República Dominicana

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

República Dominicana ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos internacionales que alimentaron la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1991) y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006).

A través del decreto 23 (2016) se crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, con el mandato de trazar la ruta para la efectiva implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a fin de que las entidades ejecutoras de políticas públicas establezcan vías de implementación de la Agenda, adecuadas con la estrategia nacional de desarrollo. La coordinación está en manos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El decreto 26 (2017) extiende la vigencia de la comisión y adiciona actores institucionales, entre los que se encuentran el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, entre otros. En 2018 y 2021 presentó los Informes Nacionales Voluntarios sobre el cumplimiento de la Agenda 2030.

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

La Constitución Política de República Dominicana alude al derecho a la educación integral, de calidad, permanente y en igualdad de condiciones y oportunidades. Señala además la obligatoriedad del nivel inicial básico y medio, y la obligación del Estado de propender a la profesionalización, estabilidad y dignificación de los docentes.

Asimismo, el segundo eje estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 postula la construcción de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, y entre los objetivos para lograrla se señalan la educación de calidad y la cultura e identidad nacional en un mundo global.

Específicamente, la Ley General de Educación regula todos los componentes del sistema educativo, a excepción de la educación superior, regida por la Ley 139, sancionada en 2001. Por su parte, las disposiciones referidas a docentes son reguladas por el decreto 639 (2003) que establece el Reglamento del Estatuto Docente.

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

El decreto 365/2023 da cuerpo al proceso de reforma del sector educativo de la República con motivo de los 25 años de la sanción de la Ley General de Educación. Este proceso de reforma y modernización del sector educativo abordará, de manera específica, los siguientes aspectos: 1) la actualización normativa del sector; 2) la revisión y actualización de las políticas educativas orientadas a garantizar el derecho a la educación y al sostenimiento del proceso de desarrollo nacional con equidad; 3) el fortalecimiento del sistema de planificación; 4) el fortalecimiento de la coordinación estratégica y operativa entre los órganos y entes del sector público, no gubernamental y privado;  5) la racionalización de la estructura organizacional; 6) la integración e interoperatividad de los sistemas transversales comunes; 7) la mejora de la cartera de servicios y productos; 8) el fortalecimiento de la imagen y la reputación de las instituciones, entes y órganos públicos del sector educativo; 9) y otras iniciativas complementarias para incrementar la efectividad de las políticas públicas en materia educativa y de protección de los derechos fundamentales relacionados. En resumen, a través de este decreto se establecen los lineamientos principales del proceso de reforma del sistema educativo de la República, y la constitución de la Comisión Interinstitucional conformada a tal fin, con el objetivo de generar un Plan Decenal de Educación como resultado del proceso de reforma de la ley General de Educación.

Entre las funciones de este nivel, señaladas por la Ley de Educación, se destacan: contribuir al desarrollo físico, motriz, psíquico, cognitivo, afectivo, social, ético, estético y espiritual; incentivar la capacidad de comunicación y las relaciones con las demás personas; promover el desenvolvimiento de las potencialidades y capacidades de los estudiantes; y, preparar para la educación básica. De acuerdo a la ordenanza 1 de 2015, que establece el currículo revisado, actualizado y validado para la educación inicial pública y privada, éste se estructura en función de siete competencias fundamentales: ética y ciudadana; comunicativa; pensamiento lógico, creativo y crítico; resolución de problemas; científica y tecnológica; ambiental y de la salud; y desarrollo personal y espiritual.

b. Educación primaria

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

▪ Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.

▪ Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos, en todos sus niveles.

▪ Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.

▪ Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, becas, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

A modo de síntesis, y sin pretensión de exhaustividad, se pueden señalar las siguientes observaciones. 

En el foco currículo y modelos de gestión cobran relevancia las actualizaciones curriculares y la jornada escolar extendida, política que pretende cumplir con la educación de calidad y pertinencia que se postula en los documentos de planificación. Otra estrategia relanzada por el país es el Programa Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3R (reusar, reciclar, reducir), destinada a la educación ambiental.

En el foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología es destacable el Programa Nacional de Edificaciones Escolares y el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT), que busca establecer un sistema de promoción permanente de la investigación científica y tecnológica nacional.

En el foco docentes, los recursos se enmarcan en la capacitación. El Programa Nacional de Inducción prevé acompañamiento y apoyo al desarrollo profesional individualizado en los primeros años de ejercicio profesional. 

En el foco fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se encuentra un amplio abanico de iniciativas tanto del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), de la Administradora de Subsidios Sociales y del Ministerio de Educación, para poder fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes con desventajas socioeconómicas. También son destacables las acciones del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, principalmente a través de becas, para ampliar la cobertura de la educación superior.

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo a la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

El Consejo Nacional de Educación es el máximo organismo de decisión en materia de política educativa. Está encargado de establecer la orientación general de la educación dominicana en sus niveles de competencia, y de garantizar la unidad de acción entre las instituciones públicas y privadas que realizan funciones educativas.

El Ministerio de Educación es el organismo público dependiente del Poder Ejecutivo responsable de administrar y orientar el sistema educativo, así como de aplicar o ejecutar todas las disposiciones constitucionales de la Ley General de Educación y otras leyes en la materia. Según establece su reglamento orgánico, es el vínculo entre el Poder Ejecutivo y las instituciones de educativas públicas y privadas, ya sean nacionales, internacionales o descentralizadas. En dicho reglamento se establecen las funciones de cada uno de los organismos que lo componen. En su estructura organizativa, se encuentran, entre otras dependencias, la Oficina Nacional de Planificación y Desarrollo Educativo; la Oficina Nacional de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad; el Viceministerio de Apoyo Administrativo; el Viceministerio de Servicio Técnico Pedagógico.

Se crean las Juntas Regionales, Distritales y de Centro Educativo como órganos descentralizados de gestión educativa, que tendrán como función velar por la aplicación de las políticas educativas emanadas del Consejo Nacional de Educación y del Ministerio de Educación en su propio ámbito y competencia.

Por otra parte, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es el órgano del Poder Ejecutivo encargado de fomentar, reglamentar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Vela por la ejecución de todas las disposiciones de la ley 139 y de las políticas emanadas del Poder Ejecutivo. Entre sus funciones, se destacan abogar por la calidad de la educación superior, y el desarrollo de la investigación científica y tecnológica; y autorizar la apertura o el cierre de instituciones pertenecientes al sistema. Los viceministerios que lo componen son el de Educación Superior, el de Ciencia y Tecnología, el Administrativo Financiero, el de Relaciones Internacionales, el de Evaluación y Acreditación de las IES, y el de Extensión. El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es el órgano rector en este nivel.

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) es el organismo rector del sistema nacional de formación técnico profesional. Es una organización autónoma del Estado, investida de personalidad jurídica, de carácter no lucrativo y patrimonio propio, dirigida por una junta de directores de estructura tripartita, integrada por los sectores oficial, empresarial y laboral, y administrada por una dirección general.

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) es un organismo descentralizado, adscrito al Ministerio de Educación y creado (según el artículo 177 de la Ley General de Educación) con la finalidad de promover, entre los estudiantes del sector público, a nivel nacional, los servicios de transporte, nutrición escolar y salud; uniformes y útiles; clubes científicos, tecnológicos y de artes; becas e intercambios de trabajo social; turismo estudiantil, trabajo remunerado en vacaciones; y gobierno estudiantil.

Otras dependencias del Ministerio de Educación son:

• El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), institución de educación superior de formación docente de carácter estatal y de servicio público.
• El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), organismo responsable de coordinar, supervisar y evaluar los planes y programas de desarrollo de educación física y deporte escolar, para garantizar una educación integral de calidad, en los niveles inicial, básico y medio en las instituciones educativas públicas y privadas del país.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

La Ley General de Educación establece un sistema nacional de evaluación de la calidad de la educación como el medio para determinar la eficiencia y la eficacia global del sistema educativo. La Dirección de la Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación tiene como función contribuir con la mejora de la calidad educativa mediante la evaluación y estudio de los logros de aprendizaje y los factores asociados, así como la divulgación y uso de dichos resultados para la toma de decisiones en los diferentes ámbitos del sistema educativo. Trabaja tres líneas: evaluaciones nacionales, pruebas diagnósticas y evaluaciones internacionales. Las primeras evalúan los logros de aprendizaje de estudiantes al concluir los niveles básico y medio. Las evaluaciones diagnósticas se aplican a tercer y sexto grado de educación primaria y al primer ciclo de educación básica. A nivel internacional, la República Dominicana participó de las evaluaciones del Programme for International Student Assesment (PISA), el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) y el ICCS (International Civic and Citizenship Education Study); ninguna fue de carácter obligatorio. Una de las últimas pruebas que participó fue el ERCE 2019, cuarta versión del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (LLECE).

La ordenanza 1 de 2016 norma el sistema de pruebas nacionales y de evaluación de los logros de aprendizaje, asumiendo que la evaluación es una herramienta cuyo uso contribuye a mejorar la calidad de la educación de niños, niñas, jóvenes de los diferentes niveles educativos.

Por último, cabe mencionar el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), órgano público descentralizado, adscripto al Ministerio de Educación. Tiene, entre otras, las siguientes funciones: diseñar, promover y ejecutar políticas de fomento y desarrollo de la evaluación e investigación educativa, para contribuir a cualificar los procesos y resultados educativos en los diferentes ámbitos, niveles y modalidades en que se organiza y opera el sistema educativo dominicano; asesorar al Ministerio de Educación en los procesos de investigación y evaluación en todos sus niveles (institucional, de proyectos, gestión, de desarrollo curricular y de resultados de aprendizaje); establecer un sistema de indicadores para el sistema educativo, verificables y evaluables periódicamente; y participar en las evaluaciones e investigaciones que se desarrollan a través de proyectos en el ámbito educativo.

• La tasa de asistencia escolar en el último año de la preprimaria es un dato que cambió significativamente en la medición de 2022. En la evolución histórica, se advierte que aumentó en la primera década analizada (66,6% en 2000 a 84% en 2010), volviendo a descender en la década de 2020 (a 70,6%). El dato es el gran aumento a partir de la última medición: en 2022 aumentó 15% ubicándose en 81,4%. . El aumento se evidencia en todas las variables de segmentación, reduciéndose la brecha por nivel de ingresos.

• La tasa de asistencia escolar primaria tuvo un leve aumento en la primera década del siglo. En la última década se ve un retroceso en la asistencia en todas las variables analizadas en la última medición. 
• La tasa de finalización de la educación primaria ascendió en la última década. El crecimiento fue mayor en mujeres y en sectores de ingresos superiores, aunque en el último año analizado se evidencia crecimiento en la tasa de finalización para todas las variables de corte, superando en todos los casos el 90%.

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria baja aumentó significativamente en las últimas décadas. No obstante, persisten brechas por sexo, en detrimento de varones y por sectores de ingreso, en detrimento de los hogares de menor ingreso. En el último año analizado, se advirtió paridad absoluta entre los sectores rural y urbano, alcanzando un 75,8%.
• La tasa de asistencia escolar a la secundaria alta, que venía mostrando un incremento significativo en todas las variables analizadas, muestra un descenso en el último dato consignado, manteniéndose únicamente los valores altos para los hogares de ingresos medios (75,2%) y altos (81,8%).
• La sobreedad disminuyó significativamente en la última década en los dos grupos de edad analizados, siendo mayor entre aquellos de 15 a 17 años. La tasa de finalización de la secundaria aumentó cerca de 25% en los últimos veinte años.

• El porcentaje de finalización de educación superior ha aumentado en las últimas mediciones, con mayor fuerza en mujeres, zonas urbanas y población de ingresos superiores (20% más que los de menores ingresos). No obstante, solo llega al 11,8% del total de la población.