República Dominicana

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Contenido

1. Resumen del marco normativo y estructura del sistema educativo nacional

 

2. Compromisos y obligaciones del Estado como garante del derecho a la educación

Cuando los Estados firman un tratado de derechos humanos, asumen la voluntad y el compromiso de crear las condiciones necesarias para transformar la situación en el sentido que allí se propone. El instrumento jurídico fija los principios de un nuevo pacto, que debieran guiar el horizonte de la política pública, dotar de sentido y legitimidad a las acciones que los Estados orienten para su cumplimiento efectivo.

En el marco del derecho, existen básicamente dos tipos de compromisos: aquellos que los Estados asumen en el ámbito internacional al ratificar instrumentos jurídicos regionales e internacionales, y los de alcance nacional, que se expresan generalmente en las leyes nacionales de educación. En el proceso de efectivización del derecho a la educación, los países avanzan en la armonización jurídica acorde a los compromisos asumidos y en la definición de un marco conceptual común desde donde interpretar las decisiones y las acciones que se lleven adelante. Es a partir del diseño y la formulación de planes, estrategias o políticas de gran alcance que los Estados direccionan y conducen las acciones orientadas a garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan y transiten la escuela, se gradúen e incorporen aprendizajes significativos.

El propósito de este documento es ofrecer información para dar cuenta de los avances de los Estados latinoamericanos en garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación.

2.1. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito internacional

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien los ODS no revisten obligatoriedad, las acciones que los países orienten para su implementación permiten vehiculizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.

República Dominicana ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

A través del decreto 23 de 2016 se crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, con el mandato de trazar la ruta para la efectiva implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a fin de que las entidades ejecutoras de políticas públicas establezcan vías de implementación de la Agenda, adecuadas con la estrategia nacional de desarrollo. La coordinación está en manos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y la conforman ese ministerio, la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Energía y Minas, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, la Oficina Nacional de Estadísticas, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, y representantes de la sociedad civil. El decreto 26 de 2017 extiende la vigencia de la comisión y adiciona actores institucionales, entre los que se encuentran el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, entre otros.

2.2. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito nacional

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

La Constitución Política de República Dominicana alude al derecho a la educación integral, de calidad, permanente y en igualdad de condiciones y oportunidades. Señala además la obligatoriedad del nivel inicial básico y medio, y la obligación del Estado de propender a la profesionalización, estabilidad y dignificación de los docentes.

El segundo eje estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 postula la construcción de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, y entre los objetivos para lograrla se señalan la educación de calidad y la cultura e identidad nacional en un mundo global.

Específicamente, la Ley General de Educación regula todos los componentes del sistema educativo, a excepción de la educación superior, regida por la ley 139, sancionada en 2001. Por su parte, las disposiciones referidas a docentes son reguladas por el decreto 639 de 2003, Reglamento del Estatuto Docente.

2.3. Planificación de la educación

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

En la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, República Dominicana se propone implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género. Para lograrlo, algunas de las principales líneas de acción son: impulsar la modernización institucional; fortalecer la formación, profesionalización y capacitación de los docentes; mejorar la enseñanza de las ciencias, tecnologías de la información y la comunicación, y las lenguas como vía para insertarse en la sociedad del conocimiento. Otro de los objetivos es universalizar la educación desde el nivel inicial hasta el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin documentación. Para su cumplimiento el Estado se propone: proveer infraestructura, recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente; brindar apoyo especial a estudiantes con dificultades de aprendizaje o discapacidad; y diversificar la oferta educativa, incluyendo la educación técnico profesional y la escolarización de personas adultas, con el fin de responder a los distintos grupos poblacionales.

El Plan Estratégico 2021-2024 del Ministerio de Educación establece cinco ejes estratégicos: mejoramiento sostenido de la calidad del servicio de educación; desarrollo de las competencias y bienestar del personal docente; fortalecimiento de la rectoría y regulación del sistema educativo preuniversitario; participación social y ciudadanía activa; y fortalecimiento de los procesos internos y de gestión. Por su parte, el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Técnica plantea los siguientes ejes estratégicos: educación superior de calidad; aseguramiento de la calidad de la educación superior: evaluación quinquenal y acreditación; innovación científica y tecnológica; cultura emprendendora; internacionalización de la educación superior; modernización y fortalecimiento institucional; extensión social en la educación superior.

3. Caracterización de la política educativa nacional

Este apartado hace foco en el conjunto de acciones que el Estado está orientando para garantizar el derecho a la educación. La caracterización de la política educativa se abordará desde tres dimensiones. En primer lugar, se describirá la estructura y el tamaño del sistema educativo. En segundo lugar, se buscará indagar y caracterizar el conjunto de intervenciones a través de las cuales se busca mantener el sistema educativo en funcionamiento. Este análisis se realizará haciendo foco en: 1) currículo y modelos de gestión institucional; 2) docentes; 3) infraestructura, tecnología y equipamiento; 4) transferencias de bienes y recursos financieros con el fin de fortalecer el sostenimiento de las trayectorias escolares. Finalmente, se buscará dar cuenta del gobierno del sistema, tanto en sus arreglos organizativos e institucionales como en el financiamiento de la política educativa, y los sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas.

3.1. Estructura del sistema educativo nacional

El sistema educativo de la República Dominicana se estructura en torno a cuatro niveles: inicial, básico, medio y superior (Ley General de Educación sancionada en 1997 y ordenanzas expedidas por el Consejo Nacional de Educación, promulgadas entre 2013 y 2017). Contempla la educación formal, no formal e informal. Comprende dos subsistemas: el de educación especial y el de educación de personas adultas, el cual incluye a la educación vocacional laboral. El nivel de educación superior se rige por la Ley 139 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, sancionada en 2001.

La educación formal es un proceso integral correlacionado. Abarca desde el nivel inicial hasta el superior, conlleva una intención deliberada y sistemática, que se concreta en un currículo oficial, aplicado en un calendario y horario definidos.

La educación no formal promueve la apropiación de conocimientos, actitudes y destrezas. Se basa en un calendario flexible. La duración de los niveles educativos es variable y se utilizan diversos medios para el desarrollo de los aprendizajes.

La educación informal es un proceso continuo y espontáneo que se da fuera del marco formal y no formal. El sistema la reconoce y la utiliza como parte de sus actividades.

La acreditación de los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridos de manera formal, no formal e informal está regulada por el Consejo Nacional de Educación.

El subsistema de educación especial está orientado a niños, niñas y jóvenes que poseen discapacidades o características excepcionales.

El subsistema de educación de adultos está orientado a las personas mayores de 14 años con escolaridad inconclusa. Se ofrece alfabetización, educación básica en modalidad acelerada durante un período no menor de cuatro años y formación en educación media para las personas que han cursado y aprobado la educación básica. Además, se brinda capacitación profesional. La estructura curricular es de carácter modular y flexible. La ordenanza 1 de 2018 establece el marco del diseño curricular revisado y actualizado para la educación básica, del subsistema de educación de personas jóvenes y adultas. La educación vocacional laboral se incluye en este subsistema y ofrece capacidades para ejercer un trabajo productivo.

La educación técnico profesional tiene como base la ordenanza 1 de 1995, que establece la modalidad en la educación media, ofreciendo diferentes títulos, organizados en el Catálogo Nacional de Títulos de Educación Técnico Profesional, que se estructura en familias profesionales y niveles. La educación técnico profesional, conjuntamente con la formación técnico profesional, que brinda y regula el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), y la educación de técnico superior, que regula el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, son los ejes formativos para insertarse en el mercado laboral.

El título VI de la Ley de Educación se dedica a normar la profesionalización, el estatuto y la carrera docente, y establece la creación del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, órgano descentralizado adscrito al Ministerio de Educación, que tiene como función coordinar la oferta de formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento del personal de educación en el ámbito nacional. Asimismo, en la citada ley se crea el Tribunal de la Carrera Docente, que funcionará a nivel regional y nacional como órgano encargado de dirigir los conflictos y apelaciones que tengan que ver con los deberes y derechos del personal docente. Otro órgano establecido en esta norma es el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), con el fin de coordinar un sistema integrado de servicios de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida del personal de educación. Posteriormente, la ley 451 de 2008 introduce modificaciones para actualizar las atribuciones del INABIMA en lo que se refiere a la gestión del Programa de Pensiones y Jubilaciones del Personal Docente.

a. Educación inicial

La Ley General de Educación, sancionada en 1997, la ordenanza 3 de 2013 y la ordenanza 1 de 2015, expedidas por el Consejo Nacional de Educación, diferencian dos ciclos educativos destinados a niños y niñas de 0 a 5 años. El primero abarca de 0 a 3 años. Está compuesto por tres grados: maternal (desde los 45 días hasta los 11 meses), infantes (1 año) y párvulos (2 años). El segundo ciclo abarca de 3 a 5 años. Está compuesto por tres grados: prekínder (3 años), kínder (4 años) y preprimario (5 años). El preprimario es obligatorio.

Entre las funciones de este nivel, señaladas por la Ley de Educación, se destacan contribuir al desarrollo físico, motriz, psíquico, cognitivo, afectivo, social, ético, estético y espiritual; incentivar la capacidad de comunicación y las relaciones con las demás personas; promover el desenvolvimiento de las potencialidades y capacidades de los estudiantes; y preparar para la educación básica. De acuerdo a la Ordenanza N° 1 de 2015, que establece el currículo revisado, actualizado y validado para la educación inicial pública y privada, éste se estructura en función de siete competencias fundamentales: ética y ciudadana; comunicativa; pensamiento lógico, creativo y crítico; resolución de problemas; científica y tecnológica; ambiental y de la salud; y desarrollo personal y espiritual.

b. Educación primaria

El nivel primario está orientado a niños y niñas de 6 a 11 años. Se divide en dos ciclos de tres años cada uno. Es obligatorio y gratuito. Se ofrece en jornada extendida en establecimientos educativos de gestión estatal y de gestión privada.

El nivel básico tiene como funciones: promover el desarrollo integral del educando, en las distintas dimensiones intelectuales, socioafectivas y motrices; proporcionar la formación indispensable para desenvolverse satisfactoriamente en la sociedad y ejercer una ciudadanía consciente, responsable y participativa en el marco de una dimensión ética; desarrollar actitudes y destrezas para el trabajo; entre otras.

La ordenanza 2 de 2015 establece el currículo para la educación primaria pública y privada y señala, entre los fundamentos del mismo, el aprendizaje significativo, la funcionalidad del aprendizaje y la integración de conocimientos desde las distintas disciplinas.

c. Educación secundaria

El nivel secundario está orientado a adolescentes de entre 12 y 17 años. Se divide en dos ciclos de tres años cada uno. Es obligatorio y gratuito. Se ofrece en jornada regular y extendida, en establecimientos educativos de gestión estatal y privada.

El primer ciclo es común a todos los estudiantes. El segundo ciclo o ciclo especializado comprende tres modalidades: general, técnico profesional y artes. Las tres habilitan la continuidad educativa hacia el nivel superior.

La modalidad general o académica proporciona una formación integral mediante el progresivo desarrollo de la personalidad y la apropiación de nuevos y más profundos conocimientos, que permitan a los estudiantes afianzar las bases para ingresar al nivel superior e interactuar responsablemente en la sociedad. La ordenanza 22 de 2017 establece el proceso de validación del diseño curricular de este nivel, en el cual se señala que las opciones de la modalidad académica son Humanidades y Ciencias Sociales, Humanidades y Lenguas Modernas, Ciencia y Tecnología, y Matemática y Tecnología.

La modalidad técnico profesional permite a los estudiantes obtener una formación general y profesional para integrarse a la actividad productiva o continuar estudios superiores.

La modalidad en artes contribuye a la formación de personas con sensibilidad y actitud crítica en la comprensión, el disfrute y la promoción del arte, ofreciendo oportunidades para el desarrollo de competencias vinculadas al ejercicio de profesiones y ocupaciones en el campo del arte o para proseguir estudios especializados.

e. Educación superior

La educación superior se rige por la ley 139 de 2001 y está orientada a jóvenes que culminaron sus estudios de nivel secundario. Se ofrecen tres niveles de educación superior: técnico (técnico superior, tecnólogo y profesorado), de grado (licenciatura) y de posgrado (especialización, maestría y doctorado). El Consejo Nacional de Educación Superior de Ciencia y Tecnología es el organismo encargado de validar la oferta académica de nivel superior y los títulos que expiden las instituciones educativas de nivel superior.

Se ofrece educación superior en las instituciones técnicas de estudios superiores, en las instituciones especializadas de estudios superiores y en las universidades. Estas instituciones pueden ser gestionadas por el Estado o por privados. En términos de instituciones de educación superior hubo un fuerte crecimiento. En el período 1950 a 1960 solo existía la Universidad Santo Domingo y en la actualidad hay más de 49 instituciones de educación superior.

Además de los aspectos estructurales, una parte de la caracterización de la política educativa consiste en el dimensionamiento del tamaño del sistema educativo. En este sentido, según los datos del Anuario de estadísticas educativas del año lectivo 2020-2021 (Oficina Nacional de Planeación y Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación) registran 2.388.553 estudiantes. En nivel inicial se encontraban 205.474; en el primario, 1.116.804; en el secundario, 864.097; y en la educación de personas adultas, 202.178. En el nivel superior la matrícula fue ascendiendo en los últimos años, siendo, a 2017 (último dato disponible), de 562.667 estudiantes.

Según el Anuario 2020-2021, el país contaba entonces con 10.686 instituciones educativas: 7.537 públicas, 2.977 privadas y 172 semioficiales.

En relación con el personal docente, el Anuario señala que, para 2021, el sistema público contaba con un total de 97.510 docentes, total compuesto por 74.815 mujeres y 22.695 varones.

3.2. Política educativa nacional

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos.

• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.

• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

A modo de síntesis, y sin pretensión de exhaustividad, se pueden señalar las siguientes observaciones.

En el foco currículo y modelos de gestión cobran relevancia las actualizaciones curriculares y la jornada escolar extendida, política que pretende cumplir con la educación de calidad y pertinencia que se postula en los documentos de planificación. Otras estrategias destacables en este foco son la instalación de la cultura de paz y convivencia pacífica en las instituciones educativas y el fomento a la preservación del medioambiente.

En el foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología es destacable el Programa de Edificaciones Escolares y la dotación de dispositivos a docentes y estudiantes a través del Plan República Digital.

Los recursos orientados al foco docentes se enmarcan en la capacitación continua, que en consecuencia con lo señalado en el foco anterior se desarrollará prioritariamente en tecnologías y su adaptación pedagógica.

Las acciones del foco fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes muestran un amplio abanico de iniciativas tanto del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) como del Ministerio de Educación, para poder fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes con desventajas socioeconómicas. También son destacables las acciones del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, principalmente a través de becas, para ampliar la cobertura de la educación superior.

 

 

 

Políticas educativas en contexto de pandemia y pospandemia

Los cuatro focos de intervención se vieron tensionados por las circunstancias excepcionales de la pandemia por COVID-19 y el diseño de estrategias de respuesta para sostener el derecho a la educación y la continuidad pedagógica de niñas, niños y adolescentes. Las políticas educativas impulsadas por República Dominicana durante el período de suspensión de la presencialidad se centraron en el foco currículo y modelos de gestión. En este sentido, el Ministerio de Educación de República Dominicana desarrolló el Plan de apoyo educativo ante suspensión temporal de la docencia por covid-19, en cuyo interior se articularon múltiples líneas de acción: la plataforma enlinea.minerd.gob.do que concede acceso a: IQ.EDU.DO, EDUPLAN y EDUCANDO, que ofrece contenidos educativos abiertos para estudiantes; programas de radio y TV Educativa; y grupos de WhatsApp de docente, estudiantes y familias. Complementariamente, se establecieron pautas relativas a la evaluación y acreditación de los aprendizajes, como así también las pautas relativas a la promoción de los años y niveles.

 

 

 

3.3. El gobierno del sistema educativo

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo a la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

El Consejo Nacional de Educación es el máximo organismo de decisión en materia de política educativa. Está encargado de establecer la orientación general de la educación dominicana en sus niveles de competencia, y de garantizar la unidad de acción entre las instituciones públicas y privadas que realizan funciones educativas.

El Ministerio de Educación es el organismo público dependiente del Poder Ejecutivo responsable de administrar y orientar el sistema educativo, así como de aplicar o ejecutar todas las disposiciones constitucionales de la Ley General de Educación y otras leyes en la materia. Según establece su reglamento orgánico, es el vínculo entre el Poder Ejecutivo y las instituciones de educativas públicas y privadas, ya sean nacionales, internacionales o descentralizadas. En dicho reglamento se establecen las funciones de cada uno de los organismos que lo componen. En su estructura organizativa, se encuentran, entre otras dependencias, la Oficina Nacional de Planificación y Desarrollo Educativo; la Oficina Nacional de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad; el Viceministerio de Apoyo Administrativo; el Viceministerio de Servicio Técnico Pedagógico.

Se crean las Juntas Regionales, Distritales y de Centro Educativo como órganos descentralizados de gestión educativa, que tendrán como función velar por la aplicación de las políticas educativas emanadas del Consejo Nacional de Educación y del Ministerio de Educación en su propio ámbito y competencia.

Por otra parte, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es el órgano del Poder Ejecutivo encargado de fomentar, reglamentar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Vela por la ejecución de todas las disposiciones de la ley 139 y de las políticas emanadas del Poder Ejecutivo. Entre sus funciones, se destacan abogar por la calidad de la educación superior, y el desarrollo de la investigación científica y tecnológica; y autorizar la apertura o el cierre de instituciones pertenecientes al sistema. Los viceministerios que lo componen son el de Educación Superior, el de Ciencia y Tecnología, el Administrativo Financiero, el de Relaciones Internacionales, el de Evaluación y Acreditación, el de Extensión y el de Emprendimiento. El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es el órgano rector en este nivel.

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) es el organismo rector del sistema nacional de formación técnico profesional. Es una organización autónoma del Estado, investida de personalidad jurídica, de carácter no lucrativo y patrimonio propio, dirigida por una junta de directores de estructura tripartita, integrada por los sectores oficial, empresarial y laboral, y administrada por una dirección general.

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) es un organismo descentralizado, adscrito al Ministerio de Educación y creado (según el artículo 177 de la Ley General de Educación) con la finalidad de promover, entre los estudiantes del sector público, a nivel nacional, los servicios de transporte, nutrición escolar y salud; uniformes y útiles; clubes científicos, tecnológicos y de artes; becas e intercambios de trabajo social; turismo estudiantil, trabajo remunerado en vacaciones; y gobierno estudiantil.

Otras dependencias del Ministerio de Educación son:

  • El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), institución de educación superior de formación docente de carácter estatal y de servicio público.
  • El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), organismo responsable de coordinar, supervisar y evaluar los planes y programas de desarrollo de educación física y deporte escolar, para garantizar una educación integral de calidad, en los niveles inicial, básico y medio en las instituciones educativas públicas y privadas del país..

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

El artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana establece que la inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país.

La Ley General de Educación, en el título X, establece que el gasto público anual en educación debe alcanzar, en un período de dos años a partir de la promulgación la misma (1997), un mínimo del 16% del gasto público total o un 4% del Producto Bruto Interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos. Posteriormente, esos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación.

La mayor parte del gasto educativo es centralizado. A través del Ministerio de Educación Nacional se contratan y se adquieren los bienes y servicios que luego son distribuidos a las escuelas. Otra parte del presupuesto se asigna a las Juntas Regionales y Distritales, con destino a los centros educativos, para apoyo pedagógico, mantenimiento de infraestructura y gasto administrativo. La transferencia de recursos a estas juntas se calcula a partir de un gasto anual descentralizado estándar por estudiante y la matrícula del centro educativo para el cual opera la junta. Las normas que rigen esos fondos son el Reglamento General para el Funcionamiento de las Juntas Descentralizadas (ordenanza 2 de 2008) y la resolución 0668 de 2011, que pone en funcionamiento el instructivo para el manejo de los fondos transferidos.

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) es el organismo encargado de producir las estadísticas del país. Datos.gob.do es el portal oficial de datos abiertos, cuyo objetivo es hacer que la información del gobierno sea más fácil de encontrar y utilizar.

La Ley General de Educación establece un sistema nacional de evaluación de la calidad de la educación como el medio para determinar la eficiencia y la eficacia global del sistema educativo. La Dirección de la Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación tiene como función contribuir con la mejora de la calidad educativa mediante la evaluación y estudio de los logros de aprendizaje y los factores asociados, así como la divulgación y uso de dichos resultados para la toma de decisiones en los diferentes ámbitos del sistema educativo. Trabaja tres líneas: evaluaciones nacionales, pruebas diagnósticas y evaluaciones internacionales. Las primeras evalúan los logros de aprendizaje de estudiantes al concluir los niveles básico y medio. Las evaluaciones diagnósticas se aplican a tercer y sexto grado de educación primaria y al primer ciclo de educación básica. A nivel internacional, la República Dominicana participó de las evaluaciones del Programme for International Student Assesment (PISA), el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) y el ICCS (International Civic and Citizenship Education Study); ninguna fue de carácter obligatorio.

La ordenanza 1 de 2016 norma el sistema de pruebas nacionales y de evaluación de los logros de aprendizaje, asumiendo que la evaluación es una herramienta cuyo uso contribuye a mejorar la calidad de la educación de niños, niñas, jóvenes de los diferentes niveles educativos.

Por último, cabe mencionar el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), órgano público descentralizado, adscripto al Ministerio de Educación. Tiene, entre otras, las siguientes funciones: diseñar, promover y ejecutar políticas de fomento y desarrollo de la evaluación e investigación educativa, para contribuir a cualificar los procesos y resultados educativos en los diferentes ámbitos, niveles y modalidades en que se organiza y opera el sistema educativo dominicano; asesorar al Ministerio de Educación en los procesos de investigación y evaluación en todos sus niveles (institucional, de proyectos, gestión, de desarrollo curricular y de resultados de aprendizaje); establecer un sistema de indicadores para el sistema educativo, verificables y evaluables periódicamente; y participar en las evaluaciones e investigaciones que se desarrollan a través de proyectos en el ámbito educativo.

4. La efectividad de la política educativa

Acceso, participación, trayectoria educativa y logros de aprendizaje.

Este apartado tiene como propósito ofrecer información sustantiva para realizar una aproximación a la efectividad de la política educativa, mediante el análisis de una serie de indicadores que permiten dar cuenta de la situación en que se encuentran niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas con respecto al derecho a la educación.

4.1. Nivel educativo de la población

• La tasa de analfabetismo descendió en la última década en la mayoría de los indicadores. Sin embargo, en quienes residen en áreas rurales se mantiene alta, duplicando en valor la media nacional y la correspondiente al área urbana.

• Los años de escolarización se incrementaron en todas las variables de segmentación. Pese al aumento, se mantienen brechas a favor de las áreas urbanas y de los sectores de ingresos superiores.

• El porcentaje de población adulta que finalizó la secundaria alta aumentó significativamente en las últimas décadas. No obstante, se mantuvo la brecha por sexo (varones 40,5% versus mujeres 50,3%), área de residencia (urbana 48,5% versus rural 31,6%) y por nivel de ingresos (la población de mayores ingresos se ubica más de 20 puntos porcentuales por encima de la de ingresos inferiores).

4.2. Educación inicial

• La tasa de asistencia escolar en el último año de la preprimaria aumentó en la primera década analizada (66,6% en 2000 a 84% en 2010), volviendo a descender en la década de 2020 (a 70,6%). Incluso la última medición de 2021 señala un mayor descenso (66,1%). El descenso se evidencia en todas las variables de segmentación, manteniéndose profunda la brecha por nivel de ingresos.

4.3. Educación primaria

• La tasa de asistencia escolar primaria tuvo un leve aumento en la primera década del siglo. En la última década se ve un retroceso en la asistencia en todas las variables analizadas en la última medición. 

• La tasa de finalización de la educación primaria ascendió en la última década. El crecimiento fue mayor en mujeres y en sectores de ingresos superiores. .

4.4. Educación secundaria

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria baja aumentó significativamente en las últimas décadas. No obstante, persisten brechas por sexo, en detrimento de varones, por área geográfica, en detrimento de la población rural, y por sectores de ingreso, en detrimento de los hogares de menor ingreso.

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria alta también se incrementó significativamente en todas las variables analizadas. Se evidencian brechas por sexo cercanas a los 10 puntos porcentuales, en detrimento de varones, y por sector de ingreso, en detrimento de hogares de menores ingresos.

• La sobreedad disminuyó significativamente en los dos grupos de edad analizados, siendo mayor entre aquellos de 15 a 17 años. La tasa de finalización de la secundaria aumentó más de 20 puntos en los últimos veinte años.

4.5. Educación superior

• La tasa de asistencia a la educación superior muestra un ascenso a lo largo de las dos últimas décadas. No obstante, se sostienen significativas brechas a favor de las mujeres, la población residente en áreas urbanas y quienes poseen mayores ingresos.

• El porcentaje de finalización de educación superior ha aumentado en las últimas mediciones, con mayor fuerza en mujeres zonas urbanas y población de ingresos superiores (18 puntos más que los de menores ingresos). No obstante, solo llega al 11,6% del total de la población. 

5. Desafíos de la política educativa

A lo largo de este documento se intentó mostrar los avances a partir de los compromisos asumidos, haciendo foco en el conjunto de acciones que el país llevó adelante y los resultados de estos esfuerzos. 

Desde la firma y ratificación de los distintos instrumentos jurídicos internacionales, República Dominicana asumió el compromiso y la obligación de garantizar el derecho a la educación. Gradualmente fue armonizando su cuerpo normativo y sus acciones programáticas según los principios previstos en los textos jurídicos. La creación de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible (decreto 23 de 2016) evidencia la intención de adecuar las políticas públicas para lograr los ODS. Asimismo, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 postula como eje estratégico la construcción de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, basada en una educación de calidad. 

La Constitución de la República Dominicana refiere al derecho a la educación integral, de calidad, permanente y en igualdad de condiciones y oportunidades. En la carta magna se establecen también los años de obligatoriedad y la creación del Tribunal de la Carrera Docente, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil.

El Plan estratégico del Ministerio de Educación está alineado con la estrategia de desarrollo mencionada anteriormente, con los ODS, con el Pacto para la Reforma Educativa 2030 y con la Política Educativa Centroamericana. Entre sus retos se propone lograr una educación de calidad, garantizar la inclusión educativa, asegurar la permanencia y culminación de las trayectorias educativas, mejorar la formación y el desempeño docente, acrecentar la cobertura de nivel inicial y secundario, y hacer eficiente la gestión del ministerio en todos sus niveles. 

Las actualizaciones curriculares, la implementación de la jornada escolar extendida, los programas para reducir la brecha digital y el apoyo por medio de bonos, útiles y alimentación dan cuenta de los esfuerzos que está realizando el país.

No obstante, los resultados muestran que República Dominicana aún no alcanza las metas propuestas. Los datos evidencian que todavía no se ha logrado la universalización de la educación primaria y se encuentra más lejos incluso ese logro en inicial y secundaria; en este último nivel, la tasa de finalización es del 63,3%. Los peores indicadores se registran en la educación superior, ya que la población adulta que finalizó este nivel apenas supera el 10%, promedio que esconde una fuerte diferencia de acuerdo al nivel de ingresos: la población de ingresos superiores alcanza el 23,6% mientras que aquella con ingresos inferiores solo llega al 5,6%.

Entre los desafíos del país para lograr la educación inclusiva, de calidad y en igualdad de condiciones y oportunidades que se propone, sin duda será relevante dar batalla a las brechas por nivel de ingresos y entre áreas rurales, para ampliar el acceso y la permanencia en la educación secundaria, posibilitando la transición a la educación superior.

Finalmente, es importante señalar que, como en todos los países de la región, República Dominicana enfrenta los desafíos emergentes de la pandemia por COVID-19, en particular en lo que hace al sostenimiento de las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes y a la reincorporación de estudiantes cuya escolarización se vio discontinuada o interrumpida. La pandemia agudizó desigualdades sociales y problemas sistémicos preexistentes, a la par que ofreció una oportunidad: repensar y transformar los sistemas educativos nacionales para hacerlos más equitativos e inclusivos. Teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas y pedagógicas, el compromiso de las comunidades educativas y los esfuerzos realizados en este período sin precedentes puede contribuirse al compromiso colectivo asumido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Políticas y normativa

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