaca además la búsqueda de pedagogías propias de los pueblos indígenas y originarios para el desarrollo educativo.

En el foco políticas de fortalecimiento, las acciones que lleva adelante el Ministerio de Educación buscan asegurar la inclusión y mejorar las condiciones de educación de los estudiantes. Se centran principalmente en la coordinación de acciones multisectoriales para garantizar servicios de alimentación escolar y becas en distintos niveles del sistema. Estas acciones son complementadas por el incentivo a la permanencia escolar Bono Juancito Pinto, orientado a impulsar el ingreso, la permanencia y la culminación del año escolar de niños y niñas del nivel primario hasta el sexto grado, especialmente en las escuelas de las áreas rural y periférica de las ciudades, así como de los estudiantes de educación especial y de educación juvenil alternativa, en las unidades educativas públicas de todo el territorio nacional. También se puede mencionar el Incentivo al Bachiller Destacado. Otra intervención es la Campaña Bolivia Lee 2025, que se lleva a cabo a través del Programa Nacional de Post-alfabetización y tiene el objetivo de fortalecer la cultura lectora en la población boliviana, a través de entrega de libros, bibliotecas comunitarias y comunidades de lectura, que son diversas actividades que se realizan en espacios públicos con la participación de la comunidad.

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo con la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

La Ley 70/2010 establece que la administración y gestión se organiza en tres niveles: central, departamental y autonómico. El Ministerio de Educación y sus viceministerios son las máximas autoridades educativas en el nivel central de la gestión del sistema educativo plurinacional. Es el órgano rector encargado del diseño, la implementación y la ejecución de políticas y estrategias educativas, de las políticas de administración y gestión educativa y curricular, y del fomento de la participación social desde el ámbito territorial a través del sistema educativo plurinacional. Las entidades desconcentradas son de directa dependencia del Ministerio de Educación. Dentro de las instituciones desconcentradas se encuentran: las escuelas superiores de formación de docentes, la Universidad Pedagógica, el Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias, la Unidad Ejecutora del Programa Post Alfabetización y la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO).

En el nivel departamental, el decreto 813 de 2011 reglamenta la estructura, la composición y las funciones de las direcciones departamentales de educación. Las direcciones departamentales de educación, las direcciones distritales de educación, las direcciones de núcleo (contexto rural) y las unidades educativas llevan adelante la gestión departamental. Dentro de sus funciones está el acompañamiento y el apoyo técnico para la planificación, organización y evaluación del desarrollo curricular, y para la implementación de programas especiales del Ministerio de Educación. A nivel autonómico, la institucionalidad funciona a través de las gobernaciones departamentales, gobiernos municipales y Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC).

En el campo técnico, el Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacionales se encarga de diseñar y desarrollar estrategias de apoyo a las políticas de transformación del sistema educativo plurinacional. Otras entidades vinculadas a los servicios y la organización del sistema educativo, son la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, la Escuela Boliviana Intercultural de Música, el Observatorio Plurinacional de la Calidad de la Educación, la Academia Nacional de Ciencias, el Conservatorio Plurinacional de Música, UNIBOL Tupac Katari, UNIBOL Casimiro Huanca, UNIBOL Apiaguaqui Tüpa y el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas.

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una institución descentralizada de formación y capacitación a servidoras y servidores públicos en temas de gestión pública, investigación y asistencia técnica a la administración pública. Tiene como objetivo contribuir a la construcción y consolidación de la nueva gestión pública del Estado, mediante la formación y capacitación de servidoras y servidores públicos, en los diferentes niveles de gobierno: central, departamental, municipal y autonomía indígena originaria campesina.

El Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa tiene como objetivo institucional generar información pertinente, oportuna y veraz, a través de un sistema de evaluación de la calidad educativa, para orientar en la toma de decisiones oportunas de políticas públicas en educación.

El Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas es una entidad pública y descentralizada, pertenece al Ministerio de Educación y tiene como misión coordinar acciones y procesos de investigación lingüísticos y culturales, de recuperación, revitalización, desarrollo y difusión de lenguas y culturas de las distintas naciones y pueblos indígenas originarios. En 2022 se promulgó la ley 1426 que declara el “Decenio de las Lenguas Indígenas” del Estado Plurinacional de Bolivia al periodo 2022-2032, desde donde se establecerán políticas públicas destinadas a prevenir la pérdida de lenguas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos e incidir en su conservación, revitalización, promoción y uso activo en todos los ámbitos públicos y privados.

Las instancias de participación social comunitaria están conformadas por las organizaciones e instituciones relacionadas a la educación, con representatividad y legitimidad correspondientes a su jurisdicción. Su estructura comprende el Congreso Plurinacional de Educación, el Consejo Educativo Plurinacional, los consejos educativos de naciones y pueblos indígena originario campesinos, los consejos educativos social comunitarios, a nivel departamental, regional, distrital, de núcleo y unidades educativas, y los consejos consultivos del Ministerio de Educación

En el mapa de actores sociales vinculados al campo educativo, la resolución ministerial 491/2016 destaca la Confederación de Maestros Urbanos, la Confederación de Maestros Rurales, la Junta Nacional de Padres de Familia, la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, la Confederación de Estudiantes Normalistas, la Confederación de Estudiantes de Secundaria, y las Confederaciones de Campesinos, Indígenas, Originarios, Mujeres y Comunidades Interculturales de Bolivia.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

La Ley de Educación señala en su art. 89 que el sistema educativo plurinacional será financiado por el Estado plurinacional, a través de recursos del Tesoro General del Estado y de las entidades territoriales autónomas, según corresponda, y acorde a la Ley del Presupuesto General del Estado, en concordancia con el art. 77 de la Constitución Política del Estado.

Bolivia es un país unitario que introdujo un proceso intermedio de descentralización de la educación hacia sus municipios. Mediante la Ley 1551 de Participación Popular, sancionada en 1994, se transfirió la infraestructura física de los establecimientos educativos y de otros sectores sociales a los gobiernos municipales, aunque la prestación de la educación (personal docente, administrativo y técnico), así como la definición de la política educativa nacional, quedaron a cargo del Poder Ejecutivo. Mediante dicha Ley, el gobierno les asignó a los gobiernos municipales un 20% del total de los tributos recaudados (artículo 20), pero no estipuló cuánto de ese porcentaje debía invertirse en el sector educativo.

La es otra normativa relevante, que impacta en el escenario del financiamiento educativo en Bolivia. Mediante dicha ley, el Estado establece que retiene el 50% del valor de producción de gas y petróleo, y prioriza como sector destinatario de esos recursos a la educación, la salud, el empleo y la construcción de caminos. Para ello crea un impuesto directo a los hidrocarburos, que se distribuye a las unidades departamentales y municipios, profundizando aún más la descentralización de recursos para el sistema educativo.

Desde 2008, Bolivia avanza con una serie de cambios en la organización institucional de su territorio y de su sistema educativo, con la sanción de la nueva Constitución, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y la Ley 70 de la Educación. Allí quedan configurados diferentes tipos de responsabilidades en el financiamiento: el nivel central, principal responsable de las políticas educativas y de la gestión y administración del sistema; los gobiernos departamentales, a cargo de dotar y financiar infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento a los institutos técnicos en su jurisdicción; y el nivel municipal, también responsable de infraestructura, equipamiento, material educativo y alimentación y desayuno escolar.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el órgano ejecutivo del Sistema Nacional de Información Estadística de Bolivia que revela, clasifica, codifica, compila y difunde oficialmente la información estadística del país. El INE presenta estadísticas económicas, demográficas, sociales, ambientales, internacionales, sobre cuentas nacionales y censales.

El Ministerio de Educación ha creado el Sistema de Estadísticas e Indicadores Educativos, que busca ser un instrumento de medición, seguimiento y evaluación de los cambios periódicos que se vayan realizando en el Subsistema de Educación Regular. Asimismo, cuenta con el Registro Único de Estudiantes (RUDE) y el Registro de Unidades Educativas (RUE); y con el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa (OPCE), creado con el fin de generar información a través de un sistema de evaluación de la calidad educativa, para orientar la toma de decisiones de políticas públicas en educación.

Bolivia ha participado en las pruebas a gran escala con foco en la evaluación de logros de aprendizajes del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), en las evaluaciones PERCE, en 1997, y ERCE, en 2019 y 2025.

• La proporción de personas en situación de analfabetismo se redujo notablemente (del 13,8% al 5,2%) en los últimos 21 años. Esta reducción es significativamente mayor en el caso de las mujeres que en el de los varones.
• El promedio de años de escolarización de la población aumentó tanto en varones como en mujeres, y en todos los niveles de ingresos. No obstante, persisten brechas significativas entre áreas urbanas en comparación con las rurales, en desmedro de estas últimas.
• La proporción de personas adultas que finalizó la secundaria alta aumentó significativamente en 20,7 puntos porcentuales. Se identifica un mayor aumento en el caso de los varones, que en el de las mujeres; y para la población de zonas rurales, en comparación con la población residente en zonas urbanas. Asimismo, el porcentaje de la población adulta que finalizó la educación secundaria se duplicó en el caso de las personas pertenecientes a hogares del nivel inferior de ingresos.

• La proporción de niños y niñas que asistieron a la escuela antes de empezar el primario se incrementó notablemente hacia 2021, aumentó del 47% al 86%. Aunque se registra un aumento en la asistencia, sobre todo en las áreas rurales (del 38,6% al 81,3%), el porcentaje de asistencia es mayor en las áreas urbanas (del 53,8% al 87,8%).
• En 2021, se registró un mayor aumento de la proporción de niñas y niños de hogares de ingresos bajos (del 43,4% al 87%) y medios (del 55,5% al 87,1%) que asistió al último año del nivel inicial.

• La tasa de asistencia escolar primaria en el periodo 2000-2021 aumentó para niños (del 89,2% al 92,4%) y niñas (del 88,8% al 95,2%). En 2021 no se identifican mayores diferencias según el nivel de ingreso.
• Se observan valores casi equivalentes entre varones y mujeres que lograron la finalización de la educación primaria. Sin embargo, en el periodo 2000-2021, aumentó en mayor proporción la tasa de finalización de la educación primaria para el caso de las mujeres.
• Se registra una leve diferencia (de 1 punto porcentual) en la finalización del nivel primario con base en el área geográfica, siendo mayor para la zona urbana (99,3%) que para la zona rural (98,3%).

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria baja aumentó significativamente en los últimos años (del 48,2% al 72,7%). Este aumento es mayor entre las mujeres (del 45% al 72,6%), en comparación con los varones (del 51,2% al 72,8%). Aunque la asistencia en el área rural se mantiene por debajo del área urbana, tuvo un importante incremento en los últimos 21 años (del 28,5% al 73,3%).
• La tasa de asistencia escolar a la secundaria alta tuvo un incremento, tanto en el área rural (del 15,6% al 73,8%), como en la urbana (del 45% al 81,1%). Este aumento se expresa con más fuerza en la población con nivel de ingreso inferior (con un aumento de 41 puntos porcentuales).

• En el periodo comprendido entre 2000 y 2021, se registra un incremento de la tasa de asistencia a la educación superior (del 25,4% al 41,5%). Tal caso es notablemente mayor entre mujeres en comparación con varones. Las áreas urbanas y la población con mayor nivel de ingresos registran una asistencia más significativa en este nivel. No obstante, hacia 2021 se registra un significativo aumento de la tasa de asistencia a la educación superior para estudiantes de zonas rurales (del 3,4% al 18%).
• El porcentaje de finalización de educación superior es marcadamente inferior en zonas rurales (4,3%) en comparación con las zonas urbanas (18,9%) y en la población con menores ingresos (7,2%) en comparación con la población con mayores ingresos (32,7%). En 2021, disminuyó la brecha de género, dado que para los varones se registró un porcentaje de finalización del 15,2% y, para las mujeres, del 14,2%.