Nicaragua

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Nicaragua ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), ratificada en 1981; la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en el 1990; el Convenio OIT 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989), ratificado en 2010; y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de la suscripción a la Agenda de Educación 2030 que es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que está incluida en el Plan Nacional de Educación vigente. En 2021 presentó el Primer Reporte Voluntario.

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

En Nicaragua, la Constitución establece que la educación y la cultura son derechos de toda la ciudadanía, y que la oferta del servicio educativo es función indeclinable del Estado. Mediante la Ley 582 General de Educación, sancionada en 2006, se establecen los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo nacional. En el art. 3º se señala que la educación es un derecho humano fundamental, y el Estado tiene frente a este derecho la función y el deber de planificar, financiar, administrar, dirigir, organizar, promover, velar y garantizar el acceso a la educación de todas las personas nicaragüenses en igualdad de oportunidades.

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

El Plan Nacional de Educación 2017-2021 es el documento base y marco de direccionamiento de la política educativa nacional para la actual vigencia de gobierno. Plantea tres objetivos: mejorar la calidad educativa y formación integral; incrementar la cobertura educativa, en tanto derecho, promoviendo la equidad y el acceso en la edad oportuna, con modalidades flexibles y pertinentes; y fomentar el crecimiento del potencial humano de servidores públicos de educación. A su vez, el Plan de Educación 2020 establece catorce líneas de acción, enmarcadas en tres ejes institucionales orientados a fortalecer y profundizar el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Nacional de Educación.

Al momento de redactarse este documento no se dispone de planes educativos más actualizados que los ya mencionados (Plan Nacional de Educación 2017-2021 y Plan de Educación 2020).

La Ley General de Educación establece que el sistema nacional de educación está conformado por cinco subsistemas: el de educación básica, media y formación docente; el de educación técnica y formación profesional; el de educación superior; el educativo autonómico regional de la Costa Caribe Nicaragüense (SEAR); y el de educación extraescolar. La organización de los subsistemas se lleva a cabo a través de instancias, niveles y modalidades integradas y articuladas vertical y horizontalmente, para garantizar la formación de la ciudadanía.

El subsistema de educación básica, media y formación docente es el más complejo y de mayor cobertura del sistema educativo nacional. Es administrado y regulado por el Ministerio de Educación (MINED). La educación básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante para actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. Es gratuita, cuando la imparte el Estado, y obligatoria, a partir del tercer nivel de educación inicial y hasta el sexto grado de primaria. Los aprendizajes se encuentran organizados en el Currículo Nacional Básico. Con un carácter inclusivo, atiende las demandas de personas con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje. Se organiza en:

La educación básica regular, modalidad que abarca los niveles de educación (inicial, primaria y secundaria), está dirigida a niños, niñas y adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento.

La educación básica alternativa ofrece programas de alfabetización y la modalidad de educación básica acelerada de jóvenes y adultos. Permite complementar la educación de las personas que, por razones socioeconómicas y de otra índole, no cursaron la educación básica y media. La educación para personas jóvenes y adultas está orientada a la preparación para el trabajo y se organiza flexiblemente en función de las necesidades y demandas específicas de estudiantes. Ofrece un conjunto de estrategias, recursos especializados y servicios de apoyo. A través de cursos en Centros con Aulas Taller y cursos EJA en la comunidad, se brinda educación laboral.

Los programas de alfabetización tienen como fin el desarrollo de capacidades de lecto-escritura y de cálculo matemático en las personas que no accedieron oportunamente a la educación básica. Tiene, como finalidad, fortalecer su identidad y autoestima, además de la preparación para continuar su formación en los siguientes niveles del sistema educativo y para integrarse al mundo productivo en mejores condiciones. Las alcaldías, en coordinación con el Ministerio de Educación, el Instituto Tecnológico Nacional y los Centros de Educación Superior, se encargan de impulsar estos programas con base en el diagnóstico y censo anual de la población objetivo.

La educación básica especial se ofrece a las personas que viven con alguna discapacidad. Busca garantizar un currículo accesible y pertinente para todos los estudiantes de la educación básica. Ofrece modalidades educativas de preescolar y primaria, y los programas de educación temprana e inclusión sociolaboral.

La formación docente es parte del subsistema de educación regular. Comprende dos modalidades: formación inicial y formación continua y actualización docente. Mediante la Ley 114 de Carrera Docente se regula el ejercicio de la docencia, así como los deberes y derechos de los docentes de las diferentes áreas de la educación, exceptuando la superior. En 2019 se dictó la normativa de capacitación y desarrollo profesional de los servidores públicos, para fortalecer las capacidades del personal docente, técnico y administrativo.

El subsistema de educación técnica y formación profesional brinda atención educativa a las personas jóvenes y adultas que deseen continuar estudios en este nivel, para incrementar y consolidar sus capacidades intelectuales, científico técnicas y su formación integral, a fin de continuar estudios superiores o participar eficientemente en la vida del trabajo. La educación técnica y formación profesional es responsabilidad del Gobierno de la República, que la administra a través del Instituto Nacional Tecnológico, como única entidad rectora, descentralizada y adscrita al Ministerio del Trabajo.

El subsistema de educación superior se constituye como la segunda etapa del sistema educativo. Consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología.

El subsistema educativo autónomo regional (SEAR) atiende las regiones autónomas de la Costa del Caribe Nicaragüense. Se orienta hacia la formación integral de niños, personas jóvenes y adultas de la Costa del Caribe en todos los niveles del sistema educativo. La Ley General de Educación establece que la educación en las regiones autónomas es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas de la Costa Caribe. El subsistema es gestionado de manera descentralizada y autónoma, respondiendo a realidades y prioridades educativas de la población multiétnica, multilingüe y pluricultural. La interculturalidad, como eje fundamental del SEAR, promueve la preparación científica, técnica y humanista, fortaleciendo la identidad étnica, cultural y lingüística. La ley 162 (1993) establece que las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua serán de uso oficial en las Regiones Autónomas.

El subsistema de educación extraescolar está conformado por la educación no formal y la educación informal. Este subsistema atiende, reconoce e incluye todos los procesos y acciones que, siendo desarrollados en los ámbitos formal y no formal, producen aprendizajes que contribuyen al desarrollo integral de la ciudadanía. La educación no formal se ofrece en instituciones, organizaciones estatales y de la sociedad civil. Comprende desde la educación básica para niños, personas jóvenes y adultas, hasta niveles de especialización.

La gestión de los centros educativos puede ser estatal, privada o subvencionada. Los centros educativos subvencionados son aquellos que reciben recursos financieros del Estado para el pago de salarios docentes.

Por fuera de los subsistemas de educación, en el ámbito del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), se crea el Centro Nicaragüense de Enseñanza Artística Pablo Antonio Cuadra (CENEAPAC), conformado por cinco escuelas nacionales (música, artes plásticas, danza, teatro y ballet), así como de unidades de formación artística certificadas, con el objetivo de proporcionar formación artística profesional en las distintas ramas del arte, de acuerdo a programas académicos específicos, normas pedagógicas y artísticas actualizadas. Ofrece títulos técnico medio, profesor y profesional, con carreras de duración entre 3 y 10 años.

a. Educación inicial

La educación inicial, primer nivel de la educación básica, está orientada a niños y niñas menores de 6 años. Debido a que en muchos países este nivel no es obligatorio, se identificaron ofertas que no están incorporadas al sistema educativo formal.

De acuerdo con Mattioli (2019), en la región existen seis tipos de servicios de atención y educación para la primera infancia: aquellos basados en el hogar, centros comunitarios, centros de desarrollo infantil, servicios en entornos laborales, servicios para niños institucionalizados sin cuidados parentales y los centros educativos de nivel inicial. Los primeros cuatro pertenecen a la oferta no formal.

La oferta formal abarca, en general, el rango de 3 a 5 años, puede ser de gestión estatal, privada o subvencionada y es impartida por docentes con formación pedagógica oficial. En cambio, la educación no formal surge, en parte, de la ausencia de obligatoriedad, que no formaliza la responsabilidad de garantizar el acceso universal a este servicio. Aunque la educación no formal pueda funcionar en centros de desarrollo o jardines de infantes, estos espacios no están integrados al sistema educativo formal y, por lo tanto, no cuentan con financiamiento o supervisión de las autoridades educativas. La educación no formal predomina en infancias entre 45 días a 3 años, mientras que para el grupo de 3 a 5 años hay opciones tanto formales como no formales, según la obligatoriedad de las salas en cada país.

El marco curricular de la educación inicial es el instrumento pedagógico que ofrece a los docentes y educadores comunitarios de este nivel educativo la guía para el desarrollo de los aprendizajes ofrecidos a niñas y niños de 3 a 5 años, con base en sus necesidades, intereses y características. Orienta el proceso de enseñanza y está en concordancia con la Política Nacional de Primera Infancia.

b. Educación primaria

La educación primaria es el segundo nivel de la educación básica regular. Tiene una duración de seis años. La edad teórica de concurrencia al nivel primario se extiende desde los 6 hasta los 12 años. De acuerdo con la Ley General de Educación, el nivel primario se ofrece en diversas modalidades, que se estructuran a partir del Currículo Nacional Básico.

La modalidad de primaria regular está dirigida a niños y niñas que pasan oportunamente por el proceso educativo y se articula con la secundaria regular. En la modalidad multigrado, se adecuan los contenidos curriculares a las características del entorno socioeconómico, productivo y cultural de las comunidades. Se desarrollan estrategias pedagógicas para la atención simultánea de niños y niñas de diferentes edades y niveles educativos. La primaria nocturna está dirigida a niños, niñas y adolescentes que interrumpieron su trayectoria escolar tempranamente o que no accedieron al sistema educativo y que, por su edad, ya no pueden hacerlo a la primaria en modalidad regular.

La educación primaria también se ofrece en la modalidad de educación básica acelerada y educación de jóvenes y adultos. Tiene los mismos objetivos y calidad, equivalente a la de la educación básica regular. También hace énfasis en la preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales.

Asimismo, se ofrece educación primaria la modalidad de educación básica especial, atendiendo a personas con necesidades educativas especiales. El tránsito de un grado a otro estará dado en función de las habilidades que hayan logrado y la edad cronológica, respetando el principio de integración educativa y social.

La Dirección General de Educación Primaria describe también las modalidades extraedad y primaria a distancia en el campo. En la primaria extraedad, niños, niñas y adolescentes de 9 a 16 años de zonas urbanas que, por alguna razón, no estudiaron a la edad oportuna en el grado correspondiente, tienen la oportunidad de cursar la primaria en tres años escolares. La primaria a distancia es para niños, niñas y adolescentes de 9 a 16 años de zonas rurales que, por alguna razón, no estudiaron en edad oportuna. Se desarrolla en encuentros semanales los sábados y a través de sesiones tutoriales.

c. Educación secundaria

La educación secundaria constituye el tercer nivel de la educación básica regular, es gratuita cuando se imparten en centros del Estado y dura cinco años. Cuenta con tres orientaciones: científica, humanística y técnica. Se ofrece en modalidades regular, nocturna y a distancia.

La educación secundaria regular se imparte en jornada diurna con una duración de cinco años. Está dirigida a jóvenes y adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo con la edad teórica de ingreso y egreso del nivel, que se extiende entre los 12 y los 17 años.

La secundaria nocturna está dirigida a personas jóvenes y adultas que no se incorporaron oportunamente en la educación básica regular debido a su edad o a condiciones de trabajo que interrumpieron su trayectoria educativa. La educación secundaria a distancia está destinada a estudiantes que, por diversas circunstancias, no logran acceder a la educación regular. El proceso de enseñanza y aprendizaje es mediado por educadores, a través de diversos dispositivos tecnológicos digitales, radiofónicos y televisivos.

d. Educación técnico profesional

La educación técnico profesional es un subsistema del sistema educativo nacional. Está orientado a la adquisición de competencias laborales y empresariales. Se divide en dos grandes ramas: la educación técnica y la formación profesional (o capacitación para el trabajo). Ambas ramas son administradas por el Instituto Nacional Tecnológico, organismo descentralizado y adscripto al Ministerio de Trabajo.

Con base en la Ley General de Educación, la educación técnica y formación profesional cuenta con distintos niveles y modalidades: técnico básico, técnico medio, bachillerato técnico en programas especiales, atención a la pequeña empresa y microempresa, atención a la mujer, rehabilitación profesional y otras capacitaciones. La educación técnica de nivel secundario habilita a continuar con estudios superiores. Está destinada a estudiantes que aprueban el noveno grado de secundaria. Bajo esta oferta educativa, los estudiantes reciben asignaturas generales para completar el bachillerato, y módulos técnicos y tecnológicos según la especialidad seleccionada.

La formación profesional tiene por finalidades desarrollar competencias en función de diferentes campos profesionales, facilitar la incorporación de las personas a la vida sociolaboral, contribuir a su formación permanente y atender las demandas de recursos humanos del sector productivo. No habilita la continuidad educativa.

En consideración de la demanda de recursos humanos calificados que plantea el desarrollo económico y social del país, y de acuerdo con el respectivo ámbito de competencias del INATEC, se diseñan la estructura, los objetivos y la duración de los estudios, así como los requisitos para cada nivel, el área y la modalidad de formación.

e. Educación superior

La educación superior es un subsistema cuya finalidad es la formación integral de profesionales de grado y posgrado. La Ley General de Educación establece que la educación superior es aquella destinada a la investigación, creación y difusión de conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país. El Consejo Nacional de Universidades (CNU), integrado por los rectores de universidades públicas y privadas, es el órgano superior especializado y consultivo en materia académica, y tiene por finalidad definir las políticas y estrategias de desarrollo universitario.

Las instituciones universitarias se rigen por la Ley 89 de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. Esta ley establece que las universidades y centros de educación técnica superior gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa. Las instituciones de educación superior tienen carácter de servicio público y se orientan a la formación profesional y ciudadana de sus estudiantes. El acceso a estas Instituciones es libre y gratuito para todos los nicaragüenses. Las universidades están constituidas por facultades, escuelas, departamentos docentes, centros regionales e institutos y centros de investigación. La ley 1.114, sancionada en 2022, establece algunas reformas y adiciones a la ley anteriormente mencionada, entre las que se encuentran los requisitos de autorización para las nuevas instituciones de educación superior.

Además de la oferta académica de grado y posgrado en diferentes áreas del conocimiento de las universidades legalmente establecidas, y con el propósito de responder a las necesidades educativas territoriales y de ampliar la oferta educativa inclusiva, de calidad, flexible, de cobertura nacional, el nivel de educación superior ofrece el modelo educativo abierto en las distintas modalidades de educación a distancia a través de la Universidad Abierta en Línea (UALN)

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos, en todos sus niveles.
• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.
• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, becas, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

A modo de síntesis, y sin pretensión de exhaustividad, se pueden señalar las siguientes observaciones. 

En el foco currículo y modelos de gestión las acciones se centran en la búsqueda de mayor igualdad de oportunidades. El diseño curricular se orienta a crear las condiciones para transformar las prácticas educativas y mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes. Son ejemplo de ello, el Currículo Nacional Básico, así como los programas de alfabetización y educación de jóvenes y adultos, el Programa de Atención Educativa, los materiales educativos del Centro de Recursos Educativos para Ciegos (CRECI) del programa Inclusión Educativa, y la reciente Estrategia Nacional del Aprendizaje del Inglés como segundo idioma, en séptimo grado. En el nivel de educación superior se destaca el Programa Universidad en el Campo, que dirige el Consejo Nacional de Universidades, con el propósito de brindar a jóvenes de comunidades rurales e indígenas la oportunidad de estudiar una carrera técnica o profesional para dar respuesta a necesidades concretas en sus territorios.

En el foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología se observan intervenciones destinadas al mejoramiento de la infraestructura y dotación de las escuelas, y en el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro del proceso educativo. Los proyectos de infraestructura escolar son realizados en el marco del proyecto Alianza para la Calidad Educativa (ACE).

En el foco docentes, las acciones se centran en la actualización como un mecanismo para fortalecer la calidad educativa, así como en el intercambio de experiencias y conocimientos entre docentes de los mismos niveles educativos, grados o modalidades. A través de los Encuentros Pedagógicos de Interaprendizaje (EPI), se generan espacios de reflexión en los niveles de aula, municipal, departamental y nacional, recreando la experiencia docente y haciendo énfasis en las prácticas pedagógicas.

En el foco políticas de fortalecimiento los servicios se centran principalmente en garantizar alimentación escolar, a través del Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE), y en la adaptación de contenidos a entornos digitales a través de la plataforma educativa Nicaragua Educa.

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo con la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

La Ley General de Educación señala que el Consejo Nacional de Educación es el órgano superior del Estado en materia educativa, habilitado para la discusión y el análisis del quehacer en el sector. Se constituye como el espacio de armonización y articulación de los subsistemas de educación básica, media, técnica, extraescolar, superior y el SEAR.

El Ministerio de Educación es el órgano rector encargado de llevar adelante la organización y regulación de los requisitos mínimos de infraestructura, pedagogía, administración, financiamiento y dirección que deben cumplir los centros educativos públicos y privados de la educación inicial, general básica, media, especial y formación docente para su funcionamiento y certificación. De igual forma, el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) regula el funcionamiento de los centros y programas integrados en el subsistema de educación técnica y profesional. La Ley 413 de Participación Educativa amplía la participación en la gestión escolar a padres y madres de familia, docentes y estudiantes, en lo relacionado con la elaboración, gestión y evaluación de los programas de estudio y el funcionamiento del centro educativo, de conformidad a las regulaciones dictadas por el Ministerio de Educación y Deportes.

El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación del Sistema Educativo Nacional (CNEA) es definido por ley como el único órgano competente del Estado para acreditar instituciones educativas de educación superior tanto públicas como privadas, así como para evaluar el resultado de los procesos educativos desarrollados por el MINED y el INATEC.

Con el objetivo de fortalecer la gestión educativa, se ha suscrito el Convenio tripartito de colaboración entre el Ministerio de Educación (MINED), Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) y el Consejo Nacional De Universidades (CNU), cuyo objeto es crear las bases para la articulación y el trabajo conjunto de los tres subsistemas educativos del país, que aporten a mejorar la calidad de la educación, complementando recursos, capacidades humanas, técnicas, tecnológicas y de infraestructura de los subsistemas educativos.

Dentro del marco de la gestión en la educación, la ley establece que las acciones estarán orientadas a incorporar la educación en la agenda del desarrollo municipal y regional; mejorar la gobernabilidad del sistema educativo mediante una articulación más eficiente entre el gobierno central, los gobiernos regionales, autónomos de la Costa Caribe, los gobiernos municipales y los consejos escolares; garantizar mayor eficiencia y efectividad en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la educación, focalizando los mismos a los sectores más pobres; propiciar mayor acción de los gobiernos municipales en la promoción del desarrollo, buscando optimizar y racionalizar el uso de sus recursos; e involucrar a las autoridades municipales en la adecuación curricular para propiciar el desarrollo local.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

Desde 1993 y de manera progresiva, Nicaragua gestionó el financiamiento a través del programa de autonomía escolar. Consistía en un contrato firmado entre el Ministerio de Educación y el centro educativo, mediante el cual el Ministerio de Educación transfería directamente la asignación presupuestaria anteriormente administrada desde el nivel central. El Consejo Directivo tenía la potestad para decidir por la asignación de recursos derivados del Ministerio, y por el aporte de los padres y las madres de familia, que debían complementar el presupuesto para el buen funcionamiento del centro.

A partir de 2007 se eliminó la autonomía escolar y con ello el cobro a las familias, se redujo la función de los directivos, a la vez que el Ministerio de Educación decidió eliminar las transferencias directas de fondos para ordenar y clarificar la administración de los recursos. Nicaragua ha pasado de la gestión administrativa desconcentrada de los recursos financieros, que trasladaba fondos directos a la escuela para toda su operación, hacia una centralización de la administración de los recursos (Plan Estratégico de Educación 2011-2015).

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) es el organismo rector que produce, analiza y difunde los datos estadísticos de Nicaragua. En este sitio se puede acceder al Censo de Población y Vivienda, a la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud, y al Censo Nacional Agropecuario. Se encuentran también disponibles los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares y la Encuesta de Medición del Nivel de Vida. Asimismo, es posible consultar información estadística sobre salud, educación, empleo, salarios, turismo, transporte, policía y proyecciones de población en los Anuarios Estadísticos.

El Consejo Nacional de Universidades también elabora publicaciones estadísticas. El último reporte se produjo en 2023 (Anuario Estadístico 2023 del Subsistema de Educación Superior). 

El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación es el ente rector y máxima autoridad del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Tiene como función principal promover la cultura de la evaluación y velar por el aseguramiento de la calidad del sistema educativo nicaragüense mediante la implementación de procesos de evaluación institucional, acreditación y evaluación de resultados.

Nicaragua ha participado en distintas pruebas a gran escala con foco en la evaluación de logros de aprendizajes. Entre las que administra el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), participó en las evaluaciones SERCE en 2006; TERCE en 2013 y ERCE en 2019, y del ERCE 2019, cuarta versión del Estudio Regional Comparativo y Explicativo.

• La proporción de personas en situación de analfabetismo se redujo notablemente (del 22,2% al 14,1%) en los últimos años.
• El promedio de años de escolarización de la población aumentó tanto entre varones como entre mujeres, sobre todo en áreas urbanas y en todos los niveles de ingresos, siendo mayor en el nivel medio (de 5,9 a 8 años).
• La proporción de personas adultas que finalizaron la secundaria aumentó significativamente (de 17,8% a 30,5%), con una incidencia mayor en las mujeres (del 16,2% al 27,4%), para todos los niveles de ingresos, fundamentalmente en el nivel inferior y con mayor preponderancia en áreas urbanas.

• La proporción de niños y niñas que asistieron a la escuela antes de empezar el primario se incrementó hacia 2014, del 58,2% al 74,1%. No obstante, esta proporción es inferior en el área rural y en aquellos hogares socialmente más desfavorecidos.

• La tasa de asistencia escolar primaria aumentó en la última medición tanto para niños y niñas; y para ambas áreas geográficas, siendo mayor el aumento para niños (del 82,9% al 89,3%) y zonas rurales (del 76,3 % al 84,8%). En cuanto a la asistencia según el nivel de ingresos, aumentó en mayor proporción en el caso de las personas provenientes de hogares menores ingresos (del 83,2% al 92,4%).
• Se observa un incremento diferenciado entre varones y mujeres que lograron la finalización de la educación primaria, siendo las mujeres aquellas que alcanzan valores de finalización del nivel más elevados (del 66,8% al 84,9%).
• Existen diferencias notables de la finalización del nivel de acuerdo con las variables analizadas entre las áreas urbana y rural. Sin embargo, se observa que en las zonas rurales la tasa de finalización aumentó del 38,6% al 62,8%.

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria baja aumentó tanto entre varones como entre mujeres. Aumentando más en el caso de las mujeres (del 38,7% al 56,5%). No obstante, la asistencia en el área rural y en hogares de menores ingresos se mantiene por debajo del 52%.
• La tasa de asistencia escolar a la secundaria alta tuvo un incremento de más de 10%, que se expresa con más fuerza entre mujeres (del 21,9% al 33,3%) y población con mayor nivel de ingresos (del 37,5% al 50,4%).

• En el periodo comprendido entre 2001 y 2014, se registra un incremento de la tasa de asistencia a educación superior, siendo notablemente mayor entre mujeres (del 15,6% al 21,5%), en áreas urbanas (del 19,6% al 27,5%) y para la población con nivel medio de ingresos (del 35,5% al 43,1%).
• El porcentaje de finalización de educación superior es ampliamente mayor en zonas urbanas y para la población de mayores ingresos. Al igual que la asistencia, la finalización de la educación terciaria y/o universitaria es mayor para mujeres (del 4,7% al 10,6%) que para hombres (de 4,5 al 8%).